21.4.16

VUELTA AL AGUA. DISPONIBILIDAD, CALIDAD, CONSUMOS, RETOS Y PERSPECTIVAS

Gian Carlo Delgado Ramos
Tierra Adentro No. 214 Ciudad de México, Abril de 2016. ISSN: 0185-0938.

De los 1,400 millones de m3 de agua, el total en el planeta, sólo 2.5% es agua dulce y no toda está disponible para el consumo humano, pues poco más de dos terceras partes de esa agua está congelada en glaciares. Sólo cerca de 0.8% de toda el agua del planeta es potable, en su gran mayoría agua subterránea y, en mucho menor medida, agua superficial. La desalación de agua es muy costosa y, por tanto, sólo viable en un cierto grado en algunas zonas costeras.
La cuestión hídrica es compleja pues un tercio de la población mundial vive en regiones con escaso acceso al agua, situación que es tan socialmente construida como biofísicamente definida. Se reconoce así que cerca de 4,000 millones de personas, dos tercios de la población global, afronta severa escasez de agua durante al menos un mes del año, lo cual podría tener implicaciones importantes en la producción de alimentos, el consumo humano del líquido y la salud. La mitad de dicha población afectada vive en China e India, el resto se ubica principalmente en Bangladesh, Pakistán, Nigeria, México y algunas zonas del sur de Estados Unidos (California, Texas y Florida).[1]
No es casual que de las 424 principales cuencas fluviales del mundo, 223 transgreden los requerimientos de flujos ambientales (donde habitan 2,670 millones de personas), esto es, una escasez severa del líquido durante, al menos, un mes por año.[2]
Además, debido a los crecientes niveles de contaminación —donde los denominados contaminantes emergentes son de especial preocupación—, el agua es cada vez de menor calidad y su localización está variando debido a la alteración del ciclo hidrológico, entre otras cuestiones, por el cambio climático. Las tendencias históricas y las estimaciones para el 2050 consideran que hay razones suficientes para proyectar un aumento de la disponibilidad de agua en altas latitudes y zonas tropicales y un decremento en latitudes medias y regiones secas (Intergovernmental Planet of Climate Change, 2013),[3] escenario en el que claramente las comunidades más pobres serán las más vulnerables, en particular las mujeres y niños, los grupos más vulnerables hoy entre los aproximadamente 780 millones de personas que carecen de acceso a fuentes de agua limpia y de entre los 2.5 mil millones que carecen de servicio de saneamiento (UNICEF / OMS, 2008). Los impactos derivados de dicha situación son agudos: el consumo de agua contaminada, además de generar unos 4,000 millones de casos de diarrea al año, resulta en 2.2 millones de muertes anuales, sobre todo de niños menores de cinco años (muere un niño de ese rango de edad cada 20 segundos).[4] La cifra de muertes aumenta a 3.5 millones al año cuando se considera no sólo la calidad del agua, sino también cuestiones de higiene y falta de servicio de saneamiento, contexto en el que 98% de las muertes ocurren en países en desarrollo o pobres.[5]
En contraste, se estima que una quinta parte de la población mundial, la más rica, consume el 85% de todos los bienes y recursos naturales, incluyendo el agua, y en donde las proporciones promedio son del orden del 70% por parte del sector agroindustrial, 25% del industrial y sólo 10% por consumo doméstico. En México, las cifras son 77, 14 y 9% respectivamente. Un indicador que devela los perfiles de consumo de agua es la huella hídrica.

La huella hídrica (HH21
La huella hídrica es el indicador que cuantifica el volumen de agua demandada en un periodo de tiempo definido, directa e indirectamente, por la economía en su conjunto (mundial o nacional), a nivel sectorial o en la elaboración de un producto o servicio, estos últimos dando cuenta del agua requerida a lo largo de la cadena productiva o lo que también se conoce como «ciclo de vida». También puede medir el agua consumida por unidades territoriales subnacionales (regiones, municipios, ciudades), o por el ser humano a nivel individual, siendo las calculadoras en línea de las más populares (véase, por ejemplo, la de Water Footprint Network). Tres son las dimensiones que componen la HH: el agua superficial y subterránea o HH azul (HHA))[1]; agua de lluvia o hh verde (HHV); y el volumen de agua requerido para asimilar la carga de contaminantes o HH gris (HHG).
La HH global anual en el periodo de 1996 a 2005, el evaluado más recientemente, ha sido estimada en 9,087 millones de m3 (Gm3): 74% HHV, 11% hha y 15% HHG (Hoekstra y Mekonnen, 2012). La HH correspondiente a la producción agrícola representó 92% del total, de la cual 20% es producción para la exportación. El total de los flujos internacionales de agua virtual asociados a la producción agrícola e industrial fue de 2,320 Gm3 al año: 68% HHV, 13% HHA, y 19% HHG.[6]
A nivel individual, la HH promedio a nivel mundial para el mismo periodo fue de 1,385 m3/año pero las asimetrías entre países (y hacia adentro de cada uno de ellos) son importantes. Y es que por ejemplo, para el 2007, el promedio de la HH de un estadounidense se estimó en 2,842 m3/año, mientras que la de un chino se ubicó en 1,071 m3/año y la de un hindú en 1,089 m3/año (Mekonnen y Hoekstra, 2011).[7] Dicho de otro modo, la HH de Estados Unidos correspondía entonces al 60% y 69% del total de la HH de China e India respectivamente (la población total de Estados Unidos es sólo el 23% y 26% del total de población de esos países, respectivamente).

