Complejidad e interdisciplina en las nuevas perspectivas socioeconómicas

Gian Carlo Delgado Ramos

Letras Verdes. Revista Latinoamericana de Estudios Socioambientales.

FLACSO-Ecuador. No. 17. Marzo de 2015. pp. 108-130.

ISSN: 1390-6631

DOI: 10.17141/letrasverdes.17.2015.1442

Resumen

Producto de la complejidad que caracteriza la actual crisis socioecológica, este trabajo verifica la creciente necesidad de análisis que partan de nociones propias de los sistemas complejos y la interdisciplina, lo que lleva a plantear la emergencia de novedosas perspectivas socioecológicas híbridas. Al abogar por estimular la coproducción de conocimiento de carácter reflexivo y participativo, se presentan las principales características deseables y las patologías imperantes en la actual forma de intercambiar conocimientos y, en sí, en la producción de conocimiento. La discusión se ejemplifica al dar cuenta del caso de la ecología política del metabolismo urbano, un campo híbrido de frontera. Se concluye respaldando la convergencia de enfoques interdisciplinarios como característica fundamental de la coproducción de conocimiento híbrido robusto (basado en amplios procesos participativos) en tanto que se considera a su vez especialmente útil para la toma de decisiones socialmente consensuadas, dígase en torno a los complejos problemas socioecológicos de hoy día.

Palabras clave: complejidad, interdisciplina, ecología política urbana, metabolismo urbano. 

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Despojo del agua y seguridad ecológica

Gian Carlo Delgado Ramos

La Jornada de Oriente

Puebla, Puebla. 10 de Marzo de 2015.

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Sólo 2.5 por ciento del total de agua en el planeta es agua dulce y no toda está disponible para el consumo humano. Alrededor de 0.8 por ciento del agua del planeta se considera accesible y apta para consumo humano, siendo ésa en su gran mayoría subterránea. La limitada disponibilidad se complejiza no sólo por el crecimiento poblacional, sino sobre todo por el desigual acceso y usufructo del líquido; y es que se calcula que la quinta parte, la más rica de la población mundial consume 85 por ciento de todos los bienes y recursos naturales, incluyendo el agua.

El panorama mundial es vergonzoso, pues hoy día un tercio de la población mundial vive en regiones con escaso acceso al agua. Los más pobres siguen siendo los más vulnerables de entre los 780 millones de personas que no tiene acceso a fuentes de agua limpia y de entre los 2.5 mil millones que carecen de servicio de saneamiento a nivel mundial.

En México, la demanda de agua para consumo humano aumentó seis veces en el último siglo, afectando la disponibilidad natural media anual por habitante: en 1955 era de 11 mil 500m3 pero para 2007 había descendido a 4 mil 312 m3, es decir, una disminución de 64 por ciento en tan sólo 50 años. De continuar con los mismos esquemas de consumo y desperdicio del agua, la disponibilidad natural media anual por habitante será aún menor en el 2030, pues se alcanzaría la cifra de 3 mil 783 m3 (considerando el aumento poblacional). Sin embargo, debe advertirse que la disponibilidad media de agua podría alcanzar niveles de estrés hídrico elevados en la Península de Baja California (780 m3 habitante año), la región del Río Bravo (907 m3) y en la del Valle de México (127 m3).

Tal escenario se presenta en condiciones de disponibilidad y calidad del agua hoy por hoy preocupantes. De los 653 acuíferos nacionales, la cantidad de sobreexplotados más que se triplicó desde 1975 al pasar de 32 acuíferos en esa condición a 80 acuíferos para 1985 y a 100 acuíferos sobreexplotados para 2011. A ello se suman las 21 cuencas que ya en 2009 se estimaban fuertemente contaminadas, sobre todo en Durango, Coahuila, Zacatecas y San Luis Potosí.

Es en este panorama hídrico que los procesos de acaparamiento de agua se agudizan, todo al tiempo que se establece la figura del agua embotellada (y del refresco) como el mecanismo por excelencia para acceder a líquido de calidad para beber.

