30.8.16

In the midst of a transition: Mexico's pathway towards urban adaptation and mitigation to climate change

Gian Carlo Delgado Ramos
Ana De Luca Zuria
Verónica Vázquez Zentella
Póster (P034), presentado en "Urban Transitions 2016". Shanghai, China. Septiembre de 2016.



11.8.16

Ciudad, sustentabilidad, resiliencia y sociedad: el camino hacia configuraciones urbanas del futuro

Por Gian Carlo Delgado Ramos* | ➜
Revista TELECAPITA.
10 de Agosto de 2016. México.
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Introducción


La urbanización ha alcanzado en el siglo XXI una escala planetaria. Se trata de una tendencia que continuará profundizándose: en 2050 el 66% de la población mundial vivirá en alguna ciudad; hoy es el 54 por ciento. Ese aumento en la población urbana se dará en un 90% en países en desarrollo, con regiones muy dinámicas en Asia y África.

En México, pese a ser ya 72.3% urbano, se experimentará una mayor urbanización al alcanzar una población 86% urbana en el 2050. De las 384 ciudades que hoy día componen el Sistema Urbano Nacional, 135 que conforman el denominado “sistema principal” y que suman 74 millones de habitantes, seguirán expandiéndose. La zona megalopolitana del centro del país así como las zonas metropolitanas de Guadalajara y Monterrey, continuarán siendo dominantes, no sólo en términos de su población sino también por su relevancia económica y política. [1] Otros asentamientos tendrán peso, pero sobre todo en el ámbito local-regional, tal es el caso, por ejemplo, de Tijuana, León, Aguascalientes o San Luis Potosí.


La ciudad contemporánea de cara al siglo XXI


La figura de ciudad contemporánea, resultante de un intenso proceso de expansión del suelo construido así como de importantes flujos migratorios de lo rural a lo urbano, sobre todo a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, ha logrado concentrar el grueso de oportunidades de trabajo, del poder político, de medios de producción, educación, infraestructura, servicios, cultura, etcétera. No obstante, enfrenta también cada vez mayores dificultades, límites y retos, tanto económicos, como políticos, socio-culturales y ambientales.

Si bien el perfil e intensidad de tales dificultades, límites y retos varían para cada asentamiento, en general destacan aspectos comunes como lo son: la creciente contribución de lo urbano a la degradación de la naturaleza y a la agudización del cambio climático; el llevar servicios públicos al grueso de población de manera accesible y asequible y mantenerlos operando con calidad en el tiempo; el reto de conlleva la planeación sustentable del territorio con visión de largo plazo; la mejora de la calidad de vida y la habitabilidad urbana; la disminución de las desigualdades imperantes de cara a procesos de gentrificación/segregación; la reducción de vulnerabilidades ante peligros y fenómenos socioambientales; el fortalecimiento de mecanismos de participación ciudadana; etcétera.

El análisis integral de esos y otros aspectos, es decir del fenómeno de “lo urbano” como un todo, es clave en cualquier esfuerzo de transición y transformación de los asentamientos urbanos, los cuales, cabe subrayarlo, se perfilan al mismo tiempo como espacios de oportunidad. En tal sentido, los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) de Naciones Unidas, especialmente el objetivo undécimo aboga por transformar las ciudades, y en general los asentamientos humanos, hacia unos cada vez más inclusivos, seguros, resilientes y sustentables. Del mismo modo, existen otras iniciativas de parte de gobiernos y/o actores no-estatales que abogan por ciudades más vivibles y de bajo carbono (por ejemplo iniciativas como las del C40 – Cities Climate Leadership Group [ww.c40.org], del Council for Local Environmental Initiatives – ICLEI [ww.iclei.org], o las registradas en Carbonn [www.carbonn.org]).

La apuesta no es menor ni lineal, no sólo debido a la diversidad de especificidades de cada ciudad y a la complejidad del proceso mismo de construir estrategias concretas y exitosas, sino además porque no hay un consenso sobre la noción de “ciudad sustentable”, ello en tanto que existe un amplio conjunto de objetivos ambientales, económicos, sociales, políticos, demográficos, institucionales y de gobernanza que pueden perseguirse, sea de manera incluyente o desigual, y a diversas escalas. Este último punto es de importancia pues una ciudad no sólo se debería considerar su sustentabilidad dentro de sus límites biofísicos, sino también tendría que reducir o evitar la transferencia de costos socioambientales a otros territorios (incluyendo aquellos de devienen de la importación de bienes y servicios).

Aunado a lo antes dicho, una ciudad resiliente, se perfila normativamente hablando como aquella que en toda la complejidad de sus redes socioecológicas y sociotécnicas constitutivas, tiene la capacidad para transformar, transitar, mantener o regresar rápidamente a funciones socioeconómicas, político-institucionales y ecológicas deseadas de cara a perturbaciones, todo con el objeto de reducir las desigualdades sociales, adaptarse ante los efectos del cambio climático y la degradación ambiental, y transformar oportunamente los sistemas que limitan la capacidad adaptativa, actual y futura.

Lo dicho significa entonces que cualquier noción de ciudad sustentable (y resiliente) es obligadamente de carácter reflexiva en tanto que requiere de un posicionamiento explícito sobre qué entendemos puntualmente por sustentabilidad y de cómo planteamos concretamente transitar y transformar los asentamientos urbanos de hoy día.





Caminando hacia ciudades sustentables y resilientes: una breve mirada


En el esfuerzo para transformar-transitar hacia ciudades sustentables y resilientes, cuatro son las dimensiones o paredes constituyentes de lo que he calificado (Delgado, 2016) como pirámide de la sustentabilidad y resiliencia urbana: (1) la dimensión ecológica o dinámicas biofísicas, (2) la económica, (3) la socio-cultural, y (4) la de gobernanza o de competencias y estructuras sociopolíticas. A ésas se suman una serie de ejes transversales como lo son la cuestión de género, salud, o de cobeneficios y compensaciones. Véase figura 1.

