13.3.14

Economía Verde, apuesta de continuidad del desarrollo desigual y el abuso de los bienes comunes

Coordinado por Gian Carlo Delgado Ramos
Ciencias Sociales / Ruth Casa Editorial
La Habana, Cuba., Diciembre de 2013.
ISBN: 9789590614705 pp. 274


Indice

Artículos:

- Mariela Buonomo, Soledad Ghione, Valentina Lorieto y Eduardo Gudynas / Ecología y la conservación en la "economía verde": una revisión crítica.

- Gian Carlo Delgado Ramos y Silvina María Romano / Economía verde, fundaciones privadas y asistencia para "el desarrollo": una lectura desde América Latina.

- Jairo Marcos y María de los Ángeles Fernández / La economía verde de Río+20: de la Cumbre de la Tierra a su despojo

- Ana Isla / Crítica al desarrollo sustentable del capitalismo verde: canje de deuda por naturaleza.

- Enrique Viale con la colaboración de Jonatan Baldiviezo / Economía verde o derechos de la naturaleza

- Lilia Rebeca de Diego Correa y Gian Carlo Delgad Ramos / Economía verde, seguridad energética y biocombustibles: biodiesel de palma en el estado de Chiapas, México.

- Miguel Altieri y Clara Nicholls con la contribución de miembros de SOCLA / Agroecología: única esperanza para la soberanía alimentaria y la resiliencia socioecológica.


Documentos

- Francois Houtart / La Cumbre de los Pueblos, Río+20 y el Bien Común de la Humanidad
- Proyecto de declaración universal del Bien Común de la Humanidad
- GRAIN, WRM y ATALC / El transfondo de la economía verde


Estilete

- Minerva Cuevas / Una lectura desde las artes

25.2.14

El negocio del agua embotellada

Gian Carlo Delgado Ramos
Realidad Económica. No. 281.
Instituto Argentino para el Desarrollo Económico
1o de Enero al 15 de Febrero de 2014.
Buenos Aires, Argentina.


La actual crisis del agua, que cruza cuestiones de disponibilidad y de calidad, pero también de acceso, distribución y consumo desigual, se presenta una discusión sobre el auge del negocio del agua embotellada. Desde ahí se ofrece una valoración de los impactos socioambientales de dicho negocio, tanto en términos de apropiación y uso intensivo de reservas de agua de la mejor calidad –según los impulsos del mercado y no pocas veces por encima de necesidades humanas de los pueblos locales-, como de generación de residuos y de emisiones de CO2e. Se discuten las narrativas empresariales, incluyendo el discurso “verde” de la eficiencia y que, como se demuestra, ésa queda en la práctica más que rebasada por las dimensiones crecientes del negocio (“efecto rebote”). Se concluye con sugerencias mínimas para regular y transparentar el sector al tiempo que se garantice el derecho y acceso al agua, incluyendo la posibilidad de un mínimo básico gratuito.