Por lo dicho, el acceso, gestión y usufructo del agua son sin duda cuestiones cada vez más prioritarias tanto para los gobiernos como para la población. La agenda hídrica de Estado sin embargo se ha caracterizado por preservar en primer lugar los intereses empresariales que representa; así lo constatan las diversas modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales concretadas especialmente desde que se iniciara la aplicación de políticas neoliberales en nuestro país (la más reciente realizada en Agosto de 2014 para poder incluir el uso de agua para la generación de energía geotérmica). Tampoco es excepción, sino todo lo contrario, la iniciativa de Ley presentada el 4 de marzo (dictaminada favorablemente un día después por diversas Comisiones, de ahí que se hable de un proceso de aprobación exprés) que pretende, por un lado, dar carpetazo a la Propuesta Ciudadana de Ley General de Aguas (presentada el 12 de Febrero y firmada ya por 24 diputados y 22 senadores) en tanto que coloca, como ejes clave, el derecho humano al agua y el interés social y comunitario en la gestión del líquido. Por otro lado, la iniciativa abiertamente pretende consolidar un escenario que facilita las condiciones de mayor despojo, usufructo privado, violación real del derecho humano al agua y a un ambiente sano, así como formalizar la criminalización y represión de la protesta y de la investigación científica y social en materia hídrica. Y es que la mencionada iniciativa conviene, entre otras cuestiones:

• Colocar al agua como un asunto de Seguridad Nacional o de Estado (no de seguridad de los pueblos o seguridad socioecológica), permitiendo así “el auxilio de la fuerza pública” para cumplir las determinaciones de la Ley, misma que entre otras cuestiones amplia las causas de utilidad pública y transfiere megaproyectos hidráulicos a la iniciativa privada. En consecuencia, se agravan las condiciones para la criminalización de movimientos sociales en defensa del agua o que impulsan prácticas comunitarias de gestión.
• Reconocer el derecho humano al agua, incluyendo su accesibilidad y asequibilidad, pero con costos y cargos directos e indirectos acordes con “la capacidad económica de los usuarios”, contexto en el que la obligación de la autoridad se circunscribe en otorgar un mínimo vital de 50 litros diarios por persona.
• Limitar en caso de emergencia por ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos, la responsabilidad del Estado al precisar que aunque tomaría acciones, “…la población debe adoptar las previsiones personales y colectivas para disminuir la probabilidad de daños a su persona, bienes y entorno.” El gobierno en tales casos, se agrega, desarrollará, fortalecerá e impulsará el autocuidado, autoprotección, resiliencia, resistencia y responsabilidad social de la población.
• Considerar la “productividad económica del agua” y establecer formalmente al sector privado como actor clave en el financiamiento del sector, al tiempo que obliga a prever ajustes tarifarios en función de la inflación y costos. Y si bien la privatización del servicio de agua es punto nodal a lo largo de la iniciativa, la garantía del derecho humano al agua es visto, en cambio, como algo que se lograría “progresivamente” conforme se generen recursos y se reinviertan. Se propone para tales fines la creación del “Sistema de Colaboración para el Establecimiento de Tarifas de Servicios Públicos de Agua”, ente que estaría encargado de establecer criterios para fijar las tarifas y verificar el grado de cumplimiento de objetivos y metas.
• Abrir la posibilidad de facto del despojo y privatización de las reservas o cuerpos de agua en tierras de propiedad social, ello en tanto que suscribe que, “…cuando se transmita el dominio de tierras ejidales o de uso común o se otorgue el usufructo de parcelas, a sociedades civiles o mercantiles o a cualquier otra persona moral, en los términos de la Ley Agraria, dichas personas o sociedades adquirentes conservarán los derechos sobre la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas correspondientes.” En este punto preocupa la posibilidad de contratos firmados por comuneros o ejidatarios que sean presentados oralmente de modo distinto al escrito, engañando a comunidades mayormente analfabetas, ya no se diga contratos falsos. Ambos casos han sido ya denunciados en el ámbito minero, que dicho sea de paso, se trata de una actividad que en la iniciativa en cuestión es convenientemente reconocida como usuaria con derechos y obligaciones, panorama en el que llama de sobremanera el establecimiento de “bancos de agua” que “podrán ser asignados temporalmente para “proyectos prioritarios estratégicos y de interés público”. No sobra decir que la minería se consideran como actividades económicas prioritarias y de supuesto “interés público”, según lo establece la Ley Minera vigente.
• Bloquear y criminalizar la posibilidad de estudios críticos independientes, primordiales tanto para el avance del conocimiento como para la movilización social, al indicar que “…los interesados en realizar obras de exploración, estudio, monitoreo, reinyección y remediación en acuíferos sobreyacentes y subyacentes o en bienes nacionales a que se refiere esta Ley deben solicitar permiso a la Comisión”. Realizar tales acciones sin contar con el permiso correspondiente, derivaría en “penalidades de entre 200 y 50 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal”.

