Saqueo de la naturaleza en el TLC norteamericano, en vísperas del Alca

Gian Carlo Delgado Ramos
Ambientico. No. 113. Universidad Nacional.
Costa Rica, febrero de 2003.
http://www.una.ac.cr/ambi/Ambien-Tico/113/Delagado.htm

Acertadamente, Saxe-Fernández (2002) ha calificado como compra-venta de México el proceso de desnacionalización integral de los activos estratégicos del país: "el entonces vicepresidente de EU, Albert Gore, expresó poco antes de que el tratado [Tratado de Libre Comercio de América del Norte - TLCAN] fuera aprobado en el Congreso de su país, [que]: 'el TLCAN es tan importante para nosotros como la compra de Luisiana y la compra de Alaska' ". Resultado de una ecuación de poder en la cambiante correlación de fuerzas externas e internas, y aunque la compra-venta y el saqueo del país se identifican históricamente desde la colonia, en su modalidad de finales del siglo XX ese proceso se formalizó con la firma del TLCAN por parte de las élites del poder del país norteño y su contraparte mexicana o, mejor dicho, con el grupo de country managers (según expresión del ex presidente tico Rodrigo Carazo, citado por Saxe) de EU en México. El TLCAN, como se puede constatar a poco más de nueve años de que formalmente entrara en vigor, lejos de beneficiar al país y a su gente, ha garantizado, bajo la figura de acuerdo comercial, el aumento indiscriminado de las inversiones extranjeras como "motor de la economía nacional", al tiempo que ha "comprometido" al país a abrir crecientemente el mercado nacional a los productos altamente subsidiados y tecnificados de EU -y en menor medida de Canadá. Ello trajo, entre otras consecuencias y como parte de esa "nueva realidad internacional", un Iguazú de procesos de privatización de los activos estratégicos de México. Comenzó por ferrocarriles y carreteras, para luego extenderse, mediante iniciativas y proyectos de privatización formal, o de facto, al sistema bancario y de pensiones, a puertos y aeropuertos, a telecomunicaciones y al espacio satelital, a sistemas de almacenamiento, distribución y tratamiento de agua, a gas, electricidad y petróleo, a minerales, etcétera. Desde luego, inclúyanse, además de los recursos naturales mencionados, otros que han sido transferidos, sea a partir de la concesión de las principales operaciones extractivas, o bien bajo la lógica del comercio internacional a precios de "socio comercial", los cuales, por supuesto, no consideran el impacto ambiental en parte producido por la intensidad de su explotación. Me refiero al saqueo de recursos como madera y celulosa para la producción de papel, fibras, chicle y látex, y a toda la biodiversidad de interés comercial, incluyendo su capacidad como "banco de genes" al servicio de las multinacionales biotecnológicas y afines (Delgado 2002).