Desde un posicionamiento reflexivo a cerca de las mencionadas paredes y ejes transversales, se propone desde estas páginas el análisis, diagnóstico e identificación de oportunidades para la transición-transformación en el entendido de que una cabal comprensión es imprescindible para cualquier esfuerzo robusto y con mayores posibilidades de éxito, más aún cuando es evidente que en la medida en que las mencionadas paredes sean frágiles o incompletas, la mencionada pirámide no puede edificarse o sostenerse en el mediano-largo plazo.



Figura 1. Principales componentes de las dimensiones de la pirámide de la sustentabilidad y resiliencia urbana. Elaboración propia.


Si bien el proceso en cuestión aterriza en ejes temáticos de análisis y acción, éste se aleja de la típica visión meramente sectorial para, en cambio, apostar por una planeación espacial-territorial y sistémica (léase: Delgado, De Luca y Vázquez, 2015). Así, cuestiones como uso del suelo, movilidad, habitabilidad, abastecimiento de energía, agua y otros recursos, de gestión de residuos, etcétera, son vistas desde una lectura más robusta y holística, permitiendo la construcción de alternativas, políticas y acciones integradas, acordes a la realidad de cada asentamiento, a la identidad sociocultural de cada lugar, a la dimensión de los retos, a las capacidades científico-tecnológicas, y a las condiciones de gobernanza.

Los pormenores de la metodología, herramientas de diagnóstico, generación de escenarios e indicadores, así como de propuestas factibles para el caso de algunas ciudades del Sistema Urbano Nacional, ya se desarrollan alimentándose de diversas experiencias o esfuerzos nacionales e internacionales, ello en el marco de un proyecto de investigación que coordino en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM.


Reflexión final


De cara a las crecientes pugnas por un derecho a la ciudad, se apuesta por caminar hacia escenarios de transición-transformación mediante la activa y permanente coproducción de conocimiento (Delgado, 2015), ello en tanto punto de partida para constituir imaginarios que habiliten configuraciones territoriales, políticas y prácticas incluyentes, deseables, y aptas de cara a las condiciones, retos y capacidades actuales y futuros.

Mientras, muchas soluciones y medidas positivas son ya bien conocidas y requieren de voluntad política, de capacidades de implementación y de procesos de apropiación social de las mismas, otras sin embargo deberán ser coproducidas y promovidas desde las estructuras institucionales, los actores económicos y la sociedad en su conjunto. La urgencia de este llamado radica en el hecho de que de frente a la creciente transgresión de las fronteras ecológicas planetarias (Steffen et al, 2015), las oportunidades que se pueden aprovechar, o descartar, desafortunadamente dependen de lo que comencemos a hacer hoy día, tanto en lo individual y colectivo, como a nivel institucional y de comunidad.


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Referencias


Banco Mundial. 2010. Climate Finance in the Urban Context. Issues Brief. No. 4. Washington, D.C., EUA.

Delgado Ramos, Gian Carlo. 2016. “Nezahualcóyotl, entre la segregación y los usos indeseables del suelo. Una lectura desde el paradigma de la sustentabilidad y la resiliencia urbana”, en: Los desafíos de la ciudad del siglo XXI. Senado de la República / UNAM – CEIICH, PUEC, PUES. México: 363 -396.

Delgado Ramos, Gian Carlo. 2015. “Complejidad e interdisciplina en las nuevas perspectivas socioecológicas”. Letras Verdes. FLACSO-Ecuador. No. 17: 108-130.

Delgado Ramos, Gian Carlo; De Luca, Zuria, Ana y Vázquez Zentella, Verónica. 2015. Adaptación y mitigación urbana del cambio climático. CEIICH-PINCC, UNAM. México.

McKinsey Global Institute. 2011. Urban World: Mapping the Economic Power of Cities. McKinsey Global Institute. EUA.

Naciones Unidas. Sin fecha. Slum population as percentage of urban, en:http://data.un.org/Data.aspx?d=MDG&f=seriesRowID%3A710

Steffen, Will et al. 2015. “Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet”. Sciencexpress. doi:: 10.1126/science.1259855.


______

Notas

[*] Investigador titular B de tiempo completo, definitivo del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Universidad Nacional Autónoma de México. giandelgado@unam.mx

[1] Comprende la Zona Metropolitana del Valle de México y las principales ciudades que la rodean: Toluca, Pachuca, Tula, Cuernavaca-Cuautla, Puebla, Tlaxcala-Apizaco

20.6.16

Los desafíos de la ciudad del siglo XXI

Lucia Álvarez Enríquez
Gian Carlo Delgado Ramos
Alejandra Leal Martínez
(coodinadores)
Senado de la República, LXIII Legislatura / UNAM- CEIICH, PUEC, PUES. México, 2016.
ISBN: 9786070280252
pp. 562











CONTENIDO

Prólogo
Luis Sánchez Jiménez

Introducción. Los desafíos de la ciudad del siglo xxi
Lucía Álvarez Enríquez, Gian Carlo Delgado Ramos y Alejandra María Leal Martínez

PARTE I. Gobernanza
. . .
El reto político del gobierno de la Ciudad Metropolitana
Fernando Carrión Mena 

Democracia e internet en las ciudades del siglo xxi. ¿Smart cities o Smart citizens? Gobernanza, redes
y movimientos sociales
 
Joan Subirats 

¿Cómo hacer efectivos los derechos ciudadanos? Las políticas de inclusión social de la Ciudad de México Lucía Álvarez Enríquez y Alicia Ziccardi Contigiani 

En torno a las ciudades interculturales. Observaciones sobre su desarrollo
Eduardo Nivón Bolán 


PARTE II Economía



Financiarización, lógica mercantil y recon guración urbana: ¿Haciaunaciudad-mercancía? 
Carlos A. de Mattos 

Hacia un nuevo paradigma de la economía urbana y regional en México  
Adolfo Sánchez Almanza


PARTE III Infraestructura 

La infraestructura de las ciudades: Notas para un replanteamiento de la arquitectura institucional .
Sergio Armando Flores Peña y Celia Elizabeth Caracheo Miguel

