Minería y sociedad, un debate ejemplar

Sergio Carpenter* - Especial IADE / Realidad Económica
Argentina, octubre de 2010.
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Esa cordillera esplendorosa, esa fecunda roca vertical andina está en el centro del debate público. Es que enormes inversiones privadas extranjeras han puesto el ojo allí con un decidido interés por arrancar sus frutos y llevarlos al mercado. La contrapartida es una creciente expresión ciudadana que parecerá decirle no a la minería o más bien no a cierta mega minería. La reciente sanción de la ley de Glaciares parece ir en la misma dirección. Otra muestra del interés público por el tema lo constituye la organización del Foro Minería y Sociedad organizado por la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), que comenzó a realizar actividades durante este año y cuyo nudo central tuvo lugar entre el 14 y el 15 de octubre último(1). Esa universidad aceptó los dineros distribuidos por YMAD derivados de la obtención de ganancias por la explotación aurífera de La Alumbrera en Catamarca, pero condicionados a que los fondos fueran utilizados con exclusividad al fomento del debate minero. Y así lo hicieron.

“Valiente” es el primer adjetivo que le cabe al Rector de la UNSJ Benjamín Kuchen y a la Comisión Organizadora del Foro(2), que sufrieron el ninguneo de los medios de comunicación y la orquestación de diversas campañas en contra de su realización. Pero a pesar de ello se aseguró el éxito organizativo de la actividad que contó con la presencia de profesionales e intelectuales de renombre nacional e internacional. Se coloca así a la universidad pública en un rol fundamental, ser una caja de resonancia de las distintas visiones y disciplinas que intervienen en una temática con alto voltaje público. En San Juan, la universidad es un ejemplo a emular por sus pares nacionales.

La Minería a Cielo Abierto es un fenómeno relativamente reciente, que se abre camino esencialmente desde la década de los 70. El avance tecnológico posibilitó la explotación de minerales presentes en bajas concentraciones. La minería del oro lo hace utilizando cianuro, agua y energía en forma intensiva, además de enormes cantidades de explosivos. En América latina, existe una oleada de inversiones mineras que focalizan el objetivo en los metales y también en minerales necesarios en las industrias tecnológicas, de telecomunicaciones.

La expansión de las inversiones en la Argentina necesitó de importantes cambios en su legislación. Esto lo hizo posible el gobierno de Carlos Menem, que modificó el código minero e impulsó la ley de inversiones mineras. Si se compara dicha legislación con la impulsada en 1973, resalta el sesgo privatizador propuesto para la actividad en los noventa. En la Argentina, además, se aprobó el Tratado Minero Argentino Chileno firmado por los presidentes Menem y Frei en 1997, entelequia jurídica de carácter único en el mundo. Julián Alcayaga(3) remarca las características de dicho acuerdo: “crea una región de más de cuatro mil kilómetros de largo por 200 de ancho, en donde ni argentinos ni chilenos tienen jurisdicción. Es el reinado de las corporaciones mineras internacionales con intereses en nuestra cordillera, es el país virtual”. Denuncia, además, el reconocimiento que efectuó el principal abogado de la minera Barrick Gold -omni presente en el San Juan de hoy- en una comida en donde asistió en calidad de asesor del ex senador chileno Jorge Lavandero: “nosotros hicimos el Tratado”. El boom de proyectos mineros que hay en la Argentina fue precedido por la compra de numerosas minas a bajo precio, con anterioridad a la firma del Tratado. Es inmediato deducir uso de información privilegiada. Sin embargo, Alcayaga enfatiza que el principal objetivo del tratado minero no se está cumpliendo, puesto que en un dictamen del Tribunal Constitucional de Chile se prohíbe expresamente la servidumbre hacia el Pacífico de minerales con origen en Argentina.

El peruano Rodrigo Ruiz Rubio dejó atónitos a muchos de los presentes al mostrar un video de un discurso de Alan García abogando por la concesión de tierras a las empresas mineras y petroleras. Y más aún cuando desplegó los mapas que identifican las zonas efectivamente privatizadas del Perú: 49 millones de hectáreas. Increíble pero cierto. El mexicano Gian Carlo Delgado Ramos explicó el porqué de tanta avidez, desde una perspectiva latinoamericana. Lo que está en juego es la transgresión de los límites biofísicos, de la mano de un modelo extractivista de enclave, donde el “negocio” no se queda en nuestras tierras sino en las economías desarrolladas. El contexto es un patrón de acumulación de capital que exige que los ciclos de consumo sean cada vez más rápidos, y por ende exigen más y más minerales.

El desarrollo fue tema también de debate. Nicolás Gutman identificó tres modelos mineros: el australiano, el brasileño o chino; y el del Perú o de la Argentina. El primero, con cánones impositivos elevados e identificación de los destinos de dichos fondos; el segundo, con fuertes empresas mineras nacionales; y el tercero, con empresas extranjeras y bajo o nulo pago de impuestos. En este último caso, prácticamente no hay control estatal. En la Argentina, el pago de impuestos y las mal llamadas “regalías” (a las provincias) es sumamente bajo, existiendo frondosos mecanismos de excepciones y ventajas a los inversores mineros que no tiene parangón respecto de cualquier otra actividad. El Ing. Héctor Cevinelli(4) presentó un detalle de las mismas, recalcando que “las leyes de inversiones mineras son benévolas para los capitales externos” y que ello debería modificarse “no para que no haya minería sino para que quede una renta justa para la Argentina”. Por lo demás, varios expositores hicieron mención a dos hechos característicos e insólitos: los impuestos se pagan sobre la base de la producción que resulta denunciada por medio de una declaración jurada de las compañías mineras. La segunda cuestión refiere al levantamiento de la obligación de liquidar las divisas en el país. Gutman agrega que ello, combinado con que los bienes de capital son importados, da como resultado que el nivel de exportaciones resulta irrelevante, es un valor que prácticamente no aporta al país más que el pago de salarios a los trabajadores argentinos. “Esto es lo más parecido a Potosí”.

Pero no todo fue crítica. Para Hugo Nielson(5) el negocio minero representa una oportunidad para la Argentina. El argumento está basado sobre que es una actividad que genera “desarrollo” y que el mundo observa un aumento fenomenal en el precio de los metales que el país debe aprovechar ya, atento a la incertidumbre en el precio de los mismos. La actividad generaría hoy unos 300.000 puestos de trabajo, esto contando el empleo indirecto. Marcelo Giraud(6) me hace unas preguntas al respecto: ¿cómo se realizó dicho cálculo? Si Chile, que produce 8 veces más, declara unos 165.000 trabajadores, algo no cierra. A Gutman también le llama la atención esa cifra y otras por el estilo publicadas recientemente en una solicitada de las cámaras empresariales mineras “si se contabiliza hasta el catering de empanadas que suben a la mina, las cifras puede ser cualquier cosa”.