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27.1.14

Agua, obesidad y política pública




Gian Carlo Delgado Ramos
La Jornada de Oriente. 27/01/2014
Puebla, Puebla., México.
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El compromiso firmado en febrero de 2012 por México de incluir en la ley la garantía del derecho humano al agua de forma suficiente, accesible, asequible y de calidad, debe ser entendido y asumido desde una noción que demanda la gestión sustentable, integral y equitativa del agua. El reto es ciertamente mayor, pues la demanda de agua para consumo humano en México aumentó seis veces en el último siglo, lo que ha afectado la disponibilidad natural media anual por habitante. Según la Conagua, ésa en 1955 era de 11 mil 500 m3, pero para 2007 había llegado a 4 mil 312 m3, es decir, una disminución en la disponibilidad de 64 por ciento en tan sólo un periodo de 50 años. A tal situación se suma la pérdida de calidad del líquido derivada de crecientes índices de contaminación, pero también del desfinanciamiento y la mala o insuficiente gestión de la infraestructura hidráulica, incluyendo aquella para su potabilización.
Tal mengua de la responsabilidad del estado ha sido en la práctica reemplazada, en el caso del agua para beber, por un creciente consumo de agua embotellada y bebidas azucaradas, lo que se ha reflejado en las últimas dos décadas en negocios muy atractivos para el sector de bebidas (según datos de la Comisión Nacional del Agua, el precio promedio de un metro cúbico o mil litros de agua de la llave es de 25 pesos, mientras que el de esa misma cantidad de agua embotellada ronda los 6 mil 500 pesos).
Lo dicho no es menor, pues como he planteado en otra ocasión (La Jornada de Oriente, 19 de noviembre de 2013) México es el mayor consumidor de refrescos y agua per cápita  a nivel mundial; consumo que se sustenta en la apropiación del líquido –y de los territorios donde se encuentra– por parte de empresas embotelladoras, esencialmente propiedad de Coca Cola, Nestlé y Pepsico. Ello además se constanta tanto en zonas con disponibilidad como en estrés hídrico y en un contexto de opacidad de información pública en lo relativo al volumen realmente apropiado (se estima un volumen total concesionado al sector bebidas de 242.8 millones de m3/año, como de los estados actuales de disponibilidad de agua en las cuencas y acuíferos del país y del impacto específico de tales acaparamientos. Desde luego, también se embotella agua de la llave, previa su potabilización según las normas existentes, pero el volumen apropiado bajo esta modalidad y los subsidios aplicados, en su caso, tampoco son aspectos claros.
Tomando nota de lo anterior, llama la atención que la iniciativa para la instalación de bebederos en escuelas públicas, avalada por la Cámara de Diputados el 12 de noviembre de 2013 (Gaceta Parlamentaria No. 3905–XI) se encuentre actualmente detenida en el Senado. El proyecto plantea reformar los artículos 7, 11 y 19 de la Ley de Infraestructura Física Educativa en materia de bebederos escolares como medida para atender la problemática de sobrepeso y obesidad, cuya prevalencia suma 71 por ciento de la población adulta (el sobrepeso se registra en 38.9 por ciento de la población adulta, mientras que la obesidad es patente en 32.4 por ciento; además el país se coloca en el octavo lugar de obesidad infantil en niños y el cuarto lugar en niñas). Se trata de un problema de salud pública, particularmente porque la obesidad y el sobrepeso pueden ser causa de diabetes, entre otras complicaciones a la salud. El gasto de su tratamiento ya es considerable y, de seguir la actual situación, ciertamente aumentará: las 14 enfermedades principales asociadas a la obesidad y el sobrepeso cuestan 42 mil millones de pesos, mientras que los costos por pérdida de productividad suman unos 25 mil millones de pesos (Rivera et al. Obesidad en México. Recomendaciones para una política de Estado. UNAM. México, 2012).
El alto consumo de bebidas azucaradas, además de alimentos chatarra con un alto contenido de grasas saturadas y escaso o nulo contenido de nutrientes, está bien consolidado ya desde edades tempranas (en buena medida gracias a las potentes campañas de publicidad enfocadas a los niños), de ahí que sea central, además de regular dicha publicidad, cambiar los hábitos alimenticios durante la edad escolar, contexto en el que la presencia de bebederos en las escuelas juega ciertamente un rol vital. Pese a tal reconocimiento, sólo 7 por ciento del gasto público federal en educación básica se destina a que las escuelas tengan acceso a agua potable, luz, teléfono y capacitación.
Ante tal situación la iniciativa de reforma en mención propone instalar fondos anuales para ampliar la disponibilidad de agua potable para beber de forma confiable, suficiente y continua en las escuelas públicas del país (en conveniencia con las autoridades estatales) en un plazo máximo de tres años, ello al tiempo que se obliga a las escuelas privadas para que hagan lo propio en un periodo no mayor a un año y con sus recursos. Los requisitos que se deben cumplir, de ser ésa aprobada, además de usar sistemas y tecnologías sustentables, son los de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, pertinencia y oferta suficiente de agua potable para consumo humano.
Ahora bien, no sobra precisar que hasta donde se sabe, en el país no hay un inventario actualizado y completo de la infraestructura y servicios básicos con que cuentan las escuelas, no obstante, datos del Inegi de 2007 estiman que de aquellas censadas 34 por ciento no tienen agua, que 33 por ciento no cuenta con saneamiento y que 7 por ciento no cuenta siquiera con agua. La calidad de la infraestructura, sobre todo de baños, está fuera de toda valoración, pero se puede sostener que el grueso de casos no cuenta con el mínimo de higiene y mantenimiento (la cuestión agua–saneamiento–higiene debe verse como unidad en cualquier política pública seria). En ese contexto, es pues central la participación de profesores, autoridades escolares y sobre todo de padres de familia para el diagnóstico del estado real de la infraestructura y el monitoreo de su mejora, incluyendo la instalación, operación y mantenimiento de bebederos.
Y si bien la iniciativa de bebederos es más que deseable, dicha acción en efecto debe verse como un paso, entre muchos que se requieren, para dar garantía al derecho humano al agua en nuestro país. Por ello, la demanda ciudadana de la instauración de un observatorio del agua –en su sentido amplio e integral–, gestionado por la ciudadanía y la academia, no es una cuestión que pueda desestimarse. Tampoco lo es la exigencia social de que lo recaudado por el impuesto aplicado a las bebidas azucaradas sea genuinamente gastado para atender y mitigar el problema de sobrepeso y obesidad. Y es que hasta ahora dónde y cómo está asignada la responsabilidad y los fondos recaudados aún son cuestiones opacas.

