16.3.07

Países pobres nuevas colonias de EU


Nydia Egremy / Julio César Hernández, fotos
Contralínea: Marzo 2a quincena de 2007 | Año 5 | No. 75


Los países cuya economía está bajo el control de los organismos financieros internacionales son nuevas colonias: carecen de política hacendaría, política exterior, soberanía alimentaria y política de defensa nacional.

Al examinar las causas de la pobreza en México, Gian Carlo Delgado, doctor en economía ecológica, asegura que el panorama es alentador para la lógica del Banco Mundial, pues en 2006 disminuyó ligeramente la pobreza extrema y se confirmó que los programas sociales del gobierno tienen cada vez más un carácter “pro-pobres”.

Aunque el Banco Mundial (BM) reconoce que la pobreza en México es grave, no se planea resolver el problema de modo estructural, sino “aliviarlo”. Sin embargo, el problema podría agravarse en 2008 por la liberalización del frijol en el capítulo agrícola del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

El escenario empeora para los pobres del país tras la suspensión del programa gubernamental Procampo. Gian Carlo Delgado estima que por ello el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estructuró el programa de apoyo monetario condicional Oportunidades y evaluó Procampo (ME-T1017).

Al mismo tiempo, el BM hizo lo suyo con el Programa Contigo y asignó en línea una serie de préstamos y “asesorías técnicas”, como: Poverty Programmatic II (2005); Rural Poverty Analysis (2005); Poverty Programmatic III (2006); el Indigenous Community Loan (2007); Social Development Policy Loan (Contigo) (2008) o Health for the Poor (2007-2008).

Estrategia transexenal

Gian Carlo Delgado, autor del estudio Estrategia de asistencia de país, una estrategia colonial del Banco Mundial, al tratar el caso de la evaluación de México en 2007, afirma que un mecanismo que sintetiza lo que él denomina “esquema colonial” de los organismos financieros internacionales, son las Estrategias de Asistencia de País (CAS por sus siglas en inglés) que elabora el BM para evaluar la actuación y progreso del país “anfitrión” y de otros actores con los que establece sinergia, como el BID, para el caso de América Latina.

Más que un “plan de asistencia”, las CAS son el anteproyecto que debe seguir el gobierno local en los próximos años bajo un protocolo de condicionantes, cláusulas de compromiso, “recomendaciones y sugerencias”, hasta simples “observaciones” y “ofrecimientos”. La advertencia es insoslayable: el BM advierte que: “…equivocaciones en estas áreas [las recomendadas] desencadenarán un cambio en el programa del BM hacia un escenario ‘desventajoso’ de exposición reducida”.

En México, las CAS “pertinentemente –señala Delgado- no coinciden temporalmente con los períodos del gobierno federal”. Con eso, los organismos se aseguran la transición de sus políticas y lineamientos entre uno y otro gobierno. La nueva administración recibe del BM las Notas de Política correspondientes y se prepara una nueva CAS que operará hasta los primeros dos años de la siguiente administración.

La actual CAS del país abarca hasta el 2008, y las “Notas” serán entregadas durante este año o principios del próximo y operará en 2009 y hasta 2012. Estima Delgado que para las Notas del año en curso se gastarán 157 millones de dólares y para la CAS de 2009, la suma asciende a 250 millones de dólares.

En enero pasado, al evaluar el actual CAS 2005-, el BM “confirmó el avance en varias materias conforme a sus lineamientos”, con lo que el economista confirma “nítidamente la amplia injerencia del BM en la política nacional”.

Agio y pobreza

Anticipa Delgado, también miembro del programa “El Mundo en el Siglo XXI” de Investigaciones Interdisciplinarias de la UNAM, que el BM propone para el futuro próximo préstamos anuales de entre 800 y mil 700 millones de dólares (mdd) en cuatro “pilares de acción”: 1) reducir la pobreza y la desigualdad; 2) promover la sustentabilidad medioambiental; 3) incrementar la competitividad de México; y fortalecer las instituciones del país.

Además de los préstamos, la banca internacional ofrece actividades de asesoría. De acuerdo con Gian Carlo Delgado, en el caso del BM, esos servicios ascienden al 40 por ciento del monto total de recursos que recibe el país. “México paga, o mejor dicho, los contribuyentes pagan ese porcentaje para que se le diga al gobierno qué debe hacer, no sólo con el restante 60 por ciento del dinero que se le presta, sino con su política en general puesto que, para ser sujeto de préstamo, el país debe cumplir con una serie de condiciones, por ejemplo, las macroeconómicas”.