Frente a tal arranque privatizador y de criminalización de la crítica y la protesta debe subrayarse que existen alternativas, social y ambientalmente más justas y armónicas. La Propuesta Ciudadana de Ley General de Aguas es un esfuerzo en tal sentido. Enuncia la necesidad de garantizar: 1) agua de calidad y saneamiento a la población (acompañado de la propagación de prácticas de higiene y de infraestructura digna de baño); 2) agua para los ecosistemas; y 3) agua para la soberanía y la seguridad alimentaria, todo al tiempo que se llama a poner fin a la contaminación y la destrucción de los cuerpos de agua del país. Entre las medidas clave, cabe mencionar la propuesta de creación de un Fondo Nacional por el Derecho Humano al Agua y Saneamiento, auditable y para el financiamiento directo de comunidades para proyectos autogestivos y descentralizados en zonas sin acceso; la conformación de una Contraloría Social del Agua desconcentrada del Consejo Nacional de Cuencas, de composición ciudadana que procure erradicar la corrupción y la impunidad en el desempeño de la función pública del agua, con autonomía presupuestaria y capacidad vinculante en sus decisiones; la implementación de nuevos instrumentos de prevención, precaución y protección como el denominado “dictamen de impacto socio–hídrico”; así como la conformación de un sistema nuevo de concesiones que involucraría a los habitantes de cada cuenca en procesos técnicamente fundamentados para hacer recomendaciones vinculantes a la entidad federal del agua en cuanto al volumen total aprovechable y del cual sólo se concesionaría el volumen ecológicamente aprovechable considerando que el agua sería prioritariamente para la vida, garantizando el acceso equitativo y respetando la integridad de las tierras y aguas de los pueblos originarios; además, toda concesión estaría condicionada al respecto a la consulta previa, informada y culturalmente adaptada, así como a la eliminación de contaminantes, por lo que necesariamente tendrían que ser anualmente renovables. Para garantizar el funcionamiento del mencionado sistema, se proponen inspecciones oficiales regulares y monitoreo ciudadano con acceso público a los resultados.

El reto ciertamente no es menor, ni las soluciones simples, replicables a todo contexto, ni lineales. No obstante existe una propuesta de base social que no debe obviarse tal y como pretende la indicada iniciativa de Ley del Estado. Desde estas líneas se hace un llamado a la sociedad para que, en primer lugar, exprese su rechazo a la iniciativa de Estado, que se buscar aprobar tan pronto como el día 10 de Marzo (www.uccs.mx/doc/p/laleygeneraldeaguas_es), para posteriormente integrarse a los esfuerzos ciudadanos de planteo y conformación de regulaciones y acciones alternativas.