18.1.14

Número especial de Interdisciplina sobre CIUDADES

Editores invitados:
Lucía Álvarez Enríquez
Gian Carlo Delgado Ramos

Interdisciplina. 
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades
Universidad Nacional Autónoma de México
Vol. 2. No. 2. México, 2014.
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Tabla de contenidos

Número completo

CIUDADESPDF
Redacción CEIICH-UNAM260

Contenido

ContenidoPDF
 3-4

Presentación

PresentaciónPDF
 5-6
PresentationPDF
 7-8

Editorial

Ciudades, gestión, territorio y ambientePDF
Lucía Álvarez Enríquez, Gian Carlo Delgado Ramos9-20

Editorial comment

Cities, management, territory and environmentPDF
Lucía Álvarez Enríquez, Gian Carlo Delgado Ramos21-32

Dossier

Sustentabilidad, territorios urbanos y enfoques emergentes interdisciplinariosPDF
Mireya Imaz Gispert, Dalia Ayala Islas, Ana Gisela Beristain Aguirre33-49
Metabolismo urbano: herramienta para la sustentabilidad de las ciudadesPDF
Cristian Julián Díaz Álvarez51-70
La reinvención de la ciudadanía desde el espacio público de la ciudad fragmentadaPDF
Patricia Ramírez Kuri71-96
Cambios sociales y estructuras de poder. ¿Nuevas ciudades, nueva ciudadanía?PDF
Joan Subirats, Marc Parés Franzi97-118
El manejo de la urbanización africana en el contexto de los cambios ambientalesPDF
Shuaib Lwasa119-140
Managing African urbanization in the context of environmental changePDF
Shuaib Lwasa263-280
El desafío urbano en la India y la misión por un hábitat sustentablePDF
Ruchira Ghosh, Arun Kansal141-167
Urban Challenges in India and the Mission for a Sustainable HabitatPDF
Ruchira Ghosh, Arun Kansal281-304
La urbanización y su impacto sobre el uso de la tierra, la biodiversidad y los ecosistemas en la IndiaPDF
Harini Nagendra, H.S. Sudhira, Madhusudan Katti, Maria Tengö, Maria Schewenius169-178
Urbanization and its Impacts on Land Use, Biodiversity and Ecosystems in IndiaPDF
Harini Nagendra, H.S. Sudhira, Madhusudan Katti, Maria Tengö, Maria Schewenius305-313
La desindustrialización y la cambiante estructura espacial en Hong Kong, ChinaPDF
Paavo Monkkonen179-204
Deindustrialization and the Changing Spatial Structure of Hong Kong, ChinaPDF
Paavo Monkkonen315-337
Urbanización en China: ¿Otro gran salto adelante?PDF
Jorge Eduardo Navarrete205-218
La basura: un reto y una oportunidad para la Zona Metropolitana de la Ciudad de MéxicoPDF
Elvira Schwanse219-231

