Dr. Gian Carlo Delgado

El mito de la economía verde

2012-01-23T14:07:00.000-08:00

Gian Carlo Delgado Ramos
Ambientico No. 219.
Costa Rica. Diciembre de 2011.
ISSN: 1409-214X pp. 29 - 44
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La economía verde se anclaen el entendimiento de un impulso a la eficiencia y al avance de las“tecnologías verdes” como “la” solución, es decir, como una revolucióntecnológica que no sólo re-dinamice la economía a la usanza de las revolucionestecnológicas previas (léase: Delgado, 2002 y 2011; Pérez, 2004), sino que ademáscontribuiría al mismo tiempo a solucionar los principales problemas y retosante los que estamos. Desde tal noción, Rio+20 convoca a discutir “…cómo laeconomía verde puede contribuir al desarrollo sustentable y a la erradicaciónde la pobreza“ (Naciones Unidas, 2011). Las negociaciones del clima recienteslo han hecho de modo similar y cada vez con más énfasis en términos de “investigacióny transferencia tecnológica para la mitigación”.

El concepto de economíaverde, según se entiende en el marco de la asamblea general de Naciones Unidas,“…se enfoca principalmente en la intersección entre ambiente y economía” (Ibid:4), y se agrega: “…puede ser visto como un lente para enfocase y aprovecharsimultáneamente oportunidades en el avance de metas económicas y ambientales”(Ibid: 5). Se trata de un concepto que está pues hermanado a otros como“crecimiento verde” pero que, tal y como se suscribe, no sustituye el discursodel desarrollo sustentable, sino que lo enriquece (Ibid: 6). Así, desde talperspectiva, mientras las empresas buscan mayores oportunidades de acumulaciónde capital, vía nuevas oportunidades tanto de reducción de costos de operación,como de incremento de apropiación de valor por medio del aseguramiento de nichosde mercado propios al avance tecnológico de la eficiencia, de las energías“limpias”, etcétera, “…los gobiernos tendrían el rol clave de financiar la investigación y el desarrolloverde y la infraestructura necesaria para tal propósito, así como el facilitarun ambiente de apoyo a las inversiones verdes del sector privado y eldesarrollo dinámico del crecimiento de sectores verdes” (Ibid: 6). Deprecisarse es que la propuesta empresarial es claramente entusiasta aunque conreservas pues por un lado se está en un contexto de profunda crisis económica, mientrasque por el otro, persisten enormes intereses y por tanto resistencias al cambiode paradigma, dígase por ejemplo el energético donde opera el poderoso sectorpetro-eléctrico-gasero-automotriz (léase: Delgado, 2009). En cualquier caso,mientras la economía verde signifique nuevas oportunidades de transferencia derecursos públicos, de negocio y por tanto de acumulación de capital, la opciónes atractiva.

Así, pese al estadorelativamente difuso de lo que puede llegar a significar en la práctica laeconomía verde, ya se constatan ejercicios de avance por parte de actores depeso en la estructura político-económica mundial. Por ejemplo Naciones Unidas(2011: 12) precisa que para que la economía verde pueda entregar los beneficiosque promete, “…debe ser parte de un movimiento en el que los sistemas deproducción y consumo sean compatibles con el desarrollo sustentable a través detransiciones sensibles a las necesidades de desarrollo de cada país”. Para ello, agrega, se visualizan siete rubrosde acción: 1) el estímulo de paquetes verdes (financiamiento público aldesarrollo e implementación de tecnologías y acciones verdes); 2) el impulso ala “eco-eficiencia empresarial” por la vía de incentivos político-económicos;3) el “enverdecimiento” de los mercados (favoreciendo la oferta de productos yservicios “socio-ecológicamente amigables”, incluyendo los mercados de comerciojusto o de sello orgánico); 4) promoción de la eficiencia energética de losedificios y del sistema de transporte; 5) restauración y mejora del “capitalnatural” (vía el establecimiento de cooperación internacional y laimplementación de diversos mecanismos de financiamiento para el manejo de loque se presumen como bienes comunes); asociado al anterior, 6) la búsqueda de“conseguir que los precios sean correctos” por la vía de establecer sistemas depago por servicios ambientales y la creación de mercados de tales servicios; y7) el establecimiento de una reforma tributaria que promueva eco-impuestos dediversa naturaleza (Naciones Unidas, 2011: 14 – 19). Además, el discursoprecisa que, “…la erradicación de la pobreza y la mejora de los medios desubsistencia de los más vulnerables merecen una prioridad en la medidas quepromuevan la transición hacia la economía verde” (Ibid: 12).

De cara a tales argumentose intenciones, debe notarse que la visión que precisa a la economía verde comomecanismo clave para hacer frente a los problemas primarios del capitalismo deprincipios del siglo XXI, tiene enraizados múltiples supuestos, muchos de ellosno sólo contradictorios sino en efecto claramente equívocos pues, entre otrascuestiones, ésos parten de lecturas parciales y lineares de la realidad.

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Sobre llovido, mojado.

2012-01-23T07:35:00.002-08:00

Por: Nataria Aruguete
Página 12.
22 de Enero de 2012.
Buenos Aires, Argentina.
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El investigador mexicano hace un repaso inquietante de las razones y consecuencias del aumento de gases de efecto invernadero. También advierte sobre las deficiencias de América latina y el problema de la actitud de China y Estados Unidos.

Uno de los principales impactos del cambio climático en las grandes ciudades se relaciona con la alteración en los patrones de lluvia, el aumento constante de la temperatura y el cambio en los ciclos de agua. El mexicano Gian Carlo Delgado Ramos, doctor en Ciencias Ambientales por la UAB de Barcelona, visitó Buenos Aires invitado por el IADE y conversó con Cash sobre los principales impactos del cambio climático. El investigador de la UNAM analizó los altos costos económicos que se desprenden de estos efectos y las dificultades que enfrentan las urbes de los países en vías de desarrollo por la falta de un presupuesto suficiente y una planificación de largo plazo que permita hacer estimaciones fiables e impulsar acciones de adaptación y mitigación.

¿Cuáles son los principales efectos del cambio climático a nivel mundial?

–En términos generales, el aumento de la concentración de gas de efecto invernadero puede generar un aumento de la temperatura. Esto lleva a cambios en el clima y en los ciclos del agua. Por ejemplo, en las zonas donde suele haber precipitaciones dejará de haber disponibilidad de agua. Por otro lado, el derretimiento de los casquetes polares por las mayores temperaturas llevará a un aumento en el nivel del mar. A esto se agrega que con la política neoliberal desapareció una cantidad enorme de datos y hay un hueco en la información con la que se conciben los modelos para hacer estimaciones.

¿Cómo calcula el impacto económico del calentamiento en las grandes ciudades de los países en vías de desarrollo?

–La mayor preocupación se relaciona con el cambio en los patrones de lluvia; esto supone una agudización de las inundaciones en las ciudades. Buenos Aires es una zona que suele tener desbordamientos de las aguas y zonas inundables. En términos económicos, eso tiene un impacto enorme porque los sistemas de drenaje y los alcantarillados no dan abasto para desahogar las grandes cantidades de agua. Por ejemplo, producto del cambio climático, en la ciudad de México –ubicada a 2100 metros de altura– empezamos a ver un mosco que genera la malaria. Es muy raro que un bicho que suele estar al nivel del mar aparezca a 2 mil metros de altura. Eso tiene un costo tremendo para el aparato de seguridad social, especialmente de salud.

¿Qué factores están provocando este cambio climático?

–La alta temperatura en los espacios urbanos no tiene que ver solamente con que esté asfaltado el suelo sino con el tipo de construcción de las ciudades. Normalmente eso sube entre dos hasta seis grados la temperatura, lo cual genera además un uso intensivo de la energía para poder contrarrestar ese efecto.

¿Qué medidas se deberían tomar para detener este ascenso de las temperaturas?

–Lo ideal sería un acuerdo climático internacional. Pero el 51 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero las generan China y Estados Unidos. Mientras ellos no hagan algo para reducirlas, lo que ensayen otros países no alcanzará.

¿Por qué Estados Unidos y China?

–Porque son los que más energía consumen y generan una mayor quema de sus combustibles fósiles. Los gases de efecto invernadero se generan por combustión de combustibles fósiles, como el metano, relacionado con la producción de carne y la generación de residuos sólidos. En el caso de los alimentos, el IPCC (Panel Intergubernamental del Cambio Climático) y las Naciones Unidas están sugiriendo la necesidad de reconfigurar las dietas, sobre todo las basadas en un consumo creciente de carne. Institucional y económicamente estamos menos preparados que los países ricos. La cantidad de recursos que tiene Estados Unidos para hacer frente a los impactos del cambio climático mediante acciones de adaptación y mitigación equivale al 3, al 5 y hasta al 10 por ciento de su PIB.

¿En qué consisten las acciones de mitigación?

–La reducción de emisiones tiene que ver con investigación en nuevas tecnologías o con cambios en los sistemas de transporte. Por ejemplo, pasar del transporte privado a transportes masivos, públicos, eficientes. Ese es otro problema para América latina: tenemos transportes públicos ineficientes, totalmente desarticulados y desintegrados. En las ciudades latinoamericanas, alrededor del 30 por ciento de la población usa transporte privado, pero el grueso del suelo urbano está funcionalizado para el automóvil.

¿Qué relación encuentra entre el avance del cambio climático y la producción de alimentos en las grandes ciudades?

–La concentración de la población en las zonas metropolitanas –en eso la Argentina es un caso paradigmático– obliga a que ese espacio urbano ponga en funcionamiento otros espacios para producir los alimentos que esa ciudad necesita. Argentina, siendo un país que ha impulsado el modelo agroindustrial sobre todo de ciertos cultivos, no tiene la capacidad de producir la diversidad de alimentos que necesita, pese a que es un gran productor agrícola y debe importar una cierta cantidad de alimentos, no sólo desde el extranjero sino desde las afueras de la ciudad. Eso tiene un costo creciente en dos sentidos: uno es el costo de traslado, refrigeración y logística. El otro tiene que ver con que los espacios dependientes de los alimentos van a enfrentar precios crecientes de esos productos, porque tienen problemas para producirlos, pero no sólo ante las consecuencias el cambio climático. Los problemas en la producción de alimentos están vinculados con el aumento de temperatura, pero también con el cambio en las precipitaciones o la calidad del agua. Además, la eficiencia en la producción, distribución y consumo de los alimentos es muy baja.

¿En qué sentido?

–A nivel mundial, en promedio se desperdicia la mitad de los alimentos que se producen hasta que llegan al plato. Y una vez que llega al plato no todo se consume, o sea que hay un desperdicio adicional cercano al 20 por ciento. Luego, lo que sobra lo tiramos en un basurero que produce gas metano. Todo esto genera conflictos de distinta índole: ¿a quién le quito el agua para traerla a la ciudad? ¿A quién le echo el agua sucia y la basura? En este terreno estamos tendiendo cada vez más a hacer planeamientos de muy corto plazo sin mirar las consecuencias a largo alcance.

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“No sirve ser exportadores primarios”

2011-12-27T16:12:00.003-08:00

Por Javier Lewkowicz
Página 12. Sección de Economía
Argentina, 27 de Diciembre de 2011
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El boom de la megaminería en la Argentina, que comenzó a fines de los ’90, despierta posturas contrapuestas, algunas de ellas encendidas, como decirle no a la actividad o, en el otro extremo, la defensa que encarnan las empresas y algunos gobiernos de las provincias donde se explotan esos recursos. Otros especialistas analizan de qué forma la minería puede generar desarrollo económico. Desde una posición crítica, Gian Carlo Delgado Ramos, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de México (UNAM), y Marcelo Giraud, geógrafo de la Universidad de Cuyo, convocados para un debate que organizó el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE), conversaron con Página/12 sobre el tipo de explotación minera en América latina.

–¿Qué papel debe jugar el Estado en relación con el sector minero?

Delgado Ramos: –Habría que discutir cómo entiende el Estado el desarrollo. Están los que buscan el crecimiento por el crecimiento, para que a partir de ahí se genere un derrame. Yo creo que eso no es desarrollo. En toda nuestra historia como región, el paradigma de la plataforma exportadora extractiva como punto para el desarrollo económico no se ha corroborado. El grueso de la población ve escasos beneficios y, sobre todo, costos, que tienen que ver con los pasivos ambientales. El principio del Estado no es la acumulación de capital, sino cómo se conserva de la mejor manera posible el entorno natural generando riqueza económica. El problema con la minería es similar a la industria nuclear, que tiene un riesgo ambiental altísimo.

–Algunos analistas sostienen que la renta que genera la minería puede potenciar el desarrollo económico argentino. De hecho, los esquemas más fructíferos en materia de industrialización incluyeron la captación de renta de los recursos naturales, como en el caso del IAPI. Si se tiene en cuenta ese aspecto, ¿cambia la valoración de la actividad?

D. R.: –Hay países que tienen un modelo primario exportador con grandes diferencias del esquema extractivista tradicional. Venezuela o Bolivia hacen una redistribución de la riqueza, que no sucede en otros países, como México. No nos podemos ir al punto de decir “no a la minería”, porque utilizamos esos materiales de forma creciente. Pero la discusión sobre el nivel de apropiación de la renta por parte del Estado deja de lado la pregunta de si realmente queremos ser un país primario exportador, un país que se dedique a la exportación minera. El modelo clásico capitalista es de innovación de ciencia y tecnología, no de exportación de minerales. Llevamos 200 años con el modelo primario exportador y nos está fallando.

Marcelo Giraud: –Cuando estaba vigente el IAPI existía una diversidad fenomenal de cultivos. Desde el punto de vista ambiental, tenía sustentabilidad. Todas las minas tienen impacto ambiental fuerte, pero no todas contaminan. Hay que ser muy rigurosos en el aspecto ambiental y además cobrarle impuestos como se debe. Estoy completamente de acuerdo con la medida de las retenciones, y creo que las regalías deberían ser mucho mayores. Pero no comparto la idea de financiar un proceso de desarrollo de esa manera. En casos como la producción de hierro en Sierra Grande para abastecer a las acerías nacionales, habría que ver de qué manera de puede aumentar la producción maximizando la reducción del riesgo ambiental. En Europa ni locos quieren tener el impacto ambiental que produce la minería, los españoles lo han sufrido y también los rumanos y todos los que estaban aguas abajo en el río Danubio. Tampoco quieren realizar minería los estadounidenses. Hay una fortísima resistencia.

–¿Habría que refinar el metal que se extrae?

M. G.: –En el caso del cobre, mi juicio sería muy distinto del actual si minera La Alumbrera lo extrajera según las necesidades nacionales y realizando el proceso productivo completo, con una refinadora cerca del yacimiento. Entre eso y exportar un concentrado de cobre en volúmenes muchísimo mayores a nuestros requerimientos, con un impacto ambiental muy alto, hay una diferencia enorme. La Alumbrera podría haber construido ferrocarriles, pero en cambio hizo un pésimo mineroducto, con episodios frecuentes de rotura y contaminación. Si hubiese sido un proceso integral al servicio del desarrollo argentino, sería otra cosa. Ahora es una economía de enclave.

–La empresa mixta brasileña Vale va a extraer potasio en Mendoza. Para ello anunció la construcción de un puerto y un ferrocarril. ¿Modifica eso el concepto de economía de enclave?

–No veo diferencia entre eso y otros proyectos actuales de megaminería. La ampliación del puerto tiene un diseño absolutamente específico para las necesidades de Vale. Es un puerto minero de cloruro de potasio. En cuanto al ferrocarril, que consiste en rehabilitar una línea que no se está utilizando, también está creado exclusivamente para el yacimiento y Vale no lo va a compartir. Cuando se agote el mineral, el tren no va a cumplir ninguna función.

Los derroteros de la nanotecnología

2011-12-18T12:24:00.000-08:00

11 de Diciembre de 2011.

La nanotecnología es un hito en la historia del desarrollo científico y tecnológico de la humanidad. Sin embargo, los insospechados panoramas que abre al conocimiento y al progreso material también traen consigo un amplio margen de incertidumbre respecto a las consecuencias sociales de la manipulación de la materia. En esta entrevista, Gian Carlo Delgado examina los matices de la nanotecnología y pondera sus potenciales efectos en el devenir del siglo XXI.

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Plan Colombia e Iniciativa Mérida: negocio y seguridad interna

2011-12-16T13:20:00.001-08:00

Delgado-Ramos, Gian Carlo

Silvina María Romano

El Cotidiano. No. 170 Año. 26.

Noviembre - Diciembre.México, 2011.

pp. 89 - 100 ISSN: 0186-1840

Resumen

El siguiente artículo plantea como punto de partida la concepción de América Latina (AL) como espacio territorial estratégico para Estados Unidos (EU), no como traspatio, sino como reserva estratégica de recursos; como espacio receptor de inversiones que además permiten externalizar costos socioambientales; así como región exportadora de excedentes, sea por la vía del retorno de ganancias resultantes de la inversión extranjera directa (IED), el pago de regalías por el uso de derechos de patentes o el pago de intereses por concepto de empréstitos. Tal esquema expoliador y subordinante, sólo posible con el aval de los grupos de poder local en todo el periodo de existencia de los Estados latinoamericanos “independientes”, desgarra de modo creciente el tejido social. En este marco, se analizan el Plan Colombia (PC) y la Iniciativa Mérida (IM) como casos paradigmáticos, pero no aislados , de la estrategia de política exterior de EU, que a los fines de garantizar su "seguridad nacional”, léase sus intereses socioeconómicos y geopolíticos, promueve mecanismos ad hoc de "orden interno" en la región. Esto nos lleva a reflexionar sobre las implicaciones del retorno al discurso de la seguridad y estabilidad internas y la identificación del enemigo en el “terrorismo”, el crimen organizado y la “narco-insurgencia”, en tanto que “invita” a las Fuerzas Armadas (FFAA) locales, en alianza con EU, a que se ocupen de asuntos de “orden interno”, facilitando la militarización y paramilitarización, abriendo la puerta al negocio de las armas y de la privatización de la guerra, así como de las ya conocidas prácticas de terrorismo de Estado.

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La nueva derecha en América Latina

2011-11-07T13:34:00.000-08:00

Silvina Romano y Gian Carlo Delgado
Rebelión / ALAI - América Latina en Movimiento
Noviembre de 2011
Rebelión (en PDF)
ALAI (en html)

Resumen
Ante el avance de proyectos alternativos de nación en Latinoamérica, se analiza lo que sugiere ser una (re)articulación de la derecha no sólo a nivel interno como oposición a gobiernos alternativos, sino de la región en general y en ocasiones con claro vínculo a intereses foráneos, especialmente estadounidenses. El fenómeno se revisa desde el caso venezolano haciendo un análisis crítico de la articulación de la oposición desde la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y verificando sus vínculos externos. Se explora con antecedentes históricos el rol actual de la agencia de cooperación y de los programas de asistencia de EUA en la desestabilización de gobiernos alternativos en AL, así como en la promoción de sus intereses en alianza a grupos de poder local, todo en un contexto de clara identificación de clase. Para ello se hace una revisión crítica del discurso de la derecha venezolana que contrasta claramente con la realidad. Se concluye con una reflexión a cerca de lo que está en juego en la actual coyuntura político-económica y social de AL. Palabras clave: proyectos alternativos de nación, hegemonía, asistencia, cooperación internacional, América Latina, imperialismo.

Summary
Considering the progress of alternative national governments in Latin America (LA), it’s analyzed what seems to be a (re)articulation of the right wing not only at the internal level as an opposition to alternative governments, but also at a regional level, some times with clear links with foreign interests such as those of United States. The above is reviewed considering the case of Venezuela by offering a critical approach about the articulation of the opposition -consolidated by the Mesa de Unidad Democrática (MUD)- and verifying its foreign links. With a historical perspective, it’s explored the role of the cooperation agency and the assistance programs of United States in the de-stabilization of alternative governments in LA as well as on the promotion of its interests in alliance with local power groups and within a context of clear identification of social class. It’s therefore revised the discourse of the Venezuelan right wing, clearly contrasting with reality. It is concluded with a thought on what is at stake in the current political, economical and social situation. Key words: alternative national projects, hegemony, assistance, international cooperation, Latin America, imperialism.

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ALAI (en html)

Crece en México Riesgo Alimentario

2011-10-16T08:23:00.000-07:00

Adriana AlatorreReforma México, 16 de octubre de 2011

- Entre 2008 y 2010, cuatro millones de mexicanos se sumaron a la población que padece inseguridad alimentaria en el País.

De acuerdo con el reporte sobre la medición de pobreza del Coneval, en este lapso, las personas ubicadas en carencia alimentaria severa y moderada pasaron de 23.9 a 28 millones, de los cuales 33.6 por ciento se ubicaba en la zona rural y el 22.2 por ciento en la zona urbana. El organismo mide este indicador de pobreza a través de los niveles de anemia que presentan los niños menores de cinco años, la diversidad de la dieta de cada persona, así como la cantidad de alimento y las experiencias de hambre, es decir, si las personas comieron menos o se quedaron algún día sin comer. Para especialistas consultados en el marco del Día Mundial de la Alimentación que se celebra este domingo, el rezago alimentario en el País se agudizará ante la falta de políticas adecuadas, la inestabilidad mundial en el precio de los alimentos y los fenómenos climáticos catastróficos. Gian Carlo Delgado, investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (Ceiich) de la UNAM, advierte que los pequeños productores de alimentos y sus familias, que ya luchan por sobrevivir, serán los primeros afectados, ya que podría sufrir más hambre y miseria. "Las repercusiones sociales de los impactos del cambio climático en la producción de alimentos en última instancia, afectan la disponibilidad de alimentos y el bienestar humano, especialmente de los más pobres entre los cuales los niños son los más expuestos", advirtió. Víctor Magaña, investigador de la UNAM alertó que los daños que causan el cambio climático a la producción de alimentos en el país agudizará la dependencia de importación de alimentos. "México depende en más de 40 por ciento de la importación de alimentos de Estados Unidos, y podría aumentar a 80 por ciento en 2030 si no cambian las políticas dirigidas al campo", alertó. En el País, el maíz, frijol, café, hortalizas, tomate, papa, pepino, calabaza, frijol y chile son algunos productos cuyo cultivo ha caído tan sólo en el último año por efectos del cambio climático. Para garantizar el derecho a la alimentación en el País se requiere un nuevo modelo agroalimentario, advierte Víctor Suárez, director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras (ANEC). Dice que un mal modelo acarrea la elevación indiscriminada de precios de alimentos y con ello se aumenta la inseguridad. Alertó que el País tiene cuatro décadas descuidando la producción interna de alimentos, lo que sumado a los impactos en desempleo y estancamiento y volatilidad de precios internacionales y a las afectaciones climatológicas nos coloca en un alto grado de vulnerabilidad. "En total somos 113 millones de habitantes, casi 30 en una inseguridad alimentaria que ha recrudecido todos los niveles de pobreza, no obstante los presupuestos de combate a la pobreza, no obstante los subsidios", alertó. Katie Mariel, directora del Grupo de Estudios Ambientales, coincidió en la necesidad del cambio de paradigma en el país que es gran importador de alimentos.

El mito de la economía verde

2011-10-11T09:00:00.003-07:00

Gian Carlo Delgado Ramos
ALAI. 6 de Octubre de 2011.

La economía verde se ancla en el entendimiento de un impulso a la eficiencia y al avance de las “tecnologías verdes” como “la” solución, es decir, como una revolución tecnológica que no sólo re-dinamice la economía a la usanza de las revoluciones tecnológicas previas (léase: Delgado, 2002 y 2011; Pérez, 2004), sino que además contribuiría al mismo tiempo a solucionar los principales problemas y retos ante los que estamos. Desde tal noción, Rio+20 convoca a discutir “…cómo la economía verde puede contribuir al desarrollo sustentable y a la erradicación de la pobreza“ (Naciones Unidas, 2011). Las negociaciones del clima recientes lo han hecho de modo similar y cada vez con más énfasis en términos de “investigación y transferencia tecnológica para la mitigación”.

El concepto de economía verde, según se entiende en el marco de la asamblea general de Naciones Unidas, “…se enfoca principalmente en la intersección entre ambiente y economía” (Ibid: 4), y se agrega: “…puede ser visto como un lente para enfocase y aprovechar simultáneamente oportunidades en el avance de metas económicas y ambientales” (Ibid: 5). Se trata de un concepto que está pues hermanado a otros como “crecimiento verde” pero que, tal y como se suscribe, no sustituye el discurso del desarrollo sustentable, sino que lo enriquece (Ibid: 6). Así, desde tal perspectiva, mientras las empresas buscan mayores oportunidades de acumulación de capital, vía nuevas oportunidades tanto de reducción de costos de operación, como de incremento de apropiación de valor por medio del aseguramiento de nichos de mercado propios al avance tecnológico de la eficiencia, de las energías “limpias”, etcétera, “…los gobiernos tendrían el rol clave de financiar la investigación y el desarrollo verde y la infraestructura necesaria para tal propósito, así como el facilitar un ambiente de apoyo a las inversiones verdes del sector privado y el desarrollo dinámico del crecimiento de sectores verdes” (Ibid: 6). De precisarse es que la propuesta empresarial es claramente entusiasta aunque con reservas pues por un lado se está en un contexto de profunda crisis económica, mientras que por el otro, persisten enormes intereses y por tanto resistencias al cambio de paradigma, dígase por ejemplo el energético donde opera el poderoso sector petro-eléctrico-gasero-automotriz (léase: Delgado, 2009). En cualquier caso, mientras la economía verde signifique nuevas oportunidades de transferencia de recursos públicos, de negocio y por tanto de acumulación de capital, la opción es atractiva.

Así, pese al estado relativamente difuso de lo que puede llegar a significar en la práctica la economía verde, ya se constatan ejercicios de avance por parte de actores de peso en la estructura político-económica mundial. Por ejemplo Naciones Unidas (2011: 12) precisa que para que la economía verde pueda entregar los beneficios que promete, “…debe ser parte de un movimiento en el que los sistemas de producción y consumo sean compatibles con el desarrollo sustentable a través de transiciones sensibles a las necesidades de desarrollo de cada país”. Para ello, agrega, se visualizan siete rubros de acción: 1) el estímulo de paquetes verdes (financiamiento público al desarrollo e implementación de tecnologías y acciones verdes); 2) el impulso a la “eco-eficiencia empresarial” por la vía de incentivos político-económicos; 3) el “enverdecimiento” de los mercados (favoreciendo la oferta de productos y servicios “socio-ecológicamente amigables”, incluyendo los mercados de comercio justo o de sello orgánico); 4) promoción de la eficiencia energética de los edificios y del sistema de transporte; 5) restauración y mejora del “capital natural” (vía el establecimiento de cooperación internacional y la implementación de diversos mecanismos de financiamiento para el manejo de lo que se presumen como bienes comunes); asociado al anterior, 6) la búsqueda de “conseguir que los precios sean correctos” por la vía de establecer sistemas de pago por servicios ambientales y la creación de mercados de tales servicios; y 7) el establecimiento de una reforma tributaria que promueva eco-impuestos de diversa naturaleza (Naciones Unidas, 2011: 14 – 19). Además, el discurso precisa que, “…la erradicación de la pobreza y la mejora de los medios de subsistencia de los más vulnerables merecen una prioridad en la medidas que promuevan la transición hacia la economía verde” (Ibid: 12).

De cara a tales argumentos e intenciones, debe notarse que la visión que precisa a la economía verde como mecanismo clave para hacer frente a los problemas primarios del capitalismo de principios del siglo XXI, tiene enraizados múltiples supuestos, muchos de ellos no sólo contradictorios sino en efecto claramente equívocos pues, entre otras cuestiones, ésos parten de lecturas parciales y lineares de la realidad.

El debate de fondo sigue siendo el mismo que el de hace décadas y tiene raíces inclusive en la propia conformación del actual sistema de producción en tanto que éste último se caracteriza por (1) ser tremendamente despilfarrador y al mismo tiempo socialmente desigual, y (2) asumir ritmos crecientes de explotación de la naturaleza sobre la base de un sistema natural que tiene claras fronteras ecológicas, al menos si se parte desde el punto de vista de conservar la vida tal y como la conocemos (léase: Rockström et al, 2009). Los efectos de tal dinámica son múltiples, siendo el calentamiento global de tipo antropogénico uno de los más visibles en los últimos años, pero no el único. Se suma la trasgresión de los límites del ciclo del nitrógeno y del fósforo, la acidificación de los océanos, la destrucción de la capa de ozono, la ruptura con más de 50 mil represas del ciclo hidrológico del agua a la par de un sobre-consumo del líquido, un intenso cambio de uso del suelo, la pérdida creciente de biodiversidad, el deshielo de los casquetes polares, entre otros fenómenos.

Lo que se ha denominado ya como “cambio global” es claro indicador de la acelerada trasgresión de dichas fronteras ecológicas de manera simultánea; contexto en el que el proceso tiende a provocar mayores sinergias con desenlaces impredecibles, es decir de tipo no-lineal. Ante ello, el insistente discurso que ilusoriamente procura hermanar un expansivo crecimiento económico con la conservación del entorno natural, encuentra sus limites en tanto que es claro que no se puede crecer al infinito en un planeta finito.

Debe pues advertirse que la tensión entre crecimiento expansivo y preservación ecológica no es un aspecto novedoso en el discurso político contemporáneo pues en términos muy similares se identifica desde principios de la década de 1980 en el marco de la discusión sobre “Nuestro futuro común”, mismo que llevó a la formal adopción del concepto de desarrollo sustentable[1] en el Informe Brundtland (Naciones Unidas, 1987). Desde entonces se aclaró que ése consistía en, "…una aproximación integrada a la toma de decisiones y elaboración de políticas, en la que la protección ambiental y el crecimiento económico a largo plazo no son incompatibles, sino complementarios, y más allá, mutuamente dependientes: solucionar problemas ambientales requiere recursos que sólo el crecimiento económico puede proveer, mientras que el crecimiento económico no será posible si la salud humana y los recursos naturales se dañan por el deterioro ambiental" (en: Naciones Unidas, 1997).

Esa asociación o “círculo virtuoso” del desarrollo sustentable reconoce a su modo las fronteras ecológicas antes mencionadas, pero cree y sostiene que la eficiencia en el uso de los recursos será en el futuro próximo de tal dimensión que se podrán estimular ambos, un mayor consumo y una disminución de las afectaciones ambientales. En tanto tal, se debería entonces apostar por una creciente eficiencia, sobre todo tecnológica. Desde tal noción, la economía verde apuesta al impulso que daría la propia transición en términos del desarrollo de tecnologías más limpias y del emplazamiento de nueva infraestructura o de la transformación de la existente para su “enverdecimiento”.

Las principales contradicciones y limitaciones del discurso “verde”.

De los siete rubros de acción previstos para impulsar la economía verde ya previamente mencionados, se puede precisar de manera general que:

(I) el estímulo de paquetes verdes y los incentivos económicos para impulsar la “ecoeficiencia” son en sí una transferencia de recursos públicos a favor del empresariado. Los primeros para que la iniciativa privada desarrolle, comercialice y se enriquezca con el desarrollo y puesta en operación de nuevas tecnologías. Los segundos en tanto que son transferencias de recursos para que la empresa reduzca sus costos de producción sin mayores afectaciones a sus márgenes de ganancias. Se trata de todo un esquema dinamizador de la acumulación de capital.

(II) el “reverdecimiento” de los mercados tiende a ser producto de una búsqueda por apropiarse ciertos nichos de mercado, ciertamente reducidos y que usualmente están restringidos a consumidores con mayores ingresos.

(III) un mercado verde no necesariamente se refleja en menores patrones de consumo sino, en principio, sólo en un consumo que en efecto bien podría ser más contaminante.

(IV) la restauración y mejora del “capital natural” por la vía de mecanismos de mercado y de esquemas de cooperación o ayuda condicionada, puede expresarse en una tendencia hacia la privatización y/o despojo de los bienes comunes, convirtiéndolos, en los hechos, en bienes privados.

(V) la búsqueda de “conseguir que los precios sean correctos” por la vía de establecer sistemas de pago por servicios ambientales y la creación de mercados de tales servicios sugiere que existe un mecanismo de valoración conmensurable de la naturaleza y la vida misma, al tiempo que asume que el mercado es el mejor mecanismo para internalizar los costos o “externalidades ambientales”. Esto significa que aquellos actores con mayor poder de compra, precisamente los responsables de los mayores impactos ambientales, son los que tendrían mayor capacidad de pago por derechos a contaminar o para que otros no lo hagan. El esquema desigual es evidente.

(VI) y, sobre todo, que la eficiencia material o energética, dígase en el sector productivo, el del transporte o de los edificios u otros, tiende en general a provocar un consumo mayor de tales o cuales recursos.

Este último punto, conocido en la arena económica como paradoja de Jevons, o “efecto rebote”, es tal vez de los más relevantes pues la economía verde no da cuenta de dicho fenómeno, o al menos no completamente.

Considerando que lo que caracteriza al ser humano contemporáneo es el uso energético no sólo endosomático (instrumentos del propio organismo individual), sino de modo creciente el de tipo exosomático (uso de la máquina-herramienta), la paradoja consiste en el hecho de que en el sistema capitalista de producción, un aumento en la eficiencia del uso de un recurso energético-material tiende a generar un aumento en la demanda del mismo recurso o de otros en el mediano-largo plazos.

Vale precisar que para referirse al fenómeno se prefiere el término de paradoja de Jevons, tal y como sugiere Alcott (en: Polimeni et al, 2008: 62), pues el concepto de “efecto rebote” pareciera aludir a un escenario pendular en el que en el caso más grave se estaría ante un efecto de aumento en la demanda de magnitud similar a la eficiencia inicialmente lograda. La realidad muestra en cambio que no en pocas ocasiones la demanda sobrepasa la eficiencia ganada, una tendencia observada ya desde 1865 por William Stanley Jevons en su obra La Cuestión del Carbón.[2] En tales casos, cuando la demanda sobrepasa el 100% de la eficiencia ganada, se habla entonces de un efecto “contrafuego” o backfire.

La razón por la que la eficiencia desemboca en escenarios de contrafuego responde sobre todo al hecho de que la eficiencia -o ahorro logrado- en el uso de recursos energéticos y/o materiales “libera” recursos que pueden ser usados para un mayor incremento de la producción o para su transferencia a otras actividades o gastos (esto último se conoce como “el postulado Khazzoom-Brookes”).[3] El fenómeno se puede dar en un mismo o múltiples procesos productivos o sectores y a escalas temporales y espaciales diversas (léase: Polimeni et al, 2008).

Así, por ejemplo, en la economía familiar un ahorro en el consumo cotidiano de energía y materiales (alimentos, etcétera) suele ser desviado a otras actividades como las de ocio y placer, dígase un viaje. La disminución del consumo energético-material del hogar es en tal caso sobrepasada por el gasto energético de subirse a un avión. Otro modo de ilustrar lo anterior es el caso de la construcción de más vialidades y que tiene el supuesto objeto de aminorar el tráfico y con ello el consumo energético y de emisión de contaminantes. El resultado desde la década de 1970 ha sido que la oferta de vialidades estimula en el mediano plazo el aumento de automotores privados en circulación, agravándose así el problema inicial (Newman, 1991; Kenworthy y Laube, 1999; Newman, Beatley y Heather, 2009). En cualquier caso el resultado usual es un incremento general del tamaño de la producción y por tanto del consumo de recursos, teniendo como contraparte una mayor acumulación de capital pero también de deterioro ambiental.

Cómo y qué medimos no es un asunto trivial. Y es que la economía verde, al tener como meta la eficiencia, se limita a medir la proporción de cambio o ratio del uso de un recurso en un proceso productivo o servicio: unidades de input por unidades de output. Lo opuesto a ello sería medir la “intensidad” del uso de los recursos. En tal sentido, resulta imposible o se oculta la dimensión del consumo total de energía y materiales de cara a su disponibilidad en la naturaleza (incluyendo no sólo las reservas o stock y los flujos -como la energía solar- sino también, en su caso, la capacidad de reposición de las primeras de cara a las fronteras ecológicas y sus eventuales implicaciones). Y es que de un número ‘intensivo’ no se puede deducir un número ‘extensivo’ (Polimeni et al, 2008: 11).

La eficiencia energética radica entonces en disminuir la cantidad de energía utilizada para la producción de una mercancía o servicio o para la generación de una unidad de PIB [consumo energético/PIB].