Considerando tales asimetrías, se precisa que un recién nacido en las economías más desarrolladas —o un recién nacido rico en los países pobres—, consume entre 40 y 70% más de agua (en promedio) que uno pobre y que, por tanto, tiene acceso restringido o no tiene acceso al agua, independientemente de su calidad. Los datos regionales a nivel global son esclarecedores: mientras los estadounidenses utilizan 1,280 m3 de agua al año por persona, los europeos usan 694 m3, los asiáticos 535 m3, los sudamericanos 311 m3 y los africanos 186 m3 per cápita/año (ello no incluye el agua indirecta consumida que sí mide la huella hídrica). A lo dicho se suma que, si bien la agricultura es el sector que utiliza mayor cantidad de agua, las industrias norteamericanas utilizan más agua que la agricultura en el sur y el doble de agua que las industrias en Europa.[8]
Estamos ante un panorama en el que la asimétrica extracción de agua ha ido en aumento en términos globales, ello en unos tres órdenes de magnitud en los últimos 50 años,[9] tendencia que se agudizaría en 2025 cuando se espera incremente el consumo de agua del 50% en los países desarrollados y del 18% en los países en desarrollo, estos últimos precisamente donde, como se ha dicho, se registraría el mayor aumento poblacional y los mayores impactos climáticos. En dicho sentido se espera que unos 1,800 millones de personas vivirán en países o regiones con escasez absoluta de agua y dos terceras partes de la población vivirá en condiciones de estrés hídrico.[10]
Dicha escasez y las eventuales disputas por el líquido se experimentarán a nivel local. Además, podría potenciarse el cambio hacia la explotación de fuentes ecológica y económicamente cada vez más costosas. Y es que conforme se explotan a mayor profundidad los acuíferos, se extrae agua que ha tomado mucho más tiempo en infiltrarse y almacenarse. Dado que la denominada «agua fósil» ha tenido mayor tiempo reaccionando con su entorno —lo que hace que contenga sales y diversas sustancias, incluyendo arsénico o materiales naturalmente radioactivos—, su explotación puede implicar riesgos mayores, no sólo a la salud (en su caso, se requiere un mayor tratamiento del agua) sino al equilibrio de las cuencas, en tanto que se trata de un recurso renovable en periodos largos. Sin embargo, algunas fuentes de agua subterránea son consideradas como «no renovables», en tanto que los periodos de circulación y acumulación del agua pueden ser de entre cientos a miles de años.[11] Parte de esta definición proviene de la idea de un «peak water» similar a la concepción del «peak oil», que en este caso hace referencia a que la relación entre la cantidad de agua demandada y la disponible puede llevar a la escasez de la misma en espacios-territoriales puntuales.[12] / [13]
II
La demanda de agua para consumo humano en México aumentó seis veces en el último siglo, lo que afectó la disponibilidad natural media anual por habitante. En 1955 era de 11,500 m3, para 2007 había llegado a 4,312 m3, una disminución de 64% en un periodo de sólo 50 años.[14]
Con el aumento poblacional estimado por el Consejo Nacional de Población, y de continuar con los mismos esquemas de consumo y desperdicio del agua, la disponibilidad natural media anual por habitante será menor: un volumen de 3,783 m3 para el 2030.[15] En tres de las trece regiones hidrológico administrativas del país (constituidas por 37 regiones hidrológicas) la disponibilidad media de agua podría alcanzar para entonces los 1,000 m3 per cápita al año; en la región I Península de Baja California se estiman 780 m3/habitante al año; en la VI Río Bravo 907 m3 y en la XIII Aguas del Valle de México 127 m3/habitante al año.[16]
Cabe subrayar que en el escenario actual, donde 38% del agua utilizada proviene de corrientes, cuerpos superficiales y el resto del subsuelo, ya se registran asimetrías importantes entre disponibilidad y demanda de agua porque las zonas del centro-norte captan 31% del agua en el país e involucran 3⁄4 partes de la población nacional, 90% de las regiones de agricultura de riego y 70% de la industria, lo que genera 87% del producto interno bruto (PIB); en cambio, en el sur sureste se ven datos opuestos con 23% de la población, 69% del agua y sólo 13% del PIB.[17] Y aunque la presión sobre el recurso hídrico es en promedio del orden del 17.5% a escala nacional, lo cual se considera como presión moderada (40% es considerada de presión alta), no es menor el hecho de que el grueso de las regiones hidrológicas administrativas ya están en condición de alta (o muy alta) presión debido a las asimetrías de disponibilidad y demanda de agua descritas.
De los 653 acuíferos nacionales, la cantidad de sobreexplotados se ha más que triplicado desde 1975, cuando había 32 acuíferos en esa condición, 80 para 1985 y 100 en 2011 (de los cuales 16 registraban intrusión marina y 32 estaban bajo el fenómeno de salinización de suelos y aguas subterráneas salobres).[18] Es de advertirse que de esos acuíferos sobreexplotados se extrae casi la mitad del agua subterránea para todos los usos.
Hay que agregar el aumento de las cargas contaminantes en los cuerpos de agua del país, al tiempo que sólo se trata el 36.7% del agua (14.6% de tipo primario; 18.3% secundario y 1.26% terciario; el resto no es especificado).[19] Denota también que, aunque se desinfecta el 97.6% del total del agua suministrada, sólo se potabilizan 85.7 m3/s de un total de 329.5 m3/s (llamativamente 69% de agua de origen superficial, cuando 62% del agua usada es de origen subterráneo, una buena parte de calidad es ciertamente cuestionable).
No debe sorprender que datos de 2009 corroboran que 21 cuencas ya estaban fuertemente contaminadas en al menos un indicador, siendo tales parámetros de medición la demanda bioquímica de oxígeno a cinco días (de 605 sitios de monitoreo a nivel nacional, 7.9% del total estaban contaminados y 4.6% fuertemente contaminados), la demanda química de oxígeno (de 646 sitios de monitoreo, 23.5% del total estaban contaminados y 7.5% fuertemente contaminados) y la cantidad de sólidos suspendidos totales (de 744 sitios de monitoreo, 5.9% del total estaban contaminados y 1.6% fuertemente contaminados).[20] Las entidades más afectadas, en términos de presencia de más de un contaminante, son Durango, Coahuila, Zacatecas y San Luis Potosí. Los contaminantes presentes incluyen desde arsénico, fluoruros, plaguicidas, hidrocarburos, metales pesados, sólidos disueltos totales, otros químicos y contaminantes emergentes (fármacos y antibióticos), y contaminación bacteriológica.
Por todo lo indicado no es extraño que en México, según datos de 2008, las enfermedades infecciosas intestinales son la primera causa de mortalidad en menores de uno a cuatro años (5,720 muertes en 2008), la onceava causa en niños de cinco a catorce años, y la vigésima causa de muerte con el 0.9% del total de muertes en el país.[21]
Imagen 1
III
En la Ciudad de México la precipitación promedio anual es de 863 mm (con base en la media de 1971 al 2000); unos 215 m3/s se precipitan y 159 m3/s se evaporan. El Valle de México se apropia de unos 81 m3/s de agua. El agua se extrae de más de 600 pozos que extraen unos 59 m3/s de agua del acuífero del Valle de México, actualmente sobreexplotado a un ritmo de  hasta un metro de caída anual en el nivel estático (déficit de unos ~28 m3/s), así como del sistema de las cuencas del Lerma (~5 m3/s) y Cutzamala (~15 m3/s), y de manantiales y ríos urbanos (~2 m3/s). En conjunto abastecen el grueso del agua que se distribuye en la Ciudad de México a través del Sistema de Aguas de la Ciudad (SACMEX) y en el Estado de México a través de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), a lo que se suman sistemas de autoabastecimiento de la industria, servicio de pipas irregular (no dependiente de las entidades de gobierno antes indicadas) y pozos clandestinos.