Las implicaciones de la desnacionalización de esos activos son de orden mayor, incluyendo los últimos a los que se les podrían llamar activos naturales -siguiendo irónicamente la propuesta oficial privatizadora de los "activos de la nación" y que no se refiere propiamente a la de los recursos naturales. Todo lo que un país defiende en caso de guerra es justamente lo que ha venido siendo objeto de compra-venta, por lo que, de suceder una "desestabilización social interna" como consecuencia de la subasta del país, es más que factible que sea EU quien defienda, en territorio mexicano, lo que "compraron" sus empresarios bajo el velo del TLCAN (considérense también ahí las concesiones extractivas "otorgadas", muchas de ellas operando en territorios indígenas y campesinos).
En tal sentido, no es de extrañar que uno de los principales objetivos del TLCAN sea garantizar la seguridad y operatividad de las inversiones extranjeras y, en particular, las de EU; de ahí que, según el Tratado, sea fundamental "[la] protección de las inversiones respecto del maltrato por parte de los gobiernos extranjeros … [así como] … la eliminación de las barreras a la inversión que representan el requisito de desempeño y los derechos de establecimiento" (Cosbey 2002). Más aun, en el Capítulo 11 del TLCAN se abordan los "cuidados" que debe tenerse con la inversión extranjera directa (IED). El Artículo 1.102 del Tratado explicita las obligaciones de trato nacional para el capital extranjero, mientras que el 1.106 establece la prohibición de requisitos de desempeño y el 1.105 las obligaciones sobre niveles mínimos de normas de trato internacional. En el 1.110 se delimita la protección contra la expropiación, la cual, según el documento oficial, no puede ser más que "a causa de utilidad pública, sin discriminación por nacionalidad específica y con indemnización por parte del gobierno expropiador"(Ibid.).
Es decir, se ponen las precauciones pertinentes para que no vuelva a ocurrir una expropiación como la que realizó en 1938 el general Lázaro Cárdenas al nacionalizar el petróleo mexicano y quitarle el negocio al empresariado estadounidense. Nótese que, por lo tanto, el 1.110 avalaría, en caso de que sucediera una expropiación "injustificada" y supuestamente con "apego a la legalidad", que EU pueda incluso ir a guerra, ya sea para recuperar sus activos expropiados o la indemnización correspondiente (la que generalmente está fijada en montos extraordinariamente altos). Aunque seguramente el 1.110 es un "candado" pensado a favor de la IED en el sector energético (petróleo, gas y electricidad), igualmente es aplicable para el caso de otras inversiones: tal es el de las referentes a los activos naturales, un aspecto no considerado en las discusiones oficiales y de "expertos" del TLCAN en el ausente rubro ambiental. (Respecto del 1.102, desde la perspectiva ambiental se pregunta que si se diera el caso de que varias empresas nacionales estuvieran ya contaminando al máximo permitido, el negar un permiso a un inversionista extranjero para abrir otra planta en el mismo sitio ¿equivaldría al incumplimiento de la cláusula de trato nacional? [Cosbey 2002: 4]; en cuanto al 1.105, y particularmente al 1.106, no se incluye la noción ambiental como lineamiento regulador de un mínimo de desempeño y obligaciones, al menos para no contaminar el ambiente de modo tan agresivo; y en torno al 1.110 se ha puntualizado la necesidad de considerar las repercusiones ecológicas de una empresa como una de las causas para que sea expropiada -en tal sentido, una IED que produzca los suficientes impactos ambientales, de categoría grave, no podría ser expropiada para su clausura a menos que se le pagara).
Considerando lo anterior y dada la debilidad de la legislación ambiental nacional y de su cumplimiento, así como por la corrupción del sistema, no es casual la reubicación de empresas de EU altamente contaminantes que operaban en ese país y que "casualmente" con el TLCAN comenzaron a hacerlo a lo largo y ancho de México y, en específico, en el lado fronterizo mexicano. Se trata de un fenómeno de transferencia de contaminantes y residuos tóxicos por parte de EU a México y que se protege con los lineamientos legales del Tratado. Aunque, por supuesto, y gracias a la movilización de la sociedad civil mexicana, algunas empresas han logrado ser simbólicamente sancionadas, pero son casos contados.