Del extractivismo y la ingeniería de conflictos

Gian Carlo Delgado Ramos
La Jornada de Oriente
6 de Marzo de 2015. Puebla, Puebla.
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Al cierre del siglo XX, la extracción de recursos naturales que soportaba la economía mundial llegó a un rango de entre 48 mil 500 a 60 mil millones de toneladas anuales, una tercera parte biomasa, 21 por ciento combustibles fósiles y 10 por ciento minerales. El consumo global per cápita alcanzó 8.1 toneladas de recursos naturales al año, la gran mayoría “frescos” (no reciclados). Por supuesto las asimetrías en el consumo era, y sigue siendo, de varios órdenes de magnitud pues se estima que el 10 por ciento de la población mundial más rica acapara el 40 por ciento de la energía y el 2 por ciento de los materiales. La tendencia de consumo no se ha mas que agudizado, presionando más y más las fronteras ecológicas planetarias.

En ese escenario, particularmente los países en desarrollo han jugado un rol como abastecedores de materia prima barata con nulo o bajo grado de transformación, que es lo que genera el mayor valor agregado. Tal división internacional del trabajo, o especialización, se ha profundizado de la mano de la dependencia tecnológica. Ello es observable, por ejemplo en el caso de México, en la composición de nuestro comercio internacional. Las exportaciones en el rubro de combustibles y minerales, según datos de la UNCTAD, aumentaron del 13.4 por ciento del total en 1995 a 20 por ciento en 2012. Y si bien las exportaciones de manufactura, el grueso maquila o bienes de bajo contenido tecnológico, constituyen el grueso de nuestras exportaciones, ésas incluso decrecieron del 77.5 por ciento a 72.7 por ciento en el mismo periodo. Por su parte, las importaciones de manufactura de tecnología media y alta (medicamentos, equipo eléctrico y de oficinas, maquinas herramienta, etcétera) se mantienen en el orden de las cuatro quintas partes del total importado (en 1995 eran el 80.1 por ciento, en 2012 del 78.2 por ciento), todo al tiempo que se triplicó la importación de combustibles y minerales, prácticamente gasolinas: se pasó de 4.4 por ciento en 1995 a 11.7 por ciento del total de importaciones en 2012. En resumen exportamos más recursos naturales e importamos más gasolinas; exportamos maquila e importamos bienes manufacturados de medianaalta tecnología.

La fuerte actividad extractiva y de baja transformación de los recursos naturales en México, y en sí de AL, también se comprueba al dar cuenta de la tipología de sus principales empresas. Según datos de América Economía, del total de ventas de las 500 empresas más importantes de AL, del orden de 2,598,877 millones de dólares en 2013, el 56.7 por ciento correspondieron a sectores que directamente hacen uso de los recursos naturales (el sector del petróleo y gas sumó 24 por ciento del total de ventas y la mineríasiderurgia el 10.45 por ciento).

En México las 500 empresas más importantes, según Expansión, representan casi tres cuartas partes de la economía, contexto en el que casi la mitad son netamente extranjeras aunque se adjudican más de la mitad de las ventas totales de dicho listado, si se excluye a Pemex. Los sectores que se sostienen del uso directo de recursos naturales se adjudicaron en el listado de 2012 alrededor de 34 por ciento de las ventas totales; sólo el petróleo representó el 14.9 por ciento del total de ventas.

Tal dinamismo del extractivismo en México y el mundo, que ciertamente recién verifica una relativa desaceleración provocada por la caída de los precios del petróleo, ha derivado en múltiples proyectos extractivos y de emplazamiento de infraestructura relacionada, muchos de los cuales son confrontados por la población local que vive directamente el despojo y la devastación de su tierra y de la naturaleza ahí contenida. No es por tanto casual, sino causal, el aumento de movilizaciones sociales bajo diversas figuras (movimientos o redes de justicia ambiental o de afectados: por la minería, por las presas y en defensa de los ríos, etcétera). En el mismo tenor, la criminalización de la protesta se ha recrudecido en un contexto cada vez más usual de esquemas de “ingeniería de conflicto”. Tales esquemas no sólo son más y más elaborados (en tanto a los actores involucrados y confrontados, la distorsión de la información y/o en la cooptación y deformación del discurso social), además son producidos durante e incluso antes de arrancar los proyectos extractivos pues ésos resultan funcionales al despojo y usufructo privado de los bienes comunes y que en México en gran medida son de propiedad social.