En ese sentido, México vive un momento particular en su relación con el BM y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pues el gobierno de Vicente Fox pagó, en septiembre de 2006, casi 56 por ciento de la deuda al BM (en particular su división de “reconstrucción” o IBRD) y un porcentaje parecido ante el BID. Esos pagos sumaron unos 9 mil mdd y ello redujo significativamente el yugo condicionante del BM y del BID sobre el país.

En lugar de desligar paulatinamente al país de los lineamientos políticos de esos “organismos internacionales”, tal y como lo ha hecho Ecuador, “la decisión del gobierno de Calderón es la de rápidamente (re)endeudar más al país”, señala el especialista. Los primeros pasos regresivos son categóricos. Por un lado, con los mil 600 mdd que México recibirá del BM para 2007 y 2008, y con la firma en febrero pasado del memorando de entendimiento con el BID para obtener préstamos por un total de 3 mil 900 mdd (se incrementarían hasta por 8 mil mdd en los próximos seis años) para construir infraestructura.

Con ello, el país volvería a aumentar considerablemente su deuda actual con el BM de 5 mil 734 mdd y con el BID de 5 mil 465 mdd. Por esa razón, el analista considera “irónico aunque previsible”, que Calderón declarara durante la firma del memorando con el BID, que “la fortaleza de la economía mexicana se refleja en la capacidad de recibir préstamos de organismos internacionales”.

Tal suposición sobre la fortaleza económica olvida que México ha tenido capacidad de pago ante el BM y el BID –a partir de asfixiar aún más al grueso de la población–, pese a haber sido sujeto de fuertes transferencias de excedentes como la desnacionalización de la banca, y que hasta 2006 se ubicó como uno de los principales “clientes” –o deudores– de esos organismos.

Agua y agro el caos

La apertura a ultranza del agro mexicano (que arrancaría “aceitado” con dos préstamos del BM: AGSAL I y II), la liberación del precio del maíz y la reciente debacle alrededor del precio de la tortilla, demuestran lo erróneo y peligroso del tema. Tanto así que Humberto López, funcionario del BM para América Latina, señaló el 6 de febrero pasado que sí, efectivamente “se les había pasado la mano”, no obstante era “injusto convertir a la institución financiera en el chivo expiatorio de la pobreza”.

El rostro dramático de la pobreza se asoma en la falta de infraestructura hidráulica. La reforma a la Ley Nacional de Agua de 2004, abrió indiscriminadamente el sector hídrico a la inversión privada nacional e internacional. El BM, en cambio, observó esta medida el 8 de enero pasado como un “progreso sólido”.

El progreso para los millonarios proyectos del BM de descentralización se traduce en la puesta en marcha del Irrigation & Drainage Modernization por 300 mdd (2004) y el Modernization Water & Sanitation Sector por 25 mdd (2006). A ésos se sumarán préstamos para el Integrated Management of Basins & Aquifers (2007); el Water Policy Development (2008) y el Water Rights (2008). Se incluye también una “asesoría” en Water Programmatic III (2007-08). Todos al parecer buscarán su ingerencia directa en el acceso, gestión y usufructo de los recursos hídricos superficiales y subterráneos del país.

Y mientras el BM prepara una asesoría para estimular el comercio agro-industrial y la electrificación del campo (sólo útil a las agroindustrias, no a la población que no tiene con qué pagar el servicio) para el periodo 2007-08, la conclusión del investigador es tajante: “parece calcularse una explosión social de orden mayor, sobre todo en el campo; cuando el país estalle –y de seguir la tendencia, seguro estallará tarde o temprano–, la oligarquía mexicana se piensa en el “primer mundo”, justo ahí en donde está la clase dominante metropolitana con la que se siente más identificada.

Entonces, el negocio de explotar y condenar a la miseria (en el mejor de los casos) a millones de mexicanos, habrá terminado. De ser así, la reconstrucción nos tocará a los que nos quedamos”.