Desde el punto de vista del saqueo de los recursos naturales, el TLCAN ha sido indispensable para las élites de poder norteñas, ya que permite establecer una peculiar modalidad de "comercio internacional" que abre las puertas a la intensificación de la transferencia de esos recursos, ya sea a partir de su exportación hacia las empresas de EU que luego los procesan o comercializan a gran escala (regresando una parte al país como importaciones), o a través, y sobre todo, de la realización de tal proceso extractivo-industrial directamente en el país.
Una investigación efectuada por Saxe-Fernández y Núñez (2001) muestra que entre 1976 y 1997 América Latina realizó una transferencia de excedentes a favor de los países ricos por concepto de servicio de la deuda, transferencias unilaterales, fugas de capitales, utilidades netas remitidas de inversión directa, términos de intercambio, errores y omisiones, conservadoramente estimada en 2 billones 51 mil 619,1 millones de dólares, deflactados al PIB 1990 de EU (Saxe-Fernández 21-3-02). Ello, indica Saxe-Fernández, "encarna el enlazamiento y profundización de las desestabilizantes fuerzas de centrifugación capitalista, por la vía de los programas privatizadores y de ajuste estructural, con la correspondiente tendencia a la centripetación y proyección del poderío policiaco-militar del Poder Ejecutivo" (Ibid.). En efecto, tanto las fuerzas centrífugas como centrípetas a las que alude Saxe-Fernández, componen uno de los nodos del escenario operativo del TLCAN y ciertamente del Plan Puebla Panamá y el Área de Libre Comercio de las Américas (Alca), las cuales vienen a profundizar el ritmo de transferencia de riqueza de América Latina hacia el Norte, y que, como muestran tales estimaciones, no se está hablando de pequeñeces. Si a las cifras anteriores se les suman las correspondientes al saqueo de los recursos naturales y los "costos" ambientales, evidentemente tal transferencia se incrementaría de modo exponencial.
Más aun, vale señalar que la dinámica de transferencia de excedentes está consolidada en sinergia al pago de la deuda y sus intereses. Martínez-Alier y Roca (2000: 428-429) sintetizan adecuadamente tal lógica al escribir que "la obligación de pagar la deuda externa y sus intereses lleva a una depredación de la naturaleza… Para pagar la deuda externa y sus intereses hay que lograr un excedente… Este excedente proviene en parte de un aumento genuino de la productividad… pero en parte sale del empobrecimiento de las personas de los países deudores y del abuso de la naturaleza". En este contexto llama la atención que el presidente de México, Vicente Fox, asegure que "somos la novena economía del mundo" y que, gracias al TLCAN, tenemos una formidable balanza comercial: "la séptima más grande en el mundo" (La Jornada, 11-12-02). Lo interesante no es el absurdo de estar supuestamente en la novena posición de las economías del orbe, sino las dimensiones de nuestra balanza comercial, lo que implica una explotación extraordinaria de los recursos naturales y humanos del país. Mientras la crisis se agudiza cada vez más en el país, no sorprende, entonces, que siguiendo esa coherente lógica de pensamiento que caracteriza al presidente mexicano, todavía se atreva a señalar que el TLCAN "ha sido 'altamente positivo' para la economía nacional" (Ibid.). Según datos del Banco de Comercio Exterior de México (Bancomext 2002), entre febrero de 2001 y febrero de 2002 el país había exportado $11.995 millones en petróleo crudo -ojo, no de derivados, donde está el negocio importante- (más de 675 millones barriles a un precio promedio por barril de $17,76). A esa transferencia hay que sumarle las toneladas de productos del sector agropecuario (agroindustria de hortalizas y frutas en su mayoría) que sumó un valor de $3.869 millones. Asimismo, los centenares de toneladas de productos de la minerometalurgia y la siderurgia cuyas exportaciones se valoraron en $237 y $351 millones respectivamente, las de productos minerales no metálicos en $453 millones, las del sector extractivo (en bruto), de las cuales el 71,4% eran de zinc, sal común, cobre y espatofluor, en $63 millones, las de vidrio en $289 millones, las de plásticos y caucho en $333 millones, las de químicos en $841 millones, las de la industria maderera en $126 millones y las del papel/editorial en $180 millones -por mencionar algunos casos, sin considerar las actividades de maquila de otros bienes intermedios o finales que se llevan a cabo en el país y que también hacen uso de recursos energéticos y naturales, y de fuerza de trabajo. El balance general del TLCAN, sintetizado grosso modo, ha sido la explotación de los mexicanos, el saqueo de los recursos y la destrucción de la economía nacional al ser sustituida por la de los capitales extranjeros que dejan los costes ambientales y sociales llevándose únicamente las ganancias. Eso sí, en caso de que la mano invisible del mercado falle a los intereses empresariales, siempre está la alternativa de abandonar el país y cargar la cuenta al pueblo. Pero nótese que todo lo anterior es solamente posible gracias a la actuación subordinada de los country managers que detentan el poder en México. Así, pues, a contracorriente de este escenario, es central insistir en un alto al pago de la deuda externa y sus intereses como punto de partida para que la región, en oposición al pretendido Plan Puebla Panamá y al Alca, pueda construir su propio desarrollo. Este último, entendido como la visión latinoamericana para los latinoamericanos, que dé cuenta de peculiaridades de la región tales como su historia, su diversidad cultural, su riqueza natural, sus necesidades, potencialidades, limitantes y contradicciones.