En lo que refiere a emisiones se habla de modo similar de una “descarbonización de la economía” en el sentido de una apuesta en la reducción de las emisiones por unidad de producto [kg de CO2eq/ PIB]. El problema, como se ha indicado, es que el ratio no da cuenta del total de energía o emisiones generadas pues mientras crezca la producción (y en ese sentido el PIB) aumentarán las emisiones. Tal aumento de la producción históricamente ha sido posible gracias a la eficiencia lograda, dígase por tal o cual desarrollo tecnológico. De ahí la lógica de las revoluciones tecnológicas, siendo el teylorismo o el fordismo nítidos ejemplos de aumento en la eficiencia que se reflejaron en un aumento en la capacidad de producción.

La ceguera de la economía convencional radica entonces en que mira el aumento de eficiencia bajo el supuesto de ceteris paribus, y en tanto tal, asume que no se modificará el portafolio de comportamiento de los actores económicos ante mejoras de la eficiencia (Polimeni et al, 2008: 88). La realidad, como se ha argumentado, demuestra lo contrario.

Por ejemplo, en el caso de la industria de botellas de agua de plástico se ha logrado en la última década una reducción de hasta un 32.6% del plástico utilizado, todo un beneficio para el productor en términos de costo por botella que le ha permitido posteriormente ir ampliando su cuota de producción mucho más allá del monto de plástico ahorrado por tal desarrollo tecnológico. Los datos son contundentes. El consumo de agua embotellada aumentó 151% de 1997 a 2009 al pasar de 80,595 millones de litros a 202,606 millones de litros respectivamente (www.bottledwater.org/content/statistics). Encabezando la lista, el mayor consumidor mundial, está México que pasó de 10,474 millones de litros en 1997 a 26,070 millones de litros en 2009 (un aumento de 148% en 12 años). Al mismo tiempo se calcula que la cantidad de plástico destinado a la fabricación sólo de botellas de plástico de agua a nivel mundial, pasó de alrededor de 1.5 millones de toneladas en el año 2000 a 3.3 millones de toneladas en 2009, un aumento del 120% (la diferencia entre el aumento de litros de agua y plástico se debe a las diversas presentaciones que van de 250ml hasta 10 litros). Por su parte, se reconoce una eficiencia de reciclaje en la industria que pasó de un 16% del total de botellas producidas en 2004 al 31% en 2009. Pese a la eficiencia lograda en la cantidad de plástico empleado por botella y al aumento de la capacidad de reciclaje, el consumo total de plástico de la industria se incrementó. El ahorro de unas 590 mil toneladas de plástico de 2000 a 2009 fue sobrepasado por un consumo total por parte de esta industria de 1.8 millones de toneladas para el mismo periodo; esto es un efecto contrafuego del orden del 205% (con base en datos de: www.bottledwater.org). Todo lo anterior se dio además en un contexto en el que el precio del producto no necesariamente reflejó la mencionada disminución en los costos de producción (aunque en teoría debería hacerlo en el mediano-largo plazo).

Otro ejemplo a nivel de economía de nación es el consumo energético y su consecuente emisión de CO2eq de cara a la eficiencia energética de tal o cual país. En México, la eficiencia energética térmica pasó de 2.6PJ en 1996 a 35.1 PJ en 2008 –un aumento de poco más de 13 veces-, mientras que la eficiencia en el consumo de energía eléctrica pasó de 1,623.1 Gwh en 1996 a 15,776 Gwh en 2008 –un aumento de casi 10 veces (con base en datos del SNIEG: http://sie.energia.gob.mx). Al mismo tiempo, el consumo energético total se duplicó de 1980 a 2009, registrando un aumento del 44% sólo de 1996 a 2008.

Lo dicho quiere decir que el aumento en la eficiencia no se ha visto reflejado en una disminución en el consumo total de energía del país y que, por el contrario, el efecto contrafuego se corrobora ampliamente al dar cuenta que el incremento en el consumo, no sólo responde a una mayor población, sino a un consumo promedio efectivamente mayor de cada mexicano, mismo que pasó de 61.6GJ/hab en 1996 a 77.7 GJ/hab en 2008 (Ibid). Desde luego, las desigualdades son profundas pues el consumo energético, al igual que la distribución de la riqueza es altamente polarizado.

En resumen, mientras que la eficiencia energética (eléctrica y térmica) tuvo un avance de más de 10 veces de 1996 a 2008, el consumo energético por habitante para ese mismo periodo no disminuyó sino que aumentó en 26%, resultando en un consumo total de energía 44% mayor. Parte importante de ese aumento se vincula a un incremento en las actividades de manufactura del país que vieron una proliferación importante a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte - TLCAN en 1994, pero también de un crecimiento del parque vehicular y por tanto del consumo de carburantes líquidos (debido tanto a la importación de automóviles viejos de EUA como a la disminución relativa de los precios de los automotores de gama baja con la entrada de diversas marcas asiáticas, especialmente coreanas y chinas). No sorprende entonces que los datos de consumo de combustible precisen que el país pasó de quemar 12 mil millones de litros de carburantes líquidos en 1999 a casi 42 mil millones de litros en 2007 (Senado de la República en: Delgado, 2009: 142).

Por todo lo dicho, el problema nodal del discurso verde es que insista en asumir el asunto de la eficiencia, sobre todo de la lograda por el avance tecnocientífico, como “la” solución al problema del cambio global sin cuestionar a fondo los patrones biofísicos del propio sistema (o del uso de energía y materiales que sostienen los actuales esquemas de producción-circulación-consumo[4]) y que en sí mismos permiten la realización de excedentes y con ello la acumulación de capital. Este ultimo aspecto no es menor pues es claro que promover una reducción del consumo, implica estimular un comportamiento en esencia contrario a la propia naturaleza del sistema capitalista de producción en tanto que significa desaprovechar espacios u oportunidades para una mayor maximización de la acumulación de capital. Y es que es bien conocido desde hace tiempo que el sistema capitalista de producción ha desarrollado una serie de mecanismos para dinamizar la tasa de ganancia y por ende la de acumulación, sea por la vía de la destrucción (por ejemplo, las guerras), pero también mediante la reducción del tiempo de vida de los productos, la creación de nuevas necesidades, el estimulo al consumo despilfarrador por la vía de una influyente industria publicitaria y de la moda, etcétera (al respecto léase: Baran y Sweezy, 1988). En este tenor, si bien el señalamiento del pensamiento económico convencional sobre la posibilidad de “modelar” el comportamiento de los consumidores como ayuda para la disminución o administración del fenómeno de “rebote” o incluso de “contrafuego” (la apuesta por la eficiencia de la elasticidad de la demanda, en términos económicos clásicos), la realidad es que tal beneficio es sólo provisional pues la lógica misma del sistema, la de acumular cada vez más capital, es justamente la opuesta. De ahí que se justifique la destrucción para la reconstrucción o que en realidad el efecto rebote a escala macroeconómica sea estimado, en el mejor de los casos, entre un 25% a 40% de aumento en el consumo de energía y materiales (Polimeni et al, 2008:63).

Para Giampietro hay dos tendencias de maximización, la del flujo energético de todo el sistema (dígase del consumo total de plástico por parte de la industria de botellas de agua o de energía del país) y la que permite una minimización de la producción de entropía por unidad o componente más bajo del sistema (dígase del consumo de plástico por botella de agua o del uso energético de los electrodomésticos, automóviles, etc) (en Polimeni et al, 2008: 118). Dado que ambas no están en contradicción sino que operan a escalas distintas, suscribe Giampietro (en: Ibid), la alternativa estaría entonces en un uso inteligente del aumento de la eficiencia a nivel micro de tal suerte que los recursos ahorrados sean invertidos en acciones de adaptación que fomenten un cambio a la escala macro hacia un decrecimiento biofísico de la economía. Desde luego este último paso, como se ha dicho, establecería límites al consumo total del sistema y por tanto, al menos en un grado u otro, de la realización y acumulación de capital (ello por supuesto, visto ya no de modo sectorial o micro, sino desde una visión panorámica integral).

En cualquier caso, cualquier esquema que pretenda una reducción real del consumo energético-material -o del metabolismo social- y ello de las afectaciones socioambientales, requerirá no sólo análisis metabólicos en constante evolución[5] y cada vez más finos, sino instrumentos de política adecuados que permitan revisar las normas existentes, desarrollar nuevas e implementarlas para establecer límites al consumo despilfarrador e históricamente desigual, que promuevan el manejo responsable de los desechos y el impulso del reciclaje, todo no sólo a escala local, nacional y regional sino también a nivel internacional.

Reflexión final

Al considerarse que sólo desde el mercado se puede dar solución a la crisis medioambiental, la lógica productivista o la meta de cada vez un mayor crecimiento económico, queda incólume en el planteo de la economía verde.

El autoengaño del discurso capitalista radica no sólo en el hecho de que el mercado busca maximizar la ganancia y no la sustentabilidad, sino en el hecho de que las escalas temporales son completamente distintas desde la perspectiva de mercado, que de aquella propia a la existencia de la vida. Aún más, el mercado se caracteriza por una visión parcial y cortoplacista que sólo puede ver aumentos en la eficiencia como disminución de costos y aumentos en las ganancias sin detenerse a reconocer el efecto de la paradoja de Jevons en el mediano-largo plazo y por tanto en los cambios del sistema como tal frente a las fronteras ecológicas del planeta. Justo por ello es que para Georgescu-Roegen (1971) el “desarrollo sustentable” es un mero “bálsamo” dado que el crecimiento económico implica necesaria e inevitablemente la transformación-afectación, en un grado u otro, del entorno natural. Y es que como se ha ya señalado, el crecimiento económico requiere no sólo del mantenimiento, sino del aumento, cuantitativo y cualitativo, de la explotación tanto de la fuerza de trabajo, como de los recursos naturales (materiales y energía). Tal situación obliga al sistema a estimular patrones de consumo crecientes, tanto individuales como de las instituciones que modelan el sistema. Así, por todo lo antes dicho es claro que los “límites naturales” de cualquier sistema de producción se encuentran en el hecho de que ése es sólo un subsistema de la biosfera pues ésta lo hace posible concreta, material y energéticamente. Por tanto, la trasgresión creciente de las fronteras ecológicas, aunque permite continuar con la acumulación de capital, ciertamente debería ser un llamado a la toma de acciones ante un panorama que bien podría llevar a la vida al colapso, al menos tal y como la conocemos.

Desde tal noción, el cambio de paradigma debería ser entonces entendido no meramente como el impulso responsable de nuevas tecnologías sino como una economía que administra recursos naturales escasos que son parte de ecosistemas que tienen fronteras finitas. Se trata esencialmente de la apuesta por una economía del uso de energía de energía y materiales en el sentido no sólo de cambiar los patrones de consumo (un aspecto del comportamiento de los sujetos y su modelaje), sino de cómo se planea en el corto, mediano y largo plazos para la reducción de los patrones de consumo energético-materiales del propio sistema de producción actual, o dicho de otro modo, del metabolismo social.

Lo anterior implica que la ciencia y la tecnología ha de ser asumida no nada más como parte de la solución sino potencialmente como un mecanismo que también podría agudizar la problemática socioambiental. Se trata de reconocer los resultados no deseados del avance tecnocientífico, pero sobre todo de dar cuenta que desde la economía verde se está apostando por los mecanismos que precisamente produjeron el estado crítico en el que estamos. El cambio de paradigma debe ser a fondo.

En tal coyuntura la periferia en lugar de aprovechar los recursos fósiles que aún provee al mercado internacional y las reservas minerales con que cuenta -y que son o serán consideradas estratégicas para el desarrollo de tales o cuales tecnologías alternativas- de tal modo que funjan como plataforma para posicionarse en el nuevo paradigma energético[6], opta en cambio por mantener su posición de dependencia. En ese sentido, sus cúpulas de poder en general se están limitando a buscar “mejores” esquemas de transferencia tecnológica y de financiamiento, una tendencia nítidamente evidenciada en el marco de las negociaciones del clima. Consterna aunque no sorprende que la periferia se perfile en el futuro próximo como abastecedora de minerales como el platino, paladio, tierras raras y cobalto que son fundamento de las celdas de combustible; de samario, neodimio, plata y metales del grupo del platino que son esenciales en los coches híbridos; de galio, plata y oro para el desarrollo de celdas solares y espejos de alta alto performance para la generación de energía mediante concentradores de luz solar; de litio, zinc, tantalio y cobalto para diversas tecnologías de almacenamiento de energía, etcétera. Lo dicho responde a que al parecer la apuesta sugiere ser la de continuar con el modelo primario-exportador para que, con la venta de recursos naturales en crudo (y por tanto baratos), a la par del endeudamiento y la cooperación internacional, se puedan adquirir ciertas tecnologías verdes que viene ya siendo desarrolladas, en su gran mayoría, por países centrales (véase: WIPO, 2008).

Desde luego al día de hoy existen excepciones de desarrollo tecnológico propio (muy limitado), que sin embargo no contrarresta la tendencia general. Los casos de producción de energía alternativa siguen siendo en proporciones mínimas con respecto a las necesidades reales y en su mayoría se hace sobre la base de un contenido tecnológico bajo. Así pues, la implementación de opciones de alto contenido tecnológico, de no haber un cambio serio en los proyecto de nación, serán sólo viables a partir de su adquisición en el extranjero.

Pareciera que la periferia está dejando pasar el momento de oportunidad sin mayor reacción. El llamado es de primer orden, sobre todo cuando se sabe que los mayores costos socio-ambientales del cambio climático (y cambio global) los asumirán los países que en términos históricos menos han contribuido con la devastación ambiental, incluyendo la emisión de gases de efecto invernadero. El horizonte futuro promete ser muy complejo para la periferia pues el grueso del incremento de la población mundial al 2050 se dará ahí, especialmente en las zonas urbanas (UN-HABITAT, 2011). Y mientras mucha de la infraestructura de los países centrales está a punto de llegar a su fase final de vida útil, China y parte de la periferia, sigue emplazando tecnología contaminante cuya vida útil será de décadas. Ello significa que una vez emplazada tal infraestructura, se proyectará a su vez el consumo energético-material y por tanto sus implicaciones socioambientales, con todo y lo que implica el tiempo de vida de los residuos tóxicos producto de tal infraestructura.

Dado que el cambio de paradigma es económicamente mucho más complejo en países donde la vida útil de la infraestructura es mucho mayor, la planeación de mediano largo plazo a cerca del tipo de infraestructura no es un tema menor, incluyendo el sistema de transporte y el tipo de industria (la industria del cemento, acero y aluminio, las fuertes de AL, son altamente demandantes de energía y muy contaminantes). Vale precisar que la infraestructura hoy día en operación contribuirá con substanciales emisiones contaminantes en los próximos años: un promedio de 496 Gt de CO2 al año 2060, con un pico extremo de hasta 700 Gt (Davis, Caldeira y Matthews, 2010: 1330). En especial las plantas de generación eléctrica, el consumo energético de la industria y la quema de combustibles por parte del parque automotor son los sectores de mayor aportación. Si se suman las emisiones de infraestructura nueva bajo diversos escenarios posibles, las emisiones para el 2100 podría acumular de entre 3 mil a más de 7 mil Gt de CO2 (Ibid:1331).

En este contexto es útil conocer que las plantas de generación eléctrica de EUA tienen en promedio una vida de 32 años, mientras que las europeas un promedio de 27 años y las de Japón de 21 años. La infraestructura de China es en promedio mucho más joven (Ibid). Ello nos indica entonces que existe la posibilidad de un escenario en el que los países centrales comiencen a hacer una transición (conforme se vaya decomisando su infraestructura), al tiempo que la periferia, con menos recursos y capacidades institucionales, potencialmente se estanque con infraestructura contaminante que ya ha comenzado a poner en operación pero también de nueva, pero aún contaminante, pues esta última resultará más barata en tanto que crecientemente será tecnología de desecho. Si esto sucediera, la periferia estará en una continua situación de profunda dependencia y subordinación pese a su abundante riqueza natural. Por supuesto, estamos hablando de un escenario en el que la transición hacia otro paradigma energético efectivamente se logra consolidar a tiempo, es decir, frente a las cada vez más lastimadas fronteras ecológicas.

Por tanto, desde la visión periférica parece claro que un cambio de paradigma en las finalidades y la propiedad de la CyT es necesario como punto de partida para la construcción de poner el conocimiento al servicio de los pueblos, esto es, con la finalidad de construir el bien común de la humanidad, esto es de garantizar una seguridad ecológica y humana partiendo de asegurar la calidad de vida o el buen vivir de cada uno de los individuos que integran el tejido social.

El bien común de la humanidad parte de un profundo y necesario cambio de paradigma tanto de las formas en que la humanidad se relaciona con la naturaleza como de las modalidades en las que la propia humanidad se relaciona entre ella. Ello implica que necesitamos pasar de sociedades desigualmente despilfarradoras, a sociedades ahorradoras; de ser sociedades socialmente desiguales a aquellas que buscan ser cada vez más justas; de aquellas que colocan lo material como prioridad, a aquellas que buscan un genuino desarrollo subjetivo-espiritual; de ser sociedades reactivas a sociedades preventivas y en armonía con su entorno natural y del cual son parte.

Frente a este desafío los pueblos tienen la urgencia de mostrar y demostrar que son posibles las alternativas, muchas de ellas ya en proceso de construcción.

5. Bibliografía

· Baran, Paul y Sweezy, Paul. 1988. El capital monopolista. Siglo veintiuno editores 20ª edición, México.

· Davis, Steven., Caldeira, Ken., y Matthews, Damon. 2010. “Future CO2 emissions and climate change from existing energy infrastructure.” Science. Vol. 329. 10 de Septiembre. Pp. 1330-1333.

Delgado Ramos, Gian Carlo. 2002. La Amenaza Biológica: mitos y falsas promesas de la biotecnología. Plaza y Janés. México.

Delgado Ramos, Gian Carlo. 2009. Sin Energía. Retos y resistencias al cambio de paradigma. Plaza y Valdés. México.

Delgado Ramos, Gian Carlo. 2011. Imperialismo tecnológico y desarrollo en América Latina. Editorial Científico-Técnica/Casa Ruth Editorial. Cuba.

· Georgescu-Roegen, Nicholas. 1971. The entropy law and the economic process. Harvard University Press. EUA.

Kenworthy, Jeffrey y Laube, Felix (eds). 1999. An International Dependence in Cities, 1960 – 1990. University Press of Colorado. EUA.

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Naciones Unidas. 1997. Global change and sustainable development: critical trends. Report of the Seretary – General. Economic and Social Council. E/CN.17/1997/3. Nueva York, EUA. 7 – 25 de abril de 1997. Disponible en: www.un.org/esa/documents/ecosoc/cn17/1997/ecn171997-3.htm

Naciones Unidas. 2011. Objective and Themes of the United Nations Conference on Sustainable Development. Report of the Secretary General. A/CONF.216/7. Nueva York, EUA. 7 – 8 de Marzo. Disponible en: www.uncsd2012.org/files/prepcom/SG-report-on-objective-and-themes-of-the-UNCSD.pdf

Newman, Paul. 1991. “Greenhouse, oil and cities”. Futures. Vol. 5. Pp. 335-348.

· Newman, P., Beatley, T., y Heather, B. 2009. Resilient Cities. Responding to Peak Oil and Climate Change. Washington, D.C., Estados Unidos. Island Press.

Pérez, Carlota. 2004. Revoluciones tecnológicas y capital financiero. Siglo XXI. México.

Polimeni, John., Mayumi, Kozo, Giampietro, Mario., y Alcott Blake. 2008. The Myth of Resource Efficiency. The Jevons Paradox. Reino Unido/EUA: Earthscan.

Rockström, J., W. et al. 2009. “Planetary boundaries:exploring the safe operating space for humanity.” Ecology and Society. Vol. 14. No.2. Artículo 32. Disponible en: www. ecologyandsociety.org/vol14/iss2/art32/

· UN-HABITAT. 2011. Cities and Climate Change. Earhscan. Londres / Washington, EUA.

WIPO. 2008. Patent-based Technology Analysis Report. Alternative Energy Technology. Disponible en: www.wipo.int/patentscope/en/technology_focus/pdf/landscape_alternative_energy.pdf

- Gian Carlo Delgado Ramos çes Investigador de tiempo completo del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Integrante del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT.

Documento relacionado
El cuento de la economía verde, América Latina en Movimiento No 468-469, septiembre - octubre 2011 (http://alainet.org/publica/468-9.phtml)

[1] Entonces se definió como la capacidad para satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades.
[2] La paradoja fue expuesta por Jevons para el caso del carbón en la economía Inglesa de mediados de siglo XIX en los siguientes términos: “…se requiere poca reflexión para ver que la totalidad de nuestro vasto sistema industrial actual, y su consecuente consumo de carbón, ha surgido principalmente del aumento sucesivo de la economía” (en Polimeni, 2008: 8). Esto es que el actual desarrollo económico es posible, entre otras cuestiones, gracias a sucesivas etapas de eficiencia del proceso productivo. Jevons agrega también que, “…la cantidad de carbón consumido es en realidad una cantidad de dos dimensiones: el número de personas y la cantidad promedio consumida por cada una de ellas.” (Ibid: 51).
[3] El postulado precisa que un aumento en la eficiencia energética en el nivel microeconómico, puede generar un efecto contrafuego acompañado de un aumento en el uso de energía a nivel macroeconómico. Esto es que la eficiencia en un sector puede provocar que otro sector haga uso de la energía o insumos liberados pero provocando una tendencia en el consumo por arriba de dicho ahorro. Léase: Brookes, 1979; Khazzoom, 1980.
[4] Cuando se habla de las esferas de la producción-circulación-consumo se alude a la multiplicidad de fases o procesos involucrados directa e indirectamente y que desde la perspectiva de flujos de materiales y de energía, refiere a la diversidad de flujos, tanto de entrada como de salida , vinculados -dígase a groso modo- a la extracción de recursos naturales, su transportación a los centros productivos, la transformación de una diversidad de insumos en productos (y desechos), la distribución de tales mercancías (o servicios) en el mercado y la adquisición de las mismas por el consumidor (incluyendo todos los costos socio-ambientales asociados a ello), el uso y desecho de mercancías y, en su caso, su reciclaje y los costos que ello derive.
[5] El análisis de sistemas complejos en constante transformación requiere salirse de aproximaciones reduccionistas y lineales para dar cuenta de que se trata de sistemas abiertos, organizados y operando en diversas escalas temporales y espaciales. El ejercicio requiere de una constante evaluación y ajuste de los atributos del sistema y debe reconocer una inevitable dosis de incertidumbre e ignorancia y por tanto de predictibilidad (Giampietro en: Polimeni et al, 2008: 91, 92, 97). Pese a ello, la visión interpretativa sobre la realidad es más fina y permite hacer lecturas integrales de los problemas socioambientales que enfrentamos y del potencial de otros venideros. Ello no es trivial pues es clave para tomar mejores y más efectivas acciones de prevención, adaptación y mitigación.
[6] Un esquema de tal naturaleza requiere no sólo regular la oferta y los precios de las materias primas (dígase desde una entidad multinacional periférica) sino de una creciente transformación de las mismas, sobre todo en los rubros de mayor futuro, todo con el objeto de obtener el mayor provecho o valor añadido a nuestros recursos. El esquema debe además considerar la viabilidad socioambiental de la producción y sus dimensiones frente a las fronteras ecológicas propias y planetarias.Publicado también en Diario Internacional

Especialistas llaman a regular nanotecnología

2011-10-04T08:00:00.001-07:00

El Universal.
3 de Octubre de 2011
Ir a Nota

En México existen alrededor de 500 nanotecnólogos y cerca de 50 empresas que desarrollan, importan o comercializan productos que involucran nanotecnología; sin embargo, no existen leyes ni normas oficiales que específicamente los regulen, concluye el estudio dirigido por Gian Carlo Delgado Ramos, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la UNAM.

En los últimos años, han surgido un conjunto de ciencias y tecnologías que están empezando a indagar, investigar y descubrir fenómenos y procesos en la escala nano, señaló el investigador, y como consecuencia se abre para la humanidad un universo muy grande que opera en esta escala, lo que implica también numerosas incertidumbres e ignorancia sobre los riesgos y los beneficios futuros.

Por ello, destacó la necesidad de reflexionar sobre los aspectos económicos, sociales, éticos y ambientales de la nanotecnología. Desde la perspectiva de las ciencias sociales, consideró que estas nuevas ciencias pueden tener más beneficios que perjuicios, pero que hay casos específicos de nanomateriales a los que hay que ponerles más atención.

El investigador enfatizó que no se trata de decir "no" a la ciencia y a la tecnología, sino de garantizar la socialización de los beneficios y la minimización de los riesgos para hacer ciencia y tecnología responsable.

Delgado dio a conocer que, de acuerdo con una encuesta aplicada a 500 estudiantes de licenciatura en Ciudad Universitaria sobre su percepción de la nanociencia y la nanotecnología, 43% de los estudiantes de ciencias y 32% de los de ciencias sociales y humanidades, consideran que los avances de la nanotecnología son seguros.

En contraste, 47% de los estudiantes de ciencias exactas y 58% de los estudiantes de humanidades respondieron que no saben si los avances de la nanotecnología son seguros. El 10% de ambos grupos considera que los avances de la nanotecnología no son seguros para el ser humano.

Normas en beneficio de los investigadores

Delgado Ramos recordó que en 2008, la UNAM, a través del CEIICH, el Centro de Nanociencia y Nanotecnología y el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, creó nanoUNAM, un consorcio que, entre otras actividades, realiza el encuentro internacional e interdisciplinario en nanociencia y nanotecnología: NANOMEX. Su edición 2011 se celebrará del 9 al 11 de noviembre en Mérida, Yucatán.

A esta reunión, indicó, asisten investigadores de ciencias exactas en el área de nanociencias y nanotecnologías de las principales universidades públicas y centros de investigación del país; empresarios que desarrollan, importan, fabrican o comercializan productos hechos con nanotecnología o que contienen materiales nanotecnológicos, así como científicos de las ciencias sociales y las humanidades. La participación de estos últimos es aún limitada pero la invitación a sumarse está abierta de modo permanente.

Gian Carlo Delgado señaló que la regulación en beneficio de los investigadores ayudaría a tomar mejores decisiones y definir prioridades para invertir el dinero que el Estado, pero también de otros actores, destinan a la nanociencia y la nanotecnología.

Por otro lado, dijo, la industria podría beneficiarse de contar con una instancia gubernamental que certifique los productos que contienen materiales o usan procesos nano.

Y es que los productos con nanomateriales que ya se encuentran en el mercado mexicano están cepillos de dientes, edredones antibacteriales y lavadoras que contienen o usan nanopartículas de plata; cosméticos y bloqueadores solares con nanopartículas diversas como las de dióxido de titanio.

Asimismo, añadió, existen materiales de construcción que emplean nanopartículas diversas, nano-catalizadores que se emplean en la industria petrolera y química, y otros materiales nanoestructurados utilizados en la industria automotriz, sea en las cabezas de los motores o en la propia pintura de la carroceria.

Sobre todos estos productos no existe una instancia que certifique que en efecto contienen lo que dicen tener, o que hacen lo que prometen, tampoco que no exista ningún riesgo para la salud o el medio ambiente (al menos hasta donde la ciencia pueda verificar) y, por supuesto, no hay ninguna norma para su etiquetado, comentó Delgado Ramos.

Si se contara con una regulación, expresó, el Estado también podría lograr su interés de garantizar la seguridad, tanto para la salud como para el medio ambiente, de los productos nanotecnológicos que se desarrollan o comercializan en México.

El experto advirtió que la mencionada regulación implicaría la conformación de un grupo interdisciplinario de especialistas tanto de las ciencias exactas como de las ciencias sociales, que trabajen conjuntamente para analizar los productos, desde un punto de vista técnico, pero también desde un punto de vista ético y socioeconómico. Un esfuerzo editorial de tal naturaleza es la revista Mundo Nano que edita nanoUNAM.

También requeriría la instalación de "cuartos limpios" y otros laboratorios nacionales bien equipados con instrumental de frontera, que sería operado por expertos en nanociencia y nanotecnología provenientes de las universidades e institutos de investigación del país, que es donde esencialmente se encuentran.

Una muestra de los avances que ya se dan para que los futuros nanotecnólogos mexicanos integren un enfoque interdisciplinario en su quehacer, es la Licenciatura en Nanotecnología que la UNAM imparte en el Centro de Nanociencias y Nanotecnología, en Ensenada, Baja California.

Ahí, los estudiantes, además de las materias de ciencias exactas, cursan algunos créditos que tienen que ver con las implicaciones éticas y medioambientales para contar con una formación más multidisciplinaria.

Hasta ahora, a nivel internacional, la Organización Internacional de Estandarización ha emitido documentos que son guías no vinculantes y de los cuales los fabricantes de nanomateriales o nano-productos pueden tomar únicamente las sugerencias que consideren pertinentes; falta pues aún mucho por hacer, concluyó el economista, doctorado en Ciencias Ambientales.

Análisis de percepción social sobre nanociencia y nanotecnología

2011-09-12T16:21:00.005-07:00

Gian Carlo Delgado Ramos y Judith S. Peña Jiménez
Mundo Nano. Revista Interdisciplinaria en Nanociencia y Nanotecnología
Vol. 4 No. 1 Enero-Junio de 2011.
nanoUNAM. México. pp. 85 -97.
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Resumen
Se presenta el análisis de percepción social de la comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sobre el estado e implicaciones de la nanociencia y nanotecnología a partir de datos arrojados por una encuesta realizada a 500 estudiantes y trabajadores en Ciudad Universitaria (Ciudad de México). Los datos siguen la tendencia de ejercicios similares en otras latitudes. Se concluye con un llamado a fortalecer el apoyo, estímulo y regulación de la ciencia y la tecnología, al tiempo que se procura un trabajo interdisciplinario, así como de periodismo científico, divulgación y otras formas de información, comunicación y diálogo social constructivos y democráticos.

Palabras clave: nanociencia, nanotecnología, percepción social, implicaciones, regulación.

Summary
An analysis on social perception of the community of the National Autonomous University of Mexico regarding current state and implications of nanoscience and nanotechnology is presented. The exercise is a result of a survey carried out at Ciudad Universitaria (Mexico City) on 500 students and workers. Data follows the tendencies of other similar social perception experiences as indicated properly. The text concludes with a call to promote support, stimulate and regulate science ant technology in general, while seeking greater interdisciplinary work, a high level scientific journalism, popularization of science and other forms of informing, communicating and dialoguing with society in a constructive and democratic way.

Key words: nanoscience, nanotechnology, social perception, implications, regulation.
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Petróleo, medio ambiente, cambio climático y seguridad

2011-07-27T12:06:00.004-07:00

Gian Carlo Delgado Ramos
Nómadas, Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas
No. 30. Vol. 2. España. Enero - Junio de 2011.
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Resumen
El actual patrón energético está centrado esencialmente en combustibles fósiles, siendo el petróleo el más relevante. El proceso de su obtención y quema produce costos ambientales y humanos que no son tomados en cuenta y por tanto quedan ocultos. Uno de tantos son los derrames, como el sucedido en el pozo Macondo en abril de 2010. El presente texto plantea que tales costos ocultos deben leerse desde un análisis amplio que no se limite al suceso per se. De este modo se plantea en un primer momento, la necesidad de dar cuenta del eminente alcance del punto máximo de producción (peak oil), el esperado incremento de la población mundial y el creciente calentamiento del planeta. Se analiza entonces el significado del derrame del pozo Macondo como un rasgo que lejos de ser excepcional es característico del patrón energético actual. Se cierra con una valoración sobre las implicaciones de seguridad del actual patrón energético para luego plantear la necesidad de repensar el desarrollo como sustento de un cambio de paradigma.
Palabras clave.- petróleo, energía, derrames petroleros, costos ocultos, seguridad, cambio climático.

Summary.

Current energy paradigm is essentially based on fossil fuels, mainly oil. The process of its extraction, transformation and consumption produces environmental and human costs that are usually not internalized. As such they can be categorized as hidden costs of the current energy pattern. Spills, such as the one of Macondo’s well that took place on April 2010, are among those hidden cost. This article considers that such costs should be analysed from a wider perspective, avoiding focalized readings in the sense of limiting evaluations to the impacts of each case. From such viewpoint the significance of Macondo oil spill is described, not as an exception, but as a constant fact within the current energy pattern. At the same time it is considered necessary to take into account at least three variables in our reading: peak oil, the expected increase of world population and climate change. Considering the latest, the text offers an appraisal of the energy paradigm’s security implications, concluding with a consideration on the necessity of rethinking development as starting point for a real and profound change of paradigm.
Key words.- oil, energy, oil spills, hidden costs, security, climate change.

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Hidden Costs for the Oil Industry: The Macondo Spill

2011-06-29T08:40:00.010-07:00

Delgado Ramos, Gian Carlo.
Voices of Mexico.
No. 90. Primavera-Verano.
Special Section. CISAN-UNAM. México, 2011. pp. 98-103.
ISSN: 752435503297
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Political-Economic Factors in U.S. Foreign Policy

2011-06-26T17:37:00.000-07:00

The Colombia Plan, the Mérida Initiative, and the Obama Administration
Gian Carlo Delgado-Ramos y Silvina María Romano
Latin American Perspectives
Vol. 38. No. 4. SAGE.
US. July, 2011.
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Abstract

U.S. policy in Latin America, even when couched in the openly diplomatic discourse used by the Obama administration, is based on military presence and serves the economic interests of the United States and allied Latin American elites. In order to secure the free-market context that ensures U.S. access to Latin America’s strategic resources, U.S. administrations have focused on issues such as security and the fight against narco-insurgency and terrorism, encouraging and directly supporting Latin American regimes in which increased military presence in the government is purported to guarantee internal stability during a time of increasing violence. In reality, what they foster is a complex balance between stability and instability that maintains the region’s overall dependence and, therefore, its status as a source of U.S. wealth and power.

Key words: U.S., Latin American policy, Colombia Plan, Mérida Initiative, Obama administration, Military.

Políticas Públicas e Educação: regulação e conhecimento

2011-06-25T08:28:00.004-07:00

Dalila Andrade Oliveira y Adriana Duarte (coord)
Fino Traço Editora. Belo Horizonte. Brasil, 2011.
ISBN: 978858054123

Sumário:

- Apresentação
- A modernidade avançada e a reflexividade
José Maurício Domingues
- Em direção a uma regulação pós-burocrática dos sistemas de ensino na Europa?
Christian Maroy
- Pesquisa e políticas educativas: uma interface problemática
Claude Lessard
- As políticas públicas em educação e a pesquisa acadêmica
Dalila Andrade Oliveira
- Da política baseada no conhecimento às práticas baseadas em evidências. Consequências para a regulação do trabalho docente
João Barroso
- Política pública, educação, ciência e inovação no México
Gian Carlo Delgado Ramos
- A expansão das pós-graduações em ciências sociais. Desigualdade regional, competição e mercantilização na América Latina
Pablo Gentili e Fernanda Saforcada
- Políticas educacionais e o trabalho docente na atualidade: tendências e contradições
Adriana Duarte
- Multirregulação, comparações internacionais e conhecimento pericial: interpelando o PISA como provedor de conhecimentos e políticas
Luís Miguel Carvalho
- Políticas para o ensino médio e educação profissional: implicações sobre o trabalho docente na Argentina e Brasil
Savana Diniz Gomes Melo
- Sistema educacional no Brasil: articulação e diversidade
Marisa Ribeiro Teixeira Duarte
- Educação e juventude na sociedade pós-industrial
Eliza Bartolozzi Ferreira e Marcio Pochmann
- A educação da criança de zero a seis anos no sistema educacional brasileiro: redefinições e tensões
Lívia Maria Fraga Vieira

LOS CONCEPTOS DE NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGÍA, AÚN LEJOS DE LA SOCIEDAD

2011-05-27T19:51:00.002-07:00

Boletín UNAM-DGCS-315
Ciudad Universitaria.
12:30 hrs. 27 de mayo de 2011
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Mientras en varios países las empresas, gobiernos y centros de investigación desarrollan las nanociencias y nanotecnologías, en la sociedad se carece de información básica sobre qué significan esos conceptos, afirmó Gian Carlo Delgado Ramos, académico del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la UNAM.
Con un escaso conocimiento de esas disciplinas, los ciudadanos, tanto en México como en Estados Unidos y Europa, tienden a rechazar estos desarrollos cuando son incluidos en los alimentos, pero los aprueban si forman parte de equipos de cómputo o comunicaciones, añadió el economista y doctor en Ciencias Ambientales.
Organizador en el CEIICH del Ciclo de Conferencias Complejidad y tecnociencia: biotecnología y nanotecnología, consideró que aún hay una gran distancia entre el avance de uno de los frentes tecnológicos de vanguardia de principios del siglo XXI y la información que se tiene sobre lo que son, sus alcances, así como potenciales daños y beneficios.