“La minería trata de dinero y de poder” soltó al auditorio Robert Moran, Geoquímico e Hidrogeólogo estadounidense de reconocimiento mundial, en una de las más destacadas intervenciones en el Foro. Una ciudadanía informada y conciente de las consecuencias mineras puede limitar ese poder. Hizo un recorrido fotográfico de su experiencia en cientos de establecimientos mineros. El corolario de su muestra denuncia a las claras las dificultades ambientales que tiene la minería. Javier Rodríguez Pardo le preguntó sobre las consecuencias del cianuro, a propósito de un intercambio de opiniones con el Ing. Bellini(7), quién se quejó de que el primero sacó de contexto una afirmación suya respecto de la imposibilidad de tratamiento residual del cianuro, aunque con un argumento difuso. Moran confirmó que a pesar de que es posible controlar sus efectos inmediatos, sus consecuencias son eternas.

Otro aspecto medular a las explotaciones megamineras se vincula con el problema del agua. En otra destacada exposición, el experto Pedro Arrojo(8), sostuvo que “en materia de aguas, es preciso distinguir distintas categorías éticas en los diversos usos y funciones del agua, estableciendo los pertinentes criterios de gestión desde la prioridad de garantizar el derecho humano al agua potable y la sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos, como agua-vida, por encima del agua-economía para usos productivos legítimos”. También arguye que “la ciencia económica viene insistiendo en la necesidad de integrar los impactos y riesgos ambientales y sociales en los balances de racionalidad y rentabilidad económica. No hacerlo es beneficioso para las empresas implicadas, pero sobre la base de cargar esos costes sobre el erario público, sobre las poblaciones y especialmente sobre los sectores sociales más débiles y vulnerables”. También dejó traslucir cierto optimismo al decir que “la finitud del planeta se impondrá sobre los delirios productivistas”.

Otras exposiciones, como la del abogado Enrique Viale, con solvencia en el derecho ambiental, y la de Javier Rodríguez Pardo, de reconocida militancia ambientalista, contribuyeron a enriquecer el abanico de voces que hay que escuchar en la temática. La peruana Ana Isla, investigadora de la Brock University de Canadá, mencionó que ese país es la casa matriz de las compañías mineras y petroleras más importantes. Puntualiza que existe una ausencia de un sistema global regulador de la actividad que haga que las compañías se responsabilicen por sus operaciones, sobre todo en países con gobiernos débiles. Lamentablemente, Canadá tampoco tiene el deseo de regular dichas operaciones, que se caracterizan, entonces, por un clima de “impunidad efectiva”.

La sensación que nos queda finalmente, es que la temática minera supera ampliamente la dicotomía si/no a la minería. Hoy, el modelo minero de la Argentina parece sesgado hacia los intereses de las grandes corporaciones mineras, cuyo poder en muchos casos va por encima de los poderes republicanos. En el mismísimo Foro se comentó el “basureo” sufrido por un Juez de la provincia de San Juan en su intento de ingresar al territorio de la mina Veladero. Pudimos escuchar las peripecias de los abogados de la Fundación de Ciudadanos Independientes en su intento de años y años por conseguir información sobre dicha mina, aun infructuosos; o a los agricultores y viñateros planteando la incertidumbre sobre su actividad. Delgado Ramos mencionó una ola de asesinatos de autoridades políticas y militantes sociales en México, opositores al poder de las empresas mineras. En Realidad Económica N° 247 , dos jóvenes investigadores argentinos muestran la matriz minera en el golpe de estado que destituyó al presidente de Honduras, quién tenía la decisión de aumentar el canon minero. Algo parecido le ocurrió recientemente a Kevin Rudd, ex Primer Ministro de Australia, a quién su férrea intención de cobrar mayores impuestos a la actividad le costó su elevado cargo político. En fin, un sin número de ejemplos que no hacen más que inspirar un enorme desafío: determinar un rediseño de la actividad para hacerla consecuente con los intereses nacionales y particularmente con los intereses ciudadanos. La riqueza minera debería ayudar al desarrollo del país, meritando los impactos económicos, sociales y ambientales que trae aparejada la actividad. Si el saldo de esos impactos es negativo, mejor será que quede “dormida” bajo nuestros pies esperando un mundo que ya no la necesite, un mundo menos consumista, más altruista.

Notas
1 Ver http://www.mineriaysociedad.unsj.edu.ar/
2 Dicha comisión verificó varias “bajas” de integrantes. Ver http://www.mineriaysociedad.unsj.edu.ar/integrantes.php
3 Presidente de la Comisión en Defensa y Recuperación del Cobre (Chile).
4 Profesor de la UNSJ.
5 UNSAM, Secretario General de OLAMI Internacional y OLAMI Argentina.
6 Geógrafo. Disertante junto a César Gioja en la primer actividad del Foro (8/6/10). Sus puntos de vista pueden ser consultados en Realidad Económica Nº 248.
7 Vicedecano de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ.
8 Universidad de Zaragoza. Desde el 2009, dirige la Exposición “Agua, Ríos y Pueblos”. Miembro del Consejo del Agua de la Cuenca del EBRO y del Comité MAB - UNESCO.

FORO DE “MINERIA Y SOCIEDAD” EN SAN JUAN, DERROTA SIN ATENUANTES DE LA MEGAMINERIA

RENACE INFORMA
RED NACIONAL DE ACCION ECOLOGISTA de la Argentina
18 octubre 2010


EL FORO DE MINERIA Y SOCIEDAD REALIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE SAN JUAN EL 14 Y 15 DE OCTUBRE EN INSTALACIONES DEL RECTORADO, TERMINÓ SIENDO UN TRIUNFO TRASCENDENTE DEL PUEBLO CUYANO EN EL CORAZÓN DE UNA PROVINCIA QUE ES ENCLAVE DEL CORPORATIVISMO MINERO, FEUDO IDEOLOGICO DEL LATROCINIO EXTRACTIVO.