En la Ciudad de México, el SACMEX articula las empresas privadas concesionarias del servicio desde 2004, cuando se instauró un proceso de privatización parcial, pues el gobierno de la ciudad continúa fijando la tarifa del servicio.[22] Para dicho fin, la Ciudad de México se dividió en cuatro zonas, cada una a cargo de un grupo empresarial: 1) Proactiva Media Ambiente SAPSA, de la mexicana ICA y la francesa Veolia; 2) Industrias del Agua de la Ciudad de México S.A. de C.V., de la mexicana Peñoles y la francesa Suez; 3) Tecnología y Servicios de Agua S.A. de C.V, también de Peñoles y Suez, y 4) Agua de México, S.A. de C.V., de capital mexicano. Tales empresas tienen entre sus responsabilidades la lectura de aparatos medidores, emisión y distribución de boletas, cobro de los derechos, atención al público, instalación, rehabilitación y mantenimiento de medidores.
Además de los flujos de agua antes descritos y que se soportan esencialmente en la infraestructura hidráulica a cargo de tales empresas, la Ciudad de México importa agua embotellada de diversos lugares, no sólo del grueso del país, también del extranjero. El consumo estimado para la Ciudad de México es del orden de 2.07 hm3/año, y el de los municipios del Estado de México e Hidalgo, parte de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), de 3.1 hm3/año, esto es en conjunto unos ~0.16 m3/s; no obstante, se calcula que el total de agua embotellada demanda al año por la ZMVM, considerando el agua adicional necesaria para su producción, en 8.78 hm3/año. Cabe precisar que 76.94% de la población de la capital consume agua de garrafón o embotellada, mientras que sólo 10.84% la hierve, 4.37% la filtra o purifica por otros métodos y 4.58% la toma tal y como la recibe (Jiménez et al., 2011). Consumos similares se observan en los municipios conurbados de la ZMVM.
Sin considerar el agua embotellada, el consumo de agua en el centro, el área de la ZMVM con mayores problemas de disponibilidad del líquido, es de entre 300 y 327 litros diarios per cápita, y habría que restar una pérdida en fugas de 41% (además del 7% de las pérdidas comerciales). El dato no es menor en términos ambientales, sobre todo porque poco menos de la tercera parte del agua, que llega del complejo Lerma-Cutzamala, debe ser bombeada 1,100 m adicionales sobre el nivel del mar (la energía empleada para ello representa 80% de los costos de operación del sistema).[23] Y aún más, en el caso del Lerma, la capacidad instalada se ha reducido de 15m3/s a ~5m3/s debido a hundimientos registrados a lo largo del sistema derivados del sobrebombeo de acuíferos de la zona.
Con todo, la disponibilidad de agua es asimétrica, pues la distribución va de 177 litros en la delegación Tláhuac hasta los 525 litros en la delegación Cuajimalpa. Las delegaciones con los asentamientos de mayores ingresos se ubican en el rango de consumo de los 400 a 525 litros al día per cápita.[24] Además, se reconoce que 18% de la población está sujeta al tandeo, 10% tiene servicio tres días por semana, 5% dos veces por semana, 1% una vez por semana y 2% de vez en cuando. Sólo 82% recibe alguna cantidad del líquido diariamente.
A la cuestión de la cantidad de agua recibida también se suman las desigualdades en su calidad,[25] situación que refleja las limitaciones de capacidad real de potabilización por parte del SACMEX, entidad que cuenta con 38 plantas potabilizadoras en operación con una capacidad instalada de 5.1 m3/s y un caudal potabilizado de sólo unos 3.7 m3/s.[26] A tal capacidad se suman tres plantas más correspondientes a los municipios del Estado de México que corresponden a la ZMVM (dos en Chimalhuacán y una en Tlalmanalco), con una capacidad instalada de 0.8 m3/s y un caudal real de 0.68 m3/s.[27] El Plan Futuro de SACMEX estima que 12% del suministro de agua no es del todo potable y que 96% de las viviendas cuentan con algún sistema de almacenamiento que puede repercutir en la calidad del agua si no se la da un mantenimiento apropiado (28% tinaco; 28% tinaco y cisterna; 8% tinaco y pileta; 7% tinaco, cisterna y pileta; 6% tinaco y tambo; 5% cisterna).
La infraestructura de la ciudad es obsoleta y la presión promedio que tiene está por debajo del mínimo recomendado (lo cual afecta tanto al servicio como la calidad del líquido).[28] Las inversiones necesarias se estiman en el orden de los 4,500 millones de pesos, 3,000 millones en obra civil para los próximos 60 años y 1,500 millones en infraestructura y equipo.
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IV
Frente a esquemas que apuestan por privatizar más el servicio de agua potable y alcantarillado, la «sostenibilidad financiera» del sector, debe subrayarse que existen alternativas que apuestan a ser social y ambientalmente más justas y armónicas. Es el caso de la Propuesta Ciudadana de Ley General de Aguas, que enuncia la necesidad de garantizar 1) agua de calidad y saneamiento a la población (acompañado de la propagación de prácticas de higiene y de infraestructura digna de baño), 2) agua para los ecosistemas, y 3) agua para la soberanía y la seguridad alimentaria, al tiempo que se llama a poner fin a la contaminación y la destrucción de los cuerpos de agua del país. Entre las medidas clave hay que mencionar la propuesta de creación de un Fondo Nacional por el Derecho Humano al Agua y Saneamiento, auditable y para el financiamiento directo de comunidades para proyectos autogestivos y descentralizados en zonas sin acceso; la conformación de una Contraloría Social del Agua desconcentrada del Consejo Nacional de Cuencas, de composición ciudadana, que procure erradicar la corrupción y la impunidad en el desempeño de la función pública del agua, con autonomía presupuestaria y capacidad vinculante en sus decisiones; la implementación de nuevos instrumentos de prevención, precaución y protección como el denominado «dictamen de impacto socio-hídrico»; así como la conformación de un sistema nuevo de concesiones que involucraría a los habitantes de cada cuenca en procesos técnicamente fundamentados para hacer recomendaciones vinculantes a la entidad federal del agua en cuanto al volumen total aprovechable y del cual sólo se concesionaría el volumen ecológicamente aprovechable considerando que el agua sería prioritariamente para la vida, garantizando el acceso equitativo y respetando la integridad de las tierras y aguas de los pueblos originarios; además, toda concesión estaría condicionada a la consulta previa, informada y culturalmente adaptada, así como a la eliminación de contaminantes, por lo que necesariamente tendrían que ser anualmente renovables. Para garantizar el funcionamiento del mencionado sistema, se proponen inspecciones oficiales regulares y monitoreo ciudadano con acceso público a los resultados.
El reto ciertamente no es menor, ni las soluciones simples o replicables a todo contexto. La seguridad hídrica, es decir, la capacidad de una determinada población para salvaguardar el acceso a cantidades adecuadas de agua de calidad aceptable, que permita sustentar la salud, las actividades humanas y los ecosistemas, así como garantizar la protección de la vida, el ambiente y la propiedad contra riesgos relacionados con el agua, es uno de los principales retos que enfrentaremos a lo largo del siglo XXI. Garantizar, de manera justa, la disponibilidad, calidad, accesibilidad física, asequibilidad y la no discriminación, es y será central para cumplir con el derecho humano al agua.