Hacia un modelo alternativo para la densificación urbana orientada a corredores de transporte masivo en el contexto de ciudades latinoamericanas
Carlos A. González-Guzmán 

Infraestructura y división del espacio en las ciudades
Martha Schteingart 


PARTE IV Cambio climático y sustentabilidad


Hacia la construcción de ciudades resilientes y sustentables
Mireya Imaz Gispert y Rosalía Camacho Lomelí 

Aporías de la planificación en el siglo XXI: Respuestas y acciones transformadoras en uso . 
Hilda Blanco 


Capacidad institucional de respuesta al cambio climático: Un examen de su construcción en México y Santiago de Chile 
Patricia Romero Lankao, Angélica Rosas Huerta y Daniel M. Gnatz 

Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles del BID. Caso La Paz, bcs: Vulnerabilidad y adaptación ante el cambio climático
 Antonina Ivanova Boncheva


PARTE V Ecología política y metabolismo urbano 

Ecología política urbana: El siglo urbano
Nik Heynen

Metabolismo y entropía en las ciudades: Análisis y gestión para la sustentabilidad . 
 Cristian Julián Díaz Álvarez y Carolina Pulecio León

Nezahualcóyotl, entre la segregación y los usos indeseables del suelo. Una lectura desde el paradigma
de la sustentabilidad y la resiliencia urbana 

Gian Carlo Delgado Ramos

Las injusticias ambientales urbanas y la producción social del riesgo ambiental: El caso de São João del-Rei
(MinasGerais,Brasil)

Lucas Henrique Pinto y Eder Jurandir Carneiro


PARTE VI Pobreza y desigualdad
 
La economía política de la urbanización especulativa en Asia Oriental
Hyun Bang Shin


¿Podemos construir ciudades menos segregadas?
Francisco Sabatini 

La ciudad de los márgenes: Periferias lejanas, desventajas y fragmentación social  
María Cristina Bayón

Gentrificación y nuevas geografías sociales en la Ciudad de México: El caso del Centro Histórico  
Alejandra Leal Martínez


PARTE VII Construcción de ciudadanía 

Ciudad y ciudadanía:Una refleexión conceptual
Lucía Álvarez Enríquez 

Crítica de la ciudadanía en la ciudad del libre mercado
Sergio Tamayo Flores 

Implicaciones de la juridificación de los conflicictos urbanos en la Ciudad de México  
Ma. Cristina Sánchez Mejorada Fernández y Jesús Carlos Morales Guzmán



10.5.16

Programa sobre el libro Adaptación y mitigación urbana del cambio climático en México  (CEIICH, UNAM. México, 2015).



México se ubica entre los primeros 15 países emisores de gases de efecto invernadero (GEI), adjudicándose el 1.4% de las emisiones globales.  En dicho contexto, y siendo signatario del Protocolo de Kioto con cinco comunicaciones ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático[1] (CMNUCC), ha avanzado en una serie de arreglos legales e institucionales: suscribió su primera Estrategia Nacional de Cambio Climático en 2007 - 2012, elaboró el primer Programa Especial de Cambio Climático 2009 – 2012 con 105 objetivos y 294 metas para reducir 50.66 millones de toneladas de CO2e, aprobó su Ley General de Cambio Climático (LGCC) en 2012, publicó su segunda Estrategia Nacional de Cambio Climático en 2013, y al siguiente año su segundo Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018. En marzo de 2015 presentó su Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional ante la CMNUCC  donde se comprometió a reducir de manera no condicionada el 22% de sus emisiones GEI para el 2030 y el 51% de las emisiones de carbono negro, un contaminante atmosférico de vida corta. Poco después, ese mismo año, se presentaría el Primer Informe Bienal de Actualización ante la CMNUCC.
De esta suerte, nuestro país está participando activamente en la elaboración de políticas climáticas, lo cual es ciertamente significativo dado que el país es considerado altamente vulnerable a los efectos del cambio climático.
Para afrontar el reto, el Gobierno Federal integra los tres órdenes de gobierno por medio del Sistema Nacional de Cambio Climático, conformado por la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (que compone 13 secretarías de Estado), el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático con su respectiva Coordinación de Evaluación, el Consejo de Cambio Climático, los gobiernos de las entidades federativas, las asociaciones de autoridades municipales y el Congreso de la Unión.
En este afán, mientras que el nivel federal es el más articulado, los gobiernos municipales han comenzando con la elaboración de sus planes de acción climática,  y aunque para inicios de 2015 sólo el 2.84% de los municipios contaba con un plan de acción climática, esto es, 70 municipios de un total de 2,457, se espera que en los próximos años cada vez más municipios empiecen a elaborar este tipo de planes.
El libro Adaptación y mitigación urbana del cambio climático en México[2], (disponible en: http://computo.ceiich.unam.mx/webceiich/docs/libro/Adaptacion-web1.pdf) analiza la gobernanza climática a escala urbana en México dando cuenta de los avances en términos del número de planes de acción climática municipales, elaborados y aprobados. Asimismo, el texto ofrece un análisis panorámico de las medidas de adaptación y mitigación propuestas en dichos planes. La valoración se hace desde una visión integradora y de conjunto que considera como ejes clave la planeación espacial y la planeación sistémica, ello con el fin de reconocer actividades, interacciones, sinergias, co-beneficios, contradicciones y retos.
La obra revisa el Programa de Acción Climática de la Ciudad de México (PACCM), incluyendo nociones de metabolismo urbano. La Ciudad de México presenta un reto especial en términos de mitigación y adaptación al ser un asentamiento que concentra alrededor de la quinta parte de la población nacional y el único mayor a 10 millones de habitantes, es decir, la categoría más alta del Sistema Urbano Nacional.
Adaptación y mitigación urbana del cambio climático en México resulta útil para la toma de decisiones y el debate entre especialistas, consultores, otros profesionistas y público en general en tanto que ofrece una serie de propuestas para conformar una planeación integral orientada a la construcción de ciudades más resilientes y sustentables, así como menos desiguales.