Lecturas recomendadas

Lecturas recomendadasPDF
 233-240

Voces cardinales

Participación ciudadana: recurso para gobernar mejor las ciudadesPDF
CEIICH CEIICH-UNAM241-246

Reseñas

Ciudades del 2010: entre la sociedad del conocimiento y la desigualdad socialPDF
Letizia Silva Ontiveros247-252

Colaboran en este número

Colaboran en este númeroPDF
 253-257

Directorio

DirectorioPDF
 2

Guía para autores

Guía para autoresPDF
 259

Guidance for Authors


Guidance for authors

8.1.14

Minería y ruralidad en México: regulación, pasivos ambientales y sociedad

Gian Carlo Delgado Ramos, Letizia Silva Ontiveros y Maritza Islas Vargas
En: Roberto Rodríguez Saldaña yJosé Gilberto Garza Grimaldo
La Naturaleza con Derechos. Una propuesta para un cambio civilizatorio.
Universidad Autónoma de Guerrero / Editora Laguna
México, 2013. ISBN: 978-607-7679-61-5



1. Introducción

La minería es una actividad de vieja data en México, sin embargo, es a partir de la década de 1980 que esta industria adquiere claramente nuevo bríos. Entonces, y como resultado de la negociación de la deuda, se comenzó la adopción de un amplio paquete de políticas neoliberales, muchas auspiciadas por organismos internacionales como el Fondo Monetario internacional y el Banco Mundial (Saxe-Fernández y Delgado, 2005; Toussaint y Millet, 2009; Ugarteche, 2010). Se optó entonces por la desregulación y liberalización de la economía, es decir, la privatización del grueso de los activos nacionales, la reducción del gasto público, la desaparición de diversos subsidios y apoyos —en el campo por ejemplo de los precios de garantía—, entre otras cuestiones. Un elemento central de tales políticas neoliberales fue el rol de la inversión extranjera directa como motor de la economía; se abrieron múltiples sectores estratégicos a la participación privada extranjera, proceso que se acompañó del trato igualitario a los capitales foráneos y el establecimiento de condiciones de certidumbre jurídica a tal inversión.
Las denominadas reformas estructurales en materia política y económica, que fueron ejecutadas en toda América Latina, dieron paso a una fase mucho más agresiva en la explotación de recursos naturales no sólo en su dimensión —gracias a los avances tecnológicos—, sino en su propia naturaleza. Y es que no solamente se descuidó la producción de alimentos básicos en casi todos los países de la región al especializarse en la producción de ciertos productos como celulosa, soja, caña, frutas y diversas hortalizas de exportación, además, dicha explotación se ha dado en el marco de un fuerte proceso de despojo de tierras y de todos los recursos ahí contenidos, todo con el objeto de dinamizar los procesos de acumulación de capital.
Se trata de un despojo que se ha intensificado a escala internacional sobre todo a partir de los primeros años del siglo XXI, con acciones de compra-venta de grandes extensiones de tierra (mayores a 1,000 has) por parte de actores foráneos y que han sido denominadas genéricamente como land grabbing. Destacan como compradores de tierras, sobre todo en África y Asia, actores de países como China, India, Corea del Sur y Arabia Saudita. En América Latina el fenómeno de compra-venta también aumenta aunque históricamente y aún hoy día, el grueso de apropiación de la tierra se ha dado sobre todo por parte de latifundistas nacionales, especuladores inmobiliarios de capital nacional y/o mixto, actores empresariales intrarregionales y, en menor escala, por parte de capital proveniente de paraísos fiscales (véase: Borras et al, 2012).