Referencias bibliográficas
Bancomext. 2002. Comercio exterior de México a febrero de 2002. Disponible en la página web de Bancomext.
Cosbey, Aaron. 2002. El capitulo 11 del TLCAN y el medio ambiente. Documento de información para el Comité Consultivo Público Conjunto de la Comisión para la Cooperación Ambiental. Ottawa, 17-18 de junio de 2002. Instituto Internacional para el Desarrollo Sustentable. México.
Delgado, Gian Carlo. 2002. La amenaza biológica. Plaza y Janés. México.
La Jornada. 11-12-02. "Se negocia con EU y Canadá la adecuación del TLCAN: Fox".
Martinez-Alier, Joan y Jordi Roca-Jusmet. 2000. Economía Ecológica y Política Ambiental. Fondo de Cultura Económica. México.
Saxe Fernández, John et al. 2001. Globalización, imperialismo y clase social. Lumen-Hvmanitas. Argentina.
Saxe-Fernández, John. 2002. La compra-venta de México. Plaza y Janés. México.
Saxe-Fernández, John. "La presidencia imperial en Monterrey", en La Jornada 21-3-02.

RECURSOS NATURALES, POBLACIÓN Y REORDENAMIENTO TERRITORIAL: EL CASO DEL PPP

Gian Carlo Delgado Ramos
Ecología Política. No. 25. España, 2003.
Una versión resumida también ha sido publicada en:
Realidad Económica. No. 193. Enero-febrero de 2003. Venezuela.

El espacio geográfico

Para analizar la gestión y usufructo de los recursos naturales, así como para indagar la dinámica de las relaciones sociales en ese proceso, resulta fundamental hacer un análisis desde lo espacial. En tal sentido, el espacio geográfico se entiende como una fuerza productiva estratégica que no solamente incluye el espacio geográfico per se, sino también la totalidad del espacio social. Por lo tanto, en el sistema capitalista de producción, el espacio es un marco de referencia en torno al cual se mide el margen de juego de las contradicciones, la madurez y la caducidad del sistema, hecho en donde sobresale el modo en que el desarrollo de las fuerzas productivas se emplazan en el espacio mundial, organizándolo como una gran fuerza productiva técnica. El capital, en palabras de Veraza,
…se emplaza concretamente no en cualquier terreno sino en territorios específicos, con ventajas y desventajas comparativas respecto de otros, lo cual posibilita una explotación más fácil o de mayor plusvalor en este territorio que en otro.”
Por lo anterior, es obligado revisar el modo en que se definen y se reordenan tácticamente los territorios mundiales; algo que resulta valioso ya que, como indicó Lacoste al discutir el carácter enciclopedista de la geografía moderna,
"…la proeza del discurso de la geografía ha consistido en hacer pasar un saber estratégico por un discurso pedagógico o científico totalmente inofensivo…su función es impedir el desarrollo de una reflexión política sobre el espacio para enmascarar las estrategias espaciales de quienes detentan el poder."
De ahí que se entienda el por qué del control de los Sistemas de Información Geográfica (GIS), de los cuales, el más grande del mundo corresponde a Estados Unidos de América (EUA) con al menos 24 satélites de navegación operados por el Departamento de Defensa de ese país.