[1] Las comunicaciones se han realizado los años 1997, 2001, 2006, 2009 y 2012. El primer inventario de emisiones se realizó en 1990.
[2] Delgado Ramos, Gian Carlo; De Luca Zuria, Ana y Vázquez Zentella, Verónica (2015), Adaptación y mitigación urbana del cambio climático en México, México, CEIICH-PINCC, UNAM (ISBN: 978-607-02-7092-5).

1.5.16

SABERES PARA LA SUSTENTABILIDAD


Micheline Caroño y Lorella Castorena (eds.)
Icaria. Barcelona, España, 2015.
ISBN: 9788498886795 pp. 214.


Índice

     Prólogo, Micheline Cariño y Lorella Castorena
  1. ¿De qué hablamos cuando hablamos de sustentabilidad? Una propuesta ecológico política, Víctor M. Toledo 
  2. Complejidad e interdisciplina en las nuevas perspectivas socioecológicas: el caso de la ecología política urbana anclada en nociones metabólicas, Gian Carlo Delgado Ramos 
  3. Cinco saberes y muchos quehaceres para la sustentabilidad, Patricia Moguel 
  4. Debates ecofeministas en torno a la sustentabilidad, Lorella Castorena y Victoria Aragón
  5. Oasisidad: una promesa de sustentabilidad para las zonas áridas, Micheline Cariño y Rafael de Grenade 
  6. La sustentabilidad urbana a debate: de la modernización ecológica a la ecología política urbana, Manuel Ángeles y Alba E. Gámez 
  7. Interpretaciones del patrimonio local en la búsqueda de la sustentabilidad en zonas rurales, Frederick J. Conway 
  8. Narrativa, historia ambiental y sustentabilidad, Regina Horta Duarte 


29.4.16

Cities on a Finite Planet Towards transformative responses to climate change

Sheridan Bartlett & David Satterthwaite (editors)
Routledge pp. 274.

Cities on a Finite Planet: Transformative responses to climate change shows how cities can combine high quality living conditions, resilience to climate change, disaster risk reduction and contributions to mitigation/low carbon development. It also covers the current and potential contribution of cities to avoiding dangerous climate change and is the first book with an in-depth coverage of how cities and their governments, citizens and civil society organizations can combine these different agendas, based on careful city-level analyses.
The foundation for the book is detailed city case studies on Bangalore, Bangkok, Dar es Salaam, Durban, London, Manizales, Mexico City, New York and Rosario. Each of these was led by authors who contributed to the IPCC’s Fifth Assessment and are thus acknowledged as among the world’s top specialists in this field. 
This book highlights where there is innovation and progress in cities and how this was achieved. Also where there is little progress and no action and where there is no capacity to act. It also assesses the extent to which cities can address the Sustainable Development Goals within commitments to also dramatically reduce greenhouse gas emissions. In this, it highlights how much progress on these different agendas depends on local governments and their capacities to work with their low-income populations.

Contents
Preface David Satterthwaite  
1. Urbanization, development and the Sustainable Development Goals David Satterthwaite and Sheridan Bartlett  
2. Understanding Risk in the Context of Urban Development: Definitions, Concepts and Pathways Arabella Fraser, Mark Pelling and Bill Solecki  
3. Bangalore, India Aromar Revi, SP Gajjar, Amir Bazaz, Garima Jain and Ritwika Basu  
4. Bangkok. Thailand Shobhakar Dhakal and Ashish Shrestha  
5. Dar es Salaam, Tanzania Robert Kiunsi  
6. Durban, South Africa Debra Roberts , Derek Morgan , Sean O’Donoghue , Lisa Guastella , Nongcebo Hlongwa and Penny Price  
7. London, United Kingdom Sari Kovats, Mark Pelling, Markella Koniordou, Jörn Birkmann and Torsten Welle  
8. Manizales, Colombia Jorgelina Hardoy and Luz Stella Velásquez Barrero  
9. Mexico City, Mexico Fernando Aragón-Durand and Gian Carlo Delgado-Ramos  
10. New York, United States of America William Solecki, Cynthia Rosenzweig, Stephen Solecki, Lesley Patrick, Radley Horton and Michael Borsch  
11. Rosario. Argentina Jorgelina Hardoy , Vanessa Herrera and Daniela Mastrangelo  
12. Cross city analysis Sheridan Bartlett, David Satterthwaite, Debra Roberts, Jan Corfee-Morlot, David Dodman and Jorgelina Hardoy  
13. Conclusions on ways forward David Satterthwaite, Sheridan Bartlett, Debra Roberts, David Dodman, William Solecki, Alice Sverdlik and Mark Pelling

21.4.16

VUELTA AL AGUA. DISPONIBILIDAD, CALIDAD, CONSUMOS, RETOS Y PERSPECTIVAS

Gian Carlo Delgado Ramos
Tierra Adentro No. 214 Ciudad de México, Abril de 2016. ISSN: 0185-0938. Pp. 11-15.