Riesgos y medidas precautorias
En el desarrollo de ambas disciplinas son necesarias la evaluación de riesgos y la comprensión social de la ciencia, consideró por su parte Brian Wynne, del Consejo de Investigación Económica y Social (ESRC) de la Universidad de Lancaster, Reino Unido.
El especialista en tecnología, evaluación y percepción pública de la ciencia, consideró que se requiere un amplio trabajo de evaluación de riesgos, que se comunique a la sociedad, a la que deben llegar conceptos e información fidedigna sobre los alcances de un biochip introducido a un nuevo fármaco o una nanopartícula incluida en un cosmético.
El también físico de materiales y sociólogo indicó que esta nueva área de conocimiento, caracterizada por la innovación y, por ende, por una rápida conexión con la producción industrial y el mercado económico, debe comunicarse, regularse y etiquetarse.

El universo en nanómetros
Si se manipula a una escala diminuta y controlada, la materia se comporta de forma distinta a la que conocemos en la naturaleza. Esa condición ofrece muchas posibilidades que los científicos exploran en varios países para desarrollar los nuevos materiales, alimentos y fármacos del siglo XXI.
La escala de lo minúsculo está regida por el nanómetro, unidad donde un cabello es un gigante y un metro es mil millones de veces más grande.
Un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro, y en su escala se pueden medir átomos, moléculas y virus, pero una bacteria o una célula son muy grandes para registrarse.
Actualmente, con esta disciplina se desarrollan medicamentos más precisos, alimentos modificados, tubos de carbono y nuevos aditamentos electrónicos.
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Estudia UNAM los biocombustibles desde diversos ángulos

2011-05-05T18:52:00.008-07:00

Emir Olivares Alonso
La Jornada.
5 de mayo de 2011. pp. 50.
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Los biocombustibles, así como otro tipo de energías alternativas, aún no representan opciones para sustituir el uso del petróleo en la producción energética, aseguró Gian Carlo Delgado Ramos, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Entrevistado en el contexto del coloquio internacional Biocombustibles en México: un balance de su viabilidad frente al cambio climático –organizado por el CEIICH y los programas universitarios de Cambio Climático y Medio Ambiente–, el investigador indicó que aún no se ha contabilizado de manera seria cuánto se necesita invertir, cuál es el gasto de recursos naturales y en qué nivel está la explotación de mano de obra para producir los biocombustibles, por lo que sería ingenuo pensar que éstos no afectan el ambiente.
Existe un problema fuerte: para obtener cualquier tipo de energía necesitamos energía y otros insumos. En el caso de los biocombustibles, como el etanol, producirlo implica erosión de la tierra, gasto y contaminación del agua, explotación de la fuerza de trabajo y el uso de petróleo. Tratamos de producir etanol para ahorrar petróleo, pero usamos el hidrocarburo para obtenerlo.
Subrayó que si las naciones generadoras de biocombustibles usan mano de obra, y por consiguiente la explotación laboral, si se utilizara tecnología –como los tractores– se invertirían muchos más recursos y no sería tan redituable.
La medición de cuánta energía invertimos para obtener los biocombustibles no se ha contabilizado de manera seria. Hay algunos estudios pero no se contempla de manera seria por ejemplo en la política pública. Esto es una parte del problema.
Si bien el crear una canasta de energías alternativas sería una opción para disminuir el uso de la que se produce por hidrocarburos, Delgado Ramos manifestó que no hay aún un paquete de energías que puedan sustituir al petróleo con los patrones de consumo que tenemos hoy día. Tenemos que pensar qué tanto estamos consumiendo los recursos. La sociedad debe pensar a fondo sus necesidades energéticas básicas y erradicar el consumo despilfarrado” para diversificar el uso de energías.
Explicó que varias entidades de la UNAM trabajan en el análisis de estos energéticos desde cinco ejes básicos: la parte socioambiental, encargada al CEIICH; en el Instituto de Ingeniería se trabaja sobre el agua; en la Facultad de Economía se aborda el rubro socioeconómico; otro grupo estudia la política energética no sólo en México sino en el resto de Norteamérica; en tanto que en el Centro de Ciencias de la Atmósfera realiza el análisis de las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la producción de biocombustibles.
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Common Goods, Socio-ecological Metabolism and the Common Future of Humanity

2011-04-25T10:26:00.006-07:00

Gian Carlo Delgado Ramos
Thematic Paper of the Conference “From Common Goods to the Common Good of Humanity”.
Rome, 28-29 April 2011, organized by Rosa Luxemburg Foundation Brussels.

Introduction
The common goods, or that heritage which is essential for the collective life of humanity and which also supports the very existence of the planet’s biological diversity, have in modern times become increasingly the object of appropriation and commercialization. The original accumulation of capital was the first step in dismantling the system of individual ownership based on labour and on the collective ownership of common goods, especially of the land. This led in its turn to private ownership of the means of production, and so to the possibility of buying up the labour of dispossessed peasants, thus establishing capitalist agriculture properly so called.
This original accumulation of capital goods became possible after the collective ownership of the land was dissolved, along with other common goods connected with it. Such dis-possession was then established as a structural element in the current production system. It was in fact a double dispossession, both of common goods and of labour, whereas the latest is understood as the human form of mediating, regulating and controlling the me-tabolism between the human being and nature.
As Marx put it, the process of labour‚ is the universal condition for the metabolic interaction (stoffwechsel) between man and nature, the everlasting nature-imposed condition of human existence.‛ (Karl Marx, Capital, Vol.1: 637-638). Because of the above, this (socio-ecological) metabolism has become more relevant as a dialectical and also analytical-conceptual tool, since it allows us to resolve the artificial – and mechanical – separation of nature and the human being which has been well established in the body of dominant knowledge in modern science, or ‘normal’ science as Kuhn understood it (1971).
Since then, this process of appropriation has modified and extended itself in time and in space, adjusting and renewing itself to adapt to whatever conditions might be necessary to prolong and deepen the capital accumulation process, thus resolving, at least temporarily, any systemic contradictions such as over-accumulation. It is thus a process in which‚ the right of ownership changes in the course of accumulation into appropriation of other people’s property‛ (Rosa Luxemburg, 2003: 432). Such appropriation is only made possible through the dispossession of others and, as Harvey points out (2003: 115) it is a permanent force in the historical geography of capital accumulation; a process that takes specific features not only within the nation-States but above all between central and peripheral nation-States.
These social-spatial relationships are not just spontaneous but are produced (within society) in obedience to the logic of furthering the accumulation of capital. Thus the territorial space is ordered in a functional manner, establishing practices, processes of organization and the planning of production, distribution and consumption. In the same way the relationships of specific and unequal powers become ‘natural’ and even 'legal', thus increasing the dispos-session still further (and hence intensifying the tragedy of the commons).
Up until now, neoliberal practice has been consolidated as, the‛ contemporary approach of appropriation of wealth and, in practice, of nature and labour, in a way that is now more aggressive and unequal than it has ever been in the history of humanity. This means that not only has the plunder of common goods been maintained and deepened and the exploitation of labour heightened, but closely associated with these developments there has been an enormous increase in the biophysical flows (or material-energy flows) in contemporary societies –though here too in a markedly unequal measure. In this process, ad hoc techno-scientific development has played a key role, influencing to a large extent not only the method, but also the rhythm, intensity and complexity of socio-ecological metabolic inter-actions, or stoffwechsel.
However, whereas this process has certainly in the short term contributed to mitigating the problem of over-accumulation, it has also shown up more clearly than ever the social and natural –relative– ‚ limits‛ of the current system of production, its contradictions and poten-tial implications which are far from behaving as linear processes. This is true, for example, for the case of environmental implications as well as for technological ones.
The result of all this is that the dynamic of capital accumulation in concrete territorial spaces is threatening the preservation of common goods, including the very viability of life – and not only human life. In other words, the effect of the present production system is increasingly and dramatically to endanger the expectations of future generations, diminishing the possibility of establishing the collective construction of the Common Good of Humanity in its multiple forms and methods.
It is precisely for this reason that territorial space is also beset by contradictions, argu-ments, conflicts and social responses, as are other forms of appropriation and its construc-tion. In the process, the issue of socio-ecological metabolism is no small matter. On the contrary, it is hugely important in any efforts to build alternatives as it enables us to analyse labour (in its various forms), taking into account the material-energy flows required and the extent of its viability, both in time and space.
It is hardly necessary to point out that the act of production is an act of producing space and as such it is a historical category that is not given for the eternity because it is indeed a social construction (Santos, 1990: 135-137).3 The way the space is produced depends not only on immediate and direct economic activities, but also on future expectations. It follows that the space dimension is not neutral, since it serves social reproduction (Ibid: 156) wher-ever it takes place.

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La gran minería en América Latina, impactos e implicaciones.

2011-04-15T08:45:00.005-07:00

Gian Carlo Delgado Ramos.
Acta Sociológica. No. 54
CES-FCPyS, UNAM.
México, Enero-Abril de 2011.
pp. 17 - 48. ISSN: 018-66028
Bajar Artículo
Bajar No. Especial sobre "Sociología Política y Ecología del (neo)Extractivismo"

NECESARIA, TRANSICIÓN ENERGÉTICA HACIA FUENTES RENOVABLES

2011-04-08T15:15:00.003-07:00

• Representan la opción más viable para evitar la construcción de centrales nucleoeléctricas, coincidieron académicos universitarios y representantes de organizaciones civiles
Boletín UNAM-DGCS-208
Ciudad Universitaria.
06:00 hrs. 8 de abril de 2011
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La mejor opción para eliminar la dependencia de los hidrocarburos es la transición al uso de energías renovables y evitar la construcción de plantas nucleares, coincidieron en la UNAM académicos universitarios y representantes de organizaciones civiles.
El único aspecto positivo de la industria nuclear es la producción de electricidad. Sin embargo, otras fuentes como el Sol, pueden generar más energía, sin riesgos; “esto hace que nos cuestionemos por qué apostamos por las centrales nucleoeléctricas”, señaló Gian Carlo Delgado Ramos, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de esta casa de estudios.
En el encuentro Implicaciones de la era nuclear y el negocio eléctrico: una lectura desde los recientes acontecimientos en Japón, indicó que los accidentes derivados no son raros, aunque la mayoría son de menor grado. Prácticamente, todos los años la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA, por sus siglas en inglés), los reporta.
Esa industria no debe promoverse como segura, ni productora de energía limpia, sin generación de gases de efecto invernadero. “Representa un gran riesgo; sin embargo, se vende como una solución al cambio climático”, advirtió.
Por su parte, Marco Antonio Martínez Negrete, de la Facultad de Ciencias (FC) expuso que se trata de relanzar la construcción de plantas nucleares, con la “trampa” de que ayudan a mitigar los gases de efecto invernadero, algo que no es posible, aseguró.
Requiere altas inversiones y las reservas de uranio disponibles se agotarían en sesenta años. Esa industria no es pertinente para México, pero sí transitar al uso de las energías renovables.

Las alternativas

Al respecto, Eduardo Rincón, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), comentó que ante las implicaciones del calentamiento global, la geotermia, así como la energía solar y eólica son alternativas viables. Por ejemplo, las radiaciones que recibe el planeta en tres semanas, provenientes de nuestra estrella, superan las reservas disponibles de petróleo, uranio, torio, gas y carbón.
Gustavo Anpugniani, de Greenpeace-México, dijo que no se elige la opción de las fuentes renovables, que no implican riesgos ni generan residuos.
La energía nuclear no es la solución para sustituir el uso de combustibles fósiles, está rodeada de irregularidades y fugas. Tampoco es una opción para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, “es falso que no produzca dióxido de carbono”, advirtió.
Obtener el uranio, convertirlo en combustible, construir centrales y la contención de residuos, coloca a la industria nuclear, a nivel global, en el quinto lugar en emisiones del contaminante, concluyó.
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Costos humanos y ambientales de la era nuclear

2011-03-15T05:51:00.002-07:00

Gian Carlo Delgado Ramos
La Jornada de Oriente
Puebla, México. 15 de marzo de 2011,
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Autor de "Sin Energía. Retos y resistencias al cambio de paradigma". Plaza y Valdés. México, 2009.

A casi 25 años del accidente de Chernobyl, en Ucrania, un nuevo suceso vuelve a recordar a los proponentes de la energía nuclear y al resto de la humanidad lo riesgoso que es esa tecnología; y pese a ello, se insiste en su apuesta como supuesta alternativa frente al cambio climático, pues se asume que las plantas nucleares no contribuyen con emisiones de gases de efecto invernadero, aunque estrictamente hablando ello es falso, lo relevante es que esa tecnología no ha resuelto hasta hoy día el problema del manejo de los desechos nucleares, además de que sigue siendo una tecnología plagada de accidentes y fallas operativas. Ello por no hablar de la delgada frontera entre su uso civil y militar y que la hace aún más costosa y peligrosa.

Los accidentes más aparatosos se identifican desde el episodio Chernobyl, evento que liberó tanta radiación como 200 bombas del tipo de las que fueron lanzadas en Hiroshima y Nagasaki, y, desde entonces, se suman numerosos casos de diverso calibre. Desde el sonado caso del derretimiento parcial del reactor 2 de la central Three Mile Island en EU, en 1979, pasando por el accidente en la planta Tomsk–7 (Rusia) en 1993, el del reactor francés Civaux que liberó 300 m3 de refrigerante radioactivo en 1998 o el de la planta Paks de Hungría, en abril de 2003, cuando 30 varillas de combustible usado se rompieron en un tanque de limpieza y 3.6 toneladas de pastillas de uranio fueron liberadas sin solución hasta la fecha; hasta los numerosos casos en Japón, como los malos manejos de las plantas de Onagawa (julio de 1988) y Hamaoka (mayo de 1991); la fuga de sodio en Monju (1995) que llevara en 2003 a la suspensión definitiva de la planta por orden de la Corte Suprema de Nagoya; el incidente de criticidad en Tokai–Daini (1999) en su la planta de reprocesamiento de combustible gastado; el ocasionado como producto del terremoto del 16 de julio de 2007, cuando la planta de Kashiwazaki–Kariwa informaba 67 tipos de daños de los cuales 15 involucraron fugas de radioactividad, o el más reciente accidente múltiple en el que ya se habla del derretimiento parcial de al menos dos reactores (No. 1 y No. 3) en la planta Fukushima Daiichi, en Japón, debido a problemas en los sistemas de enfriamiento de los reactores y que provocara, primero, la explosión del edificio del reactor No. 1 para poco después repetirse el suceso en el reactor No. 3. Ello llevó a que se tomara la decisión de inundar los reactores con agua de mar para procurar enfríalos. La decisión no es menor, pues implica la pérdida de la planta, hecho que es en sí mismo un indicador de la gravedad del caso. El lunes 14 de marzo registrarían problemas serios en el reactor No. 2, conociéndose que el material fisionable estuvo expuesto por horas, previo también a su inundación. Para la madrugada del martes, hora de Japón, se registró una explosión que aparentemente rompió el contenedor de acero del reactor exponiendo el combustible. Lo más preocupante de este reactor es que el combustible que tiene cargado es MOX, una mezcla de óxidos de uranio y plutonio reprocesados y que Japón ha empleado desde hace algún tiempo para cubrir el déficit de combustible nuclear que genera su extensa industria nucleoeléctrica. La inhalación de gases provenientes del MOX es altamente letal debido a la presencia de plutonio.

Por si fuera poco se suma la inestabilidad de tres reactores más en la planta Daini, a unos 16 kilómetros de la primera y probablemente de los de la planta Onagawa, a 100 kilómetros de las anteriores y a pasos de Sendai, un asentamiento urbano de más de un millón de personas.

De cara al escenario descrito, cambiante minuto a minuto, es de precisarse que las advertencias sobre el especial riesgo que implican las plantas nucleares, más en zonas sísmicas, han sido desde hace tiempo bien conocidas y, sin embargo, se construyeron, por ejemplo, en todo Japón.

Las reales dimensiones de los múltiples casos se desconocen aún y el manejo público de la información es bien restringido (tal como ha lo fue en su momento en Chernobyl y Three Mile Island). Por lo pronto, se sabe que ha habido emisiones importantes de vapor radioactivo, que la radiación afuera de la planta de Daiichi es ya seis veces la legalmente permitida (alcanzado los 3 mil 130 microsiervets por hora) y que la radiación dentro del cuarto de control de los reactores llegó a ser de más de mil veces que lo normal. Algunos expertos de EU y Japón prevén que las nubes de radiación hasta ahora emanadas permanecerán por meses.

El peligro de un mayor desastre nuclear llevó a que desde el pasado 12 de marzo se evacuaran unas 180 mil personas alrededor de ambas plantas, todo al tiempo que se aprestaban más de 230 mil dosis de yodo para proteger la glándula tiroidea de los efectos más duros provocados por una exposición mayor de radiación nuclear.

El accidente ya es calificado como el peor después de Chernobyl, aun cuando la radiación se logre contener y los reactores logren enfriarse (Chernobyl fue de gravedad grado 7 y la situación en Japón por el momento es de 4). En cualquier caso, expertos de la industria nuclear aseguran que los efectos serán menores que los de Chernobyl, aun si ocurre un derretimiento total de los reactores –como en Chernoby–, pues el diseño de las plantas son considerablemente distintos (asumiendo que son “más seguras”). El llamado de las autoridades es a mantener la calma, y sin embargo se puede afirmar que la radiación que contaminará aire y agua con la que se inundó el reactor será un problema socioecológico mayor, aunque en efecto mucho menor que el derretimiento total del reactor, situación aún no del todo descartable.

Haciendo caso omiso a las advertencias sobre el riesgo de la energía nuclear, sobre todo en zonas sísmicas, la industria nuclear ha mantenido una postura positiva, no sólo entorno a su existencia, sino de abierto apoyo para su resurgimiento, como ya se dijo, de cara al cambio climático y a la caída en la disponibilidad de petróleo barato y en crecientes cantidades.

El poderoso lobby nuclear mundial miente al sostener que la energía nuclear es limpia, ya no se diga segura. No sólo es en extremo costosa e inviable sin las contundentes inyecciones de subsidios a lo largo del diseño, construcción, operación y desmantelamiento de las plantas, sino que además es sucia, y es que sostenidamente no se considera la energía involucrada en la extracción del mineral (uranio de peso atómico 235 y 238), una actividad que, además, es humana y ambientalmente devastadora, tanto por las sustancias radioactivas que libera (sobre todo radón y radio–226, ese último un emisor alfa con una vida media de mil 600 años, y que está asociado al cáncer), así como por las bajas concentraciones en las que se encuentra el recurso: de entre unos cientos de gramos a un par de kilos por tonelada de roca en el mejor de los casos.

Datos de 2004 precisan que unas 50 minas en 16 países extrajeron 40 mil toneladas de uranio, lo que sugiere una remoción de por lo menos unos 20 millones de toneladas de roca si se asume una relación optimista de 2 kilos de uranio por tonelada removida. El costo ambiental y a la salud es evidente, más aun cuando el proceso extractivo involucra el uso de ácidos o técnicas de digestión alcalina que generan desechos líquidos con isótopos como el mencionado radio–226.

La industria nuclear tampoco considera los costos energético–materiales necesarios para el procesamiento y enriquecimiento de uranio; la producción de varillas de combustible; la edificación de toda la infraestructura relacionada a lo anterior, incluyendo la dedicada a la construcción de los reactores y las plantas nucleoeléctricas; la energía adicional utilizada en la transportación y almacenamiento, tanto de desechos radioactivos y el decomisado de viejos reactores (de llegar a hacerse), así como de infraestructura contaminada y contenedores de desechos; etcétera.

Si bien es cierto que la nucleoelectricidad tiene un menor impacto en términos de emisión de gases de efecto invernadero en comparación con la generación de energía a partir de combustibles fósiles, esa relativa “ventaja” queda sepultada si se toma nota de los impactos a la salud y el medio ambiente que ocasiona la creciente acumulación de desechos radiactivos con una “vida” que ronda los cientos y hasta los millones de años (caso del isótopo neptunium–237, que se genera con el decaimiento de las varillas de combustible de uranio–235). Su almacenamiento es una cuestión que no se ha logrado resolver desde que hiciera aparición la industria nuclear civil y militar, por lo que el problema es cada vez mayor, más si se toma nota de que el combustible nuclear de desecho es un millón de veces más radioactivo que el combustible “fresco”. Ni EU ni Japón ni Europa, que cuentan con recursos económicos, han logrado resolver a fondo el problema de su creciente basura nuclear.

A lo dicho se suman las implicaciones a la salud. Ello puesto que es bien conocido que la radiación altera la carga eléctrica de los átomos y moléculas que conforman las células de nuestro cuerpo, por lo que consecuentemente incluso dosis bajas de radiación llegan a producir anormalidades en el sistema inmunológico, pero también leucemia en un lapso de cinco a diez años después de la exposición, cáncer en el rango de 12 a 60 años y enfermedades o mutaciones genéticas y anomalías congénitas en generaciones futuras.

Llamativamente, pese a que es ampliamente reconocido en la medicina que ningún nivel de exposición a la radiación es seguro, la industria y su lobby sostienen que hay un “umbral” de exposición que sí lo es. Un conveniente argumento que sugiere más bien aprovecharse del hecho de que, en efecto, hay un umbral en el que los eventuales efectos de la radiación tienden a colocarse en el futuro lejano; factor que permite disociar la causa del efecto. De ahí que críticos de la energía nuclear como Helen Caldicott precisen atinadamente que “los costos humanos de la era nuclear a penas los estamos viviendo”.

Considerando la situación desde México, es de advertirse que en el país en julio de 2006 se creó el Comité de Apoyo para la toma de Decisiones en Materia Nuclear, con el objeto de que la Sener “desarrolle un programa de expansión de la capacidad nucleoeléctrica en México”. Unos años después, en junio de 2010, el director de la división de energía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), declaró que consideraba a México como uno de los países líderes de la región en materia de generación de energía nuclear a corto plazo; incluso, afirmó que el organismo financiero internacional estaba ya listo para apoyar y financiar a México para la creación de plantas nucleares. No sorprende que ante lo que acontece en Japón algunos expertos mexicanos –vinculados al negocio– se apresuraran a comunicar en los medios que el problema es menor, afirmando, incluso desde la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, que Laguna Verde es segura, que la población desconoce del tema (es ignorante) y que el país debería seguir apostando a la energía nuclear como alternativa energética.

¿Apoyaremos tal sugerencia, cuando menos, irresponsable?

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Desangrando América Latina. Un balance de la transferencia de su riqueza

2011-03-07T19:48:00.009-08:00

Gian Carlo Delgado Ramos
Rojo Amate Año 1. No. 3.
México, 2011. pp. 20 - 28.
ISSN: 20070829

En los albores del siglo XXI, la tendencia a mantener e incluso ahondar proyectos económicos cuyo centro gira en actividades extractivas, primario exportadoras de enclave o aquellas economías enfocadas en la explotación de recursos naturales con pocos (y no relevantes) o nulos encadenamientos productivos endógenos, viene tomando nuevos rasgos y más desgarradoras dinámicas. La desangre de la región ha sido pues continua y creciente.

DECRECIMIENTO BIOFÍSICO Y DESARROLLO

2011-03-02T15:20:00.000-08:00

Gian Carlo Delgado Ramos
Revista DELOS: Desarrollo Local Sostenible
Vol. 4 No. 10. España, febrero de 2011.
ISSN: 1988-5245

Resumen
Los límites ambientales o la capacidad de carga del planeta es un asunto cada vez más presente en la agenda política internacional, y desde hace un tiempo en la social. Ciertamente tomará mayor fuerza conforme el tamaño del subsistema económico vaya acercándose a las dimensiones del sistema ecológico planetario. La tensión entre economía y límites ambientales se ha intentado resolver desde diversos puntos de vista, pero ciertamente desde dos grandes perspectivas: la de hacer compatibles y manejables el desarrollo o crecimiento económico y la variable ambiental; y la de repensar el desarrollo per se a partir de finalidades social y ambientalmente armónicas en un contexto en el que el crecimiento económico es un efecto secundario y no la variable central. El presente texto (re)plantea y discute el concepto de ecodesarrollo desde esta amplitud de propuestas de cara al contexto socio-ambiental de principios del siglo XXI y los retos que implica repensar el desarrollo de cara a la imperante necesidad de un decrecimiento biofísico.

Palabras Clave: ecodesarrollo, decrecimiento, sustentabilidad.
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Ciencia, tecnología y competitividad del aparato tecnocientífico y productivo estadounidense

2011-03-01T10:46:00.000-08:00

Gian Carlo Delgado Ramos
Norteamérica. Revista académica del CISAN-UNAM.
Año 5. No. 2
México, Julio - Diciembre de 2010. pp. 45 - 75.
ISSN: 1870355-0

Resumen
El presente texto revisa historiográficamente la consolidación de la red tecno-industrial estadounidense, para desde ahí dar cuenta del surgimiento de un peculiar keynesianismo militar, o capitalismo de Pentágono, que caracteriza y modela fuertemente no sólo lo tecno-científico sino en muy buena medida lo productivo y hasta el propio sistema económico-político de ese país con implicaciones importantes hasta nuestros días. Entre ésas está la erosión de su propia capacidad tecnoindustrial civil de cara a la competencia intercapitalista, ello considerando que tanto China como, ya desde hace algún tiempo, Rusia, son países con un claro modelo de capitalismo de Estado. Al respecto se ofrece un análisis comparativo del estado de situación actual de las capacidades tecno-científicas de EUA acompañado de una reflexión sobre sus posibles implicaciones en el futuro próximo.

Palabras clave: ciencia, tecnología, competencia intercapitalista, capitalismo de Pentágono, Estados Unidos.
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Límites del desarrollo y ecodesarrollo desde el Decrecimiento

2011-01-18T17:30:00.000-08:00

Gian Carlo Delgado Ramos
Realidad Económica No. 256
Buenos Aires, Argentina. Diciembre de 2010.

Ante la tensión existente entre crecimiento económico y medio ambiente, una situación propia de la modernidad (o desde el nacimiento del capitalismo), el debate y las propuestas alternativas han sido múltiples. Desde posiciones que abogan por un “culto” al medio ambiente, pasando por las que sugieren un enlentecimiento del crecimiento, hasta las que hablan de un ecodesarrollo o inclusive de un decrecimiento.
Mientras el culto al medioambiente es un extremo ficticio pues estrictamente implicaría no modificar nuestro entorno lo más mínimo y por tanto no hacer usode materiales y energía, inclusive para satisfacer muchas de nuestras necesidades básicas, el enlentecimiento del crecimiento económico sólo prolongaría la inevitable crisis socioambiental asociada a éste.
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PRODUCE LA UNAM LA TERCERA PARTE DE LA NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGÍA EN MÉXICO

2010-12-24T08:08:00.004-08:00

- También, genera casi la mitad de la tecnología y la ciencia, aseguró Gian Carlo Delgado Ramos, del CEIICH de la UNAM

Boletín UNAM-DGCS-800
Ciudad Universitaria
06:00 hrs. 20 de diciembre de 2010
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La UNAM genera la tercera parte de la nanociencia y la nanotecnología en el país, y produce casi la mitad de la tecnología y la ciencia, aseguró Gian Carlo Delgado Ramos, académico del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la UNAM.
En 2008, subrayó, la Universidad Nacional aparecía, en términos de publicaciones de nanociencia, en el lugar 87. Hoy día, ocupa la posición 71 (http://studies.cwts.nl/projects/ec-coe/cgi-bin/izite.pl?show=home).
Esta casa de estudios tiene una estrecha relación con quienes hacen materiales nanoestructurados para su uso en recubrimientos, catálisis para la industria petrolera o para remediación ambiental (agua, suelos, aire), nanomateriales para LEDs o celdas fotovoltáicas de tercera generación, o incluso para su uso en nanomedicina, para la búsqueda de mejores procesos de diagnóstico, tratamiento y cura de padecimientos como el cáncer, el mal de Parkinson y enfermedades cardiovasculares, subrayó.
La nanotecnología, aunque no tiene una definición consensuada, podría decirse que es la capacidad de manipular la materia a escala de los átomos y las moléculas, una escala en la que adquiere nuevas propiedades, esencialmente porque la materia tiene más átomos superficiales que en dimensiones macro, explicó.
Por otra parte, opinó que en México se hace buena ciencia, pero escasa tecnología y en su mayoría no es de vanguardía. Muchos de los científicos del país se pierden porque emigran a universidades de Europa y Estados Unidos, y si no se ha logrado avanzar en materia de innovación e industrialización, es porque no hay un plan articulado a un proyecto de nación de largo plazo.
Delgado Ramos precisó que en 1997, el gasto público en nanotecnología en el orbe fue de 430 millones de dólares; en 2003, ascendió a tres mil millones; para 2004, se invirtieron cuatro mil 600 millones; en 2005, cinco mil millones, y en 2006, seis mil millones (año en que, por primera vez, y desde entonces, el gasto privado supera al público). Para 2009, el gasto total en el sector se estimó en poco menos de 18 mil millones de dólares.
De igual modo, mencionó que Estados Unidos, Japón y Alemania son los países líderes en ese campo, pero el primero aún supera a los demás, y conforme pasan los años continúa consolidando su hegemonía en el desarrollo de instrumental y en aplicaciones de frontera.
La Unión Americana, Japón y gran parte de Europa controlan entre el 80 y 90 por ciento del total de patentes (históricas) y del mercado mundial de alta tecnología, añadió.
Finalmente puntualizó que los materiales más usados en las aplicaciones nanotecnológicas que ya comienzan a entrar al mercado son la plata, el carbono, la silica, el titanio y el zinc. Al cierre de este año, se calcula que se habrán producido unas dos mil 300 toneladas de nanomateriales, y para finales de la próxima década el monto podría ser por arriba de las 58 mil toneladas anuales.
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Publicado también por: El Universal, La Jornada, El Sol de México, El Capitalino.

Minando México: despojo, saqueo y criminalización social.

2010-12-20T19:54:00.005-08:00

Gian Carlo Delgado Ramos
Memoria No. 249
México, diciembre de 2010.
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México está casi completamente mineralizado con un estimado del 85% de sus reservas sin explotar. Los principales minerales metálicos que se extraen, en términos de valor de la producción, son el cobre (27.6%), el oro (21.4%), la plata (19.1%) y el zinc (11%%) que en conjunto suman el 79% del valor minero.
Las entidades que concentran la producción minera son Sonora (26.5% del valor de la producción), Zacatecas (15.6%), Coahuila (15.5%), Chihuahua (12.7%), San Luis Potosí (6.6%) y Durango (5.8%). Si bien existen dos grandes monopolios nacionales, Grupo México y Peñoles, buena parte de la actividad extractiva es hecha por o en colaboración con inversionistas extranjeros.
Dada la crisis económica de fines de la primera década del siglo XXI, la inversión en los últimos años se ha focalizado en los minerales metálicos, lo que no significa que no se exploten con tendencia creciente los minerales no metálicos. El énfasis ha sido la producción de oro y plata, misma que se concentra en manos de grandes grupos mineros; 84% y 87% respectivamente. En el caso del oro, ésa aumentó 150% de 2003 a 2008, al pasar de 20 a 50 toneladas de producción anual. Sólo en 2008, el incremento de 28% se debe en gran medida al inicio de operaciones de “Peñasquito” (Zacatecas) y al aumento de productividad de “El Sauzal”, ambas propiedad de Gold Corp (Canadá). En el caso de la plata, el aumento en ese mismo periodo ha sido mínimo (6%) pues pasó de 2,516 a 2, 668 toneladas. No obstante, el grado de producción colocó al país en la segunda posición a nivel mundial. En el 2008, Peñoles fue la responsable de la mayor producción del metal afinado.
Otros metales como el zinc han mantenido sus niveles extractivos desde principios de siglo al rondar las 400 millones de toneladas métricas anuales. El cobre ha visto un descenso importante que responde tanto a la crisis de los últimos años de la primera década del siglo XXI, como a las huelgas desatadas en “Cananea” y “San Martín” de Grupo México. Y es que la extracción cayó de 373 millones de toneladas en 2005 a 268 millones de toneladas en 2008. De cualquier modo, en lo que va del milenio se han extraído casi 3 mil millones de toneladas de cobre del país. Los minerales no-metálicos registran por lo general tendencias crecientes de producción en la última década, destacando, además de la fosforita, la diatomita el azufre o la fluorita, el (sulfato de) manganeso que incrementó su ritmo extractivo en casi 100% al pasar de 88 millones de toneladas en 2002, a 169 millones de toneladas en 2008.
Tales ritmos extractivos se han reflejado en una captación por parte del sector minero de 3,656 millones de dólares de inversión extranjera directa (IED) en el 2008, cifra 70% mayor a la de 2007 y más cuatro veces la captada en el 2000. Proyecciones de la Cámara Minera de México asumen que de 2009 al 2012 las inversiones serán de unos 7,600 millones de dólares.
Datos del Gobierno Federal precisan que a junio de 2009 había en el país 263 mineras extranjeras operando 677 proyectos. De ésas, 198 o el 75% son de Canadá (nueva plataforma minera mundial ); 39 o el 15% de EUA, siete o el 3% de Inglaterra, 5 o el 2% de Australia y 3 o el 1% de Japón, además de otras, por ejemplo de Suiza, Corea, China, Chile, Italia, India y Perú. El 85% de los proyectos están, al cierre de 2009, en etapa de exploración, lo que indica un futuro boom minero. Y es que solo el 8.3% está en etapa de producción y 2.2% en etapa de desarrollo. El 64% de dichos proyectos están asociados a metales preciosos, 18% a polimetálicos, 13% a cobre y 3% a hierro. Cubren, junto a los proyectos nacionales el 5% del territorio nacional (25 millones de hectáreas) y se concentran en el estado de Sonora (163 proyectos), Chihuahua (101), Durango (73), Sinaloa (73), Zacatecas (50), Jalisco (41), y Oaxaca (32).

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COP 16, “éxito” sin compromisos y metas fijas

2010-12-13T04:27:00.002-08:00

Gian Carlo Delgado Ramos (*)
La Jornada de Oriente
Puebla, México. 12 de diciembre de 2010.
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Las negociaciones del clima culminaron con felicitaciones por el progreso logrado aunque de fondo no se avanzó en compromisos y acciones que comprometan a las partes a disminuir efectivamente sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), que reconozcan la responsabilidad diferenciada e histórica de los países industrializados, y por tanto que busque la justicia climática, y que estimulen esquemas de emisiones netas evitadas como lo propuso Ecuador. Menos se puede hablar siquiera de un planteamiento sobre la deuda ecológica que tiene el mundo industrializado con el periférico ni del reconocimiento de los “derechos de la madre Tierra”, como lo aboga Bolivia.

La cumbre fue una costosa reunión no sólo económica, sino ecológicamente, que comenzó con señalamientos de que fracasaría y que en el mejor de los casos consolidaría algunos aspectos relacionados a mecanismos de mercado (la formalización de facto del Acuerdo de Copenhagen). Durante su desarrollo se apuntó a Durban (COP 17) como el momento de concretar un compromiso real, mientras que Cancún quedaría como plataforma para ello. Al mismo tiempo se radicalizaron las posturas orillando la discusión ya no al tamaño de los compromisos, sino a la existencia misma de un segundo periodo de Kyoto (2013–2017). Japón sería uno de los impulsores. Así se fabricó un falso “éxito” de la cumbre, pues se evitó el rompimiento de Kyoto al tiempo que se alcanzaron acuerdos mínimos, posponiendo los más importantes. Todo compromiso vinculante fue echado por la borda asumiendo en cambio un esquema voluntario. Se acordó mantener la meta de 2º centígrados como incremento máximo y se pactaron los objetivos climáticos, por ejemplo de EU, pero ambas cuestiones se tornan mero discurso en ausencia de compromisos jurídicos. Aun más, se aceptó que EU definiera el año de referencia de sus metas (de tal suerte que no fuese 1990 como lo precisa Kyoto y en cambio pueda ser 2005 como lo expuso EU en la COP 15).