Debe quedar claro entonces que el proceso de despojo-apropiación de tierras antes referido no sólo responde a la necesidad de acceso, gestión y usufructo de recursos minerales energéticos y no-energéticos (extractivismo clásico), sino también al empuje de otras actividades como los “cultivos comodín” o flex (alimentos/energía/insumos de producción; e.g. maíz, caña, palma africana); la producción de insumos no alimenticios como la celulosa, en todos los casos incluyendo su dimensión hídrica (en términos de huella hídrica); la promoción de actividades de conservación o la denominada apropiación verde de las tierras (green grabbing) y que incluye desde la conformación de áreas protegidas de tipo privado —no pocas veces promotoras de actividades de investigación científica con potencial de uso comercial de la biodiversidad y su conocimiento asociado (en su caso) (léase: Delgado, 2002 y 2004; Strickland, 2012)—, hasta la instauración de proyectos de mitigación del cambio climático como los denominados REDD y REDD+ (proyectos de reducción de emisiones por deforestación y degradación + de conservación), tampoco exentos de crítica (Espinoza y Feather, 2011; Fairhead, Leach y Scoones, 2012; Borras, et al, 2012; Greenpeace, 2012; COPINH, 2013; entre otros).
Datos desde una noción amplia de la apropiación de tierras para América Latina sugieren que para los casos de la soya y la caña en América del Sur, la superficie se duplicó en la primera década del siglo XXI, mientras que la de palma aceitera lo hizo en un 30% (Borras, et al, 2012). En Centroamérica la superficie de palma se duplicó en el mismo periodo, mientras que se observó un aumento de 16 mil hectáreas anuales de plantaciones de árboles, cifra que fue en esa misma década de 376 mil hectáreas anuales en América del Sur (Ibid). Se suma además la expansión de la frontera agrícola para monocultivos como el de piña en Costa Rica.
Por su parte, en México se registra un fenómeno similar con la compra, renta o inclusión de tierras para el emplazamiento de cultivos de hortalizas de exportación y flex, en este caso mediante la promoción de la denominada “reconversión productiva” de pequeños propietarios que se enganchan en el último eslabón de la cadena productiva sobre todo de la palma africana. Así, en el país aumentó alrededor de 10% la superficie cultivada de caña de 2000 a 2010 y en 80% la de palma africana del 2003 a 2011; además, se sumaban al año 2012 unas 10 mil hectáreas de jatropha sólo en el estado de Chiapas (Delgado, et al, 2013). En lo que respecta a la superficie reforestada, no toda monocultivos de árboles de rápido crecimiento, ésta aumentó en México a un ritmo de 8.9% al año al pasar de 342 mil hectáreas en 2007 a 480 mil hectáreas en 2011 (ASF, 2012). Por su parte, la superficie concesionada a actividades mineras alcanzó el 16.5% del territorio nacional al mes de junio de 2012 con una inversión extranjera directa al cierre de 2011 casi seis veces mayor a la del año 2000 (con base en: Secretaría de Economía, 2012 y Gobierno federal, 2012). No deja de llamar la atención que en el contexto del boom minero en el país, el Gobierno federal celebre su competencia al haber logrado reducir el tiempo de aprobación de las concesiones mineras de 30.3 días promedio en 2008, a 15.8 días en junio de 2012 (Gobierno federal, 2012).

Para seguir leyendo, consultar libro.


12.12.13

Costos ecológicos de la minería aurífera a cielo abierto y resistencia social

Gian Carlo Delgado Ramos
Intersecciones en Antropología.
Vol. 14. Argentina, 2013. pp. 279 - 294.
Recibido 7 de mayo 2012. Aceptado 5 de julio 2012
Ir al sitio de la revista



