5.7.14

Extractivismo, ecología política y construcción de alternativas en América Latina

Gian Carlo Delgado Ramos
ALASRU. Nueva Época. 
Análisis Latinoamericano del Medio Rural.
No. 8. México, Mayo de 2014. pp. 17- 45.

Resumen
La noción de desarrollo suele asociarse casi exclusivamente al crecimiento económico, éste visto como precondición para cubrir las necesidades sociales. Sin embargo, mientras la economía ha crecido más de 20 veces desde principios del siglo XX a la fecha (la población lo ha hecho en poco más de 4 veces), persisten miles de millones de personas aún sin sus necesidades más básicas cubiertas; desde alimentación, energía, agua o servicios de salud; y esto no es exclusivo de los países periféricos, auqneu evidentemente sí mucho más pronunciado. Tomando nota de esto, el presente trabajo abre con una breve discusión teórico-conceptual sobre el rol de América Latina (AL) en la división internacional del trabajo y los modos en los que se expresan las dinámicas del capital y de dependencia en la región. Se presentan los actuales patrones de consumo de energía y materiales de la economía global y sus implicaciones para posteriormente indagar, empíricamente, el mencionado rol de AL. Se discute cómo es que el extractivismo y, en general, el carácter de economía de enclave-exportadora de AL, genera crecientes procesos de despojo y de afectación socio-ambiental, lo que a su vez ha desembocado en un mayor número de procesos sociales contestatarios. Se cierra con una reflexión a cerca de los rasgos que se consideran elementales en cualquier imaginario de futuro(s) alternativo(s) que se aleja(n) del desarrollismo y en cambio se centra(n) en la búsqueda del bien común.

Palabras clave: metabolismo social, ecología política, dependencia,

comercio desigual, alternativas, América Latina.

26.5.14

Ciudad, agua y cambio climático: una aproximación desde el metabolismo urbano.

Gian Carlo Delgado Ramos
Medio Ambiente y Urbanización
Vol. 80. No. 1. Instituto Internacional de Medio
Ambiente y Desarrollo - América Latina.
Buenos Aires, Argentina. 2014. pp. 95 - 123.
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22.5.14

Innovación, geopolítica y crisis.

Gian Carlo Delgado Ramos
PATRIA. Análisis Político de la Defensa.
Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador
No. 2. Quito, Ecuador. Abril/Julio de 2014. 
ISSN 1390-843X pp. 122 - 144.
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Resumen

Reconociendo el proceso de “corporativización de la ciencia” propio del siglo XX, se presenta, para el caso de EE.UU., el rol de la innovación militar y dual, incluyendo el relacionado con la erosión de la competitividad en el ámbito de lo civil. Con tal antecedente, se analiza el actual estado de la competencia intercapitalista tecnocientífica y del gasto militar mundial con el objeto de mostrar la erosión verificada en la competitividad estadounidense y el arribo de China tanto en lo civil como en lo militar (con el relativo desplazamiento de Japón). Se evidencia así el incremento de las tensiones en lo que respecta a la competencia intercapitalista tecnocientífica global.


Palabras clave: Ciencia, Tecnología, Competencia intercapitalista, Estados Unidos, China.
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Introducción


El paso hacia lo que Ravetz (1971) denomina como proceso de “corporativización de la ciencia” se puede identificar a lo largo de la primera mitad del siglo XX, consolidándose hasta la Segunda Guerra Mundial. Tal corporativización, que en concreto fue de la ciencia y la tecnología, no alude por tanto al proceso de génesis propiamente fabril-industrial del siglo XIX, aunque desde luego ésta lo antece (léase al respecto Hobsbawm, 2000). Dicho de otro modo, la Revolución Industrial –clásica- desembocó siglos después en una corporativización de la tecnociencia que tendría fundamentos y rasgos similares a nivel global pero expresiones concretas a nivel nacional y regional.