Trasnacionales y gobierno eludieron el debate en tanto docentes y autoridades de la Facultad de Ingeniería Minera “prohibieron” que sus alumnos participen del encuentro. La Ley de Glaciares aprobada por el Congreso Nacional días antes, la instalación en el país del tema minero y su relación con la universidad, el avance de la ciudadanía sanjuanina exigiendo información y debate hicieron visible la herida abierta en gobernantes y secuaces de las corporaciones mineras.
Los organizadores del foro Minería y Sociedad y las autoridades de la Universidad Nacional de San Juan padecieron el acoso del lobby minero desde el momento en que esa casa de estudios decidió usar los fondos que Mina Alumbrera reparte a través del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), para llevar a cabo el debate sobre una política extractiva que viene siendo cuestionada en gran parte del mundo y que en Latinoamérica ofrece feroz resistencia por los índices de contaminación y la metodología usada sobre territorios que devasta. Al mismo tiempo, algunos asambleístas y auto convocados decidieron participar del foro -que inicialmente aparecía tendencioso para ambas partes en puja, pero rechazando la asistencia económica de dineros provistos por la misma minería que se cuestiona. En ese marco hubo dos días de deliberaciones y exposiciones con paneles, conferencias y mesas de trabajo. El sector minero centró su exposición en “Mitos y verdades sobre la actividad minera, residuos y diques de colas “controlados”, apelando a irracionales sentencias sobre la “inocuidad” del cianuro y a criterios indulgentes para evaluar la sustentabilidad minera”.
En el otro campo, el comienzo de las disertaciones era auspicioso: hubo dos que merecieron la atención y el reconocimiento del auditorio, la del mejicano Gian Carlo Delgado Ramos sobre una “América Latina, reserva estratégica minera de cara al consumo mundial y sus implicaciones socio ambientales” y la visión económica neoliberal, “recursos para el desarrollo”, de Nicolás Gutman. Siguieron luego exposiciones de conferencistas de distintas latitudes que aportaron las realidades del lugar. Fue el caso de Rodrigo Ruiz Rubio sobre la cuestión minera en el Perú, la Dra. Ana Isla que se refirió a la globalización de la minería canadiense, en tanto el “Tratado binacional argentino chileno” fue expuesto por el economista trasandino Julián Alcayaga.
El renombrado hidrogeólogo y geoquímico norteamericano Robert Moran, fue contundente en su ponencia sobre los impactos frecuentes de la minería metalífera relacionados con el agua. En un paneo fotográfico expuso muchísimos casos alrededor del mundo, de impacto ambiental irreversible y produjo definiciones concluyentes con preguntas posteriores acerca de qué ejemplos se pueden contabilizar donde la mega minería metalífera no haya producido trastornos ambientales. Gran parte del auditorio minero se había retirado del salón, imposibilitado para afrontar un debate con final anunciado.
Hubo ponencias que reflejaron el raquitismo intelectual, falacias expuestas en la mesa dedicada a “reflexiones sobre el papel que desempeña el periodismo” en la provincia de San Juan, en el marco del poder transnacional minero, conceptos que resultaron irrespetuosos e indignantes para una población que vive una de las censuras más agobiantes, sin libertad de expresión y sin poder ejercer los derechos constitucionales de plebiscitos o consultas populares, al mismo tiempo perseguida y judicializada.
En opinión del auditorio presente, el panel de “Minería y derechos ambientales” tuvo la trascendencia buscada y fue el que produjo un efecto inesperado. El principal medio de difusión, Diario de Cuyo, le dedicó dos páginas centrales y parte de la tapa, destacando la alocución, en título a tres columnas de “Rodríguez Pardo: La cordillera es de las transnacionales”, en el marco de su disertación, “Contaminación, diáspora y saqueo”.
El mismo matutino recogió la denuncia de Enrique Viale, de la Asociación de abogados ambientalistas, acerca de “las acciones mineras en poder del Secretario de Minería de la Nación Jorge Mayoral, de una firma que tiene como dirección legal la misma que la Barrick Gold.” Además de Rodrigo Rubio Ruiz, universitario peruano, el otro disertante de esa mesa minera fue Lino Pizzolón, de la Universidad Nacional de La Patagonia; el limnólogo chubutense, hizo énfasis en la contaminación de los diques de colas de la mega minería y a “la enorme ideología montada por las transnacionales del sector para justificar el saqueo”.
Para el Diario de Cuyo, “Un dato curioso y que no pasó inadvertido, es que al tratarse de un debate financiado con fondos que provienen de la gran minería metalífera –conclusión final del medio periodístico- es que tanto Rodríguez Pardo como Viale aclararon de antemano que los gastos del viaje y la estadía salió de sus bolsillos”.
En definitiva, el foro universitario Minería y Sociedad, convulsionó a la provincia de San Juan. Fue transmitido en forma directa por dos radios de amplio alcance: Radio Universidad de San Juan, y la emisora del Sindicato de Trabajadores Municipales, de manera ininterrumpida. También hubo numerosas notas y reportajes de una docena de radios, no así los canales de la televisión local, a los que el gobierno le prohibió informar. Una cadena de medios alternativos se sumó a la difusión, acompañada por documentalistas que filmaron y registraron un encuentro que resultó histórico en la región cuyana. La universidad publicará todos los trabajos y ponencias.
Para los organizadores fue significativo el derecho a réplica solicitado por Marcelo Rubén Bellini, ingeniero y vicedecano de la facultad de minería, para contestar a Javier Rodríguez Pardo que había aludido a su tesis de maestría “Degradación Microbiana de Cianuros”, temas de Metalurgia Extractiva, editada por esa misma casa de estudios en 2001. Dijo que “el ambientalista había sacado de contexto su posición en torno a la imposibilidad de destruir el cianuro en las colas de la minería”. Lo curioso es que el académico terminó repitiendo (admitiendo) lo mismo que negaba y que textualmente figura en su libro donde reconoce que “los cianuros son venenos” y que “las colas y efluentes derivados de las diferentes actividades mineras e industriales contienen cianuros, sulfocianuros y complejos metal cianuro, que son, particularmente estos dos últimos, de difícil eliminación por métodos fisicoquímicos comunes”, razón por la cual el autor apuesta al desarrollo de la actividad microbiana para destruir cianuros. Cabe agregar que la facultad de ingeniería se opuso desde el primer momento a participar del debate que propuso el foro, amenazando con reprimir a sus alumnos en caso de no acatar la resolución del decanato.
El acoso en la provincia de San Juan es constante y si bien el pueblo se acostumbró a vivir con el, no dejó de asombrar la denunciada efectuada, durante las deliberaciones en el rectorado de la universidad y ante los medios de difusión presentes, de la propietaria de la librería Piedra Libre, de la capital sanjuanina: la denunciante dijo que fue obligada por gente del gobierno local a retirar de la venta “el libro de Rodríguez Pardo, “Viene por el oro, vienen por todo”, y que tendrían la manera de clausurarle el negocio.”
Las jornadas cerraron el día 15 con la conferencia de Pedro Arrojo Agudo, doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de Zaragoza. Su investigación se centra en la “economía del agua”. Desde el 2009 dirige la exposición “Agua, Ríos y Pueblos”. Es miembro del Consejo del Agua de la Cuenca del Ebro y del Comité MAB de Unesco. El disertante emocionó a los concurrentes por casi tres horas, con un relato que abarcó los conflictos del agua por todo el mundo y finalizó con la minería, el agua y los glaciares. Demás está decir cuál es su posición al respecto y la contundencia de su exposición. Pero su paso por este claustro universitario ha dejado una huella indeleble, lágrimas de optimismo porque el cambio de paradigma es posible. “Vivimos en el Planeta Azul, el Planeta Agua, sin embargo mil cien millones de personas no tienen garantizado el acceso al agua potable y unas diez mil mueren por ello cada día, en su mayoría niños. Es la crisis de insostenibilidad que hemos provocado por contaminación y destrucción de nuestros ríos y acuíferos” y –continuó Pedro Arrojo Agudo- “el control del agua suele ser usado como herramienta de poder. El agua, vinculada a valores emocionales y territoriales, es fácilmente manipulable, tanto en la confrontación política como incluso a la hora de justificar guerras”, estrategias militares que “usan pueblos como rehenes –afirmó Arrojo Agudo- imponiéndoles condiciones de vida inhumanas con un consumo limitado del agua.”
Creemos que haber participado del foro Minería y Sociedad organizado por la Universidad de San Juan, fue un acierto. Se denunció a una minería en los mismos claustros universitarios en que opera la facultad que forma ingenieros para la devastación. Se denunciaron los fondos mineros que reparte el Consejo Universitario Nacional y que coopta académicos e instituciones intentando conformar los informes de impacto ambiental que proponen las transnacionales extractivas. El pueblo visibilizó el vacío argumental del lobby minero a la hora de debatir sobre contaminación, daño social y saqueo, y pudo juzgar a partir de estos hechos, probados públicamente, que el academicismo tecnocrático se retiraba de los debates, abandonaba el recinto de sesiones cuando se exponían pensamientos opuestos, y ante la evidencia de las conclusiones ofrecía argumentos falaces. El técnico minero caía en silencios, incapaz de réplica, y eso fue inimaginable días antes, cuando incluso se pensaba que gobernantes y transnacionales utilizarían la fuerza del poder para imponer sus propósitos.
Al día siguiente de las jornadas, la debilidad minera en el encuentro reaparecía en radios y medios de difusión pagados, denostando a conferencistas y a especialistas que cuestionaron una política que no reconoce que los bienes comunes deben ser garantizados como derechos humanos.
Quienes dudábamos de los alcances de este foro debemos admitir que ha provocado una apertura de nuevas opiniones contra la mega minería metalífera a cielo abierto, en una provincia cordillerana dominada por uno de los grupos gestores del latrocinio extractivo.