Artículo disponible en:

http://www.contralinea.com.mx/archivo/2007/marzo2/htm/pobres_nuevas_colonias.htm

Análisis de Delgado disponible en:

http://www.oid-ido.org/imprimer.php3?id_article=408

Evaluación del BM disponible en:

http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/
WDSP/IB/2007/02/16/000090341_20070216094818/Rendered/PDF/37934.pdf

3.3.07

Estrategia de Asistencia de País, una estrategia colonial del Banco Mundial: evaluación de 2007.


por Gian Carlo Delgado Ramos
3 de marzo de 2007
http://www.oid-ido.org/IMG/pdf/w3.pdf


En Imperialismo Económico en México (Arena. México, 2005), John Saxe-Fernández y mi persona, discutimos detenidamente cómo es que el Banco Mundial (BM), lejos de ser un organismo “internacional”, más bien funge como un instrumento de clase y por tanto de proyección poder, fundamentalmente de la Pax Americana y sus cambiantes “socios” europeos y japoneses. Los arquitectos del BM (y del Fondo Monetario Internacional - FMI), escriben Joyce y Gabriel Kolko, “...los concibieron no para poner en funcionamiento meros principios desinteresados, sino para reflejar el control de Estados Unidos sobre la masa monetaria -oro- y para impulsar su capacidad de proveer gran parte del capital futuro del sistema monetario. El BM fue diseñado para proporcionar un marco de referencia gubernamental seguro a fin de promover la inversión privada, mucha de la cual sería estadounidense” (en, Delgado y Saxe-Fernández, 2005). El fin de la belle epoque conllevó, después de la Primera Guerra Mundial, el persiste resquebrajamiento de los instrumentos coloniales propios del librecambismo Inglés, imposibilitando el mantenimiento de la política colonial, por lo cual, se elaboraron instrumentos sustitutos (como el FMI-BM) que permitieran mantener la explotación, seguir con la expansión de los mercados y al mismo tiempo, evitar tanto fuese posible otra depresión (Ibid; véase también: Toussaint, 2006). Uno de los mecanismos que sintetizan este esquema colonial son las denominadas Estrategias de Asistencia de País (CAS, por sus siglas en Inglés) que elabora el BM a modo de evaluación de la actuación y progreso del país “anfitrión” en el último periodo de ejecución de los diversos programas del BM y de otros organismos con los que se establece sinergia, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el caso de América Latina. La Estrategia es algo más que un mero “plan de asistencia”: es el anteproyecto que debe seguir el gobierno local en los próximos años o periodo, bajo un protocolo que contiene desde condicionantes, cláusulas de compromiso, “recomendaciones y sugerencias”, hasta simples “observaciones” y “ofrecimientos” de parte de los expertos del Banco. De no cumplir con las “recomendaciones”, el BM advierte que: “...equivocaciones en estas áreas [las recomendadas] desencadenarán un cambio en el programa del BM hacia un escenario ‘desventajoso’ de exposición reducida” (Ibid). Traducción: se condicionarían aún más los préstamos en activo y a futuro y se exigirían los pagos de otros ya vencidos.

Los lineamientos puntuales en materia política son esbozados en las Notas de Política que el BM “ofrece” al país como puente analítico de conexión entre administraciones. Por ejemplo, en el caso de México, es de notarse que “pertinentemente” las CAS no coinciden temporalmente con los periodos del gobierno federal. Ello permite asegurar una transición de los lineamientos del BM en el país entre un gobierno y otro. Una vez consolidada tal transición, la nueva administración recibe del BM las Notas de Política correspondientes y se le prepara una nueva CAS que operaría hasta los primeros dos años de la siguiente administración. En tal sentido, la CAS actual del país abarca hasta el 2008, mientras que las Notas se encuentran en preparación y se espera sean entregadas en algún momento de 2007 o principios de 2008. La nueva CAS se elaborará en 2008 para que entre en operación en 2009 y hasta 2012 cuando entraría nuevamente en operación una CAS de transición. Se trata de lineamientos de tal importancia para la actividad del BM en el país, en efecto a modo de cogobierno, que para las Notas de 2007 se gastarán 157 millones de dólares (mdd) y para la CAS - 2009 la suma asciende a 250 mdd.