La corporativización tecnocientífica se originó a partir de que la participación creciente del capital logró consolidar su dominio sobre el propio proceso de innovación de las fuerzas productivas, esto es, sobre su modalidad, su finalidad, y los medios para hacerlo. Para ello se requirió la conformación de una serie de relaciones de interés que abarcaron la esfera económica, la política, la intelectual y, ciertamente, la militar, produciendo impactos en todos los niveles, desde el espacial-territorial, lo cultural y hasta lo ético-moral. El proceso, que ha evolucionado y generado sinergias entre diversos actores y los intereses diversos que representan, desde entonces ha propiciado una peculiar atmósfera social dentro de las disciplinas científicas puesto que se opta por organizar una gran masa de fuerza de trabajo calificada para que realice tareas específicas a fin de que produzca el tipo de resultados para los cuales ha sido contratada: dígase esencialmente la acumulación de capital y de poder. La forma en que se establecieron las relaciones de poder y sinergias y cómo ésas evolucionaron, develan el rol que jugó el empresariado estadounidense en la primera mitad del siglo XX en la consolidación de la corporativización tecnocientífica de ese país para luego explicar cómo se entrecruzaron esos intereses civiles con los militares, y cómo estos últimos fueron tomando cada vez más peso, a tal punto que Melman (1972) llegaría a hablar de un “capitalismo de Pentágono”; esto es, de un Pentágono que se comporta como símil de una corporación, como la más potente de todas, pero que sin embargo opera en condiciones distintas (a las del mercado y su supuesta “mano invisible”).

Una de las ideas centrales que serviría para justificar lo anterior es que se trataba de un esfuerzo que debía ser mantenido y fortalecido de manera que se pudiera proteger a Estados Unidos (EE.UU.) de cualquier amenaza (interna o externa, real o imaginaria, en uno o varios escenarios de guerra simultáneos). En palabras de la Comisión de Energía Atómica, “este país no puede, en el interés de la seguridad, tener menos que las capacidades ofensivas posiblemente más fuertes en momentos de peligro nacional” (Atomic Energy Commission, 1971: 1015-16; McGrath, 2002: 161).
Advierte Melman (1972) que, desde 1950 y hasta mediados de 1960, se estableció una serie de regulaciones en el nivel de toma de decisiones de las principales fábricas, producto de la ampliación de contratos gubernamentales realizados por las agencias militares y la industria aeroespacial, bajo el precepto de la “maximización de costos”. Los diseños contractuales entre las firmas y los administradores del Pentágono sistemáticamente incluyeron los “sobrecostos” (y lo siguen haciendo) como parte rutinaria de su operación. El Pentágono se transformó en el principal cliente y administrador de las firmas de máquinas-herramientas, y la “maximización de costos” (en lugar de su minimización para maximizar beneficios) se instaló como la pauta de operación dominante en esa rama industrial.

Lo indicado se comprende mejor si se tiene presente que las firmas que operan dentro de la economía militar administrada por el gobierno federal comparten condiciones de operación inexistentes en la economía civil. Las ganancias están garantizadas de antemano ya que, en la mayoría de los casos, el producto fue vendido antes de ser elaborado, por medio de los programas de adquisición del Pentágono. La “ganancia” no se deriva de relaciones de “mercado”, sino gracias a “vinculaciones” de orden político-militar y administrativo (Melman, 1972). Esto no es otra cosa que un crecimiento económico parasitario puesto que supone la apropiación prioritaria de las rentas públicas y de la capacidad limitada de mano de obra calificada de esa potencia (Id., 6). No es casual entonces que a lo largo de la década de 1960 y 1970, el gobierno federal de EE.UU, gastara más de la mitad de sus ingresos fiscales en el financiamiento de guerras pasadas, presentes o futuras (Id., 82).

Queda evidenciado que la institucionalización de una economía de guerra desde entonces permanente en EE.UU. implica la consolidación de una conjunción de poderosas relaciones e intereses mutuos entre los centros públicos de producción de conocimiento, el alto aparato corporativo, el bélico-industrial, el Congreso y una enorme burocracia militar desde la que se realiza, todo en un tenor de creciente ascenso de la élite diplomático-militar. Por tanto, no es casual que para Melman:

“la operación de mayor envergadura del gobierno es el manejo de su economía militar por medio de una administración central. Más de 37.000 firmas industriales o divisiones de esas firmas y más de 100 mil subcontratistas operan bajo el control de una oficina de administración federal con cerca de 50 mil empleados. Probablemente, se trata de la administración industrial centralizada y estatal de mayor envergadura del mundo (Melman, 1972: 6).