Foro Minería y Sociedad - Presentación Dr. Delgado

PARTE 1


PARTE 2


PARTE 3

Delgado Ramos y Gutman expusieron sobre desarrollo minero, daño e impacto ambiental

Foro-debate "Minería y Sociedad".
San Juan, Argentina. 14 y 15 de octubre de 2010.
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“Para las empresas mineras es un negocio muy rentable porque la naturaleza no cobra, contaminar es gratis”

El primero en tomar la palabra fue Delgado Ramos con su exposición “América Latina como reserva estratégica minera de cara al consumo mundial y sus implicaciones socio ambientales”. La base de la disertación radicó en el crecimiento de la economía extractiva en América Latina, haciendo hincapié en que los países siguen principalmente ese patrón provocando un fuerte impacto ambiental. El flujo minero creciente tiene que ver con el constante desarrollo tecnológico que se produce a nivel mundial, con el avance frente a los procesos mismos de extracción de los minerales y con la aparición de las grandes maquinarias que permiten en el transporte de cargas pesadas.
Por otra parte, Delgado Ramos consideró que América Latina se ha convertido en una reserva estratégica y segura para los países desarrollados. Por tal razón estos países son los que causan el grueso del consumo energético a nivel mundial, es decir, consumen 21 veces más que cualquier país latinoamericano o subdesarrollado. Además han realizado una concentración de minerales. Entonces Latinoamérica se convierte en una reserva estratégica, y países como Estados Unidos resulatn ser dependientes totales de los recursos minerales y por ende de Latinoamérica. En la actualidad el valor de los recursos no es contemplado porque cada vez se venden a menor precio y a mayores costos ambientales. “Sin embargo, para las empresas mineras es muy rentable porque la naturaleza no cobra, contaminar es gratis. Aún si se pagara no es la solución”, culminó Delgado Ramos.

“Veinte años de bienestar no es desarrollo minero, es un ciclo nada más”

Para el Mg. Nicolás Gutman, la discusión debe centrarse en la minería a gran escala, a cielo abierto y en la utilización de nuevas tecnologías, no en “ecologistas” frente a “desarrollistas”. Desde el discurso gubernamental se plantea “querer tener una provincia minera”, pero para Gutman, “nosotros como sociedad tenemos que decir y responsabilizarnos sobre qué tipo de minería queremos”, ya que la minería que se está haciendo hoy en día es altamente contaminante y no hay reparación ambiental, aseguró. Con el ejemplo de la rotura del dique de colas en Hungría, el especialista demostró que está comprobado estadísticamente que se producen accidentes en las minas del primer mundo. Luego se refirió la generación de empleo y afirmó: “800 personas no es un gran número” si se relaciona directamente con las ganancias que generan las empresas. Respecto a la inversión dejó muy en claro que la Argentina está 30 años atrasada en relación a los países que vienen a invertir y profundizó diciendo “No nos creamos eso de que dejan plata en las provincias, toda la plata que ganan va a parar a Suiza”.
En relación con el tema de regalías, dijo: “Las regalías son del siglo XVIII, es un término arcaico, ¿y hablamos de desarrollo?”
A partir de la descripción de diferentes tipos de desarrollo minero, Gutman sintetizó el modelo que se aplica en nuestro país. Para él “vamos a estar fantásticos mientras dure la vida de la mina, que son 20 años aproximadamente, pero después vamos a tener un vacío ambiental y daños muy caros de reparar. Eso no es desarrollo, es un ciclo nada más”, concluyó.