Plan Puebla Panamá (PPP): reordenamiento territorial del espacio Mesoamericano

Históricamente, los imperios han proyectado su hegemonía, particularmente a los espacios vecinos y hacia otros de carácter estratégico. El caso de EUA no es la excepción. La proyección de la Pax Americana hacia América Latina (AL) ha sido creciente y constantemente reconfigurada y rearticulada según las necesidades de acumulación de capital del país norteño. Las peculiaridades espaciales-territoriales de la región, en particular la zona inmediata a EUA (que se abre como un abanico desde sureste de ese país, cubriendo al menos a México, Centroamérica y Colombia), precisan las líneas geopolíticas y geoeconómicas más adecuadas; mismas que son definidas por una correlación de fuerzas de poder contradictorias en búsqueda de las mejores opciones para estimular tal acumulación de capital para los principales grupos de poder económico de EUA.
En ese contexto, el presidente de México, Vicente Fox (2000-2006), propuso lo que denominó como Plan Puebla Panamá (PPP), pero, como bien sintetiza Fazio,
…el PPP no es un proyecto nuevo y su autoría intelectual no está en México, sino en Washington…forma parte de un programa integral que combina el intervensionismo político, económico y militar, pero se presenta como un plan de pacificación, desarrollo y creación de empleos. Es una manifestación genuina del capitalismo contemporáneo. Forma parte de un proyecto de alcance geoestratégico continental e imperial de EUA, en el que participan sectores del capital financiero, consorcios multinacionales y las oligarquías de los países del área mexicano-centroamericana. El gobierno de Vicente Fox participa de manera subordinada (ya que como partícipes no podría ser de otra manera) a los intereses de la Casa Blanca, Wall Street y las multinacionales con casa matriz en EUA.
Desde una perspectiva que contrasta con la de los teóricos de la “globalización” quienes la caracterizan como si ocurriera en un vacío de poder, como el resultado de impulsos automáticos, no menos que enigmáticos, del mercado, es conveniente entonces revisar los actores que vienen impulsando, operando y/o ejecutando el rompecabezas del PPP. Como se desarrolla en el texto, Banco Mundial y desnacionalización Integral de México, que publique en co-autoría con John Saxe-Fernandez, de entrada hay que puntualizar que las transacciones de la economía internacional histórica y contemporáneamente, ocurren en medio de un “caldo de poder” en el que es central la relación y simbiosis entre el Estado Capitalista Central -y sus instrumentos de proyección hegemónica como el FMI, el Grupo del Banco Mundial (BM) o la OMC, por un lado; y la corporación multinacional (CMN) por el otro. Virtualmente todas las CMN del mundo, lejos de ser “stateless corporations”, operan en el ámbito externo desde la base de un Estado-Nación, que las regula y protege, las subsidia de diversas maneras, ya sea por medio de un alto gasto público, por la vía de intensas relaciones bélico-industriales o por medio del despliegue de instrumentos de proyección diplomático-militar y/o económico-financieros. Además, y de manera fundamental, resultan los instrumentos de Estado y de clase que impulsan e implementan esquemas para promover la acumulación de capital bajo lo que se ha denominado “globalización”, ya no sólo imperialmente desde el Norte, sino como bien señaló el ex-presidente tico Rodrigo Carazo, desde los cuadros de “country managers del BM” en el Sur.
Por lo anterior, llama la atención que entre los actores involucrados en el PPP, estén, además del BM et al, diversas CMN de EUA y de sus “aliados” europeos involucradas en los múltiples negocios que se tienen contemplados (véase más adelante). Es en este sentido, que la Red Mexicana Contra el Libre Comercio, ha venido señalando que la función destinada a Fox es la de “enganchador”. Cometido al que se suman –siguiendo oportunamente la invitación del presidente mexicano- los Gobiernos de los países Centroamericanos y sus numerosas instituciones, tanto nacionales como regionales.