El complejo militar industrial no depende del volumen de sus ganancias o de la estabilidad del valor del dólar, como sucede en la economía civil, sino del porcentaje del PIB que le sea asignado (Melman, 1972: 31). Desde luego, la magnitud de inyecciones de recursos públicos a lo militar (incluyendo la tecnociencia militar) tiene efectos o eslabonamientos productivos que impactan en la economía, el empleo, la sociedad y la política como un todo, aunque no todos estos aspectos son positivos pues no sólo está el negocio de las armas. La economía de guerra es mucho más compleja y no siempre la lógica económica es la que tiene más peso: en ocasiones, en contra de ésa y erosionando diversas facetas económico-sociales, se sostienen guerras o esquemas tecnocientíficos o productivos muy costosos pero que permiten acumular poder de decisión, consolidando con creces al propio complejo-militar-industrial, ello con todo y sus contradicciones e implicaciones. Ejemplo de ello es la acumulación de poder de sobreaniquilación nuclear que no tiene valor militar ni significado humano, en palabras de Melman (Id., 47), pero también excesivos gastos militares en el extranjero que se tornan un factor de peso en el déficit de pagos de EE.UU. (siendo la guerra de Vietnam un caso histórico claro).

Ese último elemento es muy importante pues su resolución –económicamente hablando- se encuentra en al menos una reducción considerable del componente militar y, por lo tanto, del complejo militar industrial como un todo. No obstante, la salida negociada por ese complejo ha sido la promoción de ventas de armas en el exterior, una medida que sólo resuelve momentáneamente dicha situación pero que al mismo tiempo acrecienta el problema pues en el fondo implica fortalecer y ampliar la actividad bélico-industrial del país.

La problemática del capitalismo de Pentágono, o del keynesianismo militar, radica entonces en que erosiona no sólo el aparato productivo y la economía misma, sino que además, impacta en otras facetas de la vida, por ejemplo, restringiendo el uso de recursos para satisfacer necesidades básicas. Y es que como advierte Melman, además del costo humano de la prioridad concedida a lo militar, se produce también un agotamiento industrial-tecnológico ocasionado por la concentración de mano de obra técnica y de capital en la tecnología militar y en la industria militar o dual. Así, y como producto de lo anterior, agrega que, a medida que la tecnología industrial civil se deteriora o no puede avanzar, disminuyen las posibilidades de empleos productivos para los norteamericanos (Melman, 1972: 8).

Rutas similares seguiría en su momento la URSS. Otros asumirían carreras armamentistas más modestas como el Reino Unido y, más recientemente, al parecer, también China (véase más adelante).




19.5.14

"Metabolismo Social y Ecología Política", programa de TV, CUAED-UNAM.


Invitados:

Gian Carlo Delgado Ramos, CEIICH-UNAM.
Mireya Imaz Gispert, PUMA-UNAM.
Lucia Álvarez Enríquez, CEIICH-UNAM.
Aleida Hernández Cervantes, CEIICH, UNAM.
Jorge Peláez Padilla, UACM.

México, D.F., Mayo de 2014.

21.4.14

Se publica Vol. 3 del 5to Informe del IPCC

 

Se publica el volúmen 3 del 5to Informe del IPCC sobre mitigación del cambio climático. Fue elaborado por 235 autores de 58 países, incluyendo México. 

El informe puede ser descargado en: 
http://mitigation2014.org/report/final-draft/ 

El capítulo 12, que aborda la problemática de los "Asentamientos Humanos, Infraestructura y Planeación Espacial", es clave para aquellos interesados en la cuestión urbana y el cambio climático.


13.3.14

Economía Verde, apuesta de continuidad del desarrollo desigual y el abuso de los bienes comunes

Coordinado por Gian Carlo Delgado Ramos
Ciencias Sociales / Ruth Casa Editorial
La Habana, Cuba., Diciembre de 2013.
ISBN: 9789590614705 pp. 274


Indice

Artículos:

- Mariela Buonomo, Soledad Ghione, Valentina Lorieto y Eduardo Gudynas / Ecología y la conservación en la "economía verde": una revisión crítica.

- Gian Carlo Delgado Ramos y Silvina María Romano / Economía verde, fundaciones privadas y asistencia para "el desarrollo": una lectura desde América Latina.

- Jairo Marcos y María de los Ángeles Fernández / La economía verde de Río+20: de la Cumbre de la Tierra a su despojo

- Ana Isla / Crítica al desarrollo sustentable del capitalismo verde: canje de deuda por naturaleza.