[1]Arjen Hoekstra y Mesfin Mekonnen, The water footprint of humanity, en Proceedings of the National Academy of Sciences of United States of America vol. 109, no. 9. pp. 3232-3237, 2012.
[2]PNUMA, Perspectivas del Medio Ambiente Mundial. GEO 5, Editora Novo Art, Panamá, 2012.
[3]Nelson et al., Food Security, Farming and Climate Change to 2050. International Food Policy Research Institute, Washington, D.C., EUA, 2010.
[5]Ibid.
[6]Ibid.
[7]M.M. Mekonnen y A.Y. Hoekstra, National Water Footprint Accounts: The green, blue and grey water footprint of production and consumption. Value of Water Research Report Series No. 50, unesco-ihe, Delft, Holanda, 2011.
[8]M. Barlow y T. Clarke, Blue gold. The fight to stop the Corporate theft of the world’s water, Nueva York, The New Press, 2004.
[9]PNUMA, Perspectivas del Medio Ambiente Mundial. GEO 5, Editora Novo Art, Panamá, 2012.
[11]Una fuente de agua subterránea no-renovable es definida por UNESCO como aquella disponible para la extracción por periodos de tiempo finitos y que resulta de reservas de un acuífero que tienen tasas anuales de recarga muy bajas pero una capacidad de almacenamiento enorme (Stephan, Aureli y Kemer., coord., 2006).
[12]Colin Cambell, The Coming Oil Crisis. Multi-Science and Petroconsultants, EUA, 1997.
[13]William Sarni, Corporate water strategies. Earthscan. Washington, Estados Unidos, 2011.
[14]Comisión Nacional del Agua (conagua), Estadísticas del agua en México, Edición 2011, Gobierno Federal, México, 2011. En línea: www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/SGP-1-11-EAM2011.PDF
[15]De acuerdo con las estimaciones de conapo, entre 2007 y 2030 la población del país se incrementará en casi 14.9 millones de personas. Nótese que 1,700 m3 per cápita al año es situación de estrés hídrico, mientras que mil m3 es escasez.
[16]Ibid.
[17]Norma Muñoz Sevilla y María Concepción Martínez Rodríguez, «Escasez y distribución del agua en México:  impacto sobre la seguridad alimentaria», disponible en: www.aguas.org.mx/newsletter/images/Agua%20y%20seguridad%20alimentaria.pdf
[18]Comisión Nacional del Agua (conagua), «Estadísticas del agua en México, edición 2011», Gobierno Federal, México, 2011, en línea: www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/SGP-1-11-EAM2011.PDF
[19]Ibid.
[20]Ibid.
[21]Sistema Nacional de Información en Salud de la Secretaría de Salud, en: http://sinais.salud.gob.mx/mortalidad
[22]Ya desde 1993 el entonces Departamento del Distrito Federal había celebrado contratos generales con tales empresas. Al término de los contratos, en 2004, se otorgaron los títulos de concesión que desde entonces se han renovado.
[23]Nidya Olivia Aponte Hernández, «Metodología para evaluar la disponibilidad del agua para uso municipal y sus costos bajo los escenarios de cambio climático», Programa de Posgrado en Ingeniería Ambiental. Posgrado de Ingeniería, UNAM, México, 2013.
[24]El 38.4% de la población de la Ciudad de México recibe agua algunas horas al día, mientras que 61.5% la recibe todo el día. No obstante, en promedio el 52%-53% de la población más pobre y medianamente pobre recibe agua sólo algunas horas al día, porcentaje que en las zonas menos pobres se ubica en tal sólo el 18%-19%. Blanca Jiménez Cisneros, Rodrigo Gutiérrez Rivas, Boris Marañón Pimentel y Arsenio González Reynoso (coords.), Evaluación de la política de Acceso al agua potable en el Distrito Federal, PUEC-UNAM, México, 2011.
[25]Ibid. y María Guadalupe Díaz-Santos, Implicaciones sociales de los contratos al sector privado en el servicio de agua potable en la Ciudad de México, tesis de Licenciatura en Sociología. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, unam, México, 2012.
[26]SEMARNAT/CONAGUA, Inventario Nacional de Plantas Municipales de Potabilización y de Tratamiento de Aguas Residuales en Operación, México, 2012, y en INEGI, Anuario estadístico y geográfico del Distrito Federal – 2013, México, 2014.
[27]Ibid.
[28]La presión promedio es de 0.9 kg/cm2. El estándar recomendado es de 3kg/cm2 y el mínimo recomendado es de 1.5 kg/cm2.