Sí logró afianzar la creación de un Fondo Verde administrado por el Banco Mundial, mismo que alcanzaría los 30 mil millones de dólares (mmdd) anuales para 2012 y unos 100 mmdd anuales en 2020; es decir, poco más de la mitad de los fondos que hoy se estiman necesarios para los países pobres (no Anexo I) y que se ubican en unos 195 mmdd anuales. Instrumentos como el mercado de bonos de carbono, los MDL (mecanismos de desarrollo limpio) o los REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación) se mantienen como esquemas posibles de acción para anotar a favor de quienes los financien una reducción de emisiones, dejando de lado todo llamamiento a que en el mejor de los casos, tales mecanismos, deberían ser considerados como eventuales opciones sólo si se cumplen las metas señaladas de reducción netas de emisiones. Para el caso de los REDD se aseguró que la discusión sobre un tope, pero también de reglas y lineamientos precisos, sea trasladada a la COP 17.

El acuerdo no fue general. Bolivia, Cuba, Venezuela y Ecuador lo criticaron, rechazaron, e incluso el último evalúa impugnar el proceso mismo, pues se aprobó el documento final asumiendo que “la regla de consenso no significa unanimidad”. Y es que ante la desaprobación de Ecuador, la canciller mexicana Patricia Espinoza pronunció: “tomo nota de su posición... quedará reflejada en actas de conferencias, y si no hay otra opinión, el acuerdo queda aprobado”.

Así, por iniciativa propia o inducidos, otros países se resignaron a consentir un mal acuerdo creyéndolo mejor que finalizar sin ninguno, lo que evidenciaría no sólo un gran fracaso, sino la propia viabilidad de la ONU y la necesidad de su replanteamiento. Pese a todo se impuso el interés de los principales emisores de GEI, pues el acuerdo de acción cooperativa de largo plazo logrado abre advirtiendo que “nada en esta decisión debe prejuzgar prospectos para, o contenidos de, un resultado legalmente vinculante en el futuro”.

El “éxito” de la cumbre se sostiene, pues en que se consintieron o impusieron esquemas de negociación inaceptables, evitando todo compromiso vinculante y trasladando al mercado el grueso de medidas, puesto que ello permite evitar la reducción real de emisiones en casa. Esto es que se normaliza el pago por un derecho a contaminar gracias a que otros se limitan o dejan de hacerlo, esquema que beneficia principalmente a los países más contaminantes (quienes tienen además mejores condiciones para enfrentar los impactos del cambio climático).

Una vez más fueron los países progresistas de América Latina los que representaron mejor las exigencias de los pueblos de la región y del mundo, pues mantuvieron una postura crítica que genuinamente busca un cambio de paradigma.

Se denunciaron posturas que insistieron en manejar de entrada los 2º centígrados como piso de las negociaciones y no 1.5º grados (al final se mantuvo la posibilidad de eventualmente considerar este segundo escenario); en resistir la obligación de preservar, respetar y garantizar los derechos humanos y de los pueblos indígenas en toda acción de adaptación y mitigación (al final se precisó que las partes “deberían” respetar los derechos humanos y “tomar nota” de los derechos de los pueblos indígenas); en la omisión total de considerar los impactos de la guerra y de la industria de la guerra sobre el clima; en mantener totalmente fuera el tema de la propiedad intelectual en los acuerdos de transferencia tecnológica; en insistir colocar a organismos internacionales y al sector empresarial como principales socios en la realización de medidas (las principales de mercado).

No es casual que en el Fondo Verde –donde se concentrarán el grueso de fondos nuevos para adaptación– se propusiera al Banco Mundial como administrador, un ente bien conocido por responder desde sus orígenes a los intereses de sus acreedores, así como por su falta de transparencia.

El beneplácito del empresariado (y especuladores) por impulsar el denominado “capitalismo verde” radica en aprovechar la oportunidad de captar los recursos destinados a acciones de adaptación y mitigación y, desde ahí, consolidar la promoción de sus propios intereses y negocios; de ahí el vínculo y apoyo de los gobiernos industrializados a sus empresas “verdes”, dígase desde la COP, para que sean ésas las principales beneficiadas y, un asunto vital, por tanto es garantizar la validez de la propiedad intelectual pero también de quién controla los fondos.

Se puede señalar por tanto que los actores que promueven el capitalismo verde no buscan un cambio real de paradigma, dígase el de asegurar la vida tal y como la conocemos, sino en primer lugar mantener el sistema de producción, circulación y consumo imperante con todas sus relaciones asimétricas de poder, al tiempo que se apuntala como mecanismo anticrisis, es decir, como un nicho más de acumulación de capital. En dicho entendido el documento de acción cooperativa de largo plazo promulga que la sociedad de bajo carbono “ofrece oportunidades sustanciales y asegura un alto crecimiento continuo y un desarrollo sustentable”. Olvida por supuesto el hecho de que el crecimiento económico inevitablemente transforma la naturaleza, generando con ello impactos negativos. Por eso el crecimiento económico sostenido no puede mantenerse al infinito en un planeta finito. Desarrollo sustentable no significa cero impacto ambiental, sino un impacto lo menos dañino posible en el corto, mediano y largo plazo.

Por lo dicho, la COP 16 ha sido todo un fracaso, dijera el presidente Evo Morales, para la vida, para el planeta, para la humanidad.

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Economía política de la seguridad interna en América Latina: transferencia de excedentes, "narco-insurgencia" y control social.

2010-12-12T18:59:00.004-08:00

Gian Carlo Delgado-Ramos y Silvina Romano.
Revista Espacio Crítico No. 13
Colombia, julio - diciembre de 2010. pp. 28 - 45
ISSN: 1794-8193
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1. Introducción

Al dar cuenta de los mecanismos de acumulación de capital, en particular de aquellos relacionados a la exportación de capital por parte de los países ricos o centrales y, en contra parte, de la transferencia de excedentes por parte de los países pobres o periféricos hacia los primeros (Marini, 1973), colocamos la cuestión económica-política como eje clave en la definición de la política interna y externa de Estados Unidos (EU), de ahí que consideremos que ésa sea la que modela, en buena medida, el rol y naturaleza de la proyección militar. Ello no quiere decir que lo económico-político controle todo. Los grupos de poder toman cuerpo en un conjunto de intereses diversos, incluyendo desde luego, el militar. Sin embargo, consideramos que el diseño de injerencia, presión o de estímulo a la desestabilización-estabilización de regiones estratégicas para EU, está escencialmente vinculado a lo económico pues no se interviene por razones discursivas de promoción de la paz y la democracia, ni tampoco se hace sin conocer claramente los intereses económico-político-estratégicos en juego. Por el contrario, lo primero que se hace, es identificarlos, para definir luego, en su caso, el uso y la modalidad de una estrategia diplo-militar. Punto en el que se gestan las contradicciones internas entre los múltiples grupos de poder, tanto en EU como en los países “anfitriones”. Lo antes indicado, explica por qué se observa históricamente una continuidad del proyecto de expansión territorial y aseguramiento de la hegemonia de EU tanto en administraciones republicanas como en demócratas en tanto que hay un consenso de intereses generales y una conflictividad potencial pero administrable entorno a los beneficiarios concretos.
Desde esta perspectiva, se analiza el rol de América Latina (AL) como espacio territorial estratégico para EU, no como traspatio, sino como reserva estratégica de recursos (Delgado, 2003, 2006 y 2010; Saxe-Fernández, 2009); como espacio receptor de inversiones que además premiten externalizar costos socioambientales; así como región exportadora de excedentes, sea por la vía del retorno de ganancias resultantes de la inversión extranjera directa (IED), el pago de regalías por el uso de derechos de patentes o el pago de intereses por concepto de empréstitos. Tal esquema expoliador y subordinante, sólo posible con el aval de los grupos de poder local en todo el periodo de existencia de los Estados latinoamericanos “independientes”, desgarra de modo creciente el tejido social. La aguda polarización de la riqueza, el despojo, privatización, desnacionalización y erosión de los bienes de la nación (incluyendo los propios bienes comunes que sostienen la vida misma, dígase la tierra o el agua de buena calidad), y en general la tendencia creciente de condenar a una gran parte de la población a la miseria o la muerte, genera todo un abanico de reacciones sociopolíticas que figuran como potenciales amenazas al fluido curso de “los negocios” de EU y sus socios locales que se benefician y procuran mantener su statu quo hipotecando el futuro de las naciones latinoamericanas.
Por lo anterior, se identifica una permanente criminalización de la pobreza y de represión de la protesta por la vía de asociar los movimientos sociales con figuras que “requieren” la intervención de la fuerza del Estado, situación que habilita la eventual injerencia de EU bajo el argumento de asegurar sus inversiones y otros intereses, como los de sus socios “menores”. Nos referimos al uso de figuras como el comunismo (en su momento), el terrorismo o la narco-insurgencia, que precisan de la acción del Estado. Así, mientras el Estado nación latinoamericano promueve políticas que favorecen principalmente los intereses de actores externos y sus socios locales, hoy por hoy mediante la promoción de políticas neoliberales y de acuerdos de libre comercio (el aparente “achicamiento” del Estado), al mismo tiempo se hace necesaria la actuación de la fuerza del Estado para generar un orden ante la agresión que tales políticas implican para con los pueblos (Saxe-Fernández, 1999). La variable del “orden interno”, ante el despojo y saqueo, es pues permanentemente necesaria y así se puede identificar en el discurso-acción actual de EU –tal como también lo fue durante la guerra fría.
Es en este contexto, que se observa e interpreta la modalidad actual de interferencia (Wood, 1985) de EU en AL, tanto en lo económico-político, como en lo relativo a la seguridad. Se analizan el Plan Colombia (PC) y la Iniciativa Mérida (IM) como casos paradigmáticos, pero no aislados, de la estrategia de política exterior de EU, que a los fines de garantizar su “seguridad nacional”, léase sus intereses socio-económicos y geopolíticos, promueve mecanismos ad hoc de “orden interno” en la región. De subrayarse es el papel del PC como plataforma para construir una base de influencia para el Cono Sur, y en México, por medio de la Alianza para la Seguridad de América del Norte (ASPAN) y la IM, como base de incidencia en América Central y el Caribe.
Lo arriba señalado, nos lleva a reflexionar sobre las implicaciones del retorno al discurso de la seguridad y estabilidad internas y la identificación del enemigo en el “terrorismo”, el crimen organizado y la “narco-insurgencia”, en tanto que “invita” a las Fuerzas Armadas (FFAA) locales, en alianza a EU, a que se ocupen de asuntos de “orden interno”, facilitando la militarización y paramilitarización, abriendo la puerta al negocio de las armas y de la privatización de la guerra, así como de las ya conocidas prácticas de terrorismo de Estado.

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Cancunazo por la vida y por el planeta: Evo Morales

2010-12-10T05:20:00.006-08:00

Gian Carlo Delgado Ramos
La Jornada de Oriente
10 de diciembre de 2010.
Puebla, México.

Es necesario un Cancunazo por la vida, por el planeta, por la humanidad y no un cantonal (o un Cancun-hagen) como lo intentan algunas potencias, aseveró Morales en su paso por la sede de la COP16. Es urgente tomar medidas que permitan bajar la temperatura, y es ahí donde hay muchas diferencias entre Bolivia y los organismos internacionales y países ricos como EU (que entre otras cuestiones ha rehusado acordar el aumento de transparencia en el financiamiento de largo plazo a través de un formato de informe común, ha retrasado el establecimiento de un Comité de Adaptación y ha dicho a las partes que sólo deberían “considerar” establecer el nuevo Mecanismo de Tecnología, lo que entorpece cualquier acuerdo común sobre transferencia tecnológica). A la par, Japón ha mantenido una postura inflexible al rechazar toda posibilidad de extender el compromiso de Kioto a un segundo periodo, algo que sería uno de los peores escenarios de cierre de la reunión de las partes.

Para Morales es claro que el capitalismo no es la salida, no es ninguna esperanza para los pueblos del mundo, ni siquiera para el propio capitalismo. Es por ello que para el mandatario es urgente hacer una alianza entre gobiernos y organismos, por un lado, y del otro los pueblos organizados del mundo: “si somos gobiernos democráticos no hay que tener miedo a los pueblos. Si el gobierno se maneja con transparencia es posible entenderse con el pueblo.”

En lo concreto debe traducirse en una alianza para un segundo periodo del acuerdo de Kioto. Una alianza para garantizar la sobrevivencia de los pueblos. Ello, agregó, aún más cuando muchos de los representantes de los gobiernos y los organismos internacionales no están viviendo las afectaciones directas del cambio climático, situación que obliga a redoblar el compromiso que se tiene con los pueblos.

Las propuestas de Cochabamba pueden o no ser recogidas, señaló, pero ciertamente los derechos de la madre Tierra ya están presentes en el debate mundial. Se trata del derecho existir sin contaminación, de regenerar su biocapacidad. Y es que “no podemos vivir sin la madre Tierra, aunque el planeta sí puede vivir sin nosotros.” Pensar en la mercantilización de la naturaleza, agregó, es pensar en la sobrevivencia del capitalismo, no en la de los pueblos, no en la de la madre Tierra.

Nos podrán acusar de que el presidente Evo Morales es radical; nos podrán excluir o relegar –como lo indican los documentos de WikiLeaks–, pero no nos podrán alejar de los pueblos, subrayó Morales.

También expresó su preocupación por algunos efectos causados ya por el cambio de clima, como lo es la aparición de peces muertos en los cauces de la Amazonía boliviana o los problemas que enfrenta la agricultura, en particular la quinua que ya está en su tercera siembra anual debido al mal tiempo. Otra problemática conocida es la pérdida de los glaciares en la zona andina, que son fuente de abastecimiento de agua de muchas poblaciones. El problema es doble puesto que el deshielo además genera deslaves que pueden culminar en desastres humanos.

En el fondo, señaló Morales, estamos ante una crisis del capitalismo y los pueblos del mundo seguramente serán los que tendrán que remediar el problema. Estoy por tanto pensando en proponer un neo–socialismo del siglo XXI, y precisó: “Evo no es ninguna solución. Sólo vamos a encontrar una solución discutiendo juntos... con mucha transparencia y mucha horizontalidad”.

Para Morales el actual panorama obliga a decir ya no “patria o muerte”, sino “planeta o muerte”. “O muere el capitalismo o muere la madre Tierra”, aseveró con firmeza.

La promoción de mercados de bonos de carbono y demás mecanismos similares de mercado como los REDD+ o el Fondo Verde, es engañar a los pueblos, razón por la que el presidente declaró que no comparte la “posición intermedia” de las Naciones Unidas o de la presidente de la COP16. Los gobiernos deberían abandonar su soberbia y prepotencia, señaló. Igualmente, debemos abandonar el lujo y el derroche pues si esto continua, dijo Morales, seguiremos siendo los pobres los que pagaremos el derroche de algunos.

WikiLeaks

Al preguntarle sobre las filtraciones de documentos por WikiLeaks, Morales precisó: “nos damos cuenta de cómo es el espionaje de EU, antes y después de Obama... no me remuerde la conciencia haber puesto freno a las presiones y a los amedrentamientos de parte de EU”. Señaló que en el momento en que se expulsó a la embajada de EU dejó de haber conspiración contra la democracia en Bolivia. “Lo acepte o no EU, estamos ya 3 a 1. Con el golpe de estado en Honduras nos ganó, pero ha perdido en Venezuela, Bolivia y también en Ecuador.”

Por la tarde, el mandatario se reunió con los diversos movimientos sociales que se autodenominaron “los miles de Cancún”, y quienes denunciaron la indiferencia de los gobiernos quienes se limitan a discutir sobre el negocio especulativo, la economía verde y la privatización de los bienes comunes.

Morales propuso la necesidad de conformar una nueva entidad de financiamiento para los países pobres con una parte de sus reservas internacionales, un Banco del Sur que apoye los proyectos de los pueblos que haga contrapeso y debilite al Banco Mundial.

Finalmente, expuso un nuevo desafío: “hagamos juntos una nueva tesis por la vida, por las generaciones actuales y futuras.” No es posible que el capitalismo siga trayendo múltiples crisis, la económica, la alimentaria, la climática... Se necesita un nuevo socialismo de complementariedad y no de competitividad, agregó.

“Siento que no estoy solo, ustedes tampoco están solos. Los convoco a la unidad, respetando nuestras diferencias. Si somos egoístas e individualistas seguramente nos debilitaremos”.
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Publicado en versión extensa en ALAINET

Compensación de emisiones netas limitadas y el Yasuní–ITT, propuesta de Ecuador en la COP16

2010-12-09T05:32:00.008-08:00

GIAN CARLO DELGADO RAMOS
La Jornada de Oriente.
Opinión.
Puebla, México. 9 de diciembre de 2010

Ante el problema del cambio climático se requiere un giro de perspectiva en términos de responsables y derechos de emisión. Para ello, Ecuador propone hacerlo desde el concepto de compensaciones de emisiones netas limitadas (o evitadas).

El presidente Correa consideró que el mecanismo REDD+ es un avance, pero que aún le falta aterrizar y corregir muchas cosas. Es un mecanismo que aún funciona dando “palos de ciego”. No es la panacea, “es tan sólo un remedio”. Y es que una de las cuestiones que Ecuador está señalando como problema clave de los proyectos REDD+ es que deben de contar con mecanismos de transferencia y gestión de recursos soberanos. Para ello es necesario entonces que los fondos no pasen por los organismos financieros que subordinan y condicionan bajo su lógica los proyectos. “La idea es hacer acciones comunes mediante el uso del mercado, lo que no es lo mismo que resolver el problema mediante mecanismos de mercado” y que responden a otra lógica de negocio cortoplacista y relaciones de poder. Por lo pronto, Ecuador impulsa su programa “Socio Bosque”, que busca proteger los bosques y sus valores ecológicos, económicos y culturales al tiempo que se reduce la tasa de deforestación y sus emisiones de gases de efecto invernadero asociadas. El programa consiste en la transferencia monetaria por hectárea conservada a los propietarios de las tierras, sean personas físicas, comunas, pueblos o naciones indígenas o asociaciones, cooperativas y organizaciones comunitarias. El ingreso es voluntario, y hasta ahora ha logrado incluir 539 mil hectáreas de bosque nativo y páramos. A agosto de 2010 integraba 15 mil familias o 59 mil beneficiarios y cuenta con una inversión comprometida de unos 3 millones de dólares en incentivos.

Ante la pregunta de que si el ALBA está boicoteando la COP16, Correa afirmó que lo que se está haciendo es buscar a un culpable y no a los responsables que son en realidad los países con las mayores emisiones de gases de efecto invernadero (como se demuestra en los documentos filtrados por WikiLeaks que precisan la labor de EUA para romper las negociaciones en Copenhagen). En realidad no se entiende por qué tal señalamiento, precisó, pues incluso en el ALBA, si bien hay similitudes y afinidades políticas y de otra índole, en el tema del cambio climático no hay una posición concensuada. Mientras Bolivia por ejemplo, aboga por los derechos de la Madre Tierra, Ecuador está enarbolando el pago de la deuda ecológica, reclamando la mencionada compensación de emisiones netas limitadas, promoviendo el proyecto Yasuní ITT, entre otras acciones.

El Yasuní–ITT consiste en mantener inexploradas las reservas de petróleo pesado ubicadas en el campo ITT (Ishpingo, Tiputini y Tamcococha) en el Parque Nacional Yasuní. A cambio el gobierno propone una retribución de al menos 3 mil 600 millones de dólares, equivalentes a 50 por ciento de los recursos que Ecuador recibiría si optara por explotar dichas reservas. De llevarse a cabo se podría evitar la emisión de 407 millones de toneladas de CO2, la preservación de la biodiversidad local y de la diversidad cultural de los pueblos en aislamiento voluntario que viven en la zona, así como la reforestación de un millón de hectáreas. El proyecto tiene el compromiso de atar los fondos a acciones de adaptación y mitigación a modo de no caer en acciones que de fondo son impulsadas por el negocio. De ese modo, se busca, la conservación de 44 áreas protegidas, la reforestación y forestación, la implementación de programas de desarrollo social en zonas de influencia del la iniciativa Yasuní–ITT, el aumento de la eficiencia energética nacional y el desarrollo de ciencia y tecnología sobre energías alternativas.

El proyecto a la fecha tan sólo ha recabado poco más de dos millones de dólares. Los contribuyentes incluyen al propio pueblo ecuatoriano y algunos aportes de países como España y Reino Unido. Existen también intenciones de contribuir por parte de la región baja de Bélgica (Valonia) y de algunos gobiernos regionales de Italia. Ecuador espera poder llegar a los primeros 100 mdd en junio de 2011.

Correa advirtió que si los países actúan desde la lógica de sus propios intereses individuales, no llegaremos a ningún lado. Tenemos que actuar y comprometernos de manera colectiva, agregó. Ecuador se sacrificará en términos económicos al limitarse en explotar sus recursos petroleros para aportar en la lucha al cambio climático pero, “no seremos unos tontos, exigimos corresponsabilidad, sobre todo de parte de los países que más emiten gases de efecto invernadero”. No comprometeremos los recursos para llevar educación, salud y desarrollo al pueblo ecuatoriano, remarcó.

El presidente concluyó con la observación de la necesidad de extender un segundo periodo de compromiso (de Kyoto) de tal suerte que se alcance un acuerdo vinculante que incluya metas claras, así como un tribunal e infracciones precisas. Señaló que el problema del cambio climático y, en general, las principales afectaciones socioeconómicas, ambientales y de derechos humanos, entre otras, son producto en el fondo de relaciones asimétricas de poder.

“El cambio vendrá de los pueblos”, advirtió Correa. En América Latina y otras latitudes donde la actual crisis económica está agudizando la situación socioeconómica y el futuro de los pueblos, “se necesita cambiar la relación de poder interna. Es el camino más claro y más directo. Y es que de lo que se trata es de un cambio a favor de los pueblos y no del capital”, añadió.

Por otro lado, ante la pregunta de la participación de EUA en el golpe de estado del pasado 30 de septiembre, Correa respondió que considera que Obama, la secretaria de Estado, Hillary Clinton y su gobierno no estuvieron directamente involucrados “pero sí grupos de extrema derecha, think tanks y agencias de ese país que operan con inercia y agenda propia”. Como resultado de la experiencia, hoy día, Ecuador está prestando más atención al tema de seguridad e inteligencia. Correa afirmó que los ecuatorianos son gente buena y por eso su gobierno no había puesto la suficiente atención al tema, pero ciertamente esto ya no es el caso y no volverá a suceder.
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Publicado también en ALAINET

Presentación de libro sobre impacto ecológico de la minería

2010-12-01T12:12:00.005-08:00

Comunicación Social, UAZ.
Zacatecas, Zac., 30 de noviembre de 2010.

Durante la presentación de libro “Ecología Política de la Minería en América Latina”, edición del CEIICH-UNAM, el Secretario General de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Armando Silva Cháirez, se refirió al deterioro que la minería trae a corto plazo y que se traduce en efectos ambientales, económicos y sociales.
En el acto, realizado en el Patio Central de Rectoría, estuvieron presentes los maestros Arturo Burnes Ortiz, docente-investigador de la Unidad Académica de Economía de la Máxima Casa de Estudios del Estado; Gian Carlo Delgado Ramos, coordinador de la obra e integrante del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, así como Letizia Silva, también del Posgrado de Geografía de la Universidad Nacional.
En su intervención, el Secretario General advirtió que el impacto que dejan las empresas tras haber agotado las vetas de minerales no es sólo económico y social, sino también ambiental, y que en gran medida únicamente las grandes transnacionales ven beneficios monetarios.
Asimismo, al reconocer la importancia del trabajo de investigación, Silva invitó al público a acercarse a la lectura de “Ecología Política de la Minería en América Latina” que, sin duda, “formará una conciencia sobre la explotación de este recurso”.

Por su parte, Delgado Ramos señaló que los 22 autores que escriben el libro son multidisciplinarios, ya que analizan el tema de la minería de los países de América Latina con un enfoque desde lo legal, lo ecológico y lo político. Tal es el caso de Argentina, país sobre el que abordan “El agua vale más que el oro”, trabajo en el que plantean que recurso hidrológico es explotado de manera exponencial, debido a la cantidad de agua que se usa en los proceso de producción de mineral.
Al hablar sobre el tema escrito por el investigador zacatecano Arturo Burnes Ortiz, señaló que discute la cuestión de casos concretos, como el “de la minería y el desarrollo regional del Estado de Zacatecas”. En esta investigación –prosiguió-- el economista habla sobre la posibilidad de que la minería no sea sólo en beneficio de quienes explotan los recursos minerales, sino que mediante políticas públicas las tierra que abandonan esas empresas puedan ser rentables en beneficio de la población que habita en esos lugares.

Por último, Gian Carlo Delgado Ramos, señaló que la reunión que sostuvieron los alcaldes zacatecanos para formar un frente común contra las empresas mineras a las que exigirán dejen un mayor impuesto en los municipios en los que tengan intereses, no basta para tener una política de desarrollo sustentable. Sólo es un paliativo –afirmó-- que aliviaría algunas carencias durante un tiempo, pero a largo plazo será perjudicial, ya que se invertirá más en sanear los daños ecológicos, sociales y culturales provocados por la sobreexplotación de minerales.
Por su parte, la arquitecta Letizia Silva trató el caso de la Minera “San Javier”, en el municipio de San Pedro del Estado de San Luis Potosí, en el que expone de manera puntual los abusos y omisiones que hace la empresa al querer iniciar los trabajos en ese lugar sin cumplir con los requisitos impuestos por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).
La egresada de la UNAM comentó los vicios y prebendas de que se hace valer la empresa y de cómo va envolviendo a los pobladores que en un primer momento se oponen a que les compren sus tierras, para después estar plenamente convencidos de abandonar el lugar donde nacieron.
La obra, que pertenece a la colección “El Mundo Actual”, es una coedición de la UNAM y en la misma participaron distinguidos investigadores en diversas disciplinas: desde los que estudian la explotación minera, hasta abogados, politólogos, e incluso arquitectos, dándole un valor agregado a este trabajo académico.
Cabe destacar que “Ecología Política de la Minería en América Latina” hace un análisis crítico, multidisciplinario de una temática significativa para México y particularmente para Zacatecas, ya es una región que gira alrededor del sector minero, con una importancia no solo histórica, sino además es ambiental, económica, social e, incluso, cultural.
****La noticia ha sido aquí corregida****

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Impulsa NANOMEX’10 la discusión y el diálogo sobre nanociencia y nanotecnología

2010-12-01T12:08:00.001-08:00

En su tercera edición, el encuentro internacional sumó 40 presentaciones orales y 68 en cartel, además de siete conferencias plenarias de expertos de Noruega, Portugal, Estados Unidos, Brasil y México
Para discutir investigaciones de frontera en nanociencia y nanotecnología, desde la visión de las ciencias exactas, naturales y sociales, especialistas de cinco países se reunieron en Cuernavaca, en la tercera edición del Encuentro Internacional e Interdisciplinario en Nanociencia y Nanotecnología NanoMex’10, organizado por la UNAM.
Convocado por los centros de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH), de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico (CCADET) y de Nanociencia y Nanotecnología (CNyN) de esta casa de estudios, el evento sumó 40 presentaciones orales y 68 en cartel, además de siete conferencias plenarias de expertos de Noruega, Portugal, Estados Unidos, Brasil y México.
El encuentro tuvo dos objetivos centrales: propiciar el diálogo y la discusión entre físicos, sociólogos, biólogos, economistas, ecólogos, químicos y abogados que laboran en la academia y en la industria, además de compartir conocimientos básicos con el público interesado, afirmó Gian Carlo Delgado Ramos, doctor en economía ecológica y gestión ambiental, investigador del CEIICH y co-organizador de NanoMex’10.

El mundo de lo pequeño

Para abordar los distintos aspectos de esta nueva disciplina, las mesas de trabajo en este encuentro se dividieron en nueve temáticas, que asociaron a la nanociencia y la nanotecnología con la biología y medicina; energía y medio ambiente; materiales nanoestructurados.
Asimismo, agricultura, ganadería y alimentación; eco-toxicidad, regulación y estandarización de sistemas nanoestructurados; nanotecnología e industria; aspectos éticos, sociales y legales; educación de la nanociencia y la nanotecnología; y nanotecnología y medios de comunicación.
Al interior de la UNAM, detalló Delgado Ramos, los trabajos de investigación incluyen el desarrollo de nanomateriales ultrarresistentes y recubrimientos; procesos de catálisis para remediar agua, suelos y aire; energía fotovoltaica, diseño de instrumental básico e investigación sobre los aspectos éticos, sociales y ambientales (área que el investigador realiza en el CEIICH).
Con los tres encuentros de NanoMex –en Universum, Museo de las Ciencias, en 2008; en el campus Ensenada, 2009, y en Cuernavaca, 2010– se han logrado enlaces entre investigadores mexicanos y extranjeros, así como entre académicos e industriales.
En esta tercera edición, añadió el economista, hubo una reunión especial a puerta cerrada para tratar aspectos relacionados con la certificación, regulación y comercialización de nanoaplicaciones.

Cursos, talleres y revista

Como es poco lo que la sociedad conoce de la nanociencia y la nanotecnología, de sus posibilidades para resolver problemas del campo o de la salud, y de sus potenciales implicaciones éticas, ambientales y legales, NanoMex’10 amplió la discusión científica a la divulgación.
Para contribuir al diálogo entre expertos y público en general, y avanzar en una polarización inicial del tema, como sucede con los organismos genéticamente modificados (transgénicos), el evento incluyó un curso especializado y un taller introductorio, indicó Delgado Ramos.
Además, el grupo nano-UNAM lanzó hace dos años la revista Mundo Nano, que aborda diversas cuestiones científicas, éticas, sociales, legales y ambientales sobre ese tema.
La publicación, que ha sido bien recibida entre la comunidad internacional, pretende estimular la publicación de trabajos especializados dictaminados, textos de divulgación y de periodismo científico.
Mundo Nano se edita semestralmente desde el CEIICH, en papel y en versión electrónica (www.mundonano.unam.mx), y busca colocarse como uno de los medios de referencia en América Latina e Iberoamérica, señaló Delgado, co-editor por parte del CEIICH, junto con Noboru Takeuchi, co-editor por parte del CNyN, con sede en el campus Ensenada de la UNAM.

Fuente:dgcs

http://www.unam.mx/

La Pax Americana en el siglo XXI: política, seguridad e ingerencia imperial en México y América Latina.

2010-11-25T15:01:00.008-08:00

por Silvina María Romano y GIan Carlo Delgado
Razón y Revolución. No. 20.
Buenos Aires, Argentina.
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Razón y Revolución

Artículo Romano-Delgado

Honduras ... Ecuador ... una llamada para América Latina

2010-11-03T15:09:00.007-07:00

Gian Carlo Delgado Ramos - Silvina María Romano
Realidad Económica. No. 254.
Buenos Aires, Argentina. 2010.

América Latina (AL) es un espacio territorial estratégico para Estados Unidos, como reserva de recursos, como espacio receptor de inversiones, así como región exportadora de excedentes (i.e. retorno de ganancias, pago de regalías o de intereses por concepto de empréstitos). Es parte de un esquema expoliador y subordinante, sólo posible con el aval de los grupos de poder local, y que desgarra crecientemente el tejido social. La polarización de la riqueza, el despojo, privatización, desnacionalización y erosión de los bienes de las naciones (que son de los pueblos), y en general la tendencia creciente de condenar a una gran parte de la población a la miseria o la muerte, genera un abanico de reacciones sociopolíticas que figuran como potenciales amenazas al fluido curso de “los negocios” de EUA y sus “socios” locales.
Es este escenario el que posibilita estrategias de desestabilización como la ocurrida en Ecuador, que aparenta ser una “sublevación” espontánea de las fuerzas de seguridad debido a un supuesto recorte en los salarios y beneficios del sector. La agresión al presidente y funcionarios de gobierno altamente coordinada, la confusión y relativa desinformación sobre los hechos y el caos generado dejan entrever la presencia de causas de fondo que van más allá de un mero reclamo de salario y que develan el poder en acción de los grupos que representan intereses que se encuentran amenazados por el gobierno de Correa. No es casual que el hecho se suscite principalmente en y desde Guayaquil, la región dura de la oligarquía ecuatoriana. La promoción del caos y la confusión generalizada, la represión de parte de la policía contra la gente en las calles reclamando la “liberación del presidente”, se presta para generar una imagen de debilidad institucional como antesala indispensable para estimular una eventual política de control por medio de la represión y el miedo. Lo que se intenta es desarticular las fuerzas sociales, esto es, que no estén en las calles defendiendo la legitimidad del gobierno electo.

Publicado también por Boletin Alternativas

Minería y sociedad, un debate ejemplar

2010-10-26T15:34:00.001-07:00

Sergio Carpenter* - Especial IADE / Realidad Económica
Argentina, octubre de 2010.
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Esa cordillera esplendorosa, esa fecunda roca vertical andina está en el centro del debate público. Es que enormes inversiones privadas extranjeras han puesto el ojo allí con un decidido interés por arrancar sus frutos y llevarlos al mercado. La contrapartida es una creciente expresión ciudadana que parecerá decirle no a la minería o más bien no a cierta mega minería. La reciente sanción de la ley de Glaciares parece ir en la misma dirección. Otra muestra del interés público por el tema lo constituye la organización del Foro Minería y Sociedad organizado por la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), que comenzó a realizar actividades durante este año y cuyo nudo central tuvo lugar entre el 14 y el 15 de octubre último(1). Esa universidad aceptó los dineros distribuidos por YMAD derivados de la obtención de ganancias por la explotación aurífera de La Alumbrera en Catamarca, pero condicionados a que los fondos fueran utilizados con exclusividad al fomento del debate minero. Y así lo hicieron.

“Valiente” es el primer adjetivo que le cabe al Rector de la UNSJ Benjamín Kuchen y a la Comisión Organizadora del Foro(2), que sufrieron el ninguneo de los medios de comunicación y la orquestación de diversas campañas en contra de su realización. Pero a pesar de ello se aseguró el éxito organizativo de la actividad que contó con la presencia de profesionales e intelectuales de renombre nacional e internacional. Se coloca así a la universidad pública en un rol fundamental, ser una caja de resonancia de las distintas visiones y disciplinas que intervienen en una temática con alto voltaje público. En San Juan, la universidad es un ejemplo a emular por sus pares nacionales.

La Minería a Cielo Abierto es un fenómeno relativamente reciente, que se abre camino esencialmente desde la década de los 70. El avance tecnológico posibilitó la explotación de minerales presentes en bajas concentraciones. La minería del oro lo hace utilizando cianuro, agua y energía en forma intensiva, además de enormes cantidades de explosivos. En América latina, existe una oleada de inversiones mineras que focalizan el objetivo en los metales y también en minerales necesarios en las industrias tecnológicas, de telecomunicaciones.

La expansión de las inversiones en la Argentina necesitó de importantes cambios en su legislación. Esto lo hizo posible el gobierno de Carlos Menem, que modificó el código minero e impulsó la ley de inversiones mineras. Si se compara dicha legislación con la impulsada en 1973, resalta el sesgo privatizador propuesto para la actividad en los noventa. En la Argentina, además, se aprobó el Tratado Minero Argentino Chileno firmado por los presidentes Menem y Frei en 1997, entelequia jurídica de carácter único en el mundo. Julián Alcayaga(3) remarca las características de dicho acuerdo: “crea una región de más de cuatro mil kilómetros de largo por 200 de ancho, en donde ni argentinos ni chilenos tienen jurisdicción. Es el reinado de las corporaciones mineras internacionales con intereses en nuestra cordillera, es el país virtual”. Denuncia, además, el reconocimiento que efectuó el principal abogado de la minera Barrick Gold -omni presente en el San Juan de hoy- en una comida en donde asistió en calidad de asesor del ex senador chileno Jorge Lavandero: “nosotros hicimos el Tratado”. El boom de proyectos mineros que hay en la Argentina fue precedido por la compra de numerosas minas a bajo precio, con anterioridad a la firma del Tratado. Es inmediato deducir uso de información privilegiada. Sin embargo, Alcayaga enfatiza que el principal objetivo del tratado minero no se está cumpliendo, puesto que en un dictamen del Tribunal Constitucional de Chile se prohíbe expresamente la servidumbre hacia el Pacífico de minerales con origen en Argentina.