RESUMEN

Desde fines del siglo pasado, debido al aumento del metabolismo social pero también a la erosión de las reservas explotables y la especulación de la inversión en el mercado de commodities, es observable una intensificación de las actividades extractivas. En América Latina (AL), la proliferación de proyectos es particularmente notoria en el caso de los metales preciosos, pero también de otros estratégicos, como el cobre, níquel, hierro o zinc. Tomando nota de lo anterior, se abre con una revisión de la actividad minera en AL y México, para después presentar el proyecto minero aurífero a tajo a cielo abierto Caballo Blanco, en el estado de Veracruz, México, cuyo rasgo distintivo es su eventual emplazamiento, a unos kilómetros de la única planta nuclear del país. Se evalúan los potenciales costos ecológicos con detalle, dando cuenta a lo largo del texto de los impactos sociales y de la conflictividad que usualmente suscitan ese tipo de proyectos mineros. Se concluye abogando por una revaloración de los impactos socioambientales en el entendido de que son punto de partida obligado para la búsqueda de una genuina justicia socioambiental, de un comercio internacional menos desigual y, sobre todo, de un desarrollo con consideraciones más allá de aquellas exclusivamente económicas.

Palabras clave: Minería; Caballo Blanco; Costos ecológicos; Justicia ambiental; América Latina.


ABSTRACT
THE ECOLOGICAL COSTS OF OPEN-PIT GOLD MINING AND SOCIAL STRUGGLE.

Since the end of the twentieth century extractive activities have intensified due to the increase in social metabolism, the erosion of exploitable reserves, and investment speculation in the commodities market. In Latin America (LA) the proliferation of projects is particularly notable in the case of precious metals but also on other strategic material such as copper, nickel, iron and zinc. This paper opens with a review of the mining sector in LA and Mexico, followed by an analysis of the open-pit mining project Caballo Blanco in Veracruz state, Mexico, notable for its’ location close to the country’s only nuclear plant. Potential ecological costs are assessed in detail while acknowledging the social impact and discontent that such mining projects usually generate. The paper concludes by appealing for a revalorization of socio-ecological impact as an obligatory starting point in seeking genuine environmental socio-ecological justice, more equal international trade, and above all a development framework that encompasses more than the merely economical.

Keywords: Mining; Caballo Blanco Project; Ecological costs; Environmental justice; Latin America.

4.12.13

Climate Change and Metabolic Dynamics in Latin American Major Cities

Gian Carlo Delgado Ramos
en: Zubir, S y Brebbia, C. Sustainable City VIII. Urban Regeneration and Sustainability.
WIT PRess. 2013. pp. 39-53.
ISBN: 978-1845647469


Abstract

Climate and environmental problems have become increasing challenges for cities, especially for those experiencing rapid urban expansion and population growth. The dimension and likely implications of these challenges can be better assessed if metabolic analyses of inflows, outflows and stocks of energy and
materials are carried out in addition to conventional means of evaluation. Urban metabolic analyses have been carried out for different cities and for diverse metabolic aspects or flows, but it has been largely absent in Latin America. This paper opens with a general introduction to the current state of Latin American cities. It introduces the main aspects of the urban metabolism analytic approach and offers an initial comprehensive comparative estimate of inflows and outflows of some Latin American major cities: Mexico City, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Quito and Bogota. A rough estimate of Mexico City’s stock of materials is then presented. The main characteristics of climate change plans are discussed in later pages with the purpose of offering a brief analysis of mitigation actions and existing metabolic dynamics. The paper concludes with
some policy and governance considerations for the urban future and the forthcoming challenges and feasible opportunities at local or urban levels.

Keywords: urban metabolism, climate change, Latin America, low carbon cities.