- Enrique Viale con la colaboración de Jonatan Baldiviezo / Economía verde o derechos de la naturaleza

- Lilia Rebeca de Diego Correa y Gian Carlo Delgad Ramos / Economía verde, seguridad energética y biocombustibles: biodiesel de palma en el estado de Chiapas, México.

- Miguel Altieri y Clara Nicholls con la contribución de miembros de SOCLA / Agroecología: única esperanza para la soberanía alimentaria y la resiliencia socioecológica.


Documentos

- Francois Houtart / La Cumbre de los Pueblos, Río+20 y el Bien Común de la Humanidad
- Proyecto de declaración universal del Bien Común de la Humanidad
- GRAIN, WRM y ATALC / El transfondo de la economía verde


Estilete

- Minerva Cuevas / Una lectura desde las artes

25.2.14

El negocio del agua embotellada

Gian Carlo Delgado Ramos
Realidad Económica. No. 281.
Instituto Argentino para el Desarrollo Económico
1o de Enero al 15 de Febrero de 2014.
Buenos Aires, Argentina.


La actual crisis del agua, que cruza cuestiones de disponibilidad y de calidad, pero también de acceso, distribución y consumo desigual, se presenta una discusión sobre el auge del negocio del agua embotellada. Desde ahí se ofrece una valoración de los impactos socioambientales de dicho negocio, tanto en términos de apropiación y uso intensivo de reservas de agua de la mejor calidad –según los impulsos del mercado y no pocas veces por encima de necesidades humanas de los pueblos locales-, como de generación de residuos y de emisiones de CO2e. Se discuten las narrativas empresariales, incluyendo el discurso “verde” de la eficiencia y que, como se demuestra, ésa queda en la práctica más que rebasada por las dimensiones crecientes del negocio (“efecto rebote”). Se concluye con sugerencias mínimas para regular y transparentar el sector al tiempo que se garantice el derecho y acceso al agua, incluyendo la posibilidad de un mínimo básico gratuito.