En enero del presente se dio a conocer la usual evaluación interna del BM sobre el progreso de la actual CAS 2005-2008 (BM, 8 de enero de 2007). Los avances confirmados por el BM en diversas materias, esclarecen nítidamente la amplia injerencia del BM en la política nacional. Al mismo tiempo, las “sugerencias” para los dos próximos años no dejan de llamar la atención por las repercusiones que eventualmente tendrían, pero también porque develan los rumbos de por donde se podrían esperar los próximos movimientos del gobierno mexicano secuestrado por una bien definida y peculiar oligarquía nacional. Según la mencionada evaluación, “una nueva relación con el Grupo del Banco” ha sido establecida en los últimos años de modo tal que se han ampliado los proyectos y se ha profundizado el “trabajo analítico de asesoría”. Para ello, el BM propone para el futuro próximo un rango de préstamos anuales de entre 800 y 1,700 mdd al año avocados a cuatro “pilares” de acción: 1) reducir la pobreza y la desigualdad; 2) promover la sustentabilidad medioambiental; 3) incrementar la competitividad de México; y fortalecer las instituciones del país (Ibid: 1). Es de advertirse que México se encuentra en un momento particular en su relación con el BM y el BID puesto que el gobierno de Fox pagó, en septiembre de 2006, cerca del 56% de la deuda ante el BM (en particular su división de “reconstrucción” o IBRD) y un porcentaje parecido ante el BID. Ambos pagos sumaron alrededor de 9 mil mdd (Ibid: 8). Con tales pagos significativamente se redujo, en principio, el yugo condicionante del BM y del BID sobre el país. No obstante, en lugar de optarse por desvincular progresivamente al país de los lineamientos políticos de esos “organismos internacionales” -y similares- tal y como lo está haciendo Ecuador (Milenio, 1 de febrero de 2007), el gobierno de Calderón está optando por rápidamente (re)endeudar más al país. Los primeros pasos regresivos han sido categóricos. Por un lado, con los 1,600 mdd que se espera México reciba para 2007 y 2008 de parte del BM, y por el otro lado, con la firma, en febrero de 2007, del memorando de entendimiento con el BID para obtener préstamos por un monto total de hasta 8 mil mdd para la construcción de infraestructura en los próximos 6 años (véase: www.iadb.org) y a los cuales se les sumarían unos 12 mil mdd más de parte de la iniciativa privada. Con ello, el país volvería a aumentar considerablemente la actual deuda que tiene con el BM de 5,734 mdd y con el BID de 5,465 mdd (Ibid: 26). Resulta irónico, aunque previsible, que Calderón declarará entorno a la celebración de la firma del memorando con el BID, que la fortaleza de la economía mexicana se refleja en la capacidad de recibir préstamos de “organismos internacionales”. Difícil fue, para el Sr. Presidente, observar en cambio que ésa radica más bien en la fortaleza del campo y la industria nacional y su capacidad de producción y de satisfacción de por lo menos las necesidades básicas nacionales. La argumentación es similar a la del gobierno de Salinas cuando se asociaba la autosuficiencia y la soberanía alimentaria con la capacidad de compra en el exterior, en lugar de hacerlo con la capacidad de producción interna. El caso de la apertura a ultranza del agro mexicano (proceso que arrancaría bien “aceitado” con dos préstamos del BM: AGSAL I y II), la liberación del maíz y la reciente debacle alrededor del precio de la tortilla, son hechos que demuestran lo totalmente erróneo y peligroso del asunto. Tan es así esto que Humberto López, funcionario del BM para América Latina, señalaba recientemente a propósito de un ejercicio de evaluación retrospectiva de las políticas de ajuste estructural promovidas por el BM en América Latina que, si bien efectivamente “se les había pasado la mano”, no obstante era “injusto convertir a la institución financiera en el chivo expiatorio de la pobreza” (González, 6 de febrero de 2007).


Texto completo en: www.oid-ido.org/IMG/pdf/w3.pdf

Banco Mundial y las paradojas de la izquierda.

por John Saxe-Fernández y Gian Carlo Delgado.
3 de Marzo de 2007.

Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, UNAM
http://www.oid-ido.org/IMG/pdf/w1.pdf

Publicado también por:

Revista Globalización:
http://rcci.net/globalizacion/2007/fg666.htm
Agencia Periodística de Información Alternativa:
http://www.apiavirtual.com/modules.php?name=News&file=article&sid=17701


Es notable en los grupos progresistas, tanto la fuerte permeabilidad de la versión “simplificada”, como la falta de información sobre la naturaleza real de instituciones tan centrales al funcionamiento del capitalismo, especialmente en su proyección de poder imperial hacia la periferia, como lo son el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). En Imperialismo Económico en México: las operaciones del BM en nuestro país (Arena. México, 2005) hemos mostrado que desde su concepción en Bretton Woods (1944), estas instituciones fueron pensadas, desde el Norte, como sustitutos del colonialismo formal de modo que, sin esos ropajes políticos, se pudiera mantener y extender el control, explotación y saqueo de los recursos naturales, los mercados y la fuerza de trabajo de Asía, África y América Latina. En virtualmente todos los sectores estratégicos de nuestros países están presentes esos organismos. Se les somete a su dinámica expoliadora y sus impactos económico-políticos, sociales y ambientales siguen siendo tan amplios como los observados en las administraciones de la época colonial, e incluso, en algunas áreas son más pronunciados. Esta tendencia se acentuó de manera notable como resultado de la crisis deudora de 1982, cuando se impuso un régimen acreedor a ultranza derivado del desvío masivo de la inversión pública a gastos no-productivos, fundamentalmente, en ese momento, hacia el servicio de la deuda. Se generaron así enormes boquetes presupuestales que estas instituciones se aseguraron cubrir con préstamos y fondos altamente condicionados. Con la complicidad y la complacencia de sus aliados de clase en el país, el proceso desemboca en una paulatina pero sistemática y creciente subordinación y desnacionalización del proceso de toma de decisiones domésticas en áreas cruciales, afectando de manera grave la economía popular, el interés público nacional (entendido como el interés de la mayoría de la población mexicana), la soberanía y la seguridad nacional. Se implanta entonces lo que se puede calificar como una guerra de clases a partir de la implementación de un vasto programa que incluye, de manera prominente, la desregulación, las privatizaciones, la apertura comercial unilateral, la reducción del gasto público, la liberación de precios a la par de la incautación de los salarios, entre otras cuestiones. De manera crónica, el esquema está diseñado para favorecer especialmente al alto empresariado doméstico e internacional, acentuando de manera espectacular la distribución regresiva del ingreso y el desempleo y con ello vulnerando la paz social y el futuro generacional. Esto, y más, es lo que en abstracto algunos llaman “neoliberalismo”, quienes al no identificar los actores, intereses e instituciones concretas involucradas, son presa fácil de la versión Disney que proyecta la imagen de que se trata de instituciones financieras “multilaterales” o “internacionales” dedicadas a fines nobles como “combatir la pobreza”. Ello podría explicar parcialmente la paradoja que se registra cuando testificamos que ciertos sectores de la izquierda establecen agendas comunes y/o vínculos profesionales con entes como el BM, al tiempo que se colocan en pie de lucha contra el “neoliberalismo”, el fraude electoral o la corrupción y en pro de la transparencia. La otra explicación sería que son propensos a la sobornización, tal y como ya se ha detectado públicamente en algunos casos. Todo indica que dejan en el baúl de los olvidos el hecho de que el ejecutivo de Estados Unidos (EUA) tiene gran preponderancia en la toma de decisiones del BM que opera bajo el principio de “un dólar un voto”. Tan es así, que es bien conocido que Washington y Europa históricamente se reparten las posiciones clave de control del BM y el FMI. Como lo ha mostrado Paul O’Neil (El precio de la lealtad. Taurus. Barcelona, 2004), ex-secretario del Tesoro de George W. Bush, la Casa Blanca hace y deshace con esas instituciones. Las usa a su arbitrio, sea para implantar una veda de créditos a estados que suele categorizar como “delincuenciales” (rogue states), e.g. Venezuela; o bien para inducir la privatización de empresas o instituciones codiciadas por el alto capital, como las del sector energético, de transporte o el científico-tecnológico/educativo. Y es que vincularse al BM no es asunto menor. Se trata de una institución que no solamente tiene fuertes vínculos con los sectores monopólicos y oligopólicos cuyos intereses auspicia, sino que además los tiene también con el aparato de seguridad de EUA y su cambiante red de alianzas. Lo ilustra nítidamente la presidencia del ex-secretario de Defensa Robert McNamara, uno de los responsables de la guerra de Vietnam, hasta la de Paul Wolfowitz, ex-subsecretario de Defensa y actual presidente del BM, quien es uno de los principales exponentes del neo-conservadurismo estadounidense y arquitecto, junto a Ronald Rumsfeld, de la petroguerra que asola a la población iraquí y afgana en abierto rompimiento con los fundamentos del Derecho Internacional y de la normatividad derivada de los Juicios de Nuremberg.