De los 1,400 millones de m3 de agua, el total en el planeta, sólo 2.5% es agua dulce y no toda está disponible para el consumo humano, pues poco más de dos terceras partes de esa agua está congelada en glaciares. Sólo cerca de 0.8% de toda el agua del planeta es potable, en su gran mayoría agua subterránea y, en mucho menor medida, agua superficial. La desalación de agua es muy costosa y, por tanto, sólo viable en un cierto grado en algunas zonas costeras.
La cuestión hídrica es compleja pues un tercio de la población mundial vive en regiones con escaso acceso al agua, situación que es tan socialmente construida como biofísicamente definida. Se reconoce así que cerca de 4,000 millones de personas, dos tercios de la población global, afronta severa escasez de agua durante al menos un mes del año, lo cual podría tener implicaciones importantes en la producción de alimentos, el consumo humano del líquido y la salud. La mitad de dicha población afectada vive en China e India, el resto se ubica principalmente en Bangladesh, Pakistán, Nigeria, México y algunas zonas del sur de Estados Unidos (California, Texas y Florida).[1]
No es casual que de las 424 principales cuencas fluviales del mundo, 223 transgreden los requerimientos de flujos ambientales (donde habitan 2,670 millones de personas), esto es, una escasez severa del líquido durante, al menos, un mes por año.[2]
Además, debido a los crecientes niveles de contaminación —donde los denominados contaminantes emergentes son de especial preocupación—, el agua es cada vez de menor calidad y su localización está variando debido a la alteración del ciclo hidrológico, entre otras cuestiones, por el cambio climático. Las tendencias históricas y las estimaciones para el 2050 consideran que hay razones suficientes para proyectar un aumento de la disponibilidad de agua en altas latitudes y zonas tropicales y un decremento en latitudes medias y regiones secas (Intergovernmental Planet of Climate Change, 2013),[3] escenario en el que claramente las comunidades más pobres serán las más vulnerables, en particular las mujeres y niños, los grupos más vulnerables hoy entre los aproximadamente 780 millones de personas que carecen de acceso a fuentes de agua limpia y de entre los 2.5 mil millones que carecen de servicio de saneamiento (UNICEF / OMS, 2008). Los impactos derivados de dicha situación son agudos: el consumo de agua contaminada, además de generar unos 4,000 millones de casos de diarrea al año, resulta en 2.2 millones de muertes anuales, sobre todo de niños menores de cinco años (muere un niño de ese rango de edad cada 20 segundos).[4] La cifra de muertes aumenta a 3.5 millones al año cuando se considera no sólo la calidad del agua, sino también cuestiones de higiene y falta de servicio de saneamiento, contexto en el que 98% de las muertes ocurren en países en desarrollo o pobres.[5]
En contraste, se estima que una quinta parte de la población mundial, la más rica, consume el 85% de todos los bienes y recursos naturales, incluyendo el agua, y en donde las proporciones promedio son del orden del 70% por parte del sector agroindustrial, 25% del industrial y sólo 10% por consumo doméstico. En México, las cifras son 77, 14 y 9% respectivamente. Un indicador que devela los perfiles de consumo de agua es la huella hídrica.

La huella hídrica (HH21
La huella hídrica es el indicador que cuantifica el volumen de agua demandada en un periodo de tiempo definido, directa e indirectamente, por la economía en su conjunto (mundial o nacional), a nivel sectorial o en la elaboración de un producto o servicio, estos últimos dando cuenta del agua requerida a lo largo de la cadena productiva o lo que también se conoce como «ciclo de vida». También puede medir el agua consumida por unidades territoriales subnacionales (regiones, municipios, ciudades), o por el ser humano a nivel individual, siendo las calculadoras en línea de las más populares (véase, por ejemplo, la de Water Footprint Network). Tres son las dimensiones que componen la HH: el agua superficial y subterránea o HH azul (HHA))[1]; agua de lluvia o hh verde (HHV); y el volumen de agua requerido para asimilar la carga de contaminantes o HH gris (HHG).
La HH global anual en el periodo de 1996 a 2005, el evaluado más recientemente, ha sido estimada en 9,087 millones de m3 (Gm3): 74% HHV, 11% hha y 15% HHG (Hoekstra y Mekonnen, 2012). La HH correspondiente a la producción agrícola representó 92% del total, de la cual 20% es producción para la exportación. El total de los flujos internacionales de agua virtual asociados a la producción agrícola e industrial fue de 2,320 Gm3 al año: 68% HHV, 13% HHA, y 19% HHG.[6]
A nivel individual, la HH promedio a nivel mundial para el mismo periodo fue de 1,385 m3/año pero las asimetrías entre países (y hacia adentro de cada uno de ellos) son importantes. Y es que por ejemplo, para el 2007, el promedio de la HH de un estadounidense se estimó en 2,842 m3/año, mientras que la de un chino se ubicó en 1,071 m3/año y la de un hindú en 1,089 m3/año (Mekonnen y Hoekstra, 2011).[7] Dicho de otro modo, la HH de Estados Unidos correspondía entonces al 60% y 69% del total de la HH de China e India respectivamente (la población total de Estados Unidos es sólo el 23% y 26% del total de población de esos países, respectivamente).