Fuente: Comisión Organizadora del Foro

Agua, conflicto y seguridad

Sin permiso.
España, 3 de octubre de 2010.
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Introducción.
Como es de conocimiento público, del total del agua en el planeta, unos 1,400 millones de m3, sólo el 2.5% es agua dulce disponible para el consumo humano. Ésa, dado los crecientes niveles de contaminación, es cada vez de menor calidad y no sólo, su localización está cambiando debido a la alteración del ciclo hidrológico, mucho en respuesta a fenómenos como el cambio climático.
Mientras tanto, el consumo aumenta, no sólo por el crecimiento poblacional, sino por los crecientes patrones de consumo, en buena medida relacionados al tipo de vida de la población. Y es que ésa es cada vez más urbana y sin embargo sigue requiriendo más alimentos, todo en un contexto de una dieta que tiende a colocar la carne como alimento central (la producción de un kilo de carne de res requiere alrededor de 15 mil litros de agua además de que genera una gran cantidad de afectaciones ambientales como la emisión de gases de efecto invernadero lo que a su vez afecta el ciclo hidrológico ). A nivel mundial lo es poco más de la mitad y en México, según INEGI, ya lo es en una proporción de ¾ partes. Es un escenario complejo pues se estima que las zonas del centro-norte captan el 31% del agua en el país, involucran ¾ partes de la población; el 90% de las regiones de agricultura de riego y 70% de la industria generando el 87% del producto interno bruto (PIB). En cambio, en el sur sureste se observan datos opuestos con 23% de la población, 69% del agua y 13% del PIB.
Se observa que la demanda de agua para consumo humano en México aumento seis veces en el último siglo y por tanto que la disponibilidad media per capita ha disminuido en una tasa media anual de 2.4% en los últimos 60 años (se pasó de 17 mil 742 m3 a 4 mil 312 m3). También es evidente la sobre-explotación de los acuíferos del país se triplicó en las últimas tres décadas del siglo pasado (90% de los 655 acuíferos nacionales, están en esa condición) ; la carga contaminante de los ríos aumentó en 42%; o que el agua de buena calidad en el país disminuyó en 32%. Al mismo tiempo se reconoce que se trata sólo el 30% del agua (ello sin tomar en cuenta la calidad de tal tratamiento); se pierde de manera preocupante la capacidad de infiltración por la creciente degradación de los suelos y la pérdida de la biodiversidad, a la par del aumento de las superficies asfaltadas en las zonas de mayor población; así como se lastima de modo creciente la capacidad natural del ciclo hidrológico de reciclar los contaminantes.
Un dato representativo puntual es el flujo hídrico de la Ciudad de México. Su consumo ronda los 63m3 por segundo. Obtiene un 50% del líquido del subsuelo pero a un ritmo de sobreexplotación del 140%. Un 25% se obtiene de la cuenca del río Magdalena y el restante 30% proviene del sistema Lerma-Cutzamala (una cantidad equivalente se pierde en fugas una vez en la ciudad). Al mismo tiempo, se desechan unos 45m3 por segundo y sólo se tratan 4m3 en las 28 plantas existentes. La ecuación, tal cual, es insostenible en el largo plazo.
Ahora bien, a pesar de lo innegable de los datos arriba expuestos, vale precisar que la escasez de agua también es en buena parte subjetiva en tanto que un estrés hídrico puede ser agudizado por conflictos distributivos, sea por procesos de disputa o despojo por parte de actores locales, regionales o internacionales que usualmente tienen intereses y poder de decisión distintos, divergentes y/o asimétricos. Siendo en tales escenarios, los pobres los más afectados (véase más adelante).
Por tanto, es causal que alrededor del 12% de la población consume el 85% del agua potable en proporciones promedio de un 70% el sector agroindustrial, un 25% el industrial y 10% en consumo doméstico. Se trata de un contexto en el que los tres principales usuarios de agua a nivel mundial son India, China, EUA. Véase figura 1. Siendo notable el grado de despilfarro estadounidense si se mira en términos per cápita. No sorprende entonces que a nivel mundial existan aproximadamente mil millones de personas sin acceso a agua potable o que 2.5 mil millones carezcan de servicio de saneamiento. El caso mexicano llama la atención pues revela un esquema verdaderamente ineficiente. En el país, el 77% del agua es de uso agrícola, esto es, por encima de la media mundial. Sin embargo, el país no produce los alimentos que requiere puesto que importa poco más de la mitad de sus alimentos, incluyendo granos básicos como el maíz y frijol.
En este contexto, si se toma nota de la advertencia de la CNA Corporation , respecto a la estimación de que en el 2025, alrededor del 40% de la población vivirá en países que experimentarán escenarios de escasez significativa, es claro que el asunto toma gran importancia en las distintas agendas de seguridad. Para México, el punto es relevante pues se calcula que para el 2069 el incremento del estrés hídrico será de entre un 20% y un 30% para zonas templadas y de hasta un 60% para zonas de clima cálido. Tal eventual reducción y redistribución de la disponibilidad del líquido se verá acompañada además de un aumento poblacional que para el 2030 será de unos 125 millones de personas, mismas que demandarán un 25% más de agua que la registrada a principios de siglo.
En tal panorama es sintomático que Homer-Dixon sostenga que, “…los conflictos por agua, entre otros recursos estratégicos, pueden desencadenar conflictos bélicos, escenarios violentos y acciones autoritarias con fuertes implicaciones a la seguridad internacional.”

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Honduras… Ecuador… una llamada para América Latina

Gian Carlo Delgado-Ramos y Silvina María Romano
Rebelión
1 Octubre de 2010.
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América Latina (AL) es un espacio territorial estratégico para Estados Unidos (EE.UU.). Esto es: como reserva de recursos, como espacio receptor de inversiones, así como región exportadora de excedentes (i.e. retorno de ganancias, pago de regalías o de intereses por concepto de empréstitos). Es parte de un esquema expoliador y subordinante, sólo posible con el aval de los grupos de poder local, y que desgarra crecientemente el tejido social. La polarización de la riqueza, el despojo, privatización, desnacionalización y erosión de los bienes de las naciones (que son de los pueblos), y en general la tendencia creciente de condenar a una gran parte de la población a la miseria o la muerte, genera un abanico de reacciones sociopolíticas que figuran como potenciales amenazas al fluido curso de “los negocios” de EE.UU. y sus “socios” locales.
Esto lleva a la creciente criminalización de la pobreza y represión de la protesta al asociar los movimientos sociales con figuras que “requieren” la intervención de la fuerza del Estado, situación que habilita la eventual injerencia de EE.UU. bajo el argumento de asegurar sus inversiones y otros intereses, como los de sus “socios” menores. Nos referimos al uso de figuras como el comunismo (en su momento), el terrorismo o la narco-insurgencia. Así, mientras el grueso de Estados nación latinoamericanos promueve políticas que favorecen principalmente los intereses de ciertos grupos de poder, al mismo tiempo se observa necesaria la actuación de la fuerza del Estado para generar un orden ante la agresión que tales políticas implican para con los pueblos.

La variable del “orden interno”, ante el despojo y saqueo, es pues permanentemente necesaria y así se puede identificar en el discurso-acción de EE.UU. El Plan Colombia (PC) y la Iniciativa Mérida (IM) son casos paradigmáticos, pero no aislados, de la interferencia de EE.UU. en AL, que a los fines de garantizar su “seguridad nacional”, léase sus intereses socioeconómicos y geopolíticos, promueve mecanismos ad hoc de “orden interno” en la región. Se trata de un escenario que coloca de modo creciente a las fuerzas armadas locales, en alianza con EE.UU., como gestores del “orden interno”, facilitando o estimulando la militarización y paramilitarización e incluso las prácticas de terrorismo de Estado.

Aún más, como es reconocido desde la Doctrina Monroe (1823) y el corolario de Polk (1848)3 , el carácter estratégico de AL, “obliga” a ese país a contener cualquier intento de construcción de proyectos alternativos a lo largo y ancho de la región, pero sobre todo a aquéllos que aboguen por la integración latinoamericana independiente. Es por tanto imperiosa una continua ofensiva contra los gobiernos alternativos puesto que no siguen al pie de la letra los lineamientos establecidos para la región; ello más allá de sus propias limitaciones. Así, al mantener importantes tensiones con EE.UU., su mera existencia es una amenaza para los intereses hegemónicos y oligárquicos.

La ofensiva puede ser más o menos visible. Uno de los mecanismos de desarticulación regional e interna de ese tipo de gobiernos latinoamericanos ha sido y es promover la confrontación entre distintos actores locales, en especial entre el gobierno alternativo y el empresariado (la “oligarquía” empresarial local), las fuerzas militares y de seguridad, así como los paramilitares y otras figuras “informales”. Con el apoyo activo “desde adentro” de ésos últimos, la resolución final típica de este tipo de proceder es bien conocida: la instauración de gobiernos ad hoc ilegítimos (y que bien pueden ser “legales” por medio de investiduras de democracia formal que carecen del apoyo de los pueblos) o inclusive el impulso de golpes de estado cívico–militares.