6.4.16

Adaptación y mitigación urbana del cambio climático en México


Gian Carlo  Delgado Ramos
Ana De Luca Zuria
Verónica Vázquez Zentella
CEIICH-PINCC, UNAM. México, 2015. 
ISBN: 978-607-02-7092-5. 278 pp.

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México se coloca entre los primeros 15 países emisores de gases de efecto invernadero (GEI) al adjudicarse el
1.4% de las emisiones globales. Es altamente vulnerable pues el 15% de su territorio, el 68% de la población y el 71% del producto interno bruto están expuestos a los efectos adversos de cambio climático.
La presente obra aborda cuestiones conceptuales relacionadas con la vulnerabilidad, la adaptación y la mitigación urbana. Revisa a nivel internacional y nacional las dinámicas poblacionales y la de los asentamientos urbanos y su contribución en la emisión de GEI. Analiza también la denominada gobernanta climática a escala urbana en México, los co-beneficios presentes y el rol que juega la dimensión de género en la política de cambio climático. Asimismo, ofrece una serie de propuestas para conformar una planeación genuinamente integral dirigida a la transición y construcción de ciudades resilientes, y socialmente menos desiguales. 
La obra es útil para la toma de decisiones y favorece el debate entre especialistas del sector académico, consultores y otros profesionistas, así como para informar a estudiantes y al público en general. 