Tan sólo en el caso de la minería, el Observatorio de Conflictos Ambientales de América Latina (OCMAL) registra a la fecha la existencia de 211 conflictos en la región, 34 en México, incluido entre ésos el caso de Zacualpan en Comala, Colima que, como precisé en la nota del 4 de Marzo, se trata de un caso típico de ingeniería de conflicto ya que lo que está en juego son fuertes intereses privados, no sólo empresariales, que procuran condiciones favorables para hacerse de los recursos naturales de dicho territorio. Dicha ingeniería pasa por la fractura y el desgaste de la comunidad, lo que rápidamente permite calificar el asunto como un “conflicto interno”. Una vez “validado” como tal, se instala el uso de la fuerza como medida “justificable”, misma que permite a su vez la ocupación y restructuración de la gestión concreta del territorio, ello incluso en medio de una situación de violencia o falta de “gobernanza” (pero nótese, no de control del territorio).

Este modus operandi, desgraciadamente cada vez más usual tanto a nivel nacional como internacional, y cuyo trasfondo en el caso Zacualpan es la disputa por el usufructo del agua que abastece a Colima y su zona conurbada, pero eventualmente también de los minerales presentes (oro y cobre, esencialmente), por lo general atropella los derechos humanos, la autodeterminación de los pueblos y la autogestión de los territorios, aún si los pueblos operan plenamente dentro del marco de la Ley. La visita de la Misión Internacional y Nacional de Observación del caso Zacualpan lo ha corroborado.

El informe preliminar de las actividades de dicha Misión (http://otrosmundoschiapas. org/docs/informe_caso_zacualpan.pdf) realizadas los primeros días de marzo del presente año describe, entre otras cuestiones, el manejo distorsionado de la información; la clara intención por parte del gobierno del estado de Colima de no actuar conforme a derecho, abonando así a la impunidad y a la falta de procuración de justicia para dirimir el conflicto; la presunta existencia del contubernio de algunos operadores políticos y la torpeza de otros; la violación a los derechos humanos y la discriminación a los pueblos indígenas; la criminalización, persecución y amenazas contra las y los defensores de los derechos humanos; así como la atomización social que facilita el despojo de los bienes naturales de los pueblos. Considerando lo antes dicho, la Misión hizo un llamado a la restitución inmediata del usufructo de los recursos naturales del pueblo de Zacualpan conforme a derecho y en manos de la autoridad agraria en turno, legítima y democráticamente electa, así  como a la cancelación definitiva de las concesiones mineras en el territorio de Zacualpan,

Ante este tipo de situaciones de ingeniería de conflictos, funcionales al despojo, y de frente a la crisis sistémica y civilizatoria por la que atraviesa la humanidad, diversos intelectuales y actores sociales demandan correcta y enérgicamente paz, justicia, respeto, dignidad y genuino diálogo como principios básicos para la construcción de alternativas territoriales que sin duda son cada vez más urgentes. En dicho sentido se celebran los esfuerzos democráticos y participativos de construcción de otras territorialidades, alejadas del extractivismo, el desarrollismo y la transgresión socioecológica, es decir de los espacios de la diferencia o de resistencia biocultural, tal y como Arturo Escobar y Víctor Manuel Toledo respectivamente los califican.

Agua y minerales: trasfondo del conflicto en Zacualpan

Gian Carlo Delgado Ramos

La Jornada de Oriente

4 de Marzo de 2015.

Puebla, Puebla. México.

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Zacualpan, municipio de Cómala, es un territorio estratégico pues el manantial ahí localizado abastece alrededor de 4/5 partes del agua que demanda la ciudad de Colima (con 105 localidades) y Villa de Álvarez (con 57 localidades). Del manantial, a 27.5 km de esta zona urbanizada, se captan por medio del Acueducto Zacualpan unos mil litros por segundo.