El peruano Rodrigo Ruiz Rubio dejó atónitos a muchos de los presentes al mostrar un video de un discurso de Alan García abogando por la concesión de tierras a las empresas mineras y petroleras. Y más aún cuando desplegó los mapas que identifican las zonas efectivamente privatizadas del Perú: 49 millones de hectáreas. Increíble pero cierto. El mexicano Gian Carlo Delgado Ramos explicó el porqué de tanta avidez, desde una perspectiva latinoamericana. Lo que está en juego es la transgresión de los límites biofísicos, de la mano de un modelo extractivista de enclave, donde el “negocio” no se queda en nuestras tierras sino en las economías desarrolladas. El contexto es un patrón de acumulación de capital que exige que los ciclos de consumo sean cada vez más rápidos, y por ende exigen más y más minerales.

El desarrollo fue tema también de debate. Nicolás Gutman identificó tres modelos mineros: el australiano, el brasileño o chino; y el del Perú o de la Argentina. El primero, con cánones impositivos elevados e identificación de los destinos de dichos fondos; el segundo, con fuertes empresas mineras nacionales; y el tercero, con empresas extranjeras y bajo o nulo pago de impuestos. En este último caso, prácticamente no hay control estatal. En la Argentina, el pago de impuestos y las mal llamadas “regalías” (a las provincias) es sumamente bajo, existiendo frondosos mecanismos de excepciones y ventajas a los inversores mineros que no tiene parangón respecto de cualquier otra actividad. El Ing. Héctor Cevinelli(4) presentó un detalle de las mismas, recalcando que “las leyes de inversiones mineras son benévolas para los capitales externos” y que ello debería modificarse “no para que no haya minería sino para que quede una renta justa para la Argentina”. Por lo demás, varios expositores hicieron mención a dos hechos característicos e insólitos: los impuestos se pagan sobre la base de la producción que resulta denunciada por medio de una declaración jurada de las compañías mineras. La segunda cuestión refiere al levantamiento de la obligación de liquidar las divisas en el país. Gutman agrega que ello, combinado con que los bienes de capital son importados, da como resultado que el nivel de exportaciones resulta irrelevante, es un valor que prácticamente no aporta al país más que el pago de salarios a los trabajadores argentinos. “Esto es lo más parecido a Potosí”.

Pero no todo fue crítica. Para Hugo Nielson(5) el negocio minero representa una oportunidad para la Argentina. El argumento está basado sobre que es una actividad que genera “desarrollo” y que el mundo observa un aumento fenomenal en el precio de los metales que el país debe aprovechar ya, atento a la incertidumbre en el precio de los mismos. La actividad generaría hoy unos 300.000 puestos de trabajo, esto contando el empleo indirecto. Marcelo Giraud(6) me hace unas preguntas al respecto: ¿cómo se realizó dicho cálculo? Si Chile, que produce 8 veces más, declara unos 165.000 trabajadores, algo no cierra. A Gutman también le llama la atención esa cifra y otras por el estilo publicadas recientemente en una solicitada de las cámaras empresariales mineras “si se contabiliza hasta el catering de empanadas que suben a la mina, las cifras puede ser cualquier cosa”.

“La minería trata de dinero y de poder” soltó al auditorio Robert Moran, Geoquímico e Hidrogeólogo estadounidense de reconocimiento mundial, en una de las más destacadas intervenciones en el Foro. Una ciudadanía informada y conciente de las consecuencias mineras puede limitar ese poder. Hizo un recorrido fotográfico de su experiencia en cientos de establecimientos mineros. El corolario de su muestra denuncia a las claras las dificultades ambientales que tiene la minería. Javier Rodríguez Pardo le preguntó sobre las consecuencias del cianuro, a propósito de un intercambio de opiniones con el Ing. Bellini(7), quién se quejó de que el primero sacó de contexto una afirmación suya respecto de la imposibilidad de tratamiento residual del cianuro, aunque con un argumento difuso. Moran confirmó que a pesar de que es posible controlar sus efectos inmediatos, sus consecuencias son eternas.

Otro aspecto medular a las explotaciones megamineras se vincula con el problema del agua. En otra destacada exposición, el experto Pedro Arrojo(8), sostuvo que “en materia de aguas, es preciso distinguir distintas categorías éticas en los diversos usos y funciones del agua, estableciendo los pertinentes criterios de gestión desde la prioridad de garantizar el derecho humano al agua potable y la sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos, como agua-vida, por encima del agua-economía para usos productivos legítimos”. También arguye que “la ciencia económica viene insistiendo en la necesidad de integrar los impactos y riesgos ambientales y sociales en los balances de racionalidad y rentabilidad económica. No hacerlo es beneficioso para las empresas implicadas, pero sobre la base de cargar esos costes sobre el erario público, sobre las poblaciones y especialmente sobre los sectores sociales más débiles y vulnerables”. También dejó traslucir cierto optimismo al decir que “la finitud del planeta se impondrá sobre los delirios productivistas”.

Otras exposiciones, como la del abogado Enrique Viale, con solvencia en el derecho ambiental, y la de Javier Rodríguez Pardo, de reconocida militancia ambientalista, contribuyeron a enriquecer el abanico de voces que hay que escuchar en la temática. La peruana Ana Isla, investigadora de la Brock University de Canadá, mencionó que ese país es la casa matriz de las compañías mineras y petroleras más importantes. Puntualiza que existe una ausencia de un sistema global regulador de la actividad que haga que las compañías se responsabilicen por sus operaciones, sobre todo en países con gobiernos débiles. Lamentablemente, Canadá tampoco tiene el deseo de regular dichas operaciones, que se caracterizan, entonces, por un clima de “impunidad efectiva”.

La sensación que nos queda finalmente, es que la temática minera supera ampliamente la dicotomía si/no a la minería. Hoy, el modelo minero de la Argentina parece sesgado hacia los intereses de las grandes corporaciones mineras, cuyo poder en muchos casos va por encima de los poderes republicanos. En el mismísimo Foro se comentó el “basureo” sufrido por un Juez de la provincia de San Juan en su intento de ingresar al territorio de la mina Veladero. Pudimos escuchar las peripecias de los abogados de la Fundación de Ciudadanos Independientes en su intento de años y años por conseguir información sobre dicha mina, aun infructuosos; o a los agricultores y viñateros planteando la incertidumbre sobre su actividad. Delgado Ramos mencionó una ola de asesinatos de autoridades políticas y militantes sociales en México, opositores al poder de las empresas mineras. En Realidad Económica N° 247 , dos jóvenes investigadores argentinos muestran la matriz minera en el golpe de estado que destituyó al presidente de Honduras, quién tenía la decisión de aumentar el canon minero. Algo parecido le ocurrió recientemente a Kevin Rudd, ex Primer Ministro de Australia, a quién su férrea intención de cobrar mayores impuestos a la actividad le costó su elevado cargo político. En fin, un sin número de ejemplos que no hacen más que inspirar un enorme desafío: determinar un rediseño de la actividad para hacerla consecuente con los intereses nacionales y particularmente con los intereses ciudadanos. La riqueza minera debería ayudar al desarrollo del país, meritando los impactos económicos, sociales y ambientales que trae aparejada la actividad. Si el saldo de esos impactos es negativo, mejor será que quede “dormida” bajo nuestros pies esperando un mundo que ya no la necesite, un mundo menos consumista, más altruista.

Notas
1 Ver http://www.mineriaysociedad.unsj.edu.ar/
2 Dicha comisión verificó varias “bajas” de integrantes. Ver http://www.mineriaysociedad.unsj.edu.ar/integrantes.php
3 Presidente de la Comisión en Defensa y Recuperación del Cobre (Chile).
4 Profesor de la UNSJ.
5 UNSAM, Secretario General de OLAMI Internacional y OLAMI Argentina.
6 Geógrafo. Disertante junto a César Gioja en la primer actividad del Foro (8/6/10). Sus puntos de vista pueden ser consultados en Realidad Económica Nº 248.
7 Vicedecano de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ.
8 Universidad de Zaragoza. Desde el 2009, dirige la Exposición “Agua, Ríos y Pueblos”. Miembro del Consejo del Agua de la Cuenca del EBRO y del Comité MAB - UNESCO.

FORO DE “MINERIA Y SOCIEDAD” EN SAN JUAN, DERROTA SIN ATENUANTES DE LA MEGAMINERIA

2010-10-18T16:39:00.002-07:00

RENACE INFORMA
RED NACIONAL DE ACCION ECOLOGISTA de la Argentina
18 octubre 2010

EL FORO DE MINERIA Y SOCIEDAD REALIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE SAN JUAN EL 14 Y 15 DE OCTUBRE EN INSTALACIONES DEL RECTORADO, TERMINÓ SIENDO UN TRIUNFO TRASCENDENTE DEL PUEBLO CUYANO EN EL CORAZÓN DE UNA PROVINCIA QUE ES ENCLAVE DEL CORPORATIVISMO MINERO, FEUDO IDEOLOGICO DEL LATROCINIO EXTRACTIVO.

Trasnacionales y gobierno eludieron el debate en tanto docentes y autoridades de la Facultad de Ingeniería Minera “prohibieron” que sus alumnos participen del encuentro. La Ley de Glaciares aprobada por el Congreso Nacional días antes, la instalación en el país del tema minero y su relación con la universidad, el avance de la ciudadanía sanjuanina exigiendo información y debate hicieron visible la herida abierta en gobernantes y secuaces de las corporaciones mineras.
Los organizadores del foro Minería y Sociedad y las autoridades de la Universidad Nacional de San Juan padecieron el acoso del lobby minero desde el momento en que esa casa de estudios decidió usar los fondos que Mina Alumbrera reparte a través del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), para llevar a cabo el debate sobre una política extractiva que viene siendo cuestionada en gran parte del mundo y que en Latinoamérica ofrece feroz resistencia por los índices de contaminación y la metodología usada sobre territorios que devasta. Al mismo tiempo, algunos asambleístas y auto convocados decidieron participar del foro -que inicialmente aparecía tendencioso para ambas partes en puja, pero rechazando la asistencia económica de dineros provistos por la misma minería que se cuestiona. En ese marco hubo dos días de deliberaciones y exposiciones con paneles, conferencias y mesas de trabajo. El sector minero centró su exposición en “Mitos y verdades sobre la actividad minera, residuos y diques de colas “controlados”, apelando a irracionales sentencias sobre la “inocuidad” del cianuro y a criterios indulgentes para evaluar la sustentabilidad minera”.
En el otro campo, el comienzo de las disertaciones era auspicioso: hubo dos que merecieron la atención y el reconocimiento del auditorio, la del mejicano Gian Carlo Delgado Ramos sobre una “América Latina, reserva estratégica minera de cara al consumo mundial y sus implicaciones socio ambientales” y la visión económica neoliberal, “recursos para el desarrollo”, de Nicolás Gutman. Siguieron luego exposiciones de conferencistas de distintas latitudes que aportaron las realidades del lugar. Fue el caso de Rodrigo Ruiz Rubio sobre la cuestión minera en el Perú, la Dra. Ana Isla que se refirió a la globalización de la minería canadiense, en tanto el “Tratado binacional argentino chileno” fue expuesto por el economista trasandino Julián Alcayaga.
El renombrado hidrogeólogo y geoquímico norteamericano Robert Moran, fue contundente en su ponencia sobre los impactos frecuentes de la minería metalífera relacionados con el agua. En un paneo fotográfico expuso muchísimos casos alrededor del mundo, de impacto ambiental irreversible y produjo definiciones concluyentes con preguntas posteriores acerca de qué ejemplos se pueden contabilizar donde la mega minería metalífera no haya producido trastornos ambientales. Gran parte del auditorio minero se había retirado del salón, imposibilitado para afrontar un debate con final anunciado.
Hubo ponencias que reflejaron el raquitismo intelectual, falacias expuestas en la mesa dedicada a “reflexiones sobre el papel que desempeña el periodismo” en la provincia de San Juan, en el marco del poder transnacional minero, conceptos que resultaron irrespetuosos e indignantes para una población que vive una de las censuras más agobiantes, sin libertad de expresión y sin poder ejercer los derechos constitucionales de plebiscitos o consultas populares, al mismo tiempo perseguida y judicializada.
En opinión del auditorio presente, el panel de “Minería y derechos ambientales” tuvo la trascendencia buscada y fue el que produjo un efecto inesperado. El principal medio de difusión, Diario de Cuyo, le dedicó dos páginas centrales y parte de la tapa, destacando la alocución, en título a tres columnas de “Rodríguez Pardo: La cordillera es de las transnacionales”, en el marco de su disertación, “Contaminación, diáspora y saqueo”.
El mismo matutino recogió la denuncia de Enrique Viale, de la Asociación de abogados ambientalistas, acerca de “las acciones mineras en poder del Secretario de Minería de la Nación Jorge Mayoral, de una firma que tiene como dirección legal la misma que la Barrick Gold.” Además de Rodrigo Rubio Ruiz, universitario peruano, el otro disertante de esa mesa minera fue Lino Pizzolón, de la Universidad Nacional de La Patagonia; el limnólogo chubutense, hizo énfasis en la contaminación de los diques de colas de la mega minería y a “la enorme ideología montada por las transnacionales del sector para justificar el saqueo”.
Para el Diario de Cuyo, “Un dato curioso y que no pasó inadvertido, es que al tratarse de un debate financiado con fondos que provienen de la gran minería metalífera –conclusión final del medio periodístico- es que tanto Rodríguez Pardo como Viale aclararon de antemano que los gastos del viaje y la estadía salió de sus bolsillos”.
En definitiva, el foro universitario Minería y Sociedad, convulsionó a la provincia de San Juan. Fue transmitido en forma directa por dos radios de amplio alcance: Radio Universidad de San Juan, y la emisora del Sindicato de Trabajadores Municipales, de manera ininterrumpida. También hubo numerosas notas y reportajes de una docena de radios, no así los canales de la televisión local, a los que el gobierno le prohibió informar. Una cadena de medios alternativos se sumó a la difusión, acompañada por documentalistas que filmaron y registraron un encuentro que resultó histórico en la región cuyana. La universidad publicará todos los trabajos y ponencias.
Para los organizadores fue significativo el derecho a réplica solicitado por Marcelo Rubén Bellini, ingeniero y vicedecano de la facultad de minería, para contestar a Javier Rodríguez Pardo que había aludido a su tesis de maestría “Degradación Microbiana de Cianuros”, temas de Metalurgia Extractiva, editada por esa misma casa de estudios en 2001. Dijo que “el ambientalista había sacado de contexto su posición en torno a la imposibilidad de destruir el cianuro en las colas de la minería”. Lo curioso es que el académico terminó repitiendo (admitiendo) lo mismo que negaba y que textualmente figura en su libro donde reconoce que “los cianuros son venenos” y que “las colas y efluentes derivados de las diferentes actividades mineras e industriales contienen cianuros, sulfocianuros y complejos metal cianuro, que son, particularmente estos dos últimos, de difícil eliminación por métodos fisicoquímicos comunes”, razón por la cual el autor apuesta al desarrollo de la actividad microbiana para destruir cianuros. Cabe agregar que la facultad de ingeniería se opuso desde el primer momento a participar del debate que propuso el foro, amenazando con reprimir a sus alumnos en caso de no acatar la resolución del decanato.
El acoso en la provincia de San Juan es constante y si bien el pueblo se acostumbró a vivir con el, no dejó de asombrar la denunciada efectuada, durante las deliberaciones en el rectorado de la universidad y ante los medios de difusión presentes, de la propietaria de la librería Piedra Libre, de la capital sanjuanina: la denunciante dijo que fue obligada por gente del gobierno local a retirar de la venta “el libro de Rodríguez Pardo, “Viene por el oro, vienen por todo”, y que tendrían la manera de clausurarle el negocio.”
Las jornadas cerraron el día 15 con la conferencia de Pedro Arrojo Agudo, doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de Zaragoza. Su investigación se centra en la “economía del agua”. Desde el 2009 dirige la exposición “Agua, Ríos y Pueblos”. Es miembro del Consejo del Agua de la Cuenca del Ebro y del Comité MAB de Unesco. El disertante emocionó a los concurrentes por casi tres horas, con un relato que abarcó los conflictos del agua por todo el mundo y finalizó con la minería, el agua y los glaciares. Demás está decir cuál es su posición al respecto y la contundencia de su exposición. Pero su paso por este claustro universitario ha dejado una huella indeleble, lágrimas de optimismo porque el cambio de paradigma es posible. “Vivimos en el Planeta Azul, el Planeta Agua, sin embargo mil cien millones de personas no tienen garantizado el acceso al agua potable y unas diez mil mueren por ello cada día, en su mayoría niños. Es la crisis de insostenibilidad que hemos provocado por contaminación y destrucción de nuestros ríos y acuíferos” y –continuó Pedro Arrojo Agudo- “el control del agua suele ser usado como herramienta de poder. El agua, vinculada a valores emocionales y territoriales, es fácilmente manipulable, tanto en la confrontación política como incluso a la hora de justificar guerras”, estrategias militares que “usan pueblos como rehenes –afirmó Arrojo Agudo- imponiéndoles condiciones de vida inhumanas con un consumo limitado del agua.”
Creemos que haber participado del foro Minería y Sociedad organizado por la Universidad de San Juan, fue un acierto. Se denunció a una minería en los mismos claustros universitarios en que opera la facultad que forma ingenieros para la devastación. Se denunciaron los fondos mineros que reparte el Consejo Universitario Nacional y que coopta académicos e instituciones intentando conformar los informes de impacto ambiental que proponen las transnacionales extractivas. El pueblo visibilizó el vacío argumental del lobby minero a la hora de debatir sobre contaminación, daño social y saqueo, y pudo juzgar a partir de estos hechos, probados públicamente, que el academicismo tecnocrático se retiraba de los debates, abandonaba el recinto de sesiones cuando se exponían pensamientos opuestos, y ante la evidencia de las conclusiones ofrecía argumentos falaces. El técnico minero caía en silencios, incapaz de réplica, y eso fue inimaginable días antes, cuando incluso se pensaba que gobernantes y transnacionales utilizarían la fuerza del poder para imponer sus propósitos.
Al día siguiente de las jornadas, la debilidad minera en el encuentro reaparecía en radios y medios de difusión pagados, denostando a conferencistas y a especialistas que cuestionaron una política que no reconoce que los bienes comunes deben ser garantizados como derechos humanos.
Quienes dudábamos de los alcances de este foro debemos admitir que ha provocado una apertura de nuevas opiniones contra la mega minería metalífera a cielo abierto, en una provincia cordillerana dominada por uno de los grupos gestores del latrocinio extractivo.

Foro Minería y Sociedad - Presentación Dr. Delgado

2010-10-15T17:05:00.003-07:00

PARTE 1

PARTE 2

PARTE 3

Delgado Ramos y Gutman expusieron sobre desarrollo minero, daño e impacto ambiental

2010-10-14T17:40:00.006-07:00

Foro-debate "Minería y Sociedad".
San Juan, Argentina. 14 y 15 de octubre de 2010.
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“Para las empresas mineras es un negocio muy rentable porque la naturaleza no cobra, contaminar es gratis”

El primero en tomar la palabra fue Delgado Ramos con su exposición “América Latina como reserva estratégica minera de cara al consumo mundial y sus implicaciones socio ambientales”. La base de la disertación radicó en el crecimiento de la economía extractiva en América Latina, haciendo hincapié en que los países siguen principalmente ese patrón provocando un fuerte impacto ambiental. El flujo minero creciente tiene que ver con el constante desarrollo tecnológico que se produce a nivel mundial, con el avance frente a los procesos mismos de extracción de los minerales y con la aparición de las grandes maquinarias que permiten en el transporte de cargas pesadas.
Por otra parte, Delgado Ramos consideró que América Latina se ha convertido en una reserva estratégica y segura para los países desarrollados. Por tal razón estos países son los que causan el grueso del consumo energético a nivel mundial, es decir, consumen 21 veces más que cualquier país latinoamericano o subdesarrollado. Además han realizado una concentración de minerales. Entonces Latinoamérica se convierte en una reserva estratégica, y países como Estados Unidos resulatn ser dependientes totales de los recursos minerales y por ende de Latinoamérica. En la actualidad el valor de los recursos no es contemplado porque cada vez se venden a menor precio y a mayores costos ambientales. “Sin embargo, para las empresas mineras es muy rentable porque la naturaleza no cobra, contaminar es gratis. Aún si se pagara no es la solución”, culminó Delgado Ramos.

“Veinte años de bienestar no es desarrollo minero, es un ciclo nada más”

Para el Mg. Nicolás Gutman, la discusión debe centrarse en la minería a gran escala, a cielo abierto y en la utilización de nuevas tecnologías, no en “ecologistas” frente a “desarrollistas”. Desde el discurso gubernamental se plantea “querer tener una provincia minera”, pero para Gutman, “nosotros como sociedad tenemos que decir y responsabilizarnos sobre qué tipo de minería queremos”, ya que la minería que se está haciendo hoy en día es altamente contaminante y no hay reparación ambiental, aseguró. Con el ejemplo de la rotura del dique de colas en Hungría, el especialista demostró que está comprobado estadísticamente que se producen accidentes en las minas del primer mundo. Luego se refirió la generación de empleo y afirmó: “800 personas no es un gran número” si se relaciona directamente con las ganancias que generan las empresas. Respecto a la inversión dejó muy en claro que la Argentina está 30 años atrasada en relación a los países que vienen a invertir y profundizó diciendo “No nos creamos eso de que dejan plata en las provincias, toda la plata que ganan va a parar a Suiza”.
En relación con el tema de regalías, dijo: “Las regalías son del siglo XVIII, es un término arcaico, ¿y hablamos de desarrollo?”
A partir de la descripción de diferentes tipos de desarrollo minero, Gutman sintetizó el modelo que se aplica en nuestro país. Para él “vamos a estar fantásticos mientras dure la vida de la mina, que son 20 años aproximadamente, pero después vamos a tener un vacío ambiental y daños muy caros de reparar. Eso no es desarrollo, es un ciclo nada más”, concluyó.

Fuente: Comisión Organizadora del Foro

Agua, conflicto y seguridad

2010-10-12T17:46:00.005-07:00

Sin permiso.
España, 3 de octubre de 2010.
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Introducción.
Como es de conocimiento público, del total del agua en el planeta, unos 1,400 millones de m3, sólo el 2.5% es agua dulce disponible para el consumo humano. Ésa, dado los crecientes niveles de contaminación, es cada vez de menor calidad y no sólo, su localización está cambiando debido a la alteración del ciclo hidrológico, mucho en respuesta a fenómenos como el cambio climático.
Mientras tanto, el consumo aumenta, no sólo por el crecimiento poblacional, sino por los crecientes patrones de consumo, en buena medida relacionados al tipo de vida de la población. Y es que ésa es cada vez más urbana y sin embargo sigue requiriendo más alimentos, todo en un contexto de una dieta que tiende a colocar la carne como alimento central (la producción de un kilo de carne de res requiere alrededor de 15 mil litros de agua además de que genera una gran cantidad de afectaciones ambientales como la emisión de gases de efecto invernadero lo que a su vez afecta el ciclo hidrológico ). A nivel mundial lo es poco más de la mitad y en México, según INEGI, ya lo es en una proporción de ¾ partes. Es un escenario complejo pues se estima que las zonas del centro-norte captan el 31% del agua en el país, involucran ¾ partes de la población; el 90% de las regiones de agricultura de riego y 70% de la industria generando el 87% del producto interno bruto (PIB). En cambio, en el sur sureste se observan datos opuestos con 23% de la población, 69% del agua y 13% del PIB.
Se observa que la demanda de agua para consumo humano en México aumento seis veces en el último siglo y por tanto que la disponibilidad media per capita ha disminuido en una tasa media anual de 2.4% en los últimos 60 años (se pasó de 17 mil 742 m3 a 4 mil 312 m3). También es evidente la sobre-explotación de los acuíferos del país se triplicó en las últimas tres décadas del siglo pasado (90% de los 655 acuíferos nacionales, están en esa condición) ; la carga contaminante de los ríos aumentó en 42%; o que el agua de buena calidad en el país disminuyó en 32%. Al mismo tiempo se reconoce que se trata sólo el 30% del agua (ello sin tomar en cuenta la calidad de tal tratamiento); se pierde de manera preocupante la capacidad de infiltración por la creciente degradación de los suelos y la pérdida de la biodiversidad, a la par del aumento de las superficies asfaltadas en las zonas de mayor población; así como se lastima de modo creciente la capacidad natural del ciclo hidrológico de reciclar los contaminantes.
Un dato representativo puntual es el flujo hídrico de la Ciudad de México. Su consumo ronda los 63m3 por segundo. Obtiene un 50% del líquido del subsuelo pero a un ritmo de sobreexplotación del 140%. Un 25% se obtiene de la cuenca del río Magdalena y el restante 30% proviene del sistema Lerma-Cutzamala (una cantidad equivalente se pierde en fugas una vez en la ciudad). Al mismo tiempo, se desechan unos 45m3 por segundo y sólo se tratan 4m3 en las 28 plantas existentes. La ecuación, tal cual, es insostenible en el largo plazo.
Ahora bien, a pesar de lo innegable de los datos arriba expuestos, vale precisar que la escasez de agua también es en buena parte subjetiva en tanto que un estrés hídrico puede ser agudizado por conflictos distributivos, sea por procesos de disputa o despojo por parte de actores locales, regionales o internacionales que usualmente tienen intereses y poder de decisión distintos, divergentes y/o asimétricos. Siendo en tales escenarios, los pobres los más afectados (véase más adelante).
Por tanto, es causal que alrededor del 12% de la población consume el 85% del agua potable en proporciones promedio de un 70% el sector agroindustrial, un 25% el industrial y 10% en consumo doméstico. Se trata de un contexto en el que los tres principales usuarios de agua a nivel mundial son India, China, EUA. Véase figura 1. Siendo notable el grado de despilfarro estadounidense si se mira en términos per cápita. No sorprende entonces que a nivel mundial existan aproximadamente mil millones de personas sin acceso a agua potable o que 2.5 mil millones carezcan de servicio de saneamiento. El caso mexicano llama la atención pues revela un esquema verdaderamente ineficiente. En el país, el 77% del agua es de uso agrícola, esto es, por encima de la media mundial. Sin embargo, el país no produce los alimentos que requiere puesto que importa poco más de la mitad de sus alimentos, incluyendo granos básicos como el maíz y frijol.
En este contexto, si se toma nota de la advertencia de la CNA Corporation , respecto a la estimación de que en el 2025, alrededor del 40% de la población vivirá en países que experimentarán escenarios de escasez significativa, es claro que el asunto toma gran importancia en las distintas agendas de seguridad. Para México, el punto es relevante pues se calcula que para el 2069 el incremento del estrés hídrico será de entre un 20% y un 30% para zonas templadas y de hasta un 60% para zonas de clima cálido. Tal eventual reducción y redistribución de la disponibilidad del líquido se verá acompañada además de un aumento poblacional que para el 2030 será de unos 125 millones de personas, mismas que demandarán un 25% más de agua que la registrada a principios de siglo.
En tal panorama es sintomático que Homer-Dixon sostenga que, “…los conflictos por agua, entre otros recursos estratégicos, pueden desencadenar conflictos bélicos, escenarios violentos y acciones autoritarias con fuertes implicaciones a la seguridad internacional.”

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Honduras… Ecuador… una llamada para América Latina

2010-10-01T07:19:00.002-07:00

Gian Carlo Delgado-Ramos y Silvina María Romano
Rebelión
1 Octubre de 2010.
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América Latina (AL) es un espacio territorial estratégico para Estados Unidos (EE.UU.). Esto es: como reserva de recursos, como espacio receptor de inversiones, así como región exportadora de excedentes (i.e. retorno de ganancias, pago de regalías o de intereses por concepto de empréstitos). Es parte de un esquema expoliador y subordinante, sólo posible con el aval de los grupos de poder local, y que desgarra crecientemente el tejido social. La polarización de la riqueza, el despojo, privatización, desnacionalización y erosión de los bienes de las naciones (que son de los pueblos), y en general la tendencia creciente de condenar a una gran parte de la población a la miseria o la muerte, genera un abanico de reacciones sociopolíticas que figuran como potenciales amenazas al fluido curso de “los negocios” de EE.UU. y sus “socios” locales.
Esto lleva a la creciente criminalización de la pobreza y represión de la protesta al asociar los movimientos sociales con figuras que “requieren” la intervención de la fuerza del Estado, situación que habilita la eventual injerencia de EE.UU. bajo el argumento de asegurar sus inversiones y otros intereses, como los de sus “socios” menores. Nos referimos al uso de figuras como el comunismo (en su momento), el terrorismo o la narco-insurgencia. Así, mientras el grueso de Estados nación latinoamericanos promueve políticas que favorecen principalmente los intereses de ciertos grupos de poder, al mismo tiempo se observa necesaria la actuación de la fuerza del Estado para generar un orden ante la agresión que tales políticas implican para con los pueblos.

La variable del “orden interno”, ante el despojo y saqueo, es pues permanentemente necesaria y así se puede identificar en el discurso-acción de EE.UU. El Plan Colombia (PC) y la Iniciativa Mérida (IM) son casos paradigmáticos, pero no aislados, de la interferencia de EE.UU. en AL, que a los fines de garantizar su “seguridad nacional”, léase sus intereses socioeconómicos y geopolíticos, promueve mecanismos ad hoc de “orden interno” en la región. Se trata de un escenario que coloca de modo creciente a las fuerzas armadas locales, en alianza con EE.UU., como gestores del “orden interno”, facilitando o estimulando la militarización y paramilitarización e incluso las prácticas de terrorismo de Estado.

Aún más, como es reconocido desde la Doctrina Monroe (1823) y el corolario de Polk (1848)3 , el carácter estratégico de AL, “obliga” a ese país a contener cualquier intento de construcción de proyectos alternativos a lo largo y ancho de la región, pero sobre todo a aquéllos que aboguen por la integración latinoamericana independiente. Es por tanto imperiosa una continua ofensiva contra los gobiernos alternativos puesto que no siguen al pie de la letra los lineamientos establecidos para la región; ello más allá de sus propias limitaciones. Así, al mantener importantes tensiones con EE.UU., su mera existencia es una amenaza para los intereses hegemónicos y oligárquicos.

La ofensiva puede ser más o menos visible. Uno de los mecanismos de desarticulación regional e interna de ese tipo de gobiernos latinoamericanos ha sido y es promover la confrontación entre distintos actores locales, en especial entre el gobierno alternativo y el empresariado (la “oligarquía” empresarial local), las fuerzas militares y de seguridad, así como los paramilitares y otras figuras “informales”. Con el apoyo activo “desde adentro” de ésos últimos, la resolución final típica de este tipo de proceder es bien conocida: la instauración de gobiernos ad hoc ilegítimos (y que bien pueden ser “legales” por medio de investiduras de democracia formal que carecen del apoyo de los pueblos) o inclusive el impulso de golpes de estado cívico–militares.

La construcción de proyectos alternativos, aunada a la profundización de la actual crisis económica mundial (que lastima las condiciones socioeconómicas de la región y por tanto dificulta la profundización de la explotación y entonces de acumulación-transferencia de capital), erosionan el poder de la oligarquía local y la fuerza de injerencia de EE.UU. y otros actores metropolitanos en AL; de ahí que haya un interés mutuo. En este panorama, el “orden interno” se convierte en hilo conductor en que tanto catalizador de la estabilización o la desestabilización, según corresponda. En el caso de los gobiernos subordinados, se opera estabilizando el statu quo de los grupos de poder (y del Estado que los representa y del cual forman parte) y desestabilizando a las clases sociales explotadas, al orillarlas a la miseria y explotación creciente e hipotecando su futuro. En cambio, cuando se trata de gobiernos alternativos, la dinámica es al revés. Cuando los pueblos se encuentran representados en mayor medida por determinados gobiernos, entonces el objetivo es desestabilizar estos gobiernos para estabilizar los intereses de los viejos grupos de poder (colóquese aquí el uso de la política de “dos fases”).4 En ambas modalidades de funcionamiento de lo que calificamos como modelo de estabilización – desestabilización, la alianza entre las oligarquías locales y los intereses extranjeros aparece como algo “natural” (en tanto está enraizado en los procesos de construcción y consolidación de los propios Estados nacionales de AL). Los instrumentos para lograrlo son múltiples, desde el uso de los medios de (des)información, hasta operativos encubiertos.

Honduras primero y ahora Ecuador no pueden verse más que como un fuerte llamado de atención a los pueblos latinoamericanos para construir el tejido social y la articulación necesaria para enfrentar esta situación tan compleja.

Plataformas de proyección de dinámicas de estabilización-desestabilización: Plan Colombia e Iniciativa Mérida.

El Plan Colombia (PC) y su continuación el Plan Patriota (PP), así como la Iniciativa Mérida (IM) en sinergia con la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) no son un objetivo en sí mismos, sino que constituyen un medio más para garantizar los intereses del sector privado y del gobierno de EE.UU. y de sus “socios” menores locales, proceso que en los hechos toma forma en una compleja y peligrosa dinámica de estabilidad – inestabilidad.

El PC tuvo desde sus inicios como uno de sus ejes clave la “transformación” y “modernización” de las fuerzas armadas y policíacas para combatir la guerra interna (con las FARC y el ELN), a fin de lograr un cambio en la correlación de fuerzas con la guerrilla, situación que se sostiene para poder mantener el control de territorios estratégicos por parte de los diferentes actores y sus intereses. Con el PP se consolidan nuevas tareas para el control del territorio colombiano, y para lograr una mayor proyección hacia los países vecinos, colocando entre 14.000 y 17.000 hombres en toda la zona selvática, especialmente en la región fronteriza del sur (Ecuador) y de oriente (Venezuela), bajo la modalidad de despliegue rápido; una forma de bajo perfil impulsada por EE.UU. que es parte de lo que el Pentágono denomina como una “nueva arquitectura militar” (Delgado, 2010).

En el marco de la IM, la modernización de las fuerzas armadas tiene por objeto ganar la correlación de fuerzas contra el “narcotráfico” o el “crimen organizado”, enemigos difusos que ahora se han aglutinado bajo la etiqueta de “narco-insurgencia”. En este tenor es útil recordar que la doctrina estadounidense de “contrainsurgencia”, especialmente en AL, constituyó un componente esencial de la Doctrina de Seguridad Nacional, al definir la insurgencia como: “el uso sistemático de la violencia para desestabilizar el orden social y político establecido” (US Department of State. Foreign Relations. 1964-1968. Vol XXXI. Doc. 38). Eximiendo de tal definición “…los golpes de Estado perpetrados por militares, el vandalismo y los desórdenes espontáneos” (Ibid).

Lo anterior es importante puesto que tal entendimiento permite debilitar gobiernos alternativos en funciones, criminalizar la resistencia social y atender la ocupación de territorios de alta prioridad. Y si bien no se pretende decir que la IM (o el PC/PP) tienen como fin exclusivo promover un contexto de control social, ciertamente contribuyen a ello. México acumula más de 23.000 muertos asociados a operativos antinarcóticos pero que incluyen muertes de inocentes (Finnegan, 2010), al tiempo que se perfila como el país más peligroso del mundo para los defensores de los derechos humanos, movimientos sociales y periodistas. Lo llamativo es que en la ola de violencia han aumentado los asesinatos de líderes sociales opositores a procesos de despojo y de extractivismo sin control.

El eufemismo del negocio de las armas y de la conservación de un escenario ad hoc estable–inestable es nítidamente observado por el Departamento Nacional de Planeación de Colombia al precisar que: “…la seguridad estimula la inversión y ésta, con responsabilidad social, permite avanzar en la superación de la pobreza y la construcción de equidad”. Y especifica prioridades a partir de lo que la Escuela Superior de Guerra (2009) denomina como “circulo virtuoso de la seguridad”: 1) Inversión y seguridad; 2) confianza y estabilidad; 3) inversión privada; 4) crecimiento económico; 5) impuestos e inversión social; 6) bienestar social y satisfacción de necesidades. Desde esta óptica, se considera entonces que un orden seguro es un orden “democrático” capaz de garantizar la estabilidad del mercado (Loveman, 2006). Esto es que lo que importa, la seguridad del mercado y no la de los pueblos.