Considerando tales asimetrías, se precisa que un recién nacido en las economías más desarrolladas —o un recién nacido rico en los países pobres—, consume entre 40 y 70% más de agua (en promedio) que uno pobre y que, por tanto, tiene acceso restringido o no tiene acceso al agua, independientemente de su calidad. Los datos regionales a nivel global son esclarecedores: mientras los estadounidenses utilizan 1,280 m3 de agua al año por persona, los europeos usan 694 m3, los asiáticos 535 m3, los sudamericanos 311 m3 y los africanos 186 m3 per cápita/año (ello no incluye el agua indirecta consumida que sí mide la huella hídrica). A lo dicho se suma que, si bien la agricultura es el sector que utiliza mayor cantidad de agua, las industrias norteamericanas utilizan más agua que la agricultura en el sur y el doble de agua que las industrias en Europa.[8]
Estamos ante un panorama en el que la asimétrica extracción de agua ha ido en aumento en términos globales, ello en unos tres órdenes de magnitud en los últimos 50 años,[9] tendencia que se agudizaría en 2025 cuando se espera incremente el consumo de agua del 50% en los países desarrollados y del 18% en los países en desarrollo, estos últimos precisamente donde, como se ha dicho, se registraría el mayor aumento poblacional y los mayores impactos climáticos. En dicho sentido se espera que unos 1,800 millones de personas vivirán en países o regiones con escasez absoluta de agua y dos terceras partes de la población vivirá en condiciones de estrés hídrico.[10]
Dicha escasez y las eventuales disputas por el líquido se experimentarán a nivel local. Además, podría potenciarse el cambio hacia la explotación de fuentes ecológica y económicamente cada vez más costosas. Y es que conforme se explotan a mayor profundidad los acuíferos, se extrae agua que ha tomado mucho más tiempo en infiltrarse y almacenarse. Dado que la denominada «agua fósil» ha tenido mayor tiempo reaccionando con su entorno —lo que hace que contenga sales y diversas sustancias, incluyendo arsénico o materiales naturalmente radioactivos—, su explotación puede implicar riesgos mayores, no sólo a la salud (en su caso, se requiere un mayor tratamiento del agua) sino al equilibrio de las cuencas, en tanto que se trata de un recurso renovable en periodos largos. Sin embargo, algunas fuentes de agua subterránea son consideradas como «no renovables», en tanto que los periodos de circulación y acumulación del agua pueden ser de entre cientos a miles de años.[11] Parte de esta definición proviene de la idea de un «peak water» similar a la concepción del «peak oil», que en este caso hace referencia a que la relación entre la cantidad de agua demandada y la disponible puede llevar a la escasez de la misma en espacios-territoriales puntuales.[12] / [13]
II
La demanda de agua para consumo humano en México aumentó seis veces en el último siglo, lo que afectó la disponibilidad natural media anual por habitante. En 1955 era de 11,500 m3, para 2007 había llegado a 4,312 m3, una disminución de 64% en un periodo de sólo 50 años.[14]
Con el aumento poblacional estimado por el Consejo Nacional de Población, y de continuar con los mismos esquemas de consumo y desperdicio del agua, la disponibilidad natural media anual por habitante será menor: un volumen de 3,783 m3 para el 2030.[15] En tres de las trece regiones hidrológico administrativas del país (constituidas por 37 regiones hidrológicas) la disponibilidad media de agua podría alcanzar para entonces los 1,000 m3 per cápita al año; en la región I Península de Baja California se estiman 780 m3/habitante al año; en la VI Río Bravo 907 m3 y en la XIII Aguas del Valle de México 127 m3/habitante al año.[16]
Cabe subrayar que en el escenario actual, donde 38% del agua utilizada proviene de corrientes, cuerpos superficiales y el resto del subsuelo, ya se registran asimetrías importantes entre disponibilidad y demanda de agua porque las zonas del centro-norte captan 31% del agua en el país e involucran 3⁄4 partes de la población nacional, 90% de las regiones de agricultura de riego y 70% de la industria, lo que genera 87% del producto interno bruto (PIB); en cambio, en el sur sureste se ven datos opuestos con 23% de la población, 69% del agua y sólo 13% del PIB.[17] Y aunque la presión sobre el recurso hídrico es en promedio del orden del 17.5% a escala nacional, lo cual se considera como presión moderada (40% es considerada de presión alta), no es menor el hecho de que el grueso de las regiones hidrológicas administrativas ya están en condición de alta (o muy alta) presión debido a las asimetrías de disponibilidad y demanda de agua descritas.
De los 653 acuíferos nacionales, la cantidad de sobreexplotados se ha más que triplicado desde 1975, cuando había 32 acuíferos en esa condición, 80 para 1985 y 100 en 2011 (de los cuales 16 registraban intrusión marina y 32 estaban bajo el fenómeno de salinización de suelos y aguas subterráneas salobres).[18] Es de advertirse que de esos acuíferos sobreexplotados se extrae casi la mitad del agua subterránea para todos los usos.
Hay que agregar el aumento de las cargas contaminantes en los cuerpos de agua del país, al tiempo que sólo se trata el 36.7% del agua (14.6% de tipo primario; 18.3% secundario y 1.26% terciario; el resto no es especificado).[19] Denota también que, aunque se desinfecta el 97.6% del total del agua suministrada, sólo se potabilizan 85.7 m3/s de un total de 329.5 m3/s (llamativamente 69% de agua de origen superficial, cuando 62% del agua usada es de origen subterráneo, una buena parte de calidad es ciertamente cuestionable).
No debe sorprender que datos de 2009 corroboran que 21 cuencas ya estaban fuertemente contaminadas en al menos un indicador, siendo tales parámetros de medición la demanda bioquímica de oxígeno a cinco días (de 605 sitios de monitoreo a nivel nacional, 7.9% del total estaban contaminados y 4.6% fuertemente contaminados), la demanda química de oxígeno (de 646 sitios de monitoreo, 23.5% del total estaban contaminados y 7.5% fuertemente contaminados) y la cantidad de sólidos suspendidos totales (de 744 sitios de monitoreo, 5.9% del total estaban contaminados y 1.6% fuertemente contaminados).[20] Las entidades más afectadas, en términos de presencia de más de un contaminante, son Durango, Coahuila, Zacatecas y San Luis Potosí. Los contaminantes presentes incluyen desde arsénico, fluoruros, plaguicidas, hidrocarburos, metales pesados, sólidos disueltos totales, otros químicos y contaminantes emergentes (fármacos y antibióticos), y contaminación bacteriológica.
Por todo lo indicado no es extraño que en México, según datos de 2008, las enfermedades infecciosas intestinales son la primera causa de mortalidad en menores de uno a cuatro años (5,720 muertes en 2008), la onceava causa en niños de cinco a catorce años, y la vigésima causa de muerte con el 0.9% del total de muertes en el país.[21]
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III
En la Ciudad de México la precipitación promedio anual es de 863 mm (con base en la media de 1971 al 2000); unos 215 m3/s se precipitan y 159 m3/s se evaporan. El Valle de México se apropia de unos 81 m3/s de agua. El agua se extrae de más de 600 pozos que extraen unos 59 m3/s de agua del acuífero del Valle de México, actualmente sobreexplotado a un ritmo de  hasta un metro de caída anual en el nivel estático (déficit de unos ~28 m3/s), así como del sistema de las cuencas del Lerma (~5 m3/s) y Cutzamala (~15 m3/s), y de manantiales y ríos urbanos (~2 m3/s). En conjunto abastecen el grueso del agua que se distribuye en la Ciudad de México a través del Sistema de Aguas de la Ciudad (SACMEX) y en el Estado de México a través de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), a lo que se suman sistemas de autoabastecimiento de la industria, servicio de pipas irregular (no dependiente de las entidades de gobierno antes indicadas) y pozos clandestinos.