La construcción de proyectos alternativos, aunada a la profundización de la actual crisis económica mundial (que lastima las condiciones socioeconómicas de la región y por tanto dificulta la profundización de la explotación y entonces de acumulación-transferencia de capital), erosionan el poder de la oligarquía local y la fuerza de injerencia de EE.UU. y otros actores metropolitanos en AL; de ahí que haya un interés mutuo. En este panorama, el “orden interno” se convierte en hilo conductor en que tanto catalizador de la estabilización o la desestabilización, según corresponda. En el caso de los gobiernos subordinados, se opera estabilizando el statu quo de los grupos de poder (y del Estado que los representa y del cual forman parte) y desestabilizando a las clases sociales explotadas, al orillarlas a la miseria y explotación creciente e hipotecando su futuro. En cambio, cuando se trata de gobiernos alternativos, la dinámica es al revés. Cuando los pueblos se encuentran representados en mayor medida por determinados gobiernos, entonces el objetivo es desestabilizar estos gobiernos para estabilizar los intereses de los viejos grupos de poder (colóquese aquí el uso de la política de “dos fases”).4 En ambas modalidades de funcionamiento de lo que calificamos como modelo de estabilización – desestabilización, la alianza entre las oligarquías locales y los intereses extranjeros aparece como algo “natural” (en tanto está enraizado en los procesos de construcción y consolidación de los propios Estados nacionales de AL). Los instrumentos para lograrlo son múltiples, desde el uso de los medios de (des)información, hasta operativos encubiertos.

Honduras primero y ahora Ecuador no pueden verse más que como un fuerte llamado de atención a los pueblos latinoamericanos para construir el tejido social y la articulación necesaria para enfrentar esta situación tan compleja.

Plataformas de proyección de dinámicas de estabilización-desestabilización: Plan Colombia e Iniciativa Mérida.

El Plan Colombia (PC) y su continuación el Plan Patriota (PP), así como la Iniciativa Mérida (IM) en sinergia con la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) no son un objetivo en sí mismos, sino que constituyen un medio más para garantizar los intereses del sector privado y del gobierno de EE.UU. y de sus “socios” menores locales, proceso que en los hechos toma forma en una compleja y peligrosa dinámica de estabilidad – inestabilidad.

El PC tuvo desde sus inicios como uno de sus ejes clave la “transformación” y “modernización” de las fuerzas armadas y policíacas para combatir la guerra interna (con las FARC y el ELN), a fin de lograr un cambio en la correlación de fuerzas con la guerrilla, situación que se sostiene para poder mantener el control de territorios estratégicos por parte de los diferentes actores y sus intereses. Con el PP se consolidan nuevas tareas para el control del territorio colombiano, y para lograr una mayor proyección hacia los países vecinos, colocando entre 14.000 y 17.000 hombres en toda la zona selvática, especialmente en la región fronteriza del sur (Ecuador) y de oriente (Venezuela), bajo la modalidad de despliegue rápido; una forma de bajo perfil impulsada por EE.UU. que es parte de lo que el Pentágono denomina como una “nueva arquitectura militar” (Delgado, 2010).

En el marco de la IM, la modernización de las fuerzas armadas tiene por objeto ganar la correlación de fuerzas contra el “narcotráfico” o el “crimen organizado”, enemigos difusos que ahora se han aglutinado bajo la etiqueta de “narco-insurgencia”. En este tenor es útil recordar que la doctrina estadounidense de “contrainsurgencia”, especialmente en AL, constituyó un componente esencial de la Doctrina de Seguridad Nacional, al definir la insurgencia como: “el uso sistemático de la violencia para desestabilizar el orden social y político establecido” (US Department of State. Foreign Relations. 1964-1968. Vol XXXI. Doc. 38). Eximiendo de tal definición “…los golpes de Estado perpetrados por militares, el vandalismo y los desórdenes espontáneos” (Ibid).

Lo anterior es importante puesto que tal entendimiento permite debilitar gobiernos alternativos en funciones, criminalizar la resistencia social y atender la ocupación de territorios de alta prioridad. Y si bien no se pretende decir que la IM (o el PC/PP) tienen como fin exclusivo promover un contexto de control social, ciertamente contribuyen a ello. México acumula más de 23.000 muertos asociados a operativos antinarcóticos pero que incluyen muertes de inocentes (Finnegan, 2010), al tiempo que se perfila como el país más peligroso del mundo para los defensores de los derechos humanos, movimientos sociales y periodistas. Lo llamativo es que en la ola de violencia han aumentado los asesinatos de líderes sociales opositores a procesos de despojo y de extractivismo sin control.

El eufemismo del negocio de las armas y de la conservación de un escenario ad hoc estable–inestable es nítidamente observado por el Departamento Nacional de Planeación de Colombia al precisar que: “…la seguridad estimula la inversión y ésta, con responsabilidad social, permite avanzar en la superación de la pobreza y la construcción de equidad”. Y especifica prioridades a partir de lo que la Escuela Superior de Guerra (2009) denomina como “circulo virtuoso de la seguridad”: 1) Inversión y seguridad; 2) confianza y estabilidad; 3) inversión privada; 4) crecimiento económico; 5) impuestos e inversión social; 6) bienestar social y satisfacción de necesidades. Desde esta óptica, se considera entonces que un orden seguro es un orden “democrático” capaz de garantizar la estabilidad del mercado (Loveman, 2006). Esto es que lo que importa, la seguridad del mercado y no la de los pueblos.

La injerencia en materia de seguridad y orden interno por parte de EE.UU. es principalmente marcada en los rubros de “asesoramiento” y “entrenamiento” de personal; la puesta en marcha de acciones conjuntas en suelo, agua y aire; y mediante el estímulo al incremento en el número de contratistas en diversas áreas para asegurar, el orden interno y el control de territorios prioritarios. Esto complejiza y genera una amplia estabilización del Estado, especialmente de su brazo militar y de seguridad, y una profunda desestabilización interna debido a la presencia de policía, servicio secreto, ejército-marina-fuerza aérea, ejércitos o seguridad privada formalmente contratados, paramilitares y demás actores foráneos como asesores, agregados adjuntos en materia de seguridad y antinarcóticos, personal de operaciones encubiertas, etcétera. Lo preocupante del asunto es que en este contexto, la asociación del narcotráfico con la insurgencia, al estilo Colombia en México, advierte la ya mencionada criminalización de la resistencia social y con ello la posibilidad de violar flagrantemente los derechos humanos en el país, puesto que se asume que en ciertos casos el uso de la fuerza estatal “no es suficiente” para manejar el problema del modo en que es “requerido”.

Hay que señalar que en tales casos suelen entrar en operación tanto el contratismo como el paramilitarismo. Recuérdese que el paramilitarismo es una estrategia sistemática del Estado basada en la doctrina contrainsurgente clásica y en la nueva modalidad de guerra de baja intensidad apoyada por los sectores de poder formales e informales, locales y extranjeros y que actúa como una brigada encubierta con impunidad garantizada para el genocidio social y político. Así, si bien el paramilitarismo es contradictorio para el Estado en tanto que genera una mayor desestabilización (social), a la vez es una forma de represión que “invisibiliza” la responsabilidad del Estado en actos que están por fuera de la Ley (Fazio,2003), fomentando el terror (o el miedo) como instrumento de control social.

Militarización del orden interno, regionalización de la interferencia y el peligro de la instauración de gobiernos represivos.