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27.1.14

Agua, obesidad y política pública




Gian Carlo Delgado Ramos
La Jornada de Oriente. 27/01/2014
Puebla, Puebla., México.
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El compromiso firmado en febrero de 2012 por México de incluir en la ley la garantía del derecho humano al agua de forma suficiente, accesible, asequible y de calidad, debe ser entendido y asumido desde una noción que demanda la gestión sustentable, integral y equitativa del agua. El reto es ciertamente mayor, pues la demanda de agua para consumo humano en México aumentó seis veces en el último siglo, lo que ha afectado la disponibilidad natural media anual por habitante. Según la Conagua, ésa en 1955 era de 11 mil 500 m3, pero para 2007 había llegado a 4 mil 312 m3, es decir, una disminución en la disponibilidad de 64 por ciento en tan sólo un periodo de 50 años. A tal situación se suma la pérdida de calidad del líquido derivada de crecientes índices de contaminación, pero también del desfinanciamiento y la mala o insuficiente gestión de la infraestructura hidráulica, incluyendo aquella para su potabilización.
Tal mengua de la responsabilidad del estado ha sido en la práctica reemplazada, en el caso del agua para beber, por un creciente consumo de agua embotellada y bebidas azucaradas, lo que se ha reflejado en las últimas dos décadas en negocios muy atractivos para el sector de bebidas (según datos de la Comisión Nacional del Agua, el precio promedio de un metro cúbico o mil litros de agua de la llave es de 25 pesos, mientras que el de esa misma cantidad de agua embotellada ronda los 6 mil 500 pesos).
Lo dicho no es menor, pues como he planteado en otra ocasión (La Jornada de Oriente, 19 de noviembre de 2013) México es el mayor consumidor de refrescos y agua per cápita  a nivel mundial; consumo que se sustenta en la apropiación del líquido –y de los territorios donde se encuentra– por parte de empresas embotelladoras, esencialmente propiedad de Coca Cola, Nestlé y Pepsico. Ello además se constanta tanto en zonas con disponibilidad como en estrés hídrico y en un contexto de opacidad de información pública en lo relativo al volumen realmente apropiado (se estima un volumen total concesionado al sector bebidas de 242.8 millones de m3/año, como de los estados actuales de disponibilidad de agua en las cuencas y acuíferos del país y del impacto específico de tales acaparamientos. Desde luego, también se embotella agua de la llave, previa su potabilización según las normas existentes, pero el volumen apropiado bajo esta modalidad y los subsidios aplicados, en su caso, tampoco son aspectos claros.
Tomando nota de lo anterior, llama la atención que la iniciativa para la instalación de bebederos en escuelas públicas, avalada por la Cámara de Diputados el 12 de noviembre de 2013 (Gaceta Parlamentaria No. 3905–XI) se encuentre actualmente detenida en el Senado. El proyecto plantea reformar los artículos 7, 11 y 19 de la Ley de Infraestructura Física Educativa en materia de bebederos escolares como medida para atender la problemática de sobrepeso y obesidad, cuya prevalencia suma 71 por ciento de la población adulta (el sobrepeso se registra en 38.9 por ciento de la población adulta, mientras que la obesidad es patente en 32.4 por ciento; además el país se coloca en el octavo lugar de obesidad infantil en niños y el cuarto lugar en niñas). Se trata de un problema de salud pública, particularmente porque la obesidad y el sobrepeso pueden ser causa de diabetes, entre otras complicaciones a la salud. El gasto de su tratamiento ya es considerable y, de seguir la actual situación, ciertamente aumentará: las 14 enfermedades principales asociadas a la obesidad y el sobrepeso cuestan 42 mil millones de pesos, mientras que los costos por pérdida de productividad suman unos 25 mil millones de pesos (Rivera et al. Obesidad en México. Recomendaciones para una política de Estado. UNAM. México, 2012).
El alto consumo de bebidas azucaradas, además de alimentos chatarra con un alto contenido de grasas saturadas y escaso o nulo contenido de nutrientes, está bien consolidado ya desde edades tempranas (en buena medida gracias a las potentes campañas de publicidad enfocadas a los niños), de ahí que sea central, además de regular dicha publicidad, cambiar los hábitos alimenticios durante la edad escolar, contexto en el que la presencia de bebederos en las escuelas juega ciertamente un rol vital. Pese a tal reconocimiento, sólo 7 por ciento del gasto público federal en educación básica se destina a que las escuelas tengan acceso a agua potable, luz, teléfono y capacitación.
Ante tal situación la iniciativa de reforma en mención propone instalar fondos anuales para ampliar la disponibilidad de agua potable para beber de forma confiable, suficiente y continua en las escuelas públicas del país (en conveniencia con las autoridades estatales) en un plazo máximo de tres años, ello al tiempo que se obliga a las escuelas privadas para que hagan lo propio en un periodo no mayor a un año y con sus recursos. Los requisitos que se deben cumplir, de ser ésa aprobada, además de usar sistemas y tecnologías sustentables, son los de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, pertinencia y oferta suficiente de agua potable para consumo humano.
Ahora bien, no sobra precisar que hasta donde se sabe, en el país no hay un inventario actualizado y completo de la infraestructura y servicios básicos con que cuentan las escuelas, no obstante, datos del Inegi de 2007 estiman que de aquellas censadas 34 por ciento no tienen agua, que 33 por ciento no cuenta con saneamiento y que 7 por ciento no cuenta siquiera con agua. La calidad de la infraestructura, sobre todo de baños, está fuera de toda valoración, pero se puede sostener que el grueso de casos no cuenta con el mínimo de higiene y mantenimiento (la cuestión agua–saneamiento–higiene debe verse como unidad en cualquier política pública seria). En ese contexto, es pues central la participación de profesores, autoridades escolares y sobre todo de padres de familia para el diagnóstico del estado real de la infraestructura y el monitoreo de su mejora, incluyendo la instalación, operación y mantenimiento de bebederos.
Y si bien la iniciativa de bebederos es más que deseable, dicha acción en efecto debe verse como un paso, entre muchos que se requieren, para dar garantía al derecho humano al agua en nuestro país. Por ello, la demanda ciudadana de la instauración de un observatorio del agua –en su sentido amplio e integral–, gestionado por la ciudadanía y la academia, no es una cuestión que pueda desestimarse. Tampoco lo es la exigencia social de que lo recaudado por el impuesto aplicado a las bebidas azucaradas sea genuinamente gastado para atender y mitigar el problema de sobrepeso y obesidad. Y es que hasta ahora dónde y cómo está asignada la responsabilidad y los fondos recaudados aún son cuestiones opacas.