Poder Judicial: Implicaciones y efectos de los condicionamientos del BM

A pesar de tener un polvorín social a punto de estallar (e.g. Oaxaca, Chiapas) el BM y sus aliados de clase en México, insisten continuar en la misma dirección arriba descrita. Para ello ha sido imprescindible, como nunca antes, garantizar la continuidad transexenal, misma que, entre otros mecanismos, es delineada desde el BM a través de los Country Strategy Papers. Y es que el BM et al están concientes de la centralidad que adquirió desde 1996 el Poder Judicial. No es casual que en ese año se otorgara el derecho constitucional a la Suprema Corte de Justicia de revisar las leyes electorales federales y estatales. Así, el Judicial se aseguró un rol esencial en la calificación de los procesos electorales y se perfiló como un potencial garante de la mencionada continuidad en las elecciones de 2006. No sorprende entonces encontrar ingentes esfuerzos del BM por la vía de “asesorías”, préstamos y fondos para la “modernización” precisamente del Judicial. A través del State Judicial Modernization Supporting Access to Justice Project (Reporte No. 27946-MX. Washington, junio de 2004), el BM cubre específicamente el periodo transexenal al extenderse de 2005 a 2009 con un monto inicial de 37.5 millones de dólares y que no incluye recursos de otros donadores internacionales (véase más adelante). En el documento se nos informa que, “...el gobierno de Fox asignó una alta prioridad a las instituciones judiciales y pidió al BM su ayuda en una junta con Wolfensohn [entonces presidente del BM]”. El secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, interesado no sólo en la mencionada continuidad, sino también en la permanencia de la impunidad del sistema tras haber sido pieza clave en la multimillonaria transacción de compra-venta/desnacionalización de Banamex al avalar un precio formidablemente inflado de 12, 450 millones de dólares en comparación de su precio de privatización de 3, 000 millones de dólares (ya de por sí inflado 2.6 veces su valor en libros), precisó entonces al BM que, “...la reforma económica más importante que México necesita es la reforma judicial”. Debe aquí notarse que tal solicitud se realiza a poco más de dos años antes de las elecciones presidenciales, teniendo como objeto explícito el de subsumir al Judicial bajo los intereses del empresariado nacional e internacional como los articulados por el Consejo Coordinador Empresarial. El mecanismo operativo, indica el BM, se sustenta en una serie de programas de reforma, modernización, monitoreo y evaluación de las Cortes Estatales y ciertamente de la Corte Federal. Interesa incidir, se puntualiza, en la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia y en la reorganización de las Cortes Estatales, de su área de jurisdicción y de su personal con ayuda de actores como la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (CNTSJ) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Otras entidades públicas, donadores internacionales (agencias de cooperación principalmente), ONG y entidades académicas son invitadas -y pagadas en su caso- para que realicen actividades de “adiestramiento” de personal y “monitoreo y evaluación”, entre otras. La intención: legitimar la “nueva” reestructuración y subordinación del Judicial, es decir de la revisión y monitoreo de cerca de los 6 mil jueces del país en todos sus rangos y funciones (magistrados, etc)! Banobras, entonces a cargo de Luis Pazos de la Torre de conocida trayectoria ultra derechista, agrega el BM, “...ha decidido abrir una línea de crédito para asistir a los Estados en el fortalecimiento de las instituciones judiciales (Programa de Crédito). Éste ha tomado la dirección en el desarrollo de acuerdos para asistir las ramas judiciales en la mejora de su actuación”. Tal programa de crédito debe leerse correctamente como un programa clientelar de actores puntualmente reconocidos en el documento del BM como “gobernadores, jueces, la academia, empresarios, etcétera”. El Banobras, un ente que desde la década de 1980 gestiona los fondos del BM en el país, se perfila entonces como el caballo de Troya, desde el cual no sólo se influye políticamente y se genera el clientelismo, ahora hacia adentro del Judicial, sino que se induce a escenarios de gran corrupción o, como lo ha precisado el ex-jefe de economistas del BM, Joseph Stiglitz, de “sobornización”. Todo contradictoriamente bajo la cubierta de promover la eficiencia, la transparencia y la lucha contra la corrupción .


Texto completo en: www.oid-ido.org/IMG/pdf/w1.pdf

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