Mientras el PC/PP funge como base desde la que se busca garantizar una incidencia y estabilidad de los intereses de EE.UU. en la zona de influencia inmediata a Colombia y en el Cono Sur, la IM se perfila como instrumento de interferencia en el país vecino en tanto que EE.UU. pretende garantizar su propia seguridad operando desde y en suelo mexicano. Claro está, se suma la proyección de tal injerencia hacia Centroamérica, República Dominicana y Haití.

En este tenor, dos cuestiones son importantes. La primera, el alcance de la concepción de “lo regional” en los lineamientos de combate contra el “narco-terrorismo” en Colombia y México, contra el carácter internacional del negocio que suele dejarse de lado (la venta y el grueso del lavado del dinero se hace en los países metropolitanos, donde además se adquieren las armas que utilizan los diversos grupos armados vinculados al negocio de la droga -el 90% de ésas incautadas en México provienen de EE.UU.-). La segunda, el impulso que se está otorgando a la seguridad interna en toda la región más allá de los alcances formales del PC/PP y de la IM-ASPAN. Lo demuestra el impulso de medidas que colocan a los militares como garantes del orden interno. El caso de Perú es representativo (véase más adelante).

El tema de lo “regional” no es menor. Éste queda en evidencia en el modo en que se implementaron el PC y el PP y la posterior creación, en 2005, de la Iniciativa Regional Andina (IRA); todo bajo el argumento de evitar el “efecto dominó” que podría causar el narcotráfico. La IRA tiene como objetivo vital el control de la frontera, no sólo de Colombia con sus vecinos, particularmente con Venezuela (que es uno de los principales proveedores de petróleo de EE.UU. y un gobierno que se opone claramente a la guerra contra el “narco-terrorismo”) sino en los demás países del Cono Sur. Esto no es fruto de la mera imposición de EE.UU., sino que ha sido la elite colombiana la que ha permitido tal interferencia del gobierno estadounidense, generando fuertes tensiones con sus vecinos (y de este modo, contribuyendo a regionalizar el conflicto) al postularse como “peón” del gobierno estadounidense en la región (Palomo, 2010).

La postura de la UNASUR frente a este tipo de conflictos es clave, en tanto debemos tener en claro que para lograr la “regionalización” de la “guerra” contra el narcotráfico y el terrorismo, EE.UU. presiona de modo constante para mantener relaciones (económicas y de seguridad) bilaterales, neutralizando la posibilidad de plantear una agenda a partir de una verdadera participación multilateral capaz de integrar horizontalmente a los gobiernos de la región andina (Bonilla, 2006). Es a partir de estos acuerdos que se materializa la presencia de personal militar en la frontera de países del Cono Sur (no solamente en los que integran la IRA) lo que a su vez remite a ciertas estrategias vinculadas a la doctrina de seguridad nacional de los 60-70 y el modo en que se “luchó” contra la “insurgencia” a través de las fronteras de AL5.

Por ello no sorprende que el Secretario de Defensa de EE.UU., Robert Gates, en su reunión con las fuerzas armadas peruanas (abril 2010), señalara que éstas deben “reestructurarse y focalizarse más en los desafíos internos” (Gates en Salas, 2010). Cumpliendo con tales mandatos, las fuerzas armadas peruanas ya pueden intervenir en asuntos de orden interno: “…los militares pueden emplear la fuerza en situaciones de enfrentamiento con algún grupo hostil –previa declaración del estado de emergencia-, pero también cuando ayuda a la policía a restablecer el orden interno en otras situaciones de violencia o la apoya en operaciones contra el tráfico de drogas, terrorismo, y en los demás casos constitucionalmente justificados cuando la capacidad de la policía sea sobrepasada en su capacidad de control del orden interno” (Perú 21, 2 septiembre 2010, p. 6. Las negritas son nuestras). Lo interesante es que, a la par de formalizar la posibilidad de tal “Estado de excepción” (Agamben, 2004), el presidente de Perú Alan García, ha aceptado el ofrecimiento de EE.UU. de entrenar tropas peruanas para combatir el narcotráfico, descartando cualquier discusión sobre las tensiones entre intervención y soberanía-autodeterminación. Según sus propias palabras: “…En todos los temas que sean humanos y universales, yo no hago cuestión de soberanías y patriotismo, es decir, si los estadounidenses quisieran poner tropas de entrenamiento, como tienen helicópteros y entrenadores de satélite y de comunicaciones aquí, en buena hora”.

No constituye un dato menor que Perú firmara un TLC con EE.UU. similar al NAFTA, donde la desnacionalización de los principales activos del país y la desestructuración de la industria nacional y el mercado interno han sido los principales resultados (Saxe-Fernández, 2002). En el caso de Perú, es claro que lo primordial es el petróleo y los minerales. De ahí que simultáneamente se insista en abrir el 72% del Amazonas peruano a procesos de concesión para la prospección y extracción. El esquema es parte de los intereses de EE.UU. en toda la zona del Amazonas. Ahí ya se encuentran en manos de 35 multinacionales unos 180 bloques de concesión petrolera/gasera que cubren unos 688.000 km2 (Finer et al, 2008). Tan sólo en Perú hay 48 bloques activos y 16 por licitarse. De esos 64 bloques, todos excepto ocho fueron licitados a partir de 2004, justo cuando empezaron las negociaciones de tratados de libre comercio bilaterales entre EE.UU. y los países de la región andina (Perú y Colombia firmarían). La resistencia social, que “altera el orden interno” (como fue el suceso de la masacre de Bagua), responde a que veinte de los mencionados bloques se traslapan con once áreas protegidas, mientras que 58 de las 64 se superponen en tierras de propiedad indígena (Ibid).

La militarización de la región y especialmente de las zonas fronterizas se justifica mediante un discurso que sostiene que la única forma de enfrentar el “narco-terrorismo” o “narco-insurgencia” es mediante una tarea “multinacional”, que como es “lógico” ha de ser liderada y coordinada por EE.UU.

La agenda que llevó Clinton a la reunión de la OEA en junio de 2010 dejaba claro que los puntos a debatir eran el tráfico de drogas, la prevención de bandas criminales y las respuestas a desastres naturales, con el objetivo de que las preocupaciones de EE.UU. fueran bien escuchadas en AL, precisamente ante la exclusión de EE.UU. de la UNASUR. La "securitización" de lo medioambiental no es casual puesto que vincula territorios ricos en recursos con la posibilidad de garantizar el acceso, extracción y transporte de aquéllos a pesar de una eventual agudización de problemas socioambientales. Tal territorialización de la agenda de seguridad interna es por tanto primordial en cuanto permite despejar la operación de la “mano invisible del mercado”. Contexto en el que, mostrar al “narco-terrorismo” como fenómeno regional, permite ampliar, espacialmente, el proceso anterior. Las declaraciones de la secretaria de Estado de EE.UU. parecen apuntar a ello, en tanto que procuró asociar la situación de México a lo sucedido en Colombia al afirmar que: “…los cárteles de droga están mostrando cada vez más indicios de insurgencia (Clinton en Booth, 2010). A esta afirmación, agregó: “…Necesitamos una presencia más vigorosa en América Central para ayudar a los países a reforzar la legalidad, para luchar contra los traficantes de droga” (Ibid).