En la Ciudad de México, el SACMEX articula las empresas privadas concesionarias del servicio desde 2004, cuando se instauró un proceso de privatización parcial, pues el gobierno de la ciudad continúa fijando la tarifa del servicio.[22] Para dicho fin, la Ciudad de México se dividió en cuatro zonas, cada una a cargo de un grupo empresarial: 1) Proactiva Media Ambiente SAPSA, de la mexicana ICA y la francesa Veolia; 2) Industrias del Agua de la Ciudad de México S.A. de C.V., de la mexicana Peñoles y la francesa Suez; 3) Tecnología y Servicios de Agua S.A. de C.V, también de Peñoles y Suez, y 4) Agua de México, S.A. de C.V., de capital mexicano. Tales empresas tienen entre sus responsabilidades la lectura de aparatos medidores, emisión y distribución de boletas, cobro de los derechos, atención al público, instalación, rehabilitación y mantenimiento de medidores.
Además de los flujos de agua antes descritos y que se soportan esencialmente en la infraestructura hidráulica a cargo de tales empresas, la Ciudad de México importa agua embotellada de diversos lugares, no sólo del grueso del país, también del extranjero. El consumo estimado para la Ciudad de México es del orden de 2.07 hm3/año, y el de los municipios del Estado de México e Hidalgo, parte de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), de 3.1 hm3/año, esto es en conjunto unos ~0.16 m3/s; no obstante, se calcula que el total de agua embotellada demanda al año por la ZMVM, considerando el agua adicional necesaria para su producción, en 8.78 hm3/año. Cabe precisar que 76.94% de la población de la capital consume agua de garrafón o embotellada, mientras que sólo 10.84% la hierve, 4.37% la filtra o purifica por otros métodos y 4.58% la toma tal y como la recibe (Jiménez et al., 2011). Consumos similares se observan en los municipios conurbados de la ZMVM.
Sin considerar el agua embotellada, el consumo de agua en el centro, el área de la ZMVM con mayores problemas de disponibilidad del líquido, es de entre 300 y 327 litros diarios per cápita, y habría que restar una pérdida en fugas de 41% (además del 7% de las pérdidas comerciales). El dato no es menor en términos ambientales, sobre todo porque poco menos de la tercera parte del agua, que llega del complejo Lerma-Cutzamala, debe ser bombeada 1,100 m adicionales sobre el nivel del mar (la energía empleada para ello representa 80% de los costos de operación del sistema).[23] Y aún más, en el caso del Lerma, la capacidad instalada se ha reducido de 15m3/s a ~5m3/s debido a hundimientos registrados a lo largo del sistema derivados del sobrebombeo de acuíferos de la zona.
Con todo, la disponibilidad de agua es asimétrica, pues la distribución va de 177 litros en la delegación Tláhuac hasta los 525 litros en la delegación Cuajimalpa. Las delegaciones con los asentamientos de mayores ingresos se ubican en el rango de consumo de los 400 a 525 litros al día per cápita.[24] Además, se reconoce que 18% de la población está sujeta al tandeo, 10% tiene servicio tres días por semana, 5% dos veces por semana, 1% una vez por semana y 2% de vez en cuando. Sólo 82% recibe alguna cantidad del líquido diariamente.
A la cuestión de la cantidad de agua recibida también se suman las desigualdades en su calidad,[25] situación que refleja las limitaciones de capacidad real de potabilización por parte del SACMEX, entidad que cuenta con 38 plantas potabilizadoras en operación con una capacidad instalada de 5.1 m3/s y un caudal potabilizado de sólo unos 3.7 m3/s.[26] A tal capacidad se suman tres plantas más correspondientes a los municipios del Estado de México que corresponden a la ZMVM (dos en Chimalhuacán y una en Tlalmanalco), con una capacidad instalada de 0.8 m3/s y un caudal real de 0.68 m3/s.[27] El Plan Futuro de SACMEX estima que 12% del suministro de agua no es del todo potable y que 96% de las viviendas cuentan con algún sistema de almacenamiento que puede repercutir en la calidad del agua si no se la da un mantenimiento apropiado (28% tinaco; 28% tinaco y cisterna; 8% tinaco y pileta; 7% tinaco, cisterna y pileta; 6% tinaco y tambo; 5% cisterna).
La infraestructura de la ciudad es obsoleta y la presión promedio que tiene está por debajo del mínimo recomendado (lo cual afecta tanto al servicio como la calidad del líquido).[28] Las inversiones necesarias se estiman en el orden de los 4,500 millones de pesos, 3,000 millones en obra civil para los próximos 60 años y 1,500 millones en infraestructura y equipo.
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IV
Frente a esquemas que apuestan por privatizar más el servicio de agua potable y alcantarillado, la «sostenibilidad financiera» del sector, debe subrayarse que existen alternativas que apuestan a ser social y ambientalmente más justas y armónicas. Es el caso de la Propuesta Ciudadana de Ley General de Aguas, que enuncia la necesidad de garantizar 1) agua de calidad y saneamiento a la población (acompañado de la propagación de prácticas de higiene y de infraestructura digna de baño), 2) agua para los ecosistemas, y 3) agua para la soberanía y la seguridad alimentaria, al tiempo que se llama a poner fin a la contaminación y la destrucción de los cuerpos de agua del país. Entre las medidas clave hay que mencionar la propuesta de creación de un Fondo Nacional por el Derecho Humano al Agua y Saneamiento, auditable y para el financiamiento directo de comunidades para proyectos autogestivos y descentralizados en zonas sin acceso; la conformación de una Contraloría Social del Agua desconcentrada del Consejo Nacional de Cuencas, de composición ciudadana, que procure erradicar la corrupción y la impunidad en el desempeño de la función pública del agua, con autonomía presupuestaria y capacidad vinculante en sus decisiones; la implementación de nuevos instrumentos de prevención, precaución y protección como el denominado «dictamen de impacto socio-hídrico»; así como la conformación de un sistema nuevo de concesiones que involucraría a los habitantes de cada cuenca en procesos técnicamente fundamentados para hacer recomendaciones vinculantes a la entidad federal del agua en cuanto al volumen total aprovechable y del cual sólo se concesionaría el volumen ecológicamente aprovechable considerando que el agua sería prioritariamente para la vida, garantizando el acceso equitativo y respetando la integridad de las tierras y aguas de los pueblos originarios; además, toda concesión estaría condicionada a la consulta previa, informada y culturalmente adaptada, así como a la eliminación de contaminantes, por lo que necesariamente tendrían que ser anualmente renovables. Para garantizar el funcionamiento del mencionado sistema, se proponen inspecciones oficiales regulares y monitoreo ciudadano con acceso público a los resultados.
El reto ciertamente no es menor, ni las soluciones simples o replicables a todo contexto. La seguridad hídrica, es decir, la capacidad de una determinada población para salvaguardar el acceso a cantidades adecuadas de agua de calidad aceptable, que permita sustentar la salud, las actividades humanas y los ecosistemas, así como garantizar la protección de la vida, el ambiente y la propiedad contra riesgos relacionados con el agua, es uno de los principales retos que enfrentaremos a lo largo del siglo XXI. Garantizar, de manera justa, la disponibilidad, calidad, accesibilidad física, asequibilidad y la no discriminación, es y será central para cumplir con el derecho humano al agua.