3.4.16

SUSTENTABILIDAD






Interdisciplina - SUSTENTABILIDAD
Vol. 3. No. 7
CEIICH, UNAM. México, 2015.
ISSN: 2395-969X
Editores: Gian Carlo Delgado Ramos y Mireya Imaz Gispert









Contenido


Presentación
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Presentation
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Editorial - Gian Carlo Delgado Ramos, Mireya Imaz Gispert, Ana Beristain Aguirre
La sustentabilidad en el siglo XXI
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Editorial - Gian Carlo Delgado Ramos, Mireya Imaz Gispert, Ana Beristain Aguirre
Sustainability in the Twenty-first Century
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Dossier


Víctor M. Toledo
¿De qué hablamos cuando hablamos de sustentabilidad? Una propuesta ecológico política
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Joan Martínez Alier
Ecología política del extractivismo y justicia socio-ambiental
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Patrick Bond
Defensa de la sustentabilidad en África contra el extractivismo
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African Sustainability Advocacy Against Extractivism
PDF


Lau Kin Chi
La sustentabilidad con justicia ecológica y económica en China
PDF

Sustainability with Ecological and Economic Justice in China
PDF


Sergio Guevara Sada
La sustentabilidad, rehén de la globalización y la fragmentación de la biosfera
PDF



Juan Miguel Rodríguez López, Pablo Rosso, Jürgen Scheffran, Gian Carlo Delgado Ramos
Teledetección del uso sustentable de tierra rural-urbana en la Ciudad de México: un análisis cualitativo para la confiabilidad y validación
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Remote Sensing of Sustainable Rural-Urban Land Use in Mexico City: A Qualitative Analysis for Reliability and Validity
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Jorge Adrián Ortiz Moreno, Sandra Luz Malagón García, Omar Raúl Masera Cerutti
Ecotecnología y sustentabilidad: una aproximación para el Sur global
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David E. Chibras Guillermo
Sustentabilidad de la acuicultura en México: perspectivas desde un caso de estudio en la Costa Chica de Oaxaca
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Arturo Escobar
Decrecimiento, post-desarrollo y transiciones: una conversación preliminar
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Degrowth, Postdevelopment and Transitions: A Preliminary Conversation
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Voces Cardinales - La interdisciplinariedad, consustancial al desarrollo sustentable
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Lecturas Recomendadas
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Reseña - Fabrizio Trocchia
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Colaboran en este número




1.4.16

México ante la urgencia climática: ciencia, política y sociedad

Xóchitl Cruz Núñez, Gian Carlo Delgado Ramos y 
Ursula Oswald Spring, coordinadores. 
CEIICH, CRIM, PINCC - UNAM.
México, 2015.  350 pp.
ISBN. 978-607-02-7096-3



CONTENIDO

Prólogo 
Ramón Pichs Madruga

Parte 1: visión desde el panel intergubernamental de cambio climático: impactos físicos y económicos

Apuntes introductorios
Úrsula Oswald Spring, Gian Carlos Delgado Ramos y Xóchitl Cruz Nuñez

El Buró del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) frente al Quinto Informe Evaluativo: retos y logros. Aportaciones de México
 Antonina Ivanova Boncheva

Lecciones para México del Quinto Reporte del IPCC y forzadores naturales del cambio climático
(radiación solar y volcanismo) 

Blanca Mendoza y Juan Manuel Espíndola

Mitigación y el cumplimiento de los compromisos de México en materia de cambio climático
Xóchitl Cruz Núñez

Apuntes acerca del lugar del conocimiento económico en los análisis del IPCC 
Ángel de la Vega Navarro 



Parte 2: cambio climático, riesgos, impactos y respuestas

Migración ambiental: ¿una adaptación ante el cambio climático?
Úrsula Oswald Spring

La gestión del riesgo de inundaciones y los desafíos de la adaptación urbana al cambio climático: discursos
y respuestas institucionales 

Fernando Aragón Durand

Construyendo capacidad de respuesta urbana a la variabilidad y el cambio climático 
Patricia Romero-Lankao, Natalia Brutto, Manyu Chang, Jorgelina Hardoy, Rafael D’Almeida Martins, Kerstin Krellenberg

Cambio climático y urbanización: metabolismo y ecología política urbana en la construcción de ciudades resilientes
Gian Carlo Delgado Ramos


Parte 3: cambio climático, recursos y salud

Cambio climático en México: impactos esperados en la disponibilidad del agua
Agustín Robles Morua y Jaime Garatuza Payan

Impacto de la variabilidad climática en la disponibilidad de agua para producción agrícola en México 
Ignacio Sánchez Cohen, Gerardo Esquivel Arriaga, Miguel Velásquez Valle, Gabriel Díaz Padilla y Mariela Núñez Lares

Residuos sólidos municipales, ‘minería urbana’ y cambio climático  
Gian Carlo Delgado Ramos


El cambio climático: impactos, respuestas, avances y retos en México 
Ana Rosa Moreno

México ante el reto del cambio climático: una transición
a la sustentabilidad con equidad y desarrollo
Úrsula Oswald Spring 