Para cubrir la mencionada necesidad, se están llevando a cabo acciones concretas. En Honduras, por ejemplo, el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa (CEHD) de EE.UU. organizó un taller para asesorar a la policía, las fuerzas armadas, miembros del Congreso Nacional y funcionarios del gobierno sobre la “Planificación de estrategias de seguridad nacional”. Según el Director del CEDH, Richard Downie, se formuló “una hoja de ruta con acciones claves y con fechas para llegar al cumplimiento de los objetivos, los participantes hicieron todo eso en el contexto del esfuerzo del gobierno del presidente Lobo en tratar de enfrentar esos retos que tiene el país en este momento” (El Heraldo, 11 septiembre 2010). A la gravedad de la interferencia de EE.UU. en asuntos internos por medio de este tipo de “asesoramiento”, en el caso de Honduras se suma el hecho de que el gobierno que está recibiendo las “sugerencias” en materia de seguridad interna, es producto de un golpe de Estado –“técnico”– al presidente legítimo, Manuel Zelaya.

Se suma además el caso de El Salvador, donde se promulgó la Ley Antimaras de septiembre de 2010 (Diálogo, 13 de Septiembre de 2010) y que justifica la presencia de tropas para el control del orden interno dada la “violencia de baja intensidad” perpetrada por el crimen organizado. La naturaleza de tal posicionamiento del Estado salvadoreño es expuesta por su presidente, Mauricio Funes, en el marco de la 65 Asamblea General de la ONU, en los siguientes términos: “…la ayuda [a Centroamérica y México] debe ser económica, de inteligencia y de apoyo a la capacitación y equipamiento de las fuerzas del orden para combatir el crimen y el lavado de dinero” (Centro de Noticias ONU, 27 de septiembre de 2010).

Las negociaciones de instaurar emplazamientos militares de EE.UU. en Panamá y Costa Rica se inscriben en este panorama. Lo mismo es válido para la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe.

Es este escenario el que posibilita estrategias de desestabilización como la ocurrida en Ecuador, que aparenta ser una “sublevación” espontánea de las fuerzas de seguridad debido a un supuesto recorte en los salarios y beneficios del sector. La agresión al presidente y funcionarios de gobierno altamente coordinada, la confusión y relativa desinformación sobre los hechos y el caos generado dejan entrever la presencia de causas de fondo que van más allá de un mero reclamo de salario y que develan el poder en acción de los grupos que representan intereses que se encuentran amenazados por el gobierno de Correa. No es casual que el hecho se suscite principalmente en y desde Guayaquil, la región dura de la oligarquía ecuatoriana. La promoción del caos y la confusión generalizada, la represión de parte de la policía contra la gente en las calles reclamando la “liberación del presidente”, se presta para generar una imagen de debilidad institucional como antesala indispensable para estimular una eventual política de control por medio de la represión y el miedo. Lo que se intenta es desarticular las fuerzas sociales, esto es, que no estén en las calles defendiendo la legitimidad del gobierno elegido.

Independientemente de la evolución de estos acontecimientos, lo que debe notarse es que mientras Honduras fue un termómetro para la derecha en cuanto a la articulación del tejido social, Ecuador pareciera colocarse como antesala de un posible “golpe” a los proyectos alternativos con mayor poder real y simbólico de la región. No deja de ser llamativo que el atentado se geste en Ecuador, ciertamente la nación con más fracturas internas del conjunto de países del ALBA (Morales en Bolivia cuenta con un respaldo social abrumador, mientras que Chávez cuenta con experiencia respecto a golpes de Estado en su contra y con un vínculo mucho más estrecho con la fuerza militar nacional). También es notoria en esta coyuntura la creciente tendencia en toda AL de “borrar” a los actores políticos de izquierda o progresistas de la esfera política formal, de tal suerte que se pueda facilitar la criminalización de ésos.

Por lo anterior, la importancia de la “región” es crucial. La avanzada de la oligarquía ecuatoriana no sólo es un golpe contra el proyecto de nación representado por el gobierno de Correa, sino a los propios esfuerzos de una integración regional alternativa. En tal sentido, es lógico que los presidentes de los países del Cono Sur condenen el intento de golpe de Estado, siendo enfáticas las declaraciones de Morales, Chávez y Fidel Castro.

El llamado de atención, consideramos, es más que claro. Pero aún más, como hemos dicho, también es una alerta temprana de posibles escenarios de creciente violación de derechos humanos y de propagación del miedo como mecanismo de atomización social, situación que, como han demostrado algunos procesos históricos, puede desembocar en fascismo (léase por ejemplo: Neumann, 1943). Se trata de un contexto que ciertamente dificulta pero al mismo tiempo apremia la construcción social concreta de proyectos de nación alternativos, independientes y socioambientalmente justos y armónicos, no sólo a escala nacional sino regional. El tejido social que los apoya y que potencialmente puede también sumarse, ciertamente existe, y esperamos que ante las circunstancias actuales de AL resurja con mayor fuerza y capacidades de articulación.

Notas

1. Gian Carlo Delgado-Ramos es Doctor por la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Investigador de tiempo completo del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México.

2. Silvina María Romano es doctora por la UniversidadNacional de Córdoba, Argentina. Becaria posdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET) en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional, Unidad Ejecutora CONICET

3. En el fondo de la Doctrina, afirma Guerra (1973: 182), estaba implícita la declaración: “América para los americanos”, y la afirmación de un derecho de soberanía virtual sobre todos los territorios del Nuevo Mundo. En AL había pueblos libres; pero sus derechos de soberanía eran incompletos, sus territorios no eran de libre disposición. El único poder absolutamente soberano en América, y de toda América, era EE.UU. (Ibid).

4. El derrocamiento del presidente guatemalteco Jacobo Arbenz (1954) se llevó a cabo por medio de una política de “dos vías”: las negociaciones diplomáticas y (al mismo tiempo) la implementación de operativos encubiertos promovidos por la CIA y las elites locales para perpetrar un golpe de Estado (Wood, 1985). El derrocamiento del presidente brasileño Joao Goulart (1964), también se caracterizó por dos momentos clave: un primer momento orientado a la desestabilización mediante la presión económica y política, y una segunda etapa destinada al golpe de Estado militar, gracias a la alianza de la oligarquía local con la elite estadounidense (Fico, 2008: 76). Una estrategia similar, de dos fases, fue aplicada para derrocar al presidente chileno Salvador Allende (1973): la primera etapa se centraba en presiones económicas y políticas; la segunda etapa implicaba el apoyo a ciertos sectores de las fuerzas armadas para incitar a un golpe militar, también con la aprobación de los grupos de poder locales y el apoyo del gobierno estadounidense (Informe Church II C2).

5. Es de crucial importancia recordar que uno de los operativos más “exitosos” de seguridad transfronteriza se realizó en la década de 1970, la Operación Cóndor. Este operativo tenía como meta “aniquilar la subversión” por medio del arresto, tortura y desaparición de “insurgentes” y “subversivos” a través de las fronteras de países del Cono Sur, mediante la cooperación de las Fuerzas Armadas de los países del Cono Sur y con la ayuda estratégica de la CIA (McSherry, 2005).

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