[1]Arjen Hoekstra y Mesfin Mekonnen, The water footprint of humanity, en Proceedings of the National Academy of Sciences of United States of America vol. 109, no. 9. pp. 3232-3237, 2012.
[2]PNUMA, Perspectivas del Medio Ambiente Mundial. GEO 5, Editora Novo Art, Panamá, 2012.
[3]Nelson et al., Food Security, Farming and Climate Change to 2050. International Food Policy Research Institute, Washington, D.C., EUA, 2010.
[5]Ibid.
[6]Ibid.
[7]M.M. Mekonnen y A.Y. Hoekstra, National Water Footprint Accounts: The green, blue and grey water footprint of production and consumption. Value of Water Research Report Series No. 50, unesco-ihe, Delft, Holanda, 2011.
[8]M. Barlow y T. Clarke, Blue gold. The fight to stop the Corporate theft of the world’s water, Nueva York, The New Press, 2004.
[9]PNUMA, Perspectivas del Medio Ambiente Mundial. GEO 5, Editora Novo Art, Panamá, 2012.
[11]Una fuente de agua subterránea no-renovable es definida por UNESCO como aquella disponible para la extracción por periodos de tiempo finitos y que resulta de reservas de un acuífero que tienen tasas anuales de recarga muy bajas pero una capacidad de almacenamiento enorme (Stephan, Aureli y Kemer., coord., 2006).
[12]Colin Cambell, The Coming Oil Crisis. Multi-Science and Petroconsultants, EUA, 1997.
[13]William Sarni, Corporate water strategies. Earthscan. Washington, Estados Unidos, 2011.
[14]Comisión Nacional del Agua (conagua), Estadísticas del agua en México, Edición 2011, Gobierno Federal, México, 2011. En línea: www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/SGP-1-11-EAM2011.PDF
[15]De acuerdo con las estimaciones de conapo, entre 2007 y 2030 la población del país se incrementará en casi 14.9 millones de personas. Nótese que 1,700 m3 per cápita al año es situación de estrés hídrico, mientras que mil m3 es escasez.
[16]Ibid.
[17]Norma Muñoz Sevilla y María Concepción Martínez Rodríguez, «Escasez y distribución del agua en México:  impacto sobre la seguridad alimentaria», disponible en: www.aguas.org.mx/newsletter/images/Agua%20y%20seguridad%20alimentaria.pdf
[18]Comisión Nacional del Agua (conagua), «Estadísticas del agua en México, edición 2011», Gobierno Federal, México, 2011, en línea: www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/SGP-1-11-EAM2011.PDF
[19]Ibid.
[20]Ibid.
[21]Sistema Nacional de Información en Salud de la Secretaría de Salud, en: http://sinais.salud.gob.mx/mortalidad
[22]Ya desde 1993 el entonces Departamento del Distrito Federal había celebrado contratos generales con tales empresas. Al término de los contratos, en 2004, se otorgaron los títulos de concesión que desde entonces se han renovado.
[23]Nidya Olivia Aponte Hernández, «Metodología para evaluar la disponibilidad del agua para uso municipal y sus costos bajo los escenarios de cambio climático», Programa de Posgrado en Ingeniería Ambiental. Posgrado de Ingeniería, UNAM, México, 2013.
[24]El 38.4% de la población de la Ciudad de México recibe agua algunas horas al día, mientras que 61.5% la recibe todo el día. No obstante, en promedio el 52%-53% de la población más pobre y medianamente pobre recibe agua sólo algunas horas al día, porcentaje que en las zonas menos pobres se ubica en tal sólo el 18%-19%. Blanca Jiménez Cisneros, Rodrigo Gutiérrez Rivas, Boris Marañón Pimentel y Arsenio González Reynoso (coords.), Evaluación de la política de Acceso al agua potable en el Distrito Federal, PUEC-UNAM, México, 2011.
[25]Ibid. y María Guadalupe Díaz-Santos, Implicaciones sociales de los contratos al sector privado en el servicio de agua potable en la Ciudad de México, tesis de Licenciatura en Sociología. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, unam, México, 2012.
[26]SEMARNAT/CONAGUA, Inventario Nacional de Plantas Municipales de Potabilización y de Tratamiento de Aguas Residuales en Operación, México, 2012, y en INEGI, Anuario estadístico y geográfico del Distrito Federal – 2013, México, 2014.
[27]Ibid.
[28]La presión promedio es de 0.9 kg/cm2. El estándar recomendado es de 3kg/cm2 y el mínimo recomendado es de 1.5 kg/cm2.