30.3.16

Inequality and Climate Change: Perspectives from the South

Editd by / Sous la direction de Gian Carlo Delgado Ramos.
Dakar, CODESRIA, 2015, 204p.
ISBN : 978-2-86978-645-5
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00 - Prelim(i-xii)PDF158.5 kb
01 - IntroductionGian Carlo Delgado Ramos (1-8)PDF140.1 kb
1 - The Socioeconomic Implications of Renewable Energy and Low Carbon Trajectories in South AfricaTara Caetano & James Thurlow (9-30)PDF251.8 kb
2 - Les migrants climatiques en Quête d’adaptation : les éleveurs Mbororo immigrent en Rd CongoFélicien Kabamba Mbambu (31-46)PDF131.5 kb
3 - Changements climatiques, genre, et inégalités sociales : les praticiennes de la médecine et de la pharmacopée traditionnelle en milieu urbain au Burkina FasoClaudine V. Rouamba Ouédraogo & Natéwindé Sawadogo (47-68)PDF167.9 kb
4 - Saint-Louis du Sénégal, les « aventuriers » de la terreAdrien Coly & Fatimatou Sall (69-82)PDF1.3 Mb
5 - A New Cartography of International Cooperation: Emerging Powers in Sub-Saharan Africa – The Case of Biofuels Promotion by Brazil in SenegalM.A. Gaston Fulquet (83-102)PDF159.4 kb
6 - Climate Change and the Urban Political Ecology of WaterGian Carlo Delgado Ramos (103-120)PDF579.4 kb
7 - Indigenous People and Climate Change: Causes of Flooding in the Bolivian Amazon and Consequences for the Indigenous PopulationGabriela Canedo Vásquez (121-136)PDF590 kb
8 - Gender-wise Rural-to-Urban Migration in Orissa, India: An Adaptation Strategy to Climate ChangeNirmala Velan & Ranjan Kumar Mohanty (137-170)PDF404.7 kb
9 - Effects of Climate Change and Heat Waves on Low Income Urban Workers: Evidence from IndiaSaudamini Das (171-189)PDF191.6 kb