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19.11.13

El negocio del agua embotellada y sus impactos socio–ambientales

Gian Carlo Delgado Ramos
La Jornada de Oriente. 
19 de Noviembre de 2013.
Del total del agua en el planeta, unos mil 400 millones de m3, sólo 2.5 por ciento es agua dulce. Dado los crecientes niveles de contaminación ésta es además cada vez de menor calidad. Los más vulnerables son al menos unas mil millones de personas que carecen de acceso a fuentes de agua y las 2.5 mil millones que carecen de servicio de saneamiento. El problema más agudo se refleja en que unas 3 mil 500 personas mueren al día por enfermedades vinculadas al agua, 98 por ciento de ellas ocurren en los países en desarrollo.
La situación es compleja, pues a lo anterior se suma el hecho de que un tercio de la población mundial vive en regiones con escaso acceso al agua; de ahí que las disputas por el líquido se agudicen, sobre todo a escala de lo local, ello como resultado de la escasez biofísica del líquido, el incremento de la demanda sea por cambios en los patrones de consumo o el aumento de los actores en competencia, y/o por el acaparamiento de la misma por parte de actores con mayores cuotas de poder económico–político.
En este contexto, en el que además los servicios públicos de agua develan particularmente en los países pobres sus fuertes limitaciones para proveer agua de calidad y asequible, el negocio del agua embotellada se viene impulsando con mayor fuerza al asumirse como una solución conveniente y segura para cubrir la demanda de agua para beber. Y el negocio no es menor. En 1999 el Consejo Estadounidense de Defensa de los Recursos Naturales calculó que el agua embotellada es entre 240 y 10 mil veces más cara que el agua de la llave. El negocio es aun mas jugoso si se considera que PepsiCo y Coca Cola embotellan en diversas localidades agua proveniente del sistema de servicio público municipal, vendiendo así a la población algo que ya está pagando.
El negocio ha registrado una fuerte expansión tanto a nivel mundial como en América Latina. Según datos del Banco Mundial, la industria del agua embotellada pasó de mil millones de litros en 1970 a comercializar 84 mil millones de litros en todo el mundo en 2000, para luego llegar a 237 mil millones en el 2010. El volumen de agua embotellada en México es el más alto del mundo en términos per capita, seguido por Italia. Asimismo, es el segundo consumidor mundial por volumen total después de EU. A nivel regional, México es el mayor consumidor por volumen total de toda AL, con 46 por ciento del total comercializado en 2010.
Ante tal boom del negocio, resulta pertinente precisar que uno de los grandes problemas que presenta es su impacto ambiental. Y es que además de la apropiación de agua de buena calidad y de su exportación, no es menor el consumo de energía y materiales y generación de residuos en el propio proceso industrial y de post–consumo. La producción de una botella de agua o, peor aún, de su procesamiento a bebida carbonatada, consume una gran cantidad de agua, más de la que la propia botella contiene: de entre dos a cuatro litros por litro de producto, sin contar el agua necesaria para la producción de los insumos como el azúcar, entre otros. También demanda una buena cantidad de energía (unos 3.2 a 4 MJ por botella de un litro). Genera, además, una enorme cantidad de residuos: gases de efecto invernadero; sustancias tóxicas como oxido de etileno, benceno y xilenos que son liberadas a la atmósfera y a las fuentes de agua como producto de la producción de botellas de PET, así como una enorme cantidad de basura post–consumo; esto es, botellas PET que en su gran mayoría no son recicladas, aunque la industria precise en sus empaques que se trata de material “reciclable”, lo que es muy diferente.
Pese a lo expuesto, los gobiernos locales de países pobres tienden a mirar la presencia de embotelladoras de multinacionales como un actor económico benéfico para el país. Nestlé, por su parte, sostiene, por ejemplo, ante las críticas del documental Bottled Life, que acusa a la multinacional de despojar el líquido a poblaciones vulnerables y pobres, que su “política de buen vecino” se basa en “…ofrecer beneficios significativos a cada comunidad a través de nuestra presencia y la generación de valor compartido que gane el respeto y la confianza. A través de patrocinios, donaciones y el voluntariado, apoyamos las causas y organizaciones que son importantes para las comunidades locales” (http://ww1.nestle–waters.com/bottledlife).
Lo antes dicho, visto desde el caso de México, es cuestionable. La única planta embotelladora de agua que tiene la multinacional, emplazada en Santa Rita Tlahuapan (Puebla), se ubica en una zona de disponibilidad de agua altamente comprometida. Resultados de disponibilidad de agua subterránea en la región publicados en 2003 en el Diario Oficial de la Federación precisan que, “…el acuífero del valle de Puebla se encuentra en desequilibrio dinámico para el periodo evaluado, debido a que el volumen que entra es menor al volumen que sale”. En tal panorama, según el Registro Público de Derechos de Agua de Conagua, Nestlé se asegura concesiones para la extracción de agua por un millón 887 mil 584 m3 al año, cantidad con la que abastece el mercado nacional de agua que se adjudica. El volumen de agua subterránea concesionada a Nestlé podría abastecer de agua potable –y de sobra– a toda la población de Tlahuapan (cálculo con base en un consumo de 100 l/hab–día y que precisa un sobrante de 573 mil m3/año). Y pese a ser todavía una región rica en agua (hay procesos preocupantes de deforestación y pérdida de servicios ambientales en la región), la población local no cuenta con una cobertura mayoritaria del servicio de agua potable, ya ni hablar acerca de la calidad y frecuencia del servicio. No es, por tanto, casual la denuncia del actual presidente municipal electo, Joel Díaz Ramírez, acerca de que Nestlé no ha traído ningún beneficio para la población de Tlahuapan; ello a pesar de que cuando se estableció prometió generar empleos. Y mientras la empresa, asegura Díaz, produce unas 12 mil botellas de 600 ml al día, las comunidades de San Francisco La Unión, Santa Cruz Moxolacuac, Guadalupe Zaragoza y la cabecera municipal tienen problemas de abastecimiento de agua (La Jornada de Oriente, 2013).
Por lo expuesto, es más que urgente la evaluación y monitoreo permanente de los títulos de concesión otorgados a las empresas embotelladoras en el país para verificar, limitar o suspenderlos, de ser necesario. En correspondencia a lo anterior es imprescindible la publicación anual de los volúmenes de agua totales extraídos, ambos por planta embotelladora y por fuente(s) de agua, todo al tiempo que se implementan medidas para la participación activa de la sociedad civil, así como para cuando menos impulsar la denominada responsabilidad extendida. Además, es importante reformular el etiquetado para que se especifique el origen del agua, el tipo de tratamiento y la composición química. Dicho etiquetado e información debe ser clara y entendible para el público general, además de que las campañas de publicidad de las empresas deben retirar afirmaciones falsas o sugerencias ambiguas acerca de lo sustentable de sus productos, procesos o botellas. Desde luego, es también importante evitar consumir agua embotellada –sobre todo de porciones pequeñas–, exigir bebederos en espacios públicos y escuelas, e informarse acerca de otras opciones para potabilizar agua segura para beber.