La injerencia en materia de seguridad y orden interno por parte de EE.UU. es principalmente marcada en los rubros de “asesoramiento” y “entrenamiento” de personal; la puesta en marcha de acciones conjuntas en suelo, agua y aire; y mediante el estímulo al incremento en el número de contratistas en diversas áreas para asegurar, el orden interno y el control de territorios prioritarios. Esto complejiza y genera una amplia estabilización del Estado, especialmente de su brazo militar y de seguridad, y una profunda desestabilización interna debido a la presencia de policía, servicio secreto, ejército-marina-fuerza aérea, ejércitos o seguridad privada formalmente contratados, paramilitares y demás actores foráneos como asesores, agregados adjuntos en materia de seguridad y antinarcóticos, personal de operaciones encubiertas, etcétera. Lo preocupante del asunto es que en este contexto, la asociación del narcotráfico con la insurgencia, al estilo Colombia en México, advierte la ya mencionada criminalización de la resistencia social y con ello la posibilidad de violar flagrantemente los derechos humanos en el país, puesto que se asume que en ciertos casos el uso de la fuerza estatal “no es suficiente” para manejar el problema del modo en que es “requerido”.

Hay que señalar que en tales casos suelen entrar en operación tanto el contratismo como el paramilitarismo. Recuérdese que el paramilitarismo es una estrategia sistemática del Estado basada en la doctrina contrainsurgente clásica y en la nueva modalidad de guerra de baja intensidad apoyada por los sectores de poder formales e informales, locales y extranjeros y que actúa como una brigada encubierta con impunidad garantizada para el genocidio social y político. Así, si bien el paramilitarismo es contradictorio para el Estado en tanto que genera una mayor desestabilización (social), a la vez es una forma de represión que “invisibiliza” la responsabilidad del Estado en actos que están por fuera de la Ley (Fazio,2003), fomentando el terror (o el miedo) como instrumento de control social.

Militarización del orden interno, regionalización de la interferencia y el peligro de la instauración de gobiernos represivos.

Mientras el PC/PP funge como base desde la que se busca garantizar una incidencia y estabilidad de los intereses de EE.UU. en la zona de influencia inmediata a Colombia y en el Cono Sur, la IM se perfila como instrumento de interferencia en el país vecino en tanto que EE.UU. pretende garantizar su propia seguridad operando desde y en suelo mexicano. Claro está, se suma la proyección de tal injerencia hacia Centroamérica, República Dominicana y Haití.

En este tenor, dos cuestiones son importantes. La primera, el alcance de la concepción de “lo regional” en los lineamientos de combate contra el “narco-terrorismo” en Colombia y México, contra el carácter internacional del negocio que suele dejarse de lado (la venta y el grueso del lavado del dinero se hace en los países metropolitanos, donde además se adquieren las armas que utilizan los diversos grupos armados vinculados al negocio de la droga -el 90% de ésas incautadas en México provienen de EE.UU.-). La segunda, el impulso que se está otorgando a la seguridad interna en toda la región más allá de los alcances formales del PC/PP y de la IM-ASPAN. Lo demuestra el impulso de medidas que colocan a los militares como garantes del orden interno. El caso de Perú es representativo (véase más adelante).

El tema de lo “regional” no es menor. Éste queda en evidencia en el modo en que se implementaron el PC y el PP y la posterior creación, en 2005, de la Iniciativa Regional Andina (IRA); todo bajo el argumento de evitar el “efecto dominó” que podría causar el narcotráfico. La IRA tiene como objetivo vital el control de la frontera, no sólo de Colombia con sus vecinos, particularmente con Venezuela (que es uno de los principales proveedores de petróleo de EE.UU. y un gobierno que se opone claramente a la guerra contra el “narco-terrorismo”) sino en los demás países del Cono Sur. Esto no es fruto de la mera imposición de EE.UU., sino que ha sido la elite colombiana la que ha permitido tal interferencia del gobierno estadounidense, generando fuertes tensiones con sus vecinos (y de este modo, contribuyendo a regionalizar el conflicto) al postularse como “peón” del gobierno estadounidense en la región (Palomo, 2010).

La postura de la UNASUR frente a este tipo de conflictos es clave, en tanto debemos tener en claro que para lograr la “regionalización” de la “guerra” contra el narcotráfico y el terrorismo, EE.UU. presiona de modo constante para mantener relaciones (económicas y de seguridad) bilaterales, neutralizando la posibilidad de plantear una agenda a partir de una verdadera participación multilateral capaz de integrar horizontalmente a los gobiernos de la región andina (Bonilla, 2006). Es a partir de estos acuerdos que se materializa la presencia de personal militar en la frontera de países del Cono Sur (no solamente en los que integran la IRA) lo que a su vez remite a ciertas estrategias vinculadas a la doctrina de seguridad nacional de los 60-70 y el modo en que se “luchó” contra la “insurgencia” a través de las fronteras de AL5.

Por ello no sorprende que el Secretario de Defensa de EE.UU., Robert Gates, en su reunión con las fuerzas armadas peruanas (abril 2010), señalara que éstas deben “reestructurarse y focalizarse más en los desafíos internos” (Gates en Salas, 2010). Cumpliendo con tales mandatos, las fuerzas armadas peruanas ya pueden intervenir en asuntos de orden interno: “…los militares pueden emplear la fuerza en situaciones de enfrentamiento con algún grupo hostil –previa declaración del estado de emergencia-, pero también cuando ayuda a la policía a restablecer el orden interno en otras situaciones de violencia o la apoya en operaciones contra el tráfico de drogas, terrorismo, y en los demás casos constitucionalmente justificados cuando la capacidad de la policía sea sobrepasada en su capacidad de control del orden interno” (Perú 21, 2 septiembre 2010, p. 6. Las negritas son nuestras). Lo interesante es que, a la par de formalizar la posibilidad de tal “Estado de excepción” (Agamben, 2004), el presidente de Perú Alan García, ha aceptado el ofrecimiento de EE.UU. de entrenar tropas peruanas para combatir el narcotráfico, descartando cualquier discusión sobre las tensiones entre intervención y soberanía-autodeterminación. Según sus propias palabras: “…En todos los temas que sean humanos y universales, yo no hago cuestión de soberanías y patriotismo, es decir, si los estadounidenses quisieran poner tropas de entrenamiento, como tienen helicópteros y entrenadores de satélite y de comunicaciones aquí, en buena hora”.

No constituye un dato menor que Perú firmara un TLC con EE.UU. similar al NAFTA, donde la desnacionalización de los principales activos del país y la desestructuración de la industria nacional y el mercado interno han sido los principales resultados (Saxe-Fernández, 2002). En el caso de Perú, es claro que lo primordial es el petróleo y los minerales. De ahí que simultáneamente se insista en abrir el 72% del Amazonas peruano a procesos de concesión para la prospección y extracción. El esquema es parte de los intereses de EE.UU. en toda la zona del Amazonas. Ahí ya se encuentran en manos de 35 multinacionales unos 180 bloques de concesión petrolera/gasera que cubren unos 688.000 km2 (Finer et al, 2008). Tan sólo en Perú hay 48 bloques activos y 16 por licitarse. De esos 64 bloques, todos excepto ocho fueron licitados a partir de 2004, justo cuando empezaron las negociaciones de tratados de libre comercio bilaterales entre EE.UU. y los países de la región andina (Perú y Colombia firmarían). La resistencia social, que “altera el orden interno” (como fue el suceso de la masacre de Bagua), responde a que veinte de los mencionados bloques se traslapan con once áreas protegidas, mientras que 58 de las 64 se superponen en tierras de propiedad indígena (Ibid).

La militarización de la región y especialmente de las zonas fronterizas se justifica mediante un discurso que sostiene que la única forma de enfrentar el “narco-terrorismo” o “narco-insurgencia” es mediante una tarea “multinacional”, que como es “lógico” ha de ser liderada y coordinada por EE.UU.

La agenda que llevó Clinton a la reunión de la OEA en junio de 2010 dejaba claro que los puntos a debatir eran el tráfico de drogas, la prevención de bandas criminales y las respuestas a desastres naturales, con el objetivo de que las preocupaciones de EE.UU. fueran bien escuchadas en AL, precisamente ante la exclusión de EE.UU. de la UNASUR. La "securitización" de lo medioambiental no es casual puesto que vincula territorios ricos en recursos con la posibilidad de garantizar el acceso, extracción y transporte de aquéllos a pesar de una eventual agudización de problemas socioambientales. Tal territorialización de la agenda de seguridad interna es por tanto primordial en cuanto permite despejar la operación de la “mano invisible del mercado”. Contexto en el que, mostrar al “narco-terrorismo” como fenómeno regional, permite ampliar, espacialmente, el proceso anterior. Las declaraciones de la secretaria de Estado de EE.UU. parecen apuntar a ello, en tanto que procuró asociar la situación de México a lo sucedido en Colombia al afirmar que: “…los cárteles de droga están mostrando cada vez más indicios de insurgencia (Clinton en Booth, 2010). A esta afirmación, agregó: “…Necesitamos una presencia más vigorosa en América Central para ayudar a los países a reforzar la legalidad, para luchar contra los traficantes de droga” (Ibid).

Para cubrir la mencionada necesidad, se están llevando a cabo acciones concretas. En Honduras, por ejemplo, el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa (CEHD) de EE.UU. organizó un taller para asesorar a la policía, las fuerzas armadas, miembros del Congreso Nacional y funcionarios del gobierno sobre la “Planificación de estrategias de seguridad nacional”. Según el Director del CEDH, Richard Downie, se formuló “una hoja de ruta con acciones claves y con fechas para llegar al cumplimiento de los objetivos, los participantes hicieron todo eso en el contexto del esfuerzo del gobierno del presidente Lobo en tratar de enfrentar esos retos que tiene el país en este momento” (El Heraldo, 11 septiembre 2010). A la gravedad de la interferencia de EE.UU. en asuntos internos por medio de este tipo de “asesoramiento”, en el caso de Honduras se suma el hecho de que el gobierno que está recibiendo las “sugerencias” en materia de seguridad interna, es producto de un golpe de Estado –“técnico”– al presidente legítimo, Manuel Zelaya.

Se suma además el caso de El Salvador, donde se promulgó la Ley Antimaras de septiembre de 2010 (Diálogo, 13 de Septiembre de 2010) y que justifica la presencia de tropas para el control del orden interno dada la “violencia de baja intensidad” perpetrada por el crimen organizado. La naturaleza de tal posicionamiento del Estado salvadoreño es expuesta por su presidente, Mauricio Funes, en el marco de la 65 Asamblea General de la ONU, en los siguientes términos: “…la ayuda [a Centroamérica y México] debe ser económica, de inteligencia y de apoyo a la capacitación y equipamiento de las fuerzas del orden para combatir el crimen y el lavado de dinero” (Centro de Noticias ONU, 27 de septiembre de 2010).

Las negociaciones de instaurar emplazamientos militares de EE.UU. en Panamá y Costa Rica se inscriben en este panorama. Lo mismo es válido para la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe.

Es este escenario el que posibilita estrategias de desestabilización como la ocurrida en Ecuador, que aparenta ser una “sublevación” espontánea de las fuerzas de seguridad debido a un supuesto recorte en los salarios y beneficios del sector. La agresión al presidente y funcionarios de gobierno altamente coordinada, la confusión y relativa desinformación sobre los hechos y el caos generado dejan entrever la presencia de causas de fondo que van más allá de un mero reclamo de salario y que develan el poder en acción de los grupos que representan intereses que se encuentran amenazados por el gobierno de Correa. No es casual que el hecho se suscite principalmente en y desde Guayaquil, la región dura de la oligarquía ecuatoriana. La promoción del caos y la confusión generalizada, la represión de parte de la policía contra la gente en las calles reclamando la “liberación del presidente”, se presta para generar una imagen de debilidad institucional como antesala indispensable para estimular una eventual política de control por medio de la represión y el miedo. Lo que se intenta es desarticular las fuerzas sociales, esto es, que no estén en las calles defendiendo la legitimidad del gobierno elegido.

Independientemente de la evolución de estos acontecimientos, lo que debe notarse es que mientras Honduras fue un termómetro para la derecha en cuanto a la articulación del tejido social, Ecuador pareciera colocarse como antesala de un posible “golpe” a los proyectos alternativos con mayor poder real y simbólico de la región. No deja de ser llamativo que el atentado se geste en Ecuador, ciertamente la nación con más fracturas internas del conjunto de países del ALBA (Morales en Bolivia cuenta con un respaldo social abrumador, mientras que Chávez cuenta con experiencia respecto a golpes de Estado en su contra y con un vínculo mucho más estrecho con la fuerza militar nacional). También es notoria en esta coyuntura la creciente tendencia en toda AL de “borrar” a los actores políticos de izquierda o progresistas de la esfera política formal, de tal suerte que se pueda facilitar la criminalización de ésos.

Por lo anterior, la importancia de la “región” es crucial. La avanzada de la oligarquía ecuatoriana no sólo es un golpe contra el proyecto de nación representado por el gobierno de Correa, sino a los propios esfuerzos de una integración regional alternativa. En tal sentido, es lógico que los presidentes de los países del Cono Sur condenen el intento de golpe de Estado, siendo enfáticas las declaraciones de Morales, Chávez y Fidel Castro.

El llamado de atención, consideramos, es más que claro. Pero aún más, como hemos dicho, también es una alerta temprana de posibles escenarios de creciente violación de derechos humanos y de propagación del miedo como mecanismo de atomización social, situación que, como han demostrado algunos procesos históricos, puede desembocar en fascismo (léase por ejemplo: Neumann, 1943). Se trata de un contexto que ciertamente dificulta pero al mismo tiempo apremia la construcción social concreta de proyectos de nación alternativos, independientes y socioambientalmente justos y armónicos, no sólo a escala nacional sino regional. El tejido social que los apoya y que potencialmente puede también sumarse, ciertamente existe, y esperamos que ante las circunstancias actuales de AL resurja con mayor fuerza y capacidades de articulación.

Notas

1. Gian Carlo Delgado-Ramos es Doctor por la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Investigador de tiempo completo del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México.

2. Silvina María Romano es doctora por la UniversidadNacional de Córdoba, Argentina. Becaria posdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET) en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional, Unidad Ejecutora CONICET

3. En el fondo de la Doctrina, afirma Guerra (1973: 182), estaba implícita la declaración: “América para los americanos”, y la afirmación de un derecho de soberanía virtual sobre todos los territorios del Nuevo Mundo. En AL había pueblos libres; pero sus derechos de soberanía eran incompletos, sus territorios no eran de libre disposición. El único poder absolutamente soberano en América, y de toda América, era EE.UU. (Ibid).

4. El derrocamiento del presidente guatemalteco Jacobo Arbenz (1954) se llevó a cabo por medio de una política de “dos vías”: las negociaciones diplomáticas y (al mismo tiempo) la implementación de operativos encubiertos promovidos por la CIA y las elites locales para perpetrar un golpe de Estado (Wood, 1985). El derrocamiento del presidente brasileño Joao Goulart (1964), también se caracterizó por dos momentos clave: un primer momento orientado a la desestabilización mediante la presión económica y política, y una segunda etapa destinada al golpe de Estado militar, gracias a la alianza de la oligarquía local con la elite estadounidense (Fico, 2008: 76). Una estrategia similar, de dos fases, fue aplicada para derrocar al presidente chileno Salvador Allende (1973): la primera etapa se centraba en presiones económicas y políticas; la segunda etapa implicaba el apoyo a ciertos sectores de las fuerzas armadas para incitar a un golpe militar, también con la aprobación de los grupos de poder locales y el apoyo del gobierno estadounidense (Informe Church II C2).

5. Es de crucial importancia recordar que uno de los operativos más “exitosos” de seguridad transfronteriza se realizó en la década de 1970, la Operación Cóndor. Este operativo tenía como meta “aniquilar la subversión” por medio del arresto, tortura y desaparición de “insurgentes” y “subversivos” a través de las fronteras de países del Cono Sur, mediante la cooperación de las Fuerzas Armadas de los países del Cono Sur y con la ayuda estratégica de la CIA (McSherry, 2005).

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Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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América Latina y el cambio de paradigma energético

2010-09-26T17:06:00.005-07:00

Gian Carlo Delgado Ramos en:
Martinez, Ramanzini y Vázquez. Anuario de la Integración Regional de América Latina y el Gran Caribe 2010.
No. 8. Julio de 2010. Buenos Aires, Argentina.
ISBN 980-317-196-8 pp. 153- 165.
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Resumen
De cara al incremento del calentamiento global, se observa necesario diversificar las fuentes de energía hacia otras de tipo “sustentable” al tiempo que se disminuyen los patrones de consumo energético. Ello obliga, por cuestiones de seguridad nacional, a replantear la gestión y usufructo de los recursos fósiles disponibles puesto que cualquier intento de cambio de paradigma energético, forzosamente estará sustentado, al menos en un principio, en ese último tipo de energía. El presente texto abre una discusión sobre energía, entropía y límites del crecimiento desde una lectura para América Latina (AL). Presenta con abundante información empírica el estado de situación del patrón energético actual, en particular sus aspectos socio-ambientales; discute algunas cuestiones de la geopolítica del petróleo estadounidense y sus implicaciones para el continente Americano; y concluye con una argumentación sobre la posibilidad de un cambio de paradigma energético para y desde AL, es decir, incluyendo una lectura desde el marco de alternativas de integración regional.

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Recursos Naturales, seguridad y los lily pods del Pentágono

2010-09-23T10:11:00.002-07:00

Gian Carlo Delgado Ramos
Periferias. No. 19. 1er semestre de 2010
FISYP. Buenos Aires, Argentina. pp. 145 - 159.
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El presente texto analiza el carácter estratégico, crítico y esencial de los recursos naturales en el sistema capitalista de producción a partir de una lectura de la creciente dependencia de materiales y energía de EUA. Discute el concepto de seguridad nacional y el de geopolítica o securitización de los recursos, su inserción en el diseño de la política estadounidense y su extensión en una América Latina que se perfi la cada vez más como reserva estratégica. Para ello se revisa brevemente lo que se ha califi cado como la “nueva arquitectura militar” de EUA en relación a los recursos naturales y la cuestión ambiental. Se concluye con una crítica a la securitización de los recursos y se propone como alternativa el concepto de “seguridad ecológica”.

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‘Poder Inteligente’, discurso de la Pax Americana en el gobierno de Obama: continuidades y discontinuidades

2010-08-29T17:51:00.003-07:00

por Silvina María Romano y Gian Carlo Delgado
Rebelión. 28 de agosto de 2010.
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El discurso del Departamento de Estado durante la gestión Obama se centra en la diplomacia de las “Tres D” (defensa, diplomacia y desarrollo). En un discurso reciente, la Secretaria de Estado, Hillary R. Clinton, aseguró que se está cambiando hacia la aplicación de “poder inteligente”, esto es, “…de una aplicación directa de poder hacia una aplicación de poder más sofisticada que implica una delicada fusión entre influencia y poder (…) que requiere paciencia y persistencia, porque las aplicaciones indirectas de poder e influencia requieren tiempo” (Clinton, 2010).

De cara a ello y de acuerdo con información publicada por el New York Times y luego por un abanico de fuentes que da a conocer el contenido de una “directiva secreta” firmada por el General Petraeus, comandante del Comando Central del Pentágono en diciembre de 2009 (léase: Mazzeti, 2010), la estrategia de política exterior del gobierno de Obama otorga un rol clave a la intervención militar (cubierta y encubierta) en territorios que no están en guerra convencional con Estados Unidos, pero que resultan estratégicos para los “intereses” y la “seguridad nacional” estadounidenses, dentro de los cuales se encuentran algunas zonas y países de América Latina.

Para lograr lo anterior, se indica, se buscará mayor comunicación con las fuerzas armadas locales y grupos que puedan ser de ayuda para “desmantelar las redes terroristas”, de modo que se unifican las fuerzas. El dato fundamental es que esta directiva habilita a los tares a llevar a cabo este tipo de operaciones, cuando hasta el momento eran la CIA y otras agencias de espionaje “civiles” las únicas capaces de implementar esas actividades en territorios que no se encuentran en guerra con Estados Unidos.

Consideramos que lo anterior es de gran relevancia por las implicaciones de lo que se podría denominar, siguiendo a Clinton, como la proyección “inteligente” de la Pax Americana en Latinoamerica. Ello en términos de una mayor injerencia estadounidense en la región, no sólo con una mayor presencia -formalizada o clandestina- de fuerzas de seguridad, no además hacia adentro de las estructuras de desición gubernamentales del grueso de los países latinoamericanos (especialmente encargadas de aspectos legales, judiciales y de seguridad interna y externa); de la agudización de la transferencia de excedentes y de recursos naturales estratégicos, y con ello, de la criminalización de movimientos sociales que se resisten el saqueo; entre otras implicaciones como la exportación de experiencias en la región hacia otros países periféricos del planeta.

Una de las razones por las cuales se fomenta la intervención de las fuerzas de operaciones especiales es la de promover la “actividad militar clandestina en países amigos y enemigos”. Es fundamental recordar que los operativos secretos/encubiertos en épocas de paz fueron inaugurados con la Gerra Fía y con la creación de la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional (fundadas por medio de la Ley de Seguridad Nacional de 1947). El objetivo primordial de esta Ley consistió en legalizar la implementación de operaciones encubiertas (vinculadas a la presión económica, política y psicológica) en tiempos de paz, para garantizar la “paz mundial y la seguridad nacional de Estados Unidos”, teniendo en cuenta la “amenaza del avance soviético” (United States Department of State. Psychological and Political Warfare 1945-1950. Docs. 257). Como queda de manifiesto en los documentos que dan cuenta de la fundación de la estructura de inteligencia, si bien hasta ese momento resultaba injustificable el “espionaje” a menos que se llevara a cabo en el marco de una guerra, la situación internacional de posguerra “obligó” al gobierno estadounidense a recurrir a mecanismos encubiertos para acceder a información que “no podía ser obtenida por otra vía” y que resultaba crucial para la seguridad nacional estadounidense (United States. Department of State. Founding the National Intelligence Structure. Doc. 29).

La nueva agencia encargada de centralizar las actividades de inteligencia (la CIA) “estaría autorizada para llevar a cabo, sólo en el extranjero, servicios de espionaje, contraespionaje y operaciones especiales (incluyendo acciones morales y psicológicas) orientadas a anticipar y contrarrestar cualquier penetración y subversión perpetradas por acciones enemigas que pongan en peligro nuestra seguridad nacional” (US. Department of State. Founding the National Intelligence Structure. Doc. 3).

La conveniencia de implementar operativos encubiertos se repite hoy por hoy en la mencionada directiva secreta, que plantea la necesidad de llevar a cabo actividades militares clandestinas en aquellos casos donde no darían resultado los operativos militares convencionales, ni tampoco los operativos de inteligencia inter-agencia. Lo que debe señalarse aquí, es que se le otorga a los militares la posibilidad de implementar actividades clandestinas, y precisamente una de las disputas más claras en el proceso de construcción de la estructura de inteligencia (durante la década de 1940) fue la referida al rol de los civiles y los militares; quién tendría control sobre quién. En este sentido, se recomendaba que los operativos encubiertos en tiempos de paz, debían llevarse a cabo en el marco de organismos civiles y no de instituciones militares (US. Department of Statae, Psychologycal and political Warfare. Doc. 280). Más allá de las disputas administrativas, lo cierto es que, en la posguerra, la cúpula militar era el sector predominante de la elite del poder estadounidense, lo cual condujo a la denominada “militarización de la política” vinculada asimismo al crecimiento del complejo “militar-industrial” que garantizó la expansión del capitalismo de Pentágono o capitalismo monopólico de posguerra. Es así que el rol primordial que adquieren las fuerzas militares en el marco de la mencionada directiva no debería sorprender.

Con base en tales reformas institucionales y en el contexto de guerra fría, el Estado norteamericano se arrogó el derecho a intervenir de modo directo e indirecto en diferentes países (especialmente en la periferia) en nombre de los valores occidentales (la paz, la libertad y la democracia). Es bien conocida la intervención de la CIA en la desestabilización y derrocamiento de los gobiernos de Arbenz, Goulart y Allende, sin mencionar, por supuesto, los intentos de derrocamiento del régimen cubano.

Una de las discusiones actuales al interior de las reparticiones del gobierno estadounidense es que, a diferencia de los operativos de la CIA, los operativos de las fuerzas de operaciones especiales –del Departamento de Defensa– no necesitan la aprobación del presidente ni deben informar regularmente al Congreso. Esto le una clara autonomía a la fuerza militar frente al poder civil y es ciertamente peligroso. No obstante, es fundamental recordar que a pesar de las normas y límites pautados para el funcionamiento de la CIA, está claro que esta agencia no siempre enviaba los informes al Congreso, como quedó en evidencia en el operativo del derrocamiento de Salvador Allende, documentado en el Informe Church (Church Report, II.C.2: 1975).

Tal “reasignación” de atribuciones y tareas entre el cuerpo civil y el militar genera tensiones entre el Pentágono, el Departamento de Estado y la CIA, en lo relativo a cuál de estas agencias tendría mayor injerencia en zonas donde no haya guerra, al menos convencional. También pone en duda la efectividad de la CIA en tanto que las fuerzas de operaciones especiales vendrían a cubrir las “brechas” o “lagunas” en inteligencia no cubiertas por la Agencia. No obstante las tensiones al interior del gobierno estadounidense, lo que debe preocupar a los demás países es que ya no serán solamente la CIA y las “otras agencias de espionaje” las encargadas de coordinar los operativos encubiertos (algo que en sí mismo no es nuevo), sino que las mismas fuerzas armadas estadounidenses tienen la capacidad de intervenir por medio de estos operativos encubiertos en “asuntos internos” de otros Estados con los que no se está en guerra. Es decir, se da un paso más hacia la intervención “directa”. Por tanto, hacia adentro de Estados Unidos el problema es quién controla a quién, mientras que hacia afuera cada vez se amenaza más la soberanía de los otros Estados-naciones, sea por parte de la CIA, sea por medio de las fuerzas de operación especial.

Lo que debe quedar claro es que Estados Unidos aprueba (e implementa) la intervención directa a través de la expansión de su fuerza militar “en aquellos espacios donde no hay guerra”, con lo cual es probable que se “incentive” la guerra en cualquiera de sus modalidades, sobre todo la de baja intensidad y desde luego del uso del “asesinato selectivo” (targeting killing), medida que se hace cada vez más presente en los operativos gubernamentales de inteligencia contra el “terrorismo”, tanto en contextos de paz como de conflicto declarado, y ante la cual el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ya ha mostrado preocupación pues se están adoptando políticas en ciertos países (e.g. EUA, Israel, Rusia) para adoptar formalmente tal medida al tiempo que se rechaza cualquier conocimiento de su existencia (Naciones Unidas, 2010).

Ahora bien, estos operativos de fuerzas especiales suelen ir acompañados de mecanismos de presión y desestabilización a nivel económico (presionando a favor de la liberalización de los mercados) y políticos (imponiendo la democracia liberal procedimental como única alternativa legítima de gobierno). Un ejemplo de esto aparece en la directiva de septiembre de 2009, cuando se advierte de que será posible un golpe de Estado en Irán si se agravan las tensiones por la escalada nuclear.

Además de los operativos encubiertos mencionados se retoman otras tácticas implementadas por el Estado norteamericano durante la Guerra Fría. Por ejemplo, el objetivo global de las fuerzas de operaciones especiales es articular redes para “penetrar, obstaculizar, vencer o destruir” las fuerzas de al-Qaida y otros grupos militantes (Mazzeti, 2010). Esta meta encarna en sí misma una especie de fusión entre el discurso de la cruzada contra el comunismo, tal cual fue expresada en el famoso National Security Council Paper Nº 68, y los principales lineamientos de la lucha contra la subversión en América Latina, que –según la administración Kennedy– era impulsada por Castro desde Cuba (United States Department of State. Foreign Relations. 1961-1963. Vol XII. Doc. 15). Esto queda claro si consideramos que las tácticas de guerra no convencionales, que son la base de las fuerzas de operaciones especiales, se asemejan a las advertencias del establishment de Kennedy con respecto a la “subversión” en América Latina, centradas en el desarrollo e implementación de tácticas de guerra diferentes a las convencionales, orientadas a sostener una “guerra limitada” a los fines de enfrentar la guerrilla, la insurgencia y la subversión. Para ello se requería capacidad de movimiento y flexibilidad, orientada a contrarrestar las “amenazas limitadas”.

Otro de los objetivos de las fuerzas de operaciones especiales es el de “reunir información sobre inteligencia y construir lazos con las fuerzas locales”. Por cierto, esta función hasta el momento era parte de las atribuciones de la CIA, al menos en lo que se refiere a América Latina. Un claro ejemplo fue la Operación Cóndor, un plan de desapariciones y torturas implementado por los gobiernos del Cono Sur para “aniquilar la subversión” durante la década de 1970. Una de las metas de este operativo era la de mejorar los mecanismos para compartir y distribuir la información sobre la “subversión” entre las fuerzas armadas de países del Cono Sur, operando particularmente en la frontera. Este plan contó con especial apoyo de la CIA que “facilitó una mayor coordinación entre los servicios de inteligencia de la región (…) El asesoramiento y la ayuda de Estados Unidos facilitaron la coordinación entre los servicios de inteligencia regionales. Esta cooperación hizo posible el intercambio de información y prisioneros e incluso asesinatos conjuntos. Un exiliado político podía ser mantenido como rehén o secuestrado y llevado a través de las fronteras, torturado y desaparecido, sin ninguna autorización judicial” (Calloni, 1998).

Dicho esto, se vuelve a señalar que hacia afuera de Estados Unidos lo que preocupa no es tanto “qué institución” es la que se encarga de los operativos encubiertos, sino el poder de Estados Unidos para implementar estos operativos donde y cuando considere necesario, a la par de la posibilidad de estimular sin discreción la intervención militar directa.

A tal presencia directa de fuerzas especiales o de agregados militares se suma la injerencia en el entrenamiento de las fuerzas militares y de seguridad de los países “anfitriones” y la “modernización” o “reforma” de su sistema judicial por la vía de programas de asistencia al combate al narcotráfico, acciones promovidas por el Departamento de Defensa, pero también por el Departamento de Estado y la Agencia de Coperación Internacional de EUA (USAID) desde que se promulgó la Ley de Asistencia Extranjera en 1961. Esta última, entre diversas acciones que pueden calificarse de injerencia a la soberanía nacional, se reconoce útil para “apoyar ciertas iniciativas de Ley” (Seelke et al, 2010). Se suman otras entidades del gobierno estadounidense como el Departamente de Justicia y contratistas privados (parte de la neoliberalización del propio aparato de seguridad de EUA), todo en un inmenso contexto de financiamiento que sumaba ya, de 1980 al 2008, más de 13.000 millones de dólares para América Latina y el Caribe (Ibid).

El escenario futuro promete aumentar la injerencia de EUA por la vía de la propuesta de cambio a Ley de Asistencia Extranjera de 1961 para requerir a la Secretaría de Estado que entregue al Congreso un informe sobre una Estrategia Antinarcóticos Interamericana. Asimismo se sugiere que el Departamento de Estado se enfoque más a la asistencia en fortalecer las instituciones civiles de los países anfitriones (Ibid). Ello significa, “libre camino” al Departamento de Defensa para realizar los operativos antinarcóticos, antiterroristas y antiinsurgentes, muchos de los cuales serán de carácter clandestino y/o secreto. La guerra contra la insurgencia, el terrorismo y el narcotráfico se mezclará aún más con el asesinato de inocentes y la “limpieza” selectiva de líderes sociales, como ya sucede en México. Y es que en los últimos dos años, México acumula más de 23.000 muertos asociados a operativos antinarcóticos pero que incluyen inocentes (Finnegan, 2010), al tiempo que se perfila como el país más peligroso del mundo para los defensores de los derechos humanos y los movimientos sociales. Sólo en los últimos seis meses han sido asesinados líderes opositores a proyectos mineros en Chiapas y Oaxaca; líderes sociales de las comunidades triquis en Copala, Oaxaca; ecologistas defensores de los bósques en el estado de Morelos; entre otros más. Mientras tanto, sólo el costo económico del escenario actual de inseguridad se ha disparado a niveles absurdos y ciertamente insostenibles en medio de una creciente y aparentemente imparable polarización de la riqueza (México tiene al hombre más rico del mundo según datos de Fortune 2010). Así es que la inseguridad ya cuesta alrededor del 15% del PIB según ciertas apreciaciones.

Precisamente una de las preocupaciones con respecto a los pequeños grupos de militares estadounidenses desplegados en diferentes países de Asia, Oriente Medio Oriente y África que desarrollarán actividades de inteligencia y espionaje, es que en caso de ser detenidos podrían ser tratados como “espías”, quedando sin efecto lo dispuesto por la Convención de Génova con respecto a la protección de soldados prisioneros. Es por ello que probablemente los acuerdos de seguridad bilaterales adquieran un rol fundamental, ya que incluyen (no en todos los casos) la inmunidad para los soldados estadounidenses en el país con el cual se firma el acuerdo.

Otro dato fundamental en este contexto, es que en la gira realizada por el secretario de Defensa, Robert Gates, por América Latina en abril de 2010 se remarcó claramente la necesidad de garantizar la seguridad interna, tal cual lo recomendó Gates a los militares peruanos en los siguientes términos: “…deben reestructurarse para focalizarse más en los desafíos internos” (Salas, 2010). Esa frase no puede pasar desapercibida si recordamos los resultados de la Doctrina de Seguridad Interna impulsada por el gobierno de Kennedy, y el rol que aquella brindaba a los militares en nombre de la “estabilidad” y la “democracia”: “Las políticas militares y programas existentes para la seguridad de América Latina tendrán que ser modificados para abordar el cambio de naturaleza del problema de la seguridad, otorgando prioridad a la seguridad interna, prestando mayor atención a los programas militares que contribuyan al desarrollo económico y reforzando los gobiernos representativos, al tiempo que debe mantenerse una estrategia para asegurar el hemisferio de ataques externos” (US Department of State, 1961-1963, Vol XII. Doc. 76).

Considerando que la doctrina de seguridad interna preparó el terreno para la mayor parte de los golpes de Estado de las décadas de 1960 y 1970 en América Latina, no es un mero detalle que las fuerzas de operaciones especiales tengan por objetivo “…preparar el contexto para futuros ataques por parte de fuerzas militares estadounidenses o locales”. Así pues, queda claro el recrudecimiento del rol fundamental de las fuerzas militares en términos políticos.

Por lo aquí expuesto y de cara a la compleja situación por la que cruza América Latina, se observa clara y urgentemente la necesidad de reconstruir el tejido social en aquellos países donde la Pax Americana ha logrado calar más en los últimos años, claramente caso de México, Colombia y Perú, pero también de aquellos países donde a pesar de existir proyectos alternativos de una u otra índole aún batallan con la oligarquía interna, su poder y sus vínculos externos como es el caso de Ecuador. La resistencia social y la construcción de cuadros jóvenes es vital para proyectos como los impulsados en Venezuela, Bolivia y ciertamente Cuba. Pero en general, urge romper –al menos parcialmente en un principio- los vínculos subordinantes de la región tanto en términos económicos, otorgando un rol estractivista de enclave (o maquilador en el mejor de los casos), como en lo referente a la seguridad interna y el control social. Desde luego es preciso indicar la importancia de los ejericicios de gobiernos alternativos y de la imperiosa necesidad de tomarse en serio la posibilidad de una integración latinoamericana de los pueblos y para servir a los pueblos. De hecho la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) propone una dinámica y objetivos que podrían contribuir con importanetes cambios si lograra reunir más socios, en tanto su punto de partida no es la liberalización del mercado, a diferencia de los demás organismos de integración regional como TLCAN, Mercosur, CAN, etc. Asimismo, debemos mencionar que desde su conformación, la UNASUR se posiciona desde un lugar crítico con respecto a los resultados del ajuste neoliberal en la región. En esta clave ha impulsado el Banco del Sur y ha dedicado especial atención a conflictos por cuestiones de seguridad, pero no ha logrado consolidarse aún.

A pesar de la existencia de estos proyectos de integración que intentan diferenciarse de aquellos procesos iniciados en la década de 1990, queda claro que, en general, los esquemas que prevalecen hoy día están al servicio del capital y sus socios locales (la oligarquía latinoamericana) y por tanto las necesidades sociales de los pueblos, dígase condiciones materiales decentes, educación, salud, cultura, deporte, desarrollo científico tecnológico con proyecto genuino de nación, etcétera, quedan relegadas.