Según las autoridades comunales de Zacualpan, los detalles sobre el acuerdo de usufructo del agua a favor de la Comisión Intermunicipal de agua potable y alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV) se desconocen, tanto el plazo como los volúmenes, todo al tiempo que se asegura que no reciben compensación alguna. En cambio, la comunidad genera ingresos propios por tener dentro de su propiedad un ojo de agua al cual le dan uso recreativo (el denominado Parque Ecoturístico de Zacualpan), precisamente punto de conflicto entre las autoridades actualmente en funciones, electas el 30 de noviembre de 2014 por Asamblea y reconocidas por diversas autoridades del Estado de Colima, y las autoridades depuestas, entre otras razones –se asegura- por el uso indebido  de los ingresos generados durante su mandato y su resistencia a permitir el usufructo de dicho bien común a beneficio de la comunidad (un pequeño grupo controla desde hace meses el camino al manantial contradiciendo la orden ejecutoria del Tribunal Unitario Agrario de  Distrito 38 y que entregó la administración del parque a la actual presidencia de bienes comunales); ello además de que en su momento tales autoridades depuestas permitieron actividades de exploración minera.

Zacualpan cuenta con yacimientos de oro-plata y cobre, así lo reconoce el “Panorama Minero del Estado de Colima” para el caso del lote Heliotropo de unas 100 hectáreas (concesión número 201872) y donde el Servicio Geológico Mexicano ha estimado concentraciones de 1 a 2 gramos de oro por tonelada de tierra y entre 0.5% y 12% de cobre, es decir, concentraciones económicamente explotables.

Año	Superficie (ha)	Concesiones
2002	38,277	113
2003	42,533	119
2004	40,301	117
2005	38,688	121
2006	47,708	120
2007	49,502	145
2008	85,369	158
2009	128,261	202
2010	148,317	238
2011	185,958	265
2012	197,803	284
2013	204,128	296
2014	204,210	297
Con base en Sistema de Administración Minera

Cabe precisar que a nivel estatal, al cierre del 2014, el grueso de concesiones mineras otorgadas ya cubrían el 37.5% del territorio, el grueso centradas en hierro, el principal producto metálico de Colima con casi 3 millones de toneladas extraídas en 2012 (además de diversos materiales no-metálicos, sobre todo de construcción). Pese a ello, recientemente ya se identifican concesiones con interés en la explotación de oro, plata y manganeso, al tiempo que se habla del potencial para la extracción de titanio presente en las arenas negras de las playas del Estado (se trata de un material estratégico para ciertas industrias de alta tecnología).

Los principales intereses económicos del hierro son Ternium y ArcelorMittal Steel, a los que se suman en los últimos años otros capitales de EUA (Cotton & Western Mining, Jaguar Mining, Tara Minerals), China (Gan Bo Investment y Tianjin Binhai Harbor Port Int Trade) y Reino Unido (London Mining). En el caso del oro, está la canadiense Macmillan Gold Corp y otros capitales aparentemente locales como Gabfer, S.A. de C.V. quien supuestamente detenta la concesión del mencionado lote, Heliotropo, ubicado al suroeste del manantial de Zacualpan. Su promotor, el empresario Rigorberto Verduzco Rodríguez, ha detallado a los medios que el beneficio o procesamiento se haría en otro lugar y que ahí sólo se extraería la roca mineralizada por la cual pagaría 4 dólares la tonelada, un monto que en 50% se destinaría al municipio de Comala, a visitas médicas y en el establecimiento y dotación de una farmacia.