7.3.16

Berta Cáceres: su muerte y la necesaria defensa de Gustavo Castro


Gian Carlo Delgado Ramos
La Jornada de Oriente
7 de marzo de 2016

El pasado 3 de marzo fue asesinada, en su casa, Berta Cáceres defensora de los Derechos Humanos y activista del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Berta Cáceres fue líder del movimiento opositor al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, en los departamentos de Santa Bárbara e Intibucá, Honduras. Por su significativa lucha recibió en abril de 2015 el premio medioambiental Goldman, también conocido como el “Nobel Verde”.
El pueblo indígena Lenca ha logrado obstaculizar el avance del millonario proyecto hidroeléctrico que se emplazaría a escasos kilómetros de la Reserva de Vida Silvestre Montaña Verde, proyectado para generar 21.3 MW de electricidad a partir del cause del río Gualcarque, un cuerpo de agua sagrado para los Lenca en tanto espacio donde viven los espíritus de las niñas indígenas.
La represa fue aprobada en 2010-2012, al calor de la nueva Ley General de Aguas de agosto de 2009 que estableció mejores condiciones para la apropiación y usufructo privado del agua.
Agua Zarca, uno de entre 17 proyectos hidroeléctricos propuestos en territorio Lenca, fue promovido por el gobierno de Honduras y el Banco Interamericano de Integración Económica (BCIE) que otorgó un préstamo de 24.4 millones de dólares (mdd) a la empresa hondureña Desarrollos Energéticos, S.A. de C.V., la que a su vez subcontrató a Sinohydro de China y a Voith Hydro Holding GmbH & Co. KG de Alemania (para la construcción de turbinas). También están involucrados otros actores tales como el Fondo de Desarrollo de los Países Bajos FMO – Banco Holandés (15 mdd), el Fondo Finlandés para la Cooperación Industrial Ltd (5 mdd), la empresa Castor, Constructora Cerros de Comayagua, Banco FICOHSA, el grupo empresarial Atala y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID – Proyecto Mercado para el “desarrollo, empleo, energía limpia y responsabilidad social”). Este grupo de actores conforman en concreto lo que Saskia Sassen califica -en su libro Expulsiones- como formaciones predatorias, una mezcla de élites y capacidades sistémicas que en conjunto empujan intereses de clase (proceso que desde luego no está libre de contradicciones).
Ante acusaciones del pueblo Lenca sobre la falsificación de firmas y el ingreso de personal y maquinaria a su territorio sin previa consulta y consentimiento –en violación al Convenio 169 de la OIT–, así como por la articulación creciente de la resistencia social avivada por la prohibición al pueblo Lenca del uso de las aguas del mencionado río (a principios de 2013), la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial retiró el estatus de financiamiento activo en diciembre de 2013. También se retiraría la empresa Sinohydro.
Pese al cierre de la carretera que lleva al lugar de la obra y al emplazamiento de la policía militar en la región, el proyecto reporta alrededor de un 15% de avance. El caso, según se ha denunciado en múltiples ocasiones, ha estado plagado de la violación de derechos humanos, de  racismo, criminalización, impunidad y sangre pues a la muerte de Berta Cáceres le antecede el asesinato, por parte de militares hoy día absueltos, del también integrante del COPINHTomás García Domínguezy el intento de homicidio de Allan García, hechos ocurridos el 14 de julio de 2013.
El asesinato selectivo de luchadores socio-ambientales como el de García y Berta Cáceres, es el recurso más atroz para desarticular la conciencia social localizada, es decir, la que se construye con la praxis de los pueblos en sus propios territorios. Se trata de una constante de los procesos de criminalización social y de lo que se puede calificar como ingeniería del conflicto por parte de aquellos intereses político-económicos abocados al despojo y explotación de la naturaleza. Dado que tales proyectos demandan la transformación de los territorios para tornarlos “competitivos”, es decir, funcionales a la acumulación de capital, no en pocas ocasiones las consideraciones ambientales y sociales quedan en segundo término o simplemente son descartadas, de ahí que ante la creciente apropiación de la naturaleza por parte del capital, se verifique, por un lado, una mayor erosión de los ecosistemas y, por el otro, la emergencia de nuevas lógicas de expulsión(Sassen) que afianzan las asimetrías sociales entre los pocos que tienen acceso a los beneficios derivados del sistema de producción imperante y el grueso de la población a la que no sólo se le niega el acceso a tales beneficios, sino que además, se le hipoteca su presente y futuro dada la socialización permanente de los costos generados –tanto económicos como socioambientales.
Cuando los pueblos confrontan tales dinámicas, defendiendo su territorio, así como la naturaleza, las relaciones sociales comunitarias y sus identidades histórico-culturales, la ingeniería del conflicto entra en acción, recrudeciéndose conforme la articulación de los pueblos se fortalece, y en directa relación con la dimensión del negocio e intereses en juego. Este es el caso del pueblo Lenca cuya defensa del territorio incluye también la oposición a otros proyectos hidroeléctricos aguas arriba como el Blue Energy en el río Cangel el cual es financiado por capitales estadounidenses y canadienses.
La muerte de Berta Cáceres confirma preocupantemente el incremento de los asesinatosselectivos en Honduras y América Latina vinculados a la territorialización del capital, sea en proyectos hidroeléctricos, mineros, de monocultivos, o de otra índole. En su informe How many more?, Global Witness (abril de 2015) contabilizó la muerte de 116 activistas ambientales en 2014; tres cuartas partes registradas en Centroamérica y Sudamérica. A ello súmese las decenas de asesinatos de líderes ambientales en México. Los “mártires de la resistencia ambiental”, a decir de Víctor Manuel Toledo (Ecocidio en México), incluye a Francisco Quiñones asesinado en 2006 (Minera Peña Colorado, Jalisco), a Mariano Abarca (2009 – Minera Blackfire, Chicomuselo, Chiapas), Betty Cariño (2010 – Copala, Oaxaca), Ismael Solorio Urrutia y Manuelita Solís Contreras de El Barzón-Chihuahua (2012 – Namiquipa, Chihuahua), Javier Torres Cruz de la Organización de Campesinos Ecologistas (2013 – Sierra de Petatlán, Guerrero), María Edy Fabiola Orozco de Guerreros Verdes A.C. (2013 – Laguna Coyuca, Guerrero), entre muchos más. Estas pérdidas humanas son tan sólo una fracción del total de homicidios cometidos en México y que según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas suman, de 2006 a agosto de 2015, más de 151 mil, ello además de las 26,798 personas “no localizadas” que son reconocidas, a diciembre de 2015, por el Estado Mexicano (Situación de los derechos humanos en México, CIDH, 2015).
Tal escenario, cuando menos doloroso y éticamente inaceptable, es uno de los efectos del modus operandi de las mencionadas formaciones predatorias propias del capitalismo de fines del siglo XX y lo que va del siglo XXI y que, a decir de Sassen “muy frecuentemente tienden a producir brutalidades elementales”; léase la ya mencionada violación de los Derechos Humanos, la criminalización de la protesta, el homicidio y el ecocidio.
El caso de Agua Zarca desgraciadamente encuentra reflejos en el territorio nacional. Con sus diferencias y particularidades, las formaciones predatorias en México operan con creces y bien podrían verse reforzadas aún más con la eventual aprobación de una nueva Ley de Aguas Nacionales  que al parecer ya se prepara para su pronta discusión en el Legislativo.
Ante ello y de cara al asesinato de los y las muchas Cáceres en América Latina se refrenda la necesaria defensa, cada vez más articulada, de la vida, esto es, la vida en su sentido más amplio, tanto de los territorios, su biodiversidad y sus pueblos, como de cada uno de los luchadores sociales que pacíficamente pugnan por un mundo mejor para todos y que concretamente toma cuerpo en la imaginación y construcción colectiva de territorialidades para la vida digna y justa.
En la Sierra Norte de Puebla, por ejemplo, se lleva a cabo una lucha contra las hidroeléctricas, las mineras y el fracking.
En este sentido es pues imperante el resguardo de la integridad física y psicológica, así como el retorno inmediato a México, de Gustavo Castro Soto, activista mexicano de Otros Mundos A.C., quien también fuera víctima, no mortal, y testigo del asesinato de Berta Cáceres(aparentemente dado por muerto por los homicidas). La urgencia de este llamado público es obvia, más aún cuando su salida rumbo a México fue bloqueada por autoridades hondureñas este 6 de marzo en el aeropuerto de Tegucigalpa sin que los fundamentos legales para ello sean de conocimiento público.