La seguridad de los pueblos pasa por garantizar su subsitencia en condiciones dignas, entiéndase “buen vivir”, no por la vía de un esquema esquizofrénico de asfixia socioeconómica que resulta, entre otras cuestiones, en un incremento de la economía extractivista e informal y del crimen, situación que es entonces “atacada” con instrumentos de despojo y violencia. La ecuación no se soluciona, sólo se complejiza y mantiene en términos generales impertérritas las relaciones sociales de producción, las clases sociales y la polarización y trasferencia de riqueza.

Referencias

Calloni, Stella (1998) Los Archivos del Horror del Operativo Cóndor [en línea] disponible en: www.derechos.org/nizkor/doc/condor/calloni.html
Clinton, Hillary R. Remarks on the Obama Administration’s national Security Strategy. US. Department of State. Conferencia en el Brookings Institute. Washington, DC. EUA. 27 de mayo de 2010.
Finnegan, William (2010). “Silver or Lead. The drug cartel La Familia gives local officials a chioce: Take a bribe or a bullet.” The New Yorker. EUA, 31 de mayo
Mazzetti, Mark (2010). “US Expands Secret Military Acts in Mideast and Beyond”. The New York Times. EUA, 24 de mayo.
Naciones Unidas (2010). Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, Philip Alston. Human Rights Council. Informe No. A/HRC/14/24/Add.6 Washington, 28 de mayo.
Salas, Cristina (2010) “Defense Secretary Gates' week in Latin America” Just the Facts [en lína] disponible en: http://justf.org/blog/2010/04/20/defense-secretary-gates-week-latin-america
Seelke, Clare R., Wyler, Liana S., y Beittel, June S (2010). Latin America and the Caribbean: Illicit Drug Trafficking and US Counterdrug Programs. Congresional Research Service. Washington, EUA., 30 de abril.

Bioeconomía de la ciudad de México. Un balance frente al reto climático.

2010-07-29T09:26:00.007-07:00

Gian Carlo Delgado Ramos
Teorema Ambiental. Año. 16. No. 82.
México, junio - julio de 2010.
ISSN: 7509997115870 - 82

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Sin Energía. Cambio de paradigma, retos y resistencias

2010-06-19T06:18:00.000-07:00

Gian Carlo Delgado Ramos
Plaza y Valdés. México, 2009.149 pp
ISBN: 978-607-402-112-7
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Sin Energía ofrece una reflexión sobre los límites del paradigma energético imperante basado en combustibles fósiles, tanto en términos de reservas como de cuestiones de seguridad y aspectos ecosociales: incluyendo aquellos derivados del fenómeno de calentamiento global. Cuestiona la contabilidad energética convencional de la industria petrolera y afines, al considerar aspectos ecológicos, sociales y generacionales para, desde ahí, proponer un análisis comparativo del costo de otras alternativas energéticas existentes. La necesidad de una "nueva contabilidad energética" es así planteada al abordar aspectos económico-políticos, tecnológicos y ecosociales de la energía nuclear, los biocombustibles, la hidroelectricidad, el hidrógeno, la energía eólica y la solar.
Al asumir que la transición energética en el corto y mediano plazo sólo será posible hacia un contél de diversas fuentes de energía, se sugiere la necesidad, por un lado, de reducir los patrones de consumo contemporáneos, mismos que ya precisan de por lo menos un cuarto de planeda adicional a modo de poder mantenerlos sin afectar el equilibrio del planeta Tierra. Por otro lado, se llama entonces a reflecionar en torno a la planeación espacial-territorial contemporánea y sus características en términos de la dinámica y escala de flujo de materiales y energía. Para ello, se revisa específicamente el caso estadounidense de suburbia y su desbordamiento hacia México con el objeto de dilucidar potenciales alternativas respecto a nuevas modalidades arquitectónicas, urbanistas y productivas ecosocialmente más armónicas.

Indice

Introducción. Límites del patrón energético de los combustibles fósiles
1. Ingeniería contable del paradigma energético imperante
2. El paradigma de la energía nuclear
3. Las energías renovables: un breve balance general
4. Biocombustilbes: limitaciones y controversias
5. Hidroelectricidad, grandes represas e implicaciones
6. Energía solar, alcances y restricciones
7. Hidrógeno, ¿vector energético del futuro?
8. EUA, suburbia y el paradigma energético

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Seguridad nacional e internacional y recursos naturales

2010-06-19T06:17:00.007-07:00

por Gian Carlo Delgado Ramos
Tareas. No. 135
Panamá, mayo - septiembre de 2010.
ISSN: 0494-7061. pp. 15-37.
Para leer artículo completo, véase sitio electrónico del CELA

1. Introducción

El carácter estratégico de los recursos radica sobre todo en el hecho de que las reservas existentes, su localización, cantidad y/o calidad, están cambiando; producto ciertamente de crecientes patrones de consumo y contaminación, a lo que se suma, efectos del cambio climático y sus sinergias. No obstante, un recurso natural estratégico se asume como aquel que es clave en el funcionamiento del sistema capitalista de producción y/o para el mantenimiento de la hegemonía regional y mundial. Éste puede además ser escaso o relativamente escaso, sea debido a las limitadas reservas existentes o como producto de relaciones de poder establecidas que limitan en ciertos contextos socio-históricos el acceso, gestión y usufructo del mismo. Aún más, un recurso natural estratégico puede o no tener sustituto, una cuestión que depende de la factibilidad y viabilidad material y técnica de ser reemplazado (vía otro recurso, vía el avance científico-tecnológico), pero también de las características intrínsecas del propio recurso para el mantenimiento de estructuras de poder y de control propias al sistema capitalista de producción. Por ejemplo, un recurso energético debe ser muy eficiente (elevada condensación químico-física) al tiempo que se pueda monopolizar y por tanto de manipular, transportar y almacenar con facilidad: el petróleo es idóneo en dicho sentido.
Ahora bien, un recurso natural crítico, es aquel que es estratégico pero que además, por sus propias características tiene un bajo o nulo grado de sustitución y no sólo, debido al tipo de aplicaciones, éste permite contribuir con el mantenimiento de la hegemonía desde el ámbito militar (dígase por ejemplo, el uranio u otros minerales como el indio, manganeso, niobio, el grupo de metales de platino [platino, paladio, rodio, iridio, osmio y rutenio] o las tierras raras).
Otros recursos naturales pueden ser muy importantes para la realización, desarrollo e incluso expansión material de las naciones, por ejemplo dados los elevados patrones de su consumo, sin embargo, pueden no ser estratégicos ni críticos. En ese sentido, entre los materiales esenciales, se puede mencionar el hierro, el aluminio o los materiales de construcción (concreto), entre otros.
Por lo antes indicado, resulta evidente que las zonas con reservas importantes de recursos energéticos (petróleo, gas, carbón), mineros, hídricos o de biodiversidad, se perfilan cada vez más como estratégicas y conflictivas, tanto desde la perspectiva de la denominada geopolítica de los recursos o de la securitización de éstos, como desde nociones de análisis que prefieren dar cuenta de los conflictos distributivos existentes y sus usualmente asociados procesos de desposesión, despojo e incluso violencia.
Desde luego, el sector agroalimentario es también “esencial”, siendo sin embargo la producción de granos básicos una cuestión estratégica. Las implicaciones de no tener garantizada la seguridad alimentaria sobre la base de una soberanía alimentaria es una cuestión de seguridad nacional puesto que pone en entre dicho la paz social. Esto ha sido bien articulado, ya en 1970, por Henry Kissinger quien tenía claro que si se controla el petróleo se controla a las naciones, pero, si se controlan los alimentos, se controla a la gente. El desgarramiento social y el potencial de explosividad social que acarrea consigo la escasez de alimentos generada por políticas democidas, no sólo es pues un asunto clave para el desarrollo, sino también para la paz interna de las naciones y, ciertamente, para la paz internacional. En este tenor, considérese que un incremento del 1% en el precio de los alimentos genera una caída de alrededor del 0.5% en el consumo de calorías en el grueso de la población.
Considerando lo antes dicho, es pues importante reflexionar en cómo se conciben las nociones de “seguridad nacional” y “seguridad internacional”, pero aún más, de “soberanía nacional” y “soberanía de los pueblos”. Se trata de un ejercicio clave para uno u otro tipo de comprensión, más o menos refinado, sobre el rol que juegan los recursos naturales estratégicos a principios del siglo XXI.

Secciones siguientes:

2. De lageopolítica y la securitización de los recursos estratégicos.

3. Geopolítica del despojo y el saqueo: el petróleo desde la mirada estadounidense.

4. "Securitizando" los minerales: el caso de la dependencia estadounidense.

5. Agua y seguridad nacional continental.

6. Reflexión final. Hacia una nueva noción de la seguridad.

Para leer artículo completo, véase sitio electrónico del CELA

Aspectos Legales de la Nanotecnología de Patrick Boucher (reseña)

2010-06-01T18:42:00.000-07:00

Por Gian Carlo Delgado Ramos
Mundo Nano. Revista Interdisciplinaria en Nanociencia y Nanotecnología
Vol. 2 No. 2 Julio - Diciembre de 2009.
México, DF. pp, 110 - 119
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Recursos naturales, seguridad y los ‘lily pods’ del Pentágono: el caso de América Latina

2010-05-30T20:53:00.007-07:00

Gian Carlo Delgado Ramos
Memoria. no. 242.
México, mayo de 2010. pp. 4-11.
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El presente texto analiza el carácter estratégico, crítico y esencial de los recursos naturales en el sistema capitalista de producción a partir de una lectura de la creciente dependencia de materiales y energía de EUA. Discute el concepto de seguridad nacional y el de geopolítica o securitización de los recursos, su inserción en el diseño de la política estadounidense y su extensión en una América Latina que se perfila cada vez más como reserva estratégica. Para ello se revisa brevemente lo que se ha calificado como la “nueva arquitectura militar” de EUA en relación a los recursos naturales y la cuestión ambiental. Se concluye con una crítica a la securitización de los recursos y se propone como alternativa el concepto de “seguridad ecológica”.

Véase Memoria No. 242.

Subyace riqueza en innovación científica desde la academia

2010-05-26T14:01:00.002-07:00

Nidya Egremi
Revista Fortuna No. 88
México. Mayo de 2010.
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Las universidades y centros de investigación generan nuevos productos y procesos posibles de comercializarse. hay empresarios interesados en invertir en ciencia y tecnología. El desafio es dejar de ser un país exportador de materias primas y generar productos y tecnología acorde con las necesidades de la nación.

El agua como elemento de seguridad nacional en América

2010-05-18T17:27:00.003-07:00

por Gian Carlo Delgado Ramos
Papel de Aguas. Semanario de la Exposición "Agua, ríos y pueblos".
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La denominada “guerra por el agua” radica en el hecho de que su localización y calidad está cambiando debido a crecientes patrones de consumo y contaminación, así como por el cambio climático. Zonas con potencial de conservar o incrementar sus reservas se perfilan como estratégicas y conflictivas, tanto desde la perspectiva de la “geopolítica del agua”, como de potenciales conflictos distributivos e incluso a procesos de desalojo y desposesión.

El concepto de geopolitik fue introducido por Rudolf Kjellen y también elaborado por Friedrich Ratzel en el sentido de integrar la política, la antropología y la geografía. Desde el deber del Estado de “expandirse o morir” de Ratzel, pasando por Karl Haushofer, quien demostró la función de la geopolítica en la concepción de la expansión nazi, hasta el pensamiento de John Mackinder, Alfred Mahan, Nicholas Spykman, Oskar Morgenstern, Edward Teller o Henry Kissinger, la geopolítica ha estado directamente vinculada al pensamiento militar, al poder y en particular a la preservación y expansión de la hegemonía mundial.

La geopolitización del agua alude, estrictamente hablando, al rol estratégico que juega el recurso desde una visión del poder de Estado y de las clases que lo detentan; noción que ha llevado a considerarlo como cuestión de seguridad nacional. Dicha securitización implica la toma de decisiones extraordinarias comparables al caso de una amenaza militar. Se trata de una perspectiva que difiere notablemente de aquella concebida desde la ecología política y que prefiere analizar al recurso como factor de conflictos distributivos, que pueden adquirir la forma de: disputas locales originadas por la degradación del recurso; disputas por el acceso, uso y usufructo del agua resultantes de (in)migraciones y nuevos ordenamientos territoriales o de procesos de acumulación por desposesión, y conflictos entre naciones por recursos compartidos.

Escenarios de disputa
En América se identifican cientos de potenciales conflictos distributivos a nivel local y regional, y dos escenarios mayores de disputa por el agua entre naciones y sus pueblos: 1) el caso del agua compartida con EEUU, tanto canadiense como mexicana, y 2) el del acuífero Guaraní y las cuencas compartidas de los ríos Plata/Paraná/Paraguay-Guaporé, Amazonas/Putumayo y del río Negro-Orinoco.

Las reservas canadienses son las más relevantes de Norteamérica y se localizan a la par del noreste de EEUU, la zona más industrializada y con los mayores consumos de agua. Su rol es tal que en el marco de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, se viene hablando de la posibilidad de exportar agua canadiense, un recurso que no quedó fuera del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y que por tanto es mercantilizable en el marco de dicho acuerdo internacional.

Las aguas fronterizas con México (de los ríos Colorado y Bravo), históricamente conflictivas, son relevantes también, no tanto por su cantidad sino por su localización. La cuenca compartida del Bravo es justo una zona que tiene serios problemas de agua. Del lado estadounidense, además de grandes centros urbanos, existen importantes zonas agroindustriales. Del mexicano destaca la fuerte presión que provoca la industria maquiladora.

El escenario norteamericano es tan complejo que existe ya la preocupación por la ausencia de acuerdos entorno al agua subterránea binacional, al tiempo que se vislumbran posicionamientos conflictivos como el de la Agencia Stratford, que precisan: “La debacle fronteriza por el agua puede llevar a descarrilar las relaciones comerciales diplomáticas, dañar el TLCAN y provocar confrontaciones entre los gobiernos locales y los residentes de la zona fronteriza.”

En Sudamérica, el asunto no es menor, pues sólo el Guaraní cuenta con reservas de unos 55.000 km3 en una extensión de 1.190.000 km2 que se extiende a parte de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Es zona de coexistencia de fuertes intereses empresariales y militares estadounidenses, pero también de otros países como los de Medio Oriente, interesados en la compra-exportación-embotellamiento de agua del acuífero. Ahí, como en el caso de México, hay interés en el negocio de la privatización de los servicios de agua y saneamiento, así como del recurso mismo.

Objetivo militar
La securitización en Sudamérica es patente desde los intereses estadounidenses como regionales. La militarización por parte de EEUU por la vía del Comando Sur, sus bases y emplazamientos militares, responde a garantizar su posicionamiento en una zona estratégica, tanto por los recursos hídricos, biológicos y mineros, como por otros factores. En este escenario, no extraña la advertencia del consejero del Pentágono Andrew Marshall sobre la falta de agua potable en el corto plazo y ante la cual EEUU debía prepararse para estar en condiciones de “apropiarse” del líquido, “allí donde estuviese” y cuando “fuese necesario”. Ante ello, se advierte la reacción brasileña de asegurar sus recursos mediante la implementación de un Sistema de Vigilancia de la Amazonía y un Sistema de Protección de la Amazonía como mecanismos de control de sus recursos estratégicos. Lo mismo aplica para Argentina, país que mediante su Plan Ejército Argentino 2025 colocó abiertamente desde 2006 la defensa de los recursos naturales estratégicos como principal hipótesis de guerra.

Por lo anterior, se puede argumentar que la securitización del agua (“el agua como cuestión de seguridad nacional”), logra en el fondo opacar el debate sobre las estructuras sociopolíticas y las relaciones de poder existentes entorno a la degradación ambiental, el acceso, gestión y usufructo desigual de líquido, tanto en términos de las relaciones Norte-Sur como entre ricos y pobres dentro de los propios estados nación del continente. En este contexto, el concepto de seguridad ecológica, en oposición al de “seguridad ambiental” (securitización), adquiere una función explicativa importante si ése es visto como la seguridad de los pueblos y no simplemente del Estado. Y es que mientras la seguridad ambiental del Estado tiende más a la toma de medidas reactivas y por tanto a la búsqueda de una “paz” impuesta mediante la fuerza del Estado (la securitización en su forma típica), la seguridad ecológica alude, como aquí es asumida, a la construcción y operatividad de medidas proactivas, dialogadas, concensuadas y, consecuentemente, socialmente justas. Este último es un esquema, o “un nuevo contrato social del agua” en el que el Estado es sólo un actor más en el proceso de diálogo, un catalizador de medidas proactivas socialmente pactadas.

Ante escenarios que prometen una escasez mayor del agua, y por tanto de escenarios de securitización y de conflictos distributivos de diversa índole, un nuevo contrato social del agua en América parece ser una alternativa necesaria para evitar costos sociales y ambientales innecesarios.

Información difundida por el Centro Nacional de Comunicación Social
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El ecoturismo no siempre es benéfico para las comunidades: investigador de la UNAM

2010-05-17T19:17:00.002-07:00

Manuel Espinosa Sainos
La Jornada de Oriente
Cuetzalan. Puebla, Puebla.
17 de mayo de 2010.
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Lejos de fomentar la armonía con el entorno natural y cultural, el ecoturismo propicia una presión sobre los recursos naturales con la llegada masiva de visitantes, destruye los espacios sociales y biológicos y fomenta la folklorización de la cultura, además de que la resta importancia a la colectividad, expuso Gian Carlo Delgado Ramos, investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarios en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y uno de los ponentes del Foro de Consulta para incorporar propuestas ciudadanas al Ordenamiento Ecológico Territorial de Cuetzalan, celebrado el 14 y 15 de abril en esta ciudad.

“Se ha vendido el ecoturismo como una alternativa, incluso buena parte del proyecto de pueblos mágicos tiene que ver con eso. En realidad lo que ha propiciado es un turismo masivo ‘alternativo’ que empieza a hacer presión sobre los recursos naturales y a tener una influencia mayor en los esquemas culturales y tradicionales de las poblaciones. Se trata de vender al turista la oportunidad de tener contacto con la naturaleza, con lo tradicional y con el medio ambiente prístino, pero en realidad, lo que acaba sucediendo es que precisamente ese turismo empieza a destruir esos espacios sociales y biológicos, y resulta ser una gran contradicción”, indicó.

Durante una conferencia magistral en el segundo día del foro, señaló que el ecoturismo de gran escala fomenta grandes obras como la construcción de carreteras y autopistas de cuota, lo que provoca un desplazamiento mayor de turistas hacia ciudades como esta. Ejemplificó los casos de Tulum, en Quintana Roo, donde ya se habla de un aeropuerto, y de Tepoztlán, en Morelos, que de ser un “pueblito” acabó siendo un “parque de diversiones de los citadinos de la ciudad de México”; sin embargo, dejó en claro que no todo proyecto turístico en este tipo de lugares resulta negativo, pero tienen que considerar la preservación de la cultura y tradiciones, así como los ecosistemas y un turismo de menor escala para evitar que en 10 o 15 años esos pueblos se transformen.

A pregunta expresa, en un receso, sobre la construcción de una autopista propuesta por el candidato a gobernador de la coalición Puebla Avanza, Javier López Zavala, durante una reciente visita a esta ciudad, aseveró: “¿por dónde va a pasar la autopista? Ya de por sí los caminos son un problema, porque van fragmentando el ecosistema. Si con eso aumenta el número de visitantes, no solo se trastocan las dinámicas culturales, sino que lo genera más basura, mas residuos y mayor presión en el ecosistema”.

En su turno, Xanat Rojas, de la Coordinadora Regional de Desarrollo con Identidad (Cordesi), coincidió en que “el turismo convencional fomenta la comercialización de la cultura como un mero folclor en tanto a venta de las tradiciones y costumbres”, lo que está provocando la pérdida el patrimonio intangible. El representante de la Red de Turismo Alternativo (Reta) José Andrés García Bazán, propuso para el caso específico de Cuetzalan un estudio de potencial turístico para conocer la cantidad de recursos naturales y culturales y la manera de aprovecharlos de forma racional.

Según datos presentados por el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales (Cupreder), en 1998 Cuetzalan registró una afluencia de 27 mil 790 visitantes, mientras que en la actualidad el número llega a 95 mil 417 por año, pero hay planes del gobierno con los cuales se busca que esa afluencia llegue a los 220 mil turistas, además de aumentar la estadía promedio de 1.66 a 2.2 días.

Entre otras propuestas de ese organismo de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), “lo más urgente es crear el reglamento municipal de turismo, en el cual se regulen los usos del patrimonio tangible natural, cultural y dignificar la cultura local”.

Pero “el problema no es la emisión de un lineamiento, sino que debe haber una prohibición de tajo para que los recursos públicos no se utilicen a favor de las empresas foráneas, ya que hay empresas que usan los recursos públicos en aras de asociarse con grupos locales”, afirmó Leonardo Durán, de la cooperativa Tosepan Titataniske.

En esta misma mesa participó la directora de la Telesecundaria de Tetsijtsilin, María del Coral Morales Espinosa, quien mencionó que uno de los méritos del plantel es haber hecho realidad la participación de los padres de familia en el proceso educativo. Dio a conocer que aunque la participación social se debe llevar a cabo por ley en nuestro país, la realidad es que menos de 10 por ciento de los planteles promueven una educación abierta a la comunidad, donde la educación se nutra de los saberes comunitarios.

Tocó el turno de Ofelia Pastrana Moreno, del Centro de Asesoría y Desarrollo Entre Mujeres, quien propuso “la integración de la perspectiva de la equidad en el ordenamiento territorial”, pues, según explicó, las mujeres aportan más del 80 por ciento del trabajo pero solamente poseen uno por ciento de la riqueza en el mundo, pese a que realizan 21 actividades en un lapso de 15 a 16 horas diarias.

Entre otros participantes destacó la de Ignacio Rivadeneira Pasquel que abordó el tema de pobreza y desarrollo, así como de Urbelinda Ferrofiuro, que habló de la experiencia en ordenamiento territorial del departamento de Santa Cruz, en Comarapa, Bolivia.

LOS AGROCOMBUSTIBLES NO SON ALTERNATIVA PARA FRENAR LA CRISIS ENERGÉTICA

2010-05-13T17:40:00.002-07:00

Boletín UNAM-DGCS-292
Ciudad Universitaria.
12:45 hrs. 13 de mayo de 2010
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• Provocan la destrucción masiva de la biodiversidad y zonas forestales e implican contaminación y uso excesivo de agua, dijo François Houtart, de la Universidad Católica de Louvain
• También conllevan consecuencias sociales porque miles de campesinos y comunidades indígenas serían echados de sus tierras

Según la lógica capitalista, una alternativa para enfrentar la crisis energética a nivel mundial es la utilización de los agrocombustibles que se desarrollan bajo el principio de monocultivo; sin embargo, éstos provocan la destrucción masiva de la biodiversidad y grandes extensiones de zonas forestales.

Asimismo, implican contaminación en suelos, ríos, mantos acuíferos o mares debido al manejo de productos químicos como fertilizantes y plaguicidas, y también demandan un alto empleo de agua para el riego de cultivos, aseguró François Houtart, profesor emérito de la Universidad Católica de Louvain, Bélgica.

En el auditorio del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la UNAM, explicó que a partir de la producción de materias primas vegetales se generan combustibles como el etanol, que se obtiene de la caña, trigo o maíz, o bien, el agrodiesel, la producción del aceite extraída de la soya o palma.

La obtención de energía a partir de la agricultura exige la utilización de más recursos naturales para generar la misma cantidad; por tanto, resulta más dañina que la fósil. Sin embargo, se calcula que en 2025 podría cubrir 25 por ciento de la demanda energética global.

El problema, dijo, es que Europa y Estados Unidos no cuentan con las hectáreas suficientes de tierra para realizar el plantío masivo de esos cultivos, lo que implicaría que Asia, África y América Latina transformen centenares de millones de hectáreas de selva y bosque para albergar estas plantaciones.

Por tanto, no resulta una solución real para enfrentar la crisis energética, pues conlleva un desastre ecológico, así como consecuencias sociales, debido a que miles de campesinos y comunidades indígenas serían echados de sus tierras para extender el monocultivo, afirmó.

François Houtart consideró que por muchos años la humanidad creyó que la Tierra era inagotable, pero en la actualidad está constatando que es una falsedad, pues es un hecho que se agotan los recursos naturales.

Por tanto, a nivel mundial se debe modificar el ciclo de producción energética, porque si continúa con el ritmo actual de consumo es probable que en aproximadamente 50 años se acabe el petróleo y por eso resulta recomendable reducir su demanda o buscar nuevas fuentes de energía que la sustituyan.

Al impartir la conferencia magistral "Las múltiples facetas de la crisis y sus soluciones", organizada por Gian Carlo Delgado en el marco de Las Mesas Académicas de la UNAM del evento Agua, ríos y pueblos, mencionó que es necesario que las naciones realicen una gran inversión económica para investigar la situación en dicho sector y obtengan múltiples alternativas que ofrezcan una solución; sin embargo, un gran obstáculo es la reciente crisis financiera que generó deuda y desempleo a nivel mundial.

También señaló que también estamos enfrentando una crisis climática porque se están produciendo más gases de efecto invernadero y se destruyen los pozos de carbón, es decir, lugares naturales —zonas forestales y el océano— que absorben el CO2 (dióxido de carbono) que ayudan a disminuir los efectos negativos. “Anualmente se destruyen 15 millones de hectáreas de selvas”.

Por tanto, las crisis actuales que vive la humanidad nos deben hacer repensar la base de la organización colectiva económica, cultural y política.

“A través de su deslegitimación tenemos que resignificar una crítica radical a la lógica del capitalismo, no sólo porque genera abusos y excesos, sino porque conduce a la destrucción del planeta y al conflicto social”, concluyó el especialista.
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Economics and governance of nanomaterials: potential and risks

2010-04-27T17:45:00.004-07:00

Gian Carlo Delgado
Technology in Society Vol. 32 No. 2. 2010.
Elsevier.
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Abstract
The ability to manipulate matter at the nano-scale promises to unleash enormous potential for diverse applications and innovations ranging from new materials for textiles, packaging, and food, to sophisticated medical procedures and treatments. The possibilities of nanomaterials also bring important economic potential. Both public and private funding have increased exponentially, as well as the number of patents, and market quotas. Nanotechnology also carries with it major concerns, such as safety and whether or not it will be accepted by society. This paper analyzes the main economic indicators of nanotechnology, and assesses relevant safety concerns and proposals for accountability and management of nanomaterials today.

Keywords: Nanomaterials; Nanotechnology; Nanotoxicology; Post-normal science; Risk; Standardization; Uncertainty

Article Outline
1. Introduction
1.1. Costs and funding
1.2. Patents
1.3. Market value
2. Roles and responsibilities
3. Risks and safety concerns
4. Setting standards
5. Conclusion
References
Vitae

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Mesas académicas de la UNAM en el marco del evento "Agua, ríos y pueblos".

2010-04-21T17:45:00.002-07:00

CEIICH, UNAM.
Torre II de Humanidades, 4to piso.
Ciudad Universitaria. México, D.F.
27 de abril al 19 de mayo de 2010.

Urban metabolism, climate change and poverty: the case of Mexico City

2010-04-04T16:51:00.005-07:00

Gian Carlo Delgado Ramos
Poster presentado en el marco de la Second Conference on Economic Degrowth for Ecological Sustainability and Social Equity
Barcelona, España.
26-29 marzo de 2010.

Ver pósters del evento aquí

En busca de la “seguridad ecológica”. Diálogo con Gian Carlo Delgado Ramos*

2010-03-23T07:56:00.005-07:00

Por Natalia Aruguete - Walter Isaía
Página 12
Argentina, 22 de marzo de 2010.

En su paso por Buenos Aires, invitado por el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE)**, el investigador mexicano dialogó con Página/12 sobre la necesidad de instalar una política de seguridad ecológica, que asegure a las poblaciones el acceso a los recursos naturales que necesita, en contraposición a la actual “geopolitización” de los recursos, tendiente a garantizar –por la vía del mercado o del Pentágono– que el mercado de Estados Unidos cuente con los recursos naturales que demanda su mercado. “Son los patrones de consumo de los países más desarrollados los que presionan para que haya una mayor explotación de yacimientos”, advierte Delgado.

El nuevo concepto implica asegurar a las poblaciones el acceso a los recursos naturales que necesitan, en contraposición con el modelo que privilegia garantizar los recursos naturales que demanda el mercado de los países desarrollados. Gian Carlo Delgado analiza aquí cómo funciona la actual “geopolitización” de esos recursos y sus efectos sobre países como la Argentina.

–¿A qué se refiere cuando habla de “seguridad ecológica”?

–Hay una tendencia a vincular la cuestión de la seguridad con el tema medioambiental. Esto nace en el aparato de seguridad de los Estados Unidos y luego pasa a nuestros países. Frente a este concepto, que ha tenido mucho éxito en el discurso del poder, aparece una contrapropuesta: debemos buscar la “seguridad ecológica”, que supone asegurar que la población tenga acceso a los recursos naturales que necesita, en contraposición al concepto de “seguridad ambiental”.

–¿Qué recursos considera usted que son estratégicos actualmente?

–Esa es una clasificación que hace el Pentágono refiriéndose, fundamentalmente, a minerales. Yo la generalicé porque se da muy bien con el resto de los recursos. En un primer plano se ubican los energéticos (petróleo y gas). En un segundo nivel, agua y minerales (los más escasos, que se usan en procesos productivos). Y en un tercer nivel, biodiversidad (banco de genes y fuente de códigos genéticos para el desarrollo de nuevas tecnologías).

–Por ejemplo, en Colombia se patentaron genes de biodiversidad.

–Se están haciendo patentamientos en toda América latina, no sólo de plantas sino de humanos. Por ejemplo, de aborígenes que tuvieron poca mezcla con otras razas y pueden conservar una variedad genética distinta. Eso se ha recolectado y, en algunos casos, patentado.

–¿En qué se diferencian los recursos estratégicos de los críticos?

–En que los recursos estratégicos son los que posibilitan los procesos productivos clave para garantizar cierta hegemonía a nivel nacional o mundial, mientras que los críticos son para uso militar, se usan para el desarrollo de la industria bélica. Son materiales muy específicos, por ejemplo los que se utilizan en la industria de la electrónica aplicada al campo militar. Estados Unidos tiene una dependencia importante respecto de esos materiales y las dos terceras partes de esa demanda salen de México y Canadá. La visión pública de la minería es clásica.

–¿A qué se refiere?

–Por un lado, se argumenta que las vetas no tienen tanto impacto ambiental. Por otro, la gente vincula los procesos de extracción minera sólo con el cobre en Chile y el oro o el carbón en Colombia. Pero no se trata sólo de eso, tenemos que visualizar con más firmeza minerales que, aunque en menores cantidades, son estratégicos en términos de hegemonía.

–¿Se refiere a los vinculados con tecnología militar o con la que se aplica a la informática?

–Exactamente. El berilio, por ejemplo, se aplica para las cabezas nucleares, sensores, computadoras, aviones, misiles o satélites. Es un compuesto muy particular y muy tóxico, hay que tener mucho cuidado en su uso. Las tierras raras, que son clave para la industria de la informática, se exportan también. El grueso de las tierras raras lo tiene China (un 80 por ciento), el resto lo tiene Estados Unidos y hay en menores cantidades en otros lugares. Por eso es que hay que prestar atención a otros minerales que no llaman la atención por su cantidad pero tienen un rol estratégico. Un caso muy importante en América latina es el que se refiere al litio.

–En el norte argentino, dos empresas, Orocobre y Toyota Tsusho, anunciaron que desarrollarán un proyecto para extraer litio. Lo presentan como un proyecto con mucha inversión y beneficioso para la población.

–Así se presentan todos los proyectos mineros. Lo que sucede es que ahora cada vez dependemos más del litio por todos los aparatos electrónicos que utilizan baterías. Bolivia tiene la reserva de litio más grande del planeta. Evo Morales dijo que el Estado se asociará con otras empresas o creará la propia para extraer litio. Aunque eso no nos dice nada sobre si una empresa estatal garantizará hacia dónde van las ganancias. Además, serían ganancias muy pequeñas porque no van a procesar el litio, es decir, no harán las baterías, que es donde está la gran ganancia. Lo mismo sucede en México, donde el año pasado se descubrió un yacimiento de litio similar al de Bolivia. En la minería, los modos de extracción son mucho más agresivos.

–¿Agresivos en qué sentido?

–Por un lado, la tecnología es más agresiva con el medio ambiente y afecta a las poblaciones aledañas. Las “demandas del mercado” –así se lo presenta– hacen que se extraiga mucha más cantidad de minerales. En realidad son los patrones de consumo de los países más desarrollados los que presionan para que haya una mayor explotación de yacimientos. Además, las multinacionales mineras empiezan a explotar yacimientos de baja ley, es decir, de baja concentración de minerales y buscan la mayor rentabilidad posible. Este esquema, de modo menos agresivo, se vio en la época colonial, en muchos países de América latina.

–¿Cuáles son las características más visibles de ese esquema?

–Por ejemplo, no consultar a las poblaciones locales. Cuando llegan los proyectos mineros a los lugares, despojan la tierra, engañan a los comuneros y negocian cifras de compensación a 30 o 50 años, que terminan siendo montos ridículos, por prácticamente destruirles la tierra. Son montos absurdos los que pagan. El despojo tiene dos formas: como se hacía en la colonia, sin ningún permiso o, como se hace ahora, mediante un proceso de negociación ficticia. Se vende como un proyecto de desarrollo que creará empleo y derrame económico, cuando, en los hechos, no crean derrame económico y generan muy pocos empleos. Cuando la gente ve que les destruyeron la tierra y se ven despojados y reacciona, se empieza a generar una serie de mecanismos legales, de desprestigio social y de criminalización de los movimientos antimineros, por parte de la empresa y de otros actores involucrados en el negocio que implica la minería.

–¿Cuánto puestos de trabajo se calcula que crean estos proyectos?

–En los pueblos de América latina donde llegan estas mineras, la cantidad de empleados no pasa las tres o cuatro decenas. Luego vienen trabajadores de otras regiones del país o son técnicos formados. La versión de las empresas es que son lugares aislados donde hay gente campesina, humilde, con poca formación técnica y que no puede manejar maquinaria que nunca ha visto en su vida. Y esa gente queda totalmente afuera de esta idea de desarrollo.

–¿Cómo se dan los mecanismos de criminalización de estos movimientos?

–En el caso de Barrick Gold o New Gold, capitales canadienses que operan en México y en otros países, se ven los mismos fenómenos de criminalización. En la Redlar (Red Latinoamericana contra represas) se ven casos como el de Blackfire, una minera canadiense que opera en Chiapas, México, involucrada en el asesinato del principal líder del movimiento opositor a la mina, Mariano Abarca Roblero. Recientemente asesinaron a otro líder de un movimiento antiminero y a su esposa, vinculados con la mina de oro Marlin, en Guatemala. En general, las mineras tratan de empantanar las quejas de la población mediante procesos legales. Y una de las debilidades de los movimientos sociales es que usualmente no tienen asesoría legal.

–Además de las empresas, ¿qué actores intervienen para la realización de estos proyectos?

–En México, los actores involucrados son el gobierno federal, al que se pide el permiso de exploración, la empresa y algún ingeniero o geólogo local. Una vez que se confirma que hay mineral se pide al gobierno federal un permiso para la explotación, muchas veces se compra un permiso existente porque se trata de viejas zonas de minería. Uno de los problemas más importantes en los proyectos mineros es el del agua; normalmente, están en zonas con poca disponibilidad de agua, que luego desechan totalmente contaminada. Muchos de los permisos tienen que bajar desde la escala federal, pasan por los estados y llegan hasta el municipio, que sería la zona local donde opera el gobierno directamente. En todas estas escalas se van tejiendo escalones de corrupción. Cuando se llega a la escala local, se suele “comprar” al gobierno directamente. En el caso de Cerro San Pedro, en México, el secretario de Gobierno era, además, funcionario de la mina. Este tipo de vinculaciones son importantes para poder hacer operativo el proyecto. En otros casos más complejos, cuando hay una población más grande, se hacen alianzas con algunas personas para que sirvan como choferes del material que se saca. Con este tipo de alianzas, si bien se da con una porción de la población, se logra legitimidad.

–¿Por qué dice que no generan derrame económico?