Según informó el delegado estatal de la Secretaría de Economía el pasado 2 de Marzo, la concesión que aparentemente detenta la empresa, y cuya composición de capital se asegura se desconoce pues aún no está registrada ante esa Secretaría, no ha sido aprobada debido a una serie de irregularidades. La concesión en cuestión fue originalmente otorgada en 1995 al ahora difunto Adolfo Pineda Martínez y todos los movimientos de la misma se hicieron directamente en la Ciudad de México, no en la delegación local. Según el expediente 624/2014 del 18 de Julio de 2014, se presentó formalmente el contrato de asociación para la exploración y explotación entre el “heredero” (Justino Pineda Larios), que abogó por una sucesión testamentaria,  y la interesada empresa Gabfer. Considerando diversas cuestiones administrativas, tales como la falta de un contrato que indique el periodo de exploración / explotación y las contraprestaciones convenidas con los comuneros, la Secretaría de Economía afirma haber negado el permiso de explotación. No obstante la concesión se mantiene vigente. Pese a este panorama, afirman los comuneros y autoridades de Zacualpan, ya hubo extracción de material en más de una treintena de camiones de volteo. Todo ello ha llevado a la demanda social, no sólo de Zacualpan como territorio libre de minería, sino a la cancelación definitiva de dicha concesión minera. El gobierno en turno, ha capitalizado la situación, sosteniendo que no habrá minería en Zacualpan mientras estén en el cargo. Las elecciones son en Junio de 2015.

El conflicto de Zacualpan, en efecto, se ha profundizado por la presencia de la policía municipal y estatal que es acusada de favorecer al grupo que ha tomado el camino al manantial. Según un documento entregado el 16 de Enero de 2015 al delegado estatal de la Secretaría de Gobernación por parte del presidente de bienes comunales actualmente en funciones, se pide la intervención de tal Secretaría, “…ante el abuso excesivo y arbitrario de la autoridad estatal que permite, protege, solapa y promueve actos delictivos cometidos en perjuicio del bien común de esta comunidad indígena que representamos, mediante la cuales se quebranta la ley con el único fin de que personas que son afines a la explotación de una mina dentro de los recursos naturales de esta comunidad, permitan ello”.

Ante tal situación, cada vez más compleja y en la que el Estado, en los hechos, no resuelve pero sí favorece la erosión del tejido social, la Misión Internacional y Nacional de Observación sobre el caso Zacualpan, integrada por organizaciones diversas de derechos humanos, académicos y cineastas tanto de EUA, Canadá y México (por ejemplo el Fund for Global Human Rights, Mining Watch Canada, Environmental Defender Law Center, Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero, Red Mexicana de Afectados por la Minería, entre otros), se autoconvocó para atender el problema mediante una visita presencial con la cual se buscaría dialogar con los actores, incluyendo los de gobierno, para así plantear un diagnóstico y recomendaciones.

Si bien ha logrado el diálogo con actores de gobierno, no ha podido visitar a la comunidad debido a la toma de la ruta hacia Zacualpan por parte del mencionado grupo, presuntamente ligado al presidente de bienes comunales depuesto, Carlos Guzmán Teodoro. El desenlace el día 3 de Marzo fue el intento por parte del gobierno del Estado de finalmente hacer valer “el Estado de derecho”, no antes, sino justo durante la visita de la Misión y ante medios televisivos que fueron convocados por el propio gobierno, al plantear el desalojo mediante el uso de la fuerza pero con el aval de dicha Misión que ante todo le preocupan los derechos humanos y aboga por resoluciones pacíficas y políticamente negociadas. Por ello la Misión decidió retirarse y no prestarse a tal situación, ciertamente funcional a un posible desenlace violento e indeseable. Los policías fueron posteriormente retirados sin intervención policiaca alguna.

El caso Zacualpan no puede exponerse en su cabalidad en pocas palabras. Lo que es cierto es que en el fondo parecen estar fuertes intereses privados, no sólo empresariales, que procuran condiciones favorables para hacerse del usufructo de los recursos naturales de dicho territorio, algo que sin duda pasa por el desgaste y fractura de la comunidad y que rápidamente permite calificar el asunto como un “conflicto interno”. “Validado” el conflicto, el uso de la fuerza es visto en algún momento como algo  justificable. Con ello, la restructuración de la gestión concreta del territorio se establece, incluso en medio de una situación de violencia o falta de “gobernanza”.

La disputa por el usufructo del agua y los minerales, una vez más pretende atropellar los derechos humanos, la autodeterminación de los pueblos y la autogestión de los territorios en el país. El Estado, en sus tres órdenes de gobierno, está lejos de no tener responsabilidad, por el contrario ha jugado un rol clave, sea por acción u omisión.

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