10.11.13

Crisis Socioambiental y Cambio Climático

Gian Carlo Delgado, Mayra Espina y Héctor Sejenovich (coord).
CLACSO. Argentina. 2013. ISBN: 978 987 1891689. Pags. 303.




INDICE

Presentación 11
Carla A. Espósito Guevara y Hans Zandvliet
Las negociaciones sobre Cambio Climático en Naciones Unidas y
la realidad de las emisiones. Perspectivas desde el Sur global 23
Jacqueline Laguardia Martínez
Pobreza y (medio) ambiente en el discurso global. Por una
perspectiva de cambio 53
Daniel Panario y Ofelia Gutiérrez
Relaciones y sinergias entre pobreza, cambio climático, cambio global,
y educación técnica para la adaptación a un futuro incierto 77
Gian Carlo Delgado
Cambio climático y megaurbes latinoaméricanas. Una revisión desde
la ecología política y el metabolismo urbano 105
María Carman
Explorando la oposición pobres-naturaleza. Dos estudios de caso
en Buenos Aires 139
Elizabeth Jiménez, Alejandro Romero, Jere Gilles y Corinne Valdivia
Cambio climático, diversidad de papa y conocimiento local en el
Altiplano boliviano 171
Enrique Rivera Vela; Jere Gilles y Clovis Bailón
Percepciones del cambio climático, pobreza y seguridad alimentaria
en comunidades del Altiplano peruano 195
Adriana Gómez Bonilla
El cambio climático: alternativas desde la autonomía zapatista 221
Francisca Maldonado y Lilian Ruiz
Institucionalidad ambiental, vulnerabilidad social y conflictividad socio-ambiental en Chile 247
Patrick W. Guimarães, Rogério de O. Sá, Sandra C. de M. Bonjour
Causalidad entre cambio climático y vulnerabilidad a la pobreza 273