–Porque los impuestos que se les debe cobrar a las empresas generalmente no se pagan, por varias razones. Durante la década del noventa, casi al mismo tiempo en todos los países de América latina se formularon leyes de minería, según las cuales el capital internacional que realiza inversión extranjera directa (IED) puede operar en esos países más fácilmente. Se les da tratamiento de capital nacional, certeza jurídica, la garantía de sacar las ganancias y todo lo que implica la política neoliberal en términos de inversión extranjera directa.

–¿Cómo hacen las empresas para evitar el pago de los impuestos?

–Hay dos mecanismos. Uno es la salida del capital y el envío a la empresa matriz sin ningún cargo. El otro es declarando gastos para liberar impuestos. Barrick Gold, en el 2003, obtuvo 2035 millones de dólares y, después de toda la ingeniería contable, pagó de impuestos cinco millones de dólares. En 2002, la misma empresa logró declarar más gastos de lo que tenía que pagar de impuestos y el Estado canadiense tuvo que regresarle 16 millones de dólares.

–¿Hay algún caso emblemático de proyecto minero que se pueda mencionar en América latina?

–Es que gran parte de los proyectos de la nueva gran minería, la de tajo a cielo abierto, empieza apenas a aparecer. Menos del 5 o 6 por ciento de los proyectos están operativos, es decir que están sacando el mineral, el resto está en la instancia de estudios de factibilidad. Hay casos importantes, pero no son las principales minas a nivel internacional porque todavía no logran consolidar el proyecto de extracción. Pero en México, una mina de Gammon Gold opera en 12 mil hectáreas de Ocampo. Y junto con otra mina contigua genera el 25 por ciento del oro de todo el país. La propia Gammon Gold, en el mismo municipio de Ocampo, extrae el 14 por ciento de la plata. Por primera vez el año pasado, México tuvo más producción de oro que de plata, en cuanto a su posición mundial. El caso de Esquel, en Argentina, es otro muy significativo. El capital canadiense se está especializando mucho en oro y plata.

–¿Qué particularidades tiene la geopolitización de los recursos, que se dio en EE.UU. a partir de los años ’90?

–En el marco de la vinculación del medio ambiente con la seguridad, la geopolitización proviene del aparato del Estado norteamericano, particularmente del área de seguridad. En la década del ’90, por primera vez en el Plan estratégico de Estados Unidos aparece la necesidad de vincular la cuestión de seguridad con los recursos naturales. Ellos argumentan: “Nosotros tenemos que garantizar que Estados Unidos tenga los recursos que necesita”. Eso implica saber dónde están los recursos fuera de ese país. La geopolitización significa asegurar los recursos por la vía del mercado o del Pentágono. Por ejemplo, en Irak entran con mecanismos militares y diplomático-militares y así generan un mejor escenario para que después sí pueda entrar la Inversión Extranjera Directa (IED). Lo que se ve en Irak se replica con otros procesos extractivos de América latina.

–¿Cómo se vuelca la estrategia geopolítica de Estados Unidos en el Amazonas y el Acuífero Guaraní?

–A fines de la década del ’90 y principios del 2000 comenzaron a salir proyectos de conservación para la Triple Frontera, financiados por el Banco Mundial y las Naciones Unidas. La idea al principio era saber cuánta agua había allí, era una de las cuestiones que querían aclarar, respecto de los datos que tenían en los años ’70. Esto coincidió con un momento en que se estaba hablando del agua como recurso estratégico, una coyuntura en la que quedaba muy claro que Estados Unidos tiene una preocupación tremenda por el acceso a fuentes de agua. En el fondo, lo que está en juego es cómo se asegura el agua para que se exporte de otras maneras.

–¿Como cuáles?

–De la zona argentino-brasileña productora de soja y otros cultivos, no sólo se exporta granos sino también agua. Es muy importante asegurar que las grandes empresas agroindustriales de esas zonas tengan agua, porque esos granos van a beneficiar a los países compradores. Otra cuestión tiene que ver con el negocio del agua embotellada. Ya no se trata sólo de transferir el agua para la industria, sino que hay empresas que están embotellando agua para su exportación. Estos intereses empresariales son los que se geopolitizan. En la Triple Frontera hubo amenazas verbales de securitizarla. Hay presencia militar, más o menos reconocida por Estados Unidos. Se quiere implementar operaciones de avanzada, que son pequeños grupos de alta movilidad.

–¿Cómo contribuye la crisis de gobernabilidad hídrica a que se dé esta situación?

–Es interesante analizar cómo el Ejército cambia su visión: en Argentina el Ejército sacó el Proyecto 2025. Así como los recursos hídricos o la zona del Acuífero Guaraní en su conjunto son importantes para Norteamérica, que busca asegurar un beneficio para sus empresas y el crecimiento del mercado estadounidense, el gobierno de Argentina securitiza sus recursos. En el Plan 2025 se cambia la hipótesis de guerra, que ahora es la defensa de los recursos. Ese documento supone reorganizar la estructura del Ejército hacia adentro y cambiar escenarios de defensa.

–¿Cuál sería el enemigo, según el Plan 2025?

–El enemigo es todo aquel que quiera hacerse del recurso, todas las zonas fronterizas. Quisiera remarcar que, en el fondo de la geopolitización, lo que se busca es asegurar que estos recursos lleguen a los destinos por vía del mercado. Así se liberan de la imagen del imperialismo, aunque sigue siendo lo mismo porque en el momento en que este flujo se pare entra el Pentágono.

–¿Los Estados y empresas europeas tienen el mismo pensamiento?

–No les he seguido la pista. Valdría la pena saber sobre el Banco Europeo de Inversiones (BEI), que tiene capital para hacer IED en proyectos productivos, pero no rinde cuentas a nadie, no tiene un sistema transparente de informar en qué invierte y cómo opera. Pero en el caso de la minería, el capital europeo no es muy fuerte.

–¿A qué se refiere cuando habla de que hay “políticas democidas” en relación con la seguridad alimentaria?

–Ese concepto lo planteé en el marco de la política de promoción de los agrocombustibles. Nosotros, los mexicanos, perdimos la capacidad de autosuficiencia, ahora importamos poco más del 40 por ciento de los alimentos, incluyendo los granos básicos, maíz y frijol. El abandono del apoyo al campo en acuerdo con la propuesta del Banco Mundial llevó a que se desplomara la participación económica del campo mexicano y desaparezca el mediano y pequeño campesino. Al mismo tiempo, hay mucho apoyo a proyectos agroindustriales de producción de maíz para la generación de etanol. La política democida tiene dos vertientes. Por un lado, la política neoliberal está desmontando la soberanía alimentaria y hace competir los alimentos con la generación de energía. Por otro lado, el Estado abandona la responsabilidad social en términos de gasto en educación, salud y los servicios que requiere la población.

*Gian Carlo Delgado Ramos. Economista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con estudios de maestría y doctorado en “Ciencias Ambientales” por parte de la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Investigador de tiempo completo del programa “El Mundo en el Siglo XXI” del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Integrante del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. Es también profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

Autor de más de un centenar de artículos publicados en revistas profesionales y de divulgación. Autor o coautor de numerosos capítulos en libros compilados y de 12 libros. El más reciente: “Sin Energía. Retos y resistencias al cambio de paradigma energético” (Plaza y Valdés. México, 2009).
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El cambio climático: plataforma de lucha

2010-03-08T18:31:00.002-08:00

En la penúltima jornada del XII Encuentro Internacional sobre Globalización y Problemas del Desarrollo se reflexionó sobre la urgencia de la búsqueda de energías renovables y el reto que significan el crecimiento urbano y la aumentada emisión de gases contaminantes. Este viernes concluye el cónclave.

4 marzo de 2010.
Juventud Revelde.
La Habana, Cuba.
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La urgencia de enfrentar el cambio climático desde la búsqueda de soluciones de fondo, la alternativa que suponen las energías renovables, el reto que significan el crecimiento urbano y la aumentada emisión de gases contaminantes, así como la plataforma de lucha que demandan crear estas urgencias fueron abordados en la penúltima jornada del XII Encuentro Internacional sobre Globalización y Problemas del Desarrollo.
Desde el panel Energía, cambio climático y desarrollo se trataron —desde diversas visiones— algunas de las problemáticas más complejas que genera esta dimensión de la crisis, y se hicieron propuestas concretas para avanzar en el largo y urgente camino de salvar al planeta.
Desde Argentina, Ernesto Quiles, representante del Ministerio de Ciencia y Tecnología, hizo un llamado a los mecanismos de integración de América Latina para financiar proyectos propios que permitan desarrollar en nuestros países la energía renovable. Ello evitaría comprar las tecnologías ofertadas a altos precios por los países desarrollados.
Quiles reconoció que las energías renovables son en estos momentos muy costosas, por lo que se necesitan fuertes inversiones para su introducción y utilización. Incluso, para implementar solo un 20 por ciento de su uso, indicó.
«Si llegamos a un 40 por ciento, ese sería un escenario revolucionario», estimó. Pero, para lograrlo, como se dice en Argentina, «hay que poner toda la carne en el asador».
Por su parte, Gian Carlo Delgado, de la Universidad Nacional Autónoma de México, defendió la importancia de pensar qué modelo de desarrollo estamos usando y la necesidad de un cambio en los alocados patrones de consumo, los cuales se reflejan en la creciente demanda de energía.
Según Gian Carlo, las medidas que muchas veces promueven los gobiernos para frenar el cambio climático no atacan dichos patrones, sino son mero maquillaje. A su juicio, es vital la implementación de proyectos que estimulen las economías locales y se ajunten al contexto nacional y regional.
Se refirió también el mexicano a la gran brecha que separa la construcción del espacio urbano para los ricos y para los pobres, y el modo dramático en que aumentan las ciudades periféricas como resultado de las migraciones. Como ilustró en su intervención, las ciudades consumen 2/3 partes de la energía mundial y generan 4/5 de los gases de efectos invernadero. El aumento de la población y el surgimiento de mega-ciudades plantean un gran reto, mientras —como acotó una de las participantes en el debate—lo más triste es que ello no significa que quienes viven en los tugurios consuman más, sino que son los ricos quienes siguen aumentando sus irracionales patrones consumistas.
Por su parte, el representante del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba, Orlando Rey Santos, ratificó la inviabilidad del capitalismo como modelo de desarrollo y criticó el divorcio actual entre las consideraciones económicas y las ambientales.
El especialista recordó el fracaso de Copenhague y la influencia que tuvo esa reunión en el proceso de desmontaje de la negociación sobre cambio climático, lo cual, dijo, tiene que ver con matrices ideológicas ligadas a urgentes cambios de patrones de desarrollo. Pero, a pesar de lo ocurrido en la capital danesa, estimó, «el cambio climático proporciona una plataforma para la lucha» por ser un punto de comunicación entre intereses distintos.
«Tenemos que trabajar más en la ciencia y en la política», afirmó Rey Santos, quien también subrayó la necesidad de crear agendas prácticas para avanzar, así como desarrollar y difundir ideas.
Sobre la estrategia de la Unión Europea en la lucha contra el cambio climático disertó en el panel Angel Angelidis, consejero a cargo de los problemas agroalimentarios y forestales del Parlamento Europeo.
«Todos los países deberían tener planes concretos de energía limpia», afirmó el consejero europeo, quien también agregó que un acuerdo entre las naciones sobre el tema debería promover el desarrollo. Asimismo, mencionó la necesidad de transparencia y supervisión efectiva, así como de medidas urgentes para investigación, capacitación y educación.
Otras intervenciones ratificaron la oposición al uso de la superficie agrícola para la producción de biocombustibles, por su repercusión en la «inseguridad» alimentaria.
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Se precisan cambios para salvaguardar la energía

2010-03-06T08:43:00.000-08:00

Por Julio César Mejías Cárdenas
Globalización.
La Habana, Cuba.
5 de marzo de 2010
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Este libro es un instrumento didáctico y muy interesante para entender el fenómeno de la crisis energética en Estados Unidos, en particular, y del planeta en general, dijo el académico John Saxe Fernández, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la presentación del título "Sin energía. Retos y resistencias al cambio de paradigma energético", del doctor Gian Carlo Delgado.
En su exposición Delgado adelantó los principales tópicos que aborda en su libro, dirigido a captar la atención sobre la sobreexplotación de los combustibles fósiles, con sus lamentables consecuencias, tanto en el desgaste de sus reservas como en la degradación del medio ambiente, uso irracional mediante.
El joven profesor mexicano comentó entonces sobre las actuales propuestas de energías renovables y la generación eléctrica a través del uso del átomo, pero alertó que en todos los casos existen obstáculos para la extensión de su aplicación o insuficiencias económicas de las naciones para la obtención de energía eléctrica a partir de ellas.
Mencionó que en el caso del uranio -materia prima para las centrales electronucleares-, este tiene un máximo de reservas a nivel planetario, considerándose por parte de los analistas que se agotarán hacia 2070 si se siguen explotando mediante las tecnologías actuales.
La industria nucleoeléctrica, apuntó, evidencia decadencia, ocasionada por la lógica inhibición de los productores de tecnología debido a los peligros que generan -las sustancias toxicas que perduran como desechos por cientos de años, además de que aún perdura en la memoria la catástrofe de Chernobil.
En cuanto a las llamadas energías renovables señaló que están pasan por perfeccionar aún sus sistemas de explotación y aplicación, así como precisar cuáles son sus costos ambientales, que también los tienen.
No se trata de descubrirlas, porque ya existen, se conocen, sino resolver las disputas en torno a ellas, como la de espacio, como en la disyuntiva de producir alimentos o producir materias primas para generar energía, en referencia explícita a la utilización del maíz, la caña de azúcar, la soya u otros renglones agrícolas para la obtención de biocombustibles.
Delgado dijo más: "entran incluso en conflicto conceptos imprescindibles como seguridad energética como seguridad alimentaria".
Ejemplificó con las energías eólica y la solar: "No existe hierro suficiente para satisfacer la demanda de molinos que se desean montar, además de que los generadores cada vez deben situarse a mayor altura debido al alejamiento respecto a la superficie de las corrientes de aire idóneas para la conversión a energía eléctrica".
"Los colectores solares y los convertidores son muy costosos, en tanto varían en las diferentes latitudes del planeta."
Aún así, significó, pese a la variedad de energías renovables, estas alternativas no alcanzan para satisfacer los niveles actuales de consumo, por lo cual lo más importante es bajar los patrones actuales de consumo y la sobreexplotación del empleo de los combustibles fósiles.
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Lo urbano frente al cambio climático y la pobreza: un reto interdisciplinario.

2010-02-23T16:33:00.003-08:00

Gian Carlo Delgado Ramos
Humanidades y Ciencias Sociales. UNAM.
Año VI. No. 46. pp, 14-15.
México. Diciembre de 2009 - Enero de 2010.

AUTOR DE “SIN ENERGÍA. CAMBIO DE PARADIGMA,
RETOS Y RESISTENCIAS” (PLAZA Y VALDÉS. MÉXICO, 2009)

Los límites del urbanismo contemporáneo basado en la disponibilidad de materiales y energía creciente y barata es un asunto cada vez más importante, sobre todo frente a la biocapacidad del planeta y las restricciones que ésa implica para el crecimiento socio-económico. Y es que la cada vez más aguda crisis medioambiental (en especial el cambio climático y sus implicaciones) obliga a la humanidad a replantearse cómo gestionar el territorio, entendido como aquel en el que se plasma concretamente el sistema actual de producción y consumo, sus relaciones sociales y sus contradicciones.
El estudio sobre el tipo de urbanización implementado desde el inicio de la era del automóvil y de la “asfaltización” del planeta es central puesto que las cada vez más grandes y caóticas ciudades (una decena por lo menos en el orden de mega-polis) son por y en principio no-sustentables. Como botón de muestra, basta precisar que hoy en día las ciudades del mundo consumen 2/3 partes de la energía mundial y emiten el 4/5 partes de los gases de efecto invernadero (GEI). En América Latina, tales mega-polis son íconos representativos de inmensos (des)ordenamientos territoriales con patrones de expansión acelerados que se caracterizan por ser ambientalmente inviables y socialmente excluyentes. Los desbalances del ordenamiento territorial son claros en el caso de México donde el sistema urbano cubre 800 mil hectáreas ó 0.4% del territorio del país, sin embargo, concentra 65% de la población y genera 80% del PIB.
El panorama mundial promete ser cada vez más complejo pues se calcula que para el 2030 - 2050 el grueso de la población, de unos 9 mil millones (de mantenerse los patrones actuales), vivirá en zonas urbanas. Un contexto en el que el aumento poblacional se concentrará en los países pobres con sus consecuentes impactos e implicaciones, más si contemplamos las vulnerabilidades frente al cambio climático. De llamar la atención es entonces el hecho de que en la Cd. de México, el avance de la capa urbana en los últimos 60 años sea del orden de una hectárea por día.

El metabolismo urbano o la suma total de procesos técnicos y socioeconómicos que ocurren en las ciudades y que son resultantes del crecimiento, la producción de energía y la eliminación de residuos, es una perspectiva teórico-analítica que puede ser útil para evaluar el estado actual de los espacios urbanos, sus reales y múltiples implicaciones, destino y medidas necesarias y factibles que se podrían implementar. Algunas estimaciones indican que el metabolismo urbano de las ciudades de principios del siglo XXI requiere, en promedio, de ecosistemas aledaños equivalentes a por lo menos el doble de su tamaño; contexto en el que el agua, la energía, los alimentos y los residuos son los aspectos más relevantes. Para mostrar algunos datos de las dimensiones del metabolismo urbano latinoamericano, vale pues ejemplificar con el caso de la Ciudad de México que con 8.7 millones de personas -20 millones si se considera como Zona Metropolitana del Valle de México-, registra al día de hoy un aumento de la temperatura media anual de 4º C con respecto a los últimos cien años al colocarse en 18º C promedio (buena parte producto del intenso proceso de urbanización y su consecuente “efecto isla de calor”). El sistema de transporte, 94% de tipo privado, contribuye con 43% de gases de efecto invernadero mientras que el sector industrial anota 22%, el residencial 13% y los residuos sólidos 11%. La huella hídrica de la ciudad se extiende a 127 km de distancia, hacia la cuenca del Lerma y el Cutzamala, factor al que se suma el coste energético-ambiental del bombeo del agua a 1,100m de altura para alcanzar los 2,100 m sobre el nivel del mar. Ello conlleva la quema de unos 3.4 millones de barriles de petróleo al año. Al mismo tiempo, la ciudad succiona miles de toneladas de materiales, desechando anualmente 12,500 toneladas de residuos sólidos (60% inorgánicos), suma a la que se suma unas 130 toneladas cada día.
A pesar de los datos indicados, llama la atención que estudios detallados y actualizados sobre el metabolismo urbano de la ciudad sigan, ha saber, sin realizarse de modo sistemático (al menos más allá de lo referente a los GEI y la calidad del aire). El Plan Verde de la Ciudad de México y el Programa de Acción Climática de la Ciudad de México 2008 – 2012 son sólo un primer paso de atención a los límites ambientales de la ciudad pues con todo, tienen escaso contenido analítico e investigativo sobre flujos de materiales y energía. Se trata de documentos que coinciden en buen grado con la discusión internacional sobre la necesidad de implementar alternativas al transporte privado, así como medidas para un uso más eficiente de la energía y la implementación de aquellas de tipo alternativo; para la creación de mayores espacios verdes (incluyendo azoteas verdes); para el uso racional del agua (ahorro, reuso y aprovechamiento); para la protección y rescate de suelos de conservación; para la producción de alimentos en espacios urbanos, rurales y “ruburbanos”; para la reducción de residuos y para su mejor manejo; para la educación, comunicación y concientización social; entre otras medidas. Las metas del mencionado Programa se limitan sin embargo a reducir 7 millones de toneladas de CO2 equivalente para el periodo 2008-2012 y a elaborar un programa integral de adaptación para tenerlo en pleno funcionamiento para el 2012. Justo cuando hay cambio de gobierno local y federal! Las acciones concretas, si bien el grueso de ellas son positivas, ninguna procura conocer las dimensiones reales del metabolismo urbano de la ciudad, ni replantear a fondo y en el largo plazo el territorio urbano y las relaciones ahí contenidas. Lo que se observa en cambio, es la promoción de fuertes oportunidades de negocio (sobre todo en infraestructura como el metro, corredores de transporte, drenaje profundo, etcétera).
Estamos pues en un contexto en el que ha sido poco analizada la relación y sinergias existentes entre el cambio climático, la necesidad de otro paradigma energético y la consecuente reconfiguración del espacio geográfico y de todas las relaciones socio-productivas ahí emplazadas, con la variable de clase social y en particular la de la pobreza y la justicia social. El asunto no es menor pues de entrada las ciudades periféricas, como las latinoamericanas, ciertamente tendrán más problemas para tomar medidas de “adaptación” o de reconfiguración gradual y de fondo ante el cambio climático pues los medios no solamente políticos, sino económicos, son restrictivos. Se trata de un escenario en donde además, la pobreza, sobre todo en los cinturones de miseria (slums) pero también en las zonas rurales de la ciudad, representa un enorme reto para cualquier tipo de reconfiguración integral del espacio urbano. Desafío que obliga a una reflexión interdisciplinaria, específica y propia de la periferia, pero aún más, de cada región, de cada país y de cada ciudad. Las experiencias pueden ser, y de hecho deberían ser, compartidas, pero las soluciones concretas requerirán de amplios esfuerzos en la escala local a modo de implementar acciones acordes a la realidad específica de cada caso. El ejemplo y rol de la UNAM (y el de otras entidades universitarias y de investigación) es clave, tanto en términos de investigación, generación de propuestas concretas, docencia y formación de personal capacitado para afrontar problemas cada vez más complejos y urgentes de atender, así como en lo que refiere a aspectos relacionados a la divulgación y formación de conciencia social.

Ecología y Sociología Política de la Nucleoelectricidad

2010-01-24T14:19:00.001-08:00

Gian Carlo Delgado Ramos
Estudios Culturales. Vol 2. No. 4: 96 - 130.
Venezuela. Julio - Diciembre de 2009.
ISSN: 1856-8769

RESUMEN
De cara al creciente calentamiento global, se reconoce con mayor fuerza la necesidad de un cambio o por lo menos reajuste del patrón energético mundial. Aunque se habla de numerosas fuentes de energías "alternativas" como potenciales caminos a seguir, la energía nuclear se viene promoviendo entusiastamente como "la" solución. El lobby nuclear nos informa que esa energía ya es económicamente competitiva y que, además, es ambientalmente viable pues se trata de una energía "limpia" y segura. Sin embargo, múltiples argumentos señalan lo contrario, a lo que se suma el problema no resuelto de los residuos nucleares y la cuestión de la proliferación nuclear. El presente texto revisa los aspectos antes mencionados y aterriza el análisis al caso de
algunos países latinoamericanos que han hecho expresa su intención de promover y/o expandir la núcleoelectricidad entre los que se incluye Argentina, Brasil, México y Venezuela.

Palabras Clave: Energía Nuclear, Cambio Climático, Seguridad Energética, América Latina.
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(ECOLOGY AND POLITICAL SOCIOLOGY OF NUCLEAR ELECTRICITY)

ABSTRACT

With the growing global warming intensifies strongly the need for change or at least an adjustment of the global energy pattern. Although we talk about numerous sources of energy 'alternatives' as potential ways forward, nuclear power has been enthusiastically promoted as the solution. The corporative lobby says that nuclear energy is already economically competitive, and that is also environmentally viable because it is a clean and safe power. However, many arguments suggest otherwise, in addition to the unresolved problem of nuclear waste and the issue of nuclear proliferation. This paper reviews the above points and the case of some Latin American countries that have expressed their intention to promote and / or expand nuclear power including Argentina, Brazil, Mexico and Venezuela.

Key words: Nuclear Energy, Climate Change, Energetic Security, Latin America.
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estudios culturales revista

Minerales bajo custodia del Pentágono

2010-01-23T07:10:00.004-08:00

por Mario Hernández. Red Eco Alternativo.
Ciudad de Buenos Aires
21 de enero de 2010

El 13 de enero, en la sede porteña del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE), el investigador mexicano Gian Carlo Delgado Ramos expuso sobre “Ecología Política de la minería en América Latina”.
El joven investigador de la Universidad Nacional de México señaló en la charla la importancia que tiene para los Estados Unidos la exploración y explotación de minerales.
En 2008, el Pentágono los clasificó como estratégicos, críticos y esenciales, siendo los primeros los que permiten mantener la hegemonía mundial y regional al tiempo que sus reservas son limitadas o de difícil explotación por resistencias sociales. Los críticos son también de carácter estratégico pero además permiten ventajas en el sector militar; es el caso del berilio que se utiliza en las cabezas nucleares. Y finalmente, los esenciales son aquellos que dan forma a la economía, como el hierro y el cobre.
Delgado Ramos ejemplificó dónde se encuentran estos minerales. China posee el 49% de las reservas mundiales de arsénico que se utiliza en la industria espacial y de telecomunicaciones. La bauxita que se utiliza en el aluminio se distribuye entre Jamaica, Australia, Guinea y Vietnam. El 80% del cobalto se encuentra en el Congo y el 20% restante en Cuba. El litio en Bolivia y Chile. El oro en Sudáfrica y las más importantes reservas de cobre se reparten entre Chile y Perú.
También señaló que la actual dependencia estadounidense del abastecimiento de petróleo externo , que es de un 45%, se elevará entre 2020 y 2030 a un 75%. De allí que ya no se trate de una cuestión que pueda resolver solamente el mercado y sus empresas transnacionales, sino que involucra principalmente a las Fuerzas Armadas estadounidenses.
Desde la década del ‘90, la política exterior de Estados Unidos liga la cuestión de la seguridad con la variable ambiental. El objetivo fue asegurar zonas ricas ante escenarios de incertidumbre. Hoy esa tarea ocupa principalmente al Pentágono que para tener libre acceso a los recursos naturales estratégicos ha pasado a definirlos como bienes comunes y recursos globales. Promover el acceso, flujo y control a las reservas mundiales de minerales depende ahora de los militares estadounidenses que desde 1991 sólo consideran abastecedores confiables a México, Canadá y los países de la cuenca del Caribe.
Aunque desde fines de los ’70 Estados Unidos ya contaba con una Ley de Almacenamiento Estratégico, en la actualidad apunta centralmente a satisfacer un modelo dinámico de defensa para lo cual se asocian con industrias privadas, principalmente estadounidenses y canadienses, pero subordinando esta política a la securitización de los recursos mineros vía militar. De allí la reformulación del Comando Norte que ahora incluye a Puerto Rico y México y hacia el sur fija el eje operativo en Colombia apuntando al control de América del Sur.
La pregunta que se hace Delgado Ramos es si este interés norteamericano beneficia a América Latina.
Al respecto señaló que nuestras economías son de carácter extractivo, de enclave. Dio como ejemplo el caso de su propio país, México, cuyo principal mercado es Estados Unidos y donde el petróleo crudo y minerales representan el 60% del total de sus exportaciones e importa el 40% en naftas. También en el caso de Centroamérica el grueso de sus recursos naturales va a Estados Unidos. Para los casos de Chile y Perú, entre 1980 y 2000, el 52% de sus exportaciones afectaron a la minería y tuvieron el mismo destino.
Esta sangría de recursos naturales mineros ha sido acompañada por leyes que garantizan la seguridad jurídica a las empresas extractivas como las mineras, privatizando reservas, dando preferencia al uso minero del territorio y el agua y concesiones por períodos de 50 años, para las cuales no existen pagos de impuestos ni tasas de exportación para los minerales extraídos.
Aunque mucho se habla que todo esto se hace para favorecer el desarrollo de los pueblos, Delgado Ramos aseguró que para México sólo representa el 0,1% del empleo con 270.000 puestos de trabajo mientras los impactos ambientales son devastadores. La minería produce el 69% de los gases invernadero en México, Canadá y los EE.UU.
Es por eso que contra la idea del Pentágono de “securitizar” los recursos, propone la de una seguridad ecológica vinculada a la necesidad de pensar un medio ambiente sano vinculado a modos de producción y relaciones sociales diferentes de las actuales. Concluyó afirmando que no podemos pensar un modelo alternativo, por ejemplo, el del socialismo del siglo XXI, basado en economías extractivas.
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Controlando los átomos

2009-12-07T09:26:00.001-08:00

Un investigador mexicano pone en La Habana la mirada sobre las implicaciones sociales, éticas, legales y ambientales de una tecnología vital para el desarrollo de la humanidad

Por BÁRBARA AVENDAÑO
BOHEMIA. Revista de Análisis General.
La Habana, Cuba.
7 de diciembre de 2009

Takami Comercial, una empresa japonesa de cosméticos, enamora a sus clientes con la idea de recuperar la belleza de manera natural sin tener que traspasar el umbral de un quirófano. El milagro lo ofrece la loción CS Inia, una mezcla a nivel nanométrico de colágeno hidrosoluble con escualenoxz concentrado, obtenida del aceite de hígado de tiburón, que ayuda a suavizar las líneas de expresión y estimular la formación de piel nueva.
La promesa viene también de otros fabricantes de cosméticos, quienes usan en sus productos compuestos con nanopartículas que, por su mínimo tamaño, pueden ser más efectivas para borrar las huellas del tiempo. Sin embargo, aún no existen estudios suficientes sobre la seguridad de utilizar los nanoingredientes (se sabe que atraviesan la piel y desaparecen, pero no dónde terminan), ni legislación específica para controlar su empleo.
En la actualidad cientos de productos emplean la nanotecnología: protectores solares, cosméticos, aditivos alimentarios, plaguicidas, textiles, barnices, recubrimientos y membranas aplicadas a artículos del hogar, chips, sensores y dispositivos para diagnóstico.
A esa escala se trabaja con objetos del tamaño de un nanómetro (nm): una mil millonésima parte de un metro o, en el ejemplo más usado, el grosor de un cabello dividido cien mil veces. Por sus aplicaciones tecnológicas, interés fundamental han despertado los nanotubos, estructuras tubulares cuyo diámetro es del orden del nanómetro, en especial los de carbono, que tienen una resistencia mecánica cien veces mayor a la del acero.
La revolución protagonizada ahora por esta ciencia, capaz de manipular individualmente a los átomos, es similar a la representada en su momento por otros materiales. Los expertos avizoran que su impacto científico y social irá en aumento en los años próximos, junto a la informática y la biotecnología.

Sortear los riesgos

Para Gian Carlo Delgado Ramos urge seguir las implicaciones sociales de la Nanociencia y Nanotecnología en América Latina, con énfasis en los retos y amenazas que representan.
De las preocupaciones acerca de la toxicidad de los nanomateriales y cómo con su empleo cambian las relaciones sociales y los escenarios de guerra y de trabajo en el mundo, trató una de las investigaciones expuestas recientemente en La Habana por el doctor en Ciencias Gian Carlo Delgado Ramos, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam).
Gian Carlo defiende la urgencia de financiar esos estudios para definir en qué grado son o no dañinas esas sustancias, así como su ciclo de vida. “Los nanomateriales ya sea encapsulados, colocados en forma de nanotubos en el concreto, o en las bolas de golf, y las nanopartículas de cobre situadas en las llantas de los coches alcanzan un punto en el que son desechables y llegan al medioambiente. ¿Qué pasará entonces, incluso si se queman?”, especifica.
La disertación del experto tuvo lugar durante la Conferencia Internacional La Ciencia de Materiales en la Era Nano, realizada con el auspicio principal de la Universidad de La Habana, en homenaje al aniversario 25 de su Instituto de Ciencia y Tecnología de los Materiales (IMRE). Un esfuerzo más de Cuba por insertarse en esta tecnología que ya transforma al mundo.
El joven economista comenta que actualmente en Estados Unidos y Europa no se obliga a las empresas de cosméticos y fragancias a hacer estudios que avalen la seguridad de este tipo de productos, y los Gobiernos se limitan a indagar después que se está usando, cuando hay indicios de que alguno tiene problemas.
Estas industrias defendieron en el evento Euro-Nano-Fórum 2007 que sea libre la decisión de etiquetar o no sus productos. “Por ejemplo, la empresa que fabrica los cepillos de dientes Oral-B promueve uno bactericida en México, pero no dice que esa propiedad se debe a que tiene partículas de plata. Sin embargo, en Brasil, donde hay un poco más de cultura en el campo de la nanotecnología sí se ofrece esa información”, apunta.
“Igualmente, hay que definir el grado de exposición tóxica y su umbral de tolerancia para los trabajadores que fabrican los artículos.”

No solo asunto de tamaño

El debate a nivel internacional sobre la existencia de la nanotecnología nació muy radicalizado por ciertos sectores. Hay algunos que prohíben la investigación en este campo, y otros que abogan por una moratoria, o por ninguna regulación.
Acerca de las implicaciones sociales, éticas, legales y ambientales de la nanotecnología, el visitante explicó que en México el gran analfabetismo tecnológico se suma al analfabetismo general y hace muy complicado informar a la gente.
Cuado llegó a su país a finales de 2006, después de concluir el doctorado en España, el joven científico notó que no había eventos interdisciplinarios que vincularan las ciencias naturales y exactas con las sociales. Así surgió NanoMex, cuyas ediciones de 2008 y 2009 han interconectado a la comunidad de nanotecnólogos y nanocientíficos y promovido la integración de ingenieros, representantes de entidades de cooperación internacional y del Gobierno, para identificar cómo regular el tema.
“Empezamos a publicar cada seis meses una revista impresa y digital nombrada Mundo Nano y filmamos un documental titulado La frontera de lo pequeño, que refleja lo hecho en este campo en la UNAM. Los más de 70 investigadores entrevistados valoraron también el significado de las ciencias sociales para su labor.
“Todos coincidieron en que eran importantes, pero la mayoría creía que utilizarlas les correspondía únicamente a los científicos sociales. Y ahí radica el problema, porque muchos de estos mantienen cierta lejanía del resto de la ciencia y la tecnología por tratar temas y hablar lenguajes demasiado complejos”, dice.
Con su investigación, Gian Carlo corroboró que al igual que en ciencia y tecnología en general, en nanotecnología Estados Unidos, la Unión Europea y Japón controlan el peso de la innovación y las patentes.
En América Latina la nanotecnología choca, entre otros males, con la falta de un sector empresarial nacional interesado en llevar las innovaciones a la vida cotidiana. El especialista propone alternativas enfocadas hacia líneas de estudio útiles a las necesidades nacionales, que haya políticas que posibiliten la sinergia entre el Estado, las empresas y universidades, y una colaboración Sur-Sur.
“Lo más constructivo, desde mi punto de vista, es que prevalezca un discurso en el que se reconozca que habrá beneficios pero también complejidades. Combinar estas posiciones posibilitará tener un desarrollo responsable de la ciencia y la tecnología a partir de un diálogo abierto entre los distintos actores.”
Sería como encontrar la nanoesencia del asunto: cómo socializar los provechos y, a la par, distribuir y minimizar los peligros.

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Maquilización y Dependencia Tecnológica: el caso de México

2009-12-01T19:37:00.001-08:00

Gian Carlo Delgado Ramos
El Norte. Finish Journal on Latin American Studies.
No. 4. December 2009. ISSN 1796-4539
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Abstract
Neoliberalism has increased deindustrialization and denationalization of the national industries, especially in the strategic sectors. This article uses political sociology to assess the behavior, contradictions, interests and capital accumulation participation of the contemporary Mexican business oligarchy. The results indicate that Mexico,instead of developing science and technology to stimulate industrialization, has become increasingly dependent. The article concludes with alternative developmental proposals, for Mexico in particular, and Latin America in general.

Resumen
El proceso de neoliberalización de las economías latinoamericanas sugiere el establecimiento estimular ya no sólo un esquemas “truncos” de industrialización y desarrollo científico- tecnológico, sino en franca regresión. Esto es, de desindustrialización y desnacionalización creciente del aparato productivo, sobre todo en sus sectores estratégicos. El presente revisa el caso de México, en particular desde una indagación a la sociología política de la oligarquía empresarial mexicana de hoy en día; su comportamiento; contradicciones; interéses; y rol y tipo de participación en el proceso de acumulación de capital. Como resultado, se reconoce que el país lejos de desarrollar ciencia y tecnología endógena de frontera y de estimular la industrialización de su matriz productiva, es en cambio, crecientemente dependiente. En tal sentido, se concluye con una serie de propuestas alternativas para el país y la región latinoamericana en general.