Los diseñadores e impulsores del PPP indican que se trata de un proyecto que,
…centra su atención en un conjunto de acciones…cambios institucionales y regulatorios, y políticas de estado que promuevan, incentiven y faciliten las inversiones productivas privadas.
Sin embargo, ese “conjunto de acciones” tienen fundamento en megaproyectos geoestratégicos rancios de EUA. En 1850, la Railroad Company de Nueva Orleáns consideró la construcción de una vía que comunicara los extremos del istmo de Tehuantepec en el sureste de México. El presidente Buchanan de EUA lo gestionó en 1859 con su homólogo mexicano Benito Juárez. El “arreglo” también incluía el derecho a perpetuidad de las vías Guaymas-Nogales y Matamoros-Mazatlán. La guerra civil de EUA no permitió consolidar tal proyecto, pero lo dejó en activo. Con la apertura del Canal de Panamá, la urgencia del de Tehuantepec menguó; no obstante, dadas las crecientes necesidades de EUA, así como por el vencimiento de la entrega del Canal, Washington retomo su vieja estrategia territorial, esta vez pretendiendo “organizar” toda la complejidad del espacio territorial de México, Centroamérica y, al menos, la zona Andina en Sudamérica. El diseño, desde luego, ha sido reconfigurado a las necesidades actuales de acumulación del capital estadounidense. El primer paso se consolida en 1994 con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), escenario del que después “reaparecería” el PPP como caballo de Troya para la implementación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Para 1996, el ex-presidente de México, Ernesto Zedillo, presentó su Plan Nacional de Desarrollo Urbano 1995-2000 en el que proponía lo que de fondo es la versión del PPP para México y que incluye, entre otros, el añejo corredor Guaymas-Nogales. Finalmente, en el 2000 aparece El sur también existe, un texto que se considera la base de construcción del discurso oficial del PPP, al que luego se le sumarían proyectos locales como el Proyecto Milenium de la región del estado de Puebla y el Proyecto Regional de Gran Visión (estados de Hidalgo, Puebla, Táscala y Veracruz).
El PPP opera formalmente en los estados mexicanos de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán; así como en los siete países de Centroamérica. En términos generales tiene dos grandes desenlaces: el “logístico-material”, y su versión natural, “verde” o “greenwashed” del saqueo de recursos naturales. El último, que se abordara más adelante, se refiere propiamente al Corredor Biológico Mesoamericano (CBM); mientras que el primero alude a una variedad de proyectos de infraestructura, industria y comercio “convencionales” –por así denominarlos-, ya que se excluye (además de las industrias que explotan directamente los recursos naturales) al sector biotecnológico y afines, mismos que estarían perfilándose más bien bajo el rubro de la versión verde del PPP.
A pesar de la oposición de una buena parte de los mesoamericanos, entre los planes del PPP se incluyen: carreteras, puertos marítimos, tendidos eléctricos y de comunicaciones (incluyendo los de fibra óptica), plantas generadoras de electricidad (tanto termoeléctricas como hidroeléctricas), oleoductos y gasoductos, ferrocarriles, aeropuertos, canales secos y de agua (que den salida a las mercancías hacia la Cuenca del Pacífico, y en particular al mercado de China –nuevo socio de la OMC), así como varios corredores industriales-maquiladores (algunos interoceánicos) a los que también se integran las actividades de la maquila para exportación de la producción de la agroindustria (particularmente de hortalizas y frutas tropicales). Tal infraestructura, necesaria para la implementación del PPP, apunta además a la destrucción de ecosistemas únicos, sin embargo aún así es promovida, entre otros actores, por el BM. Además de los proyectos turísticos o “ecoturísticos” de inspiración de multinacional, muchos justo en zonas de manglar y arrecife de coral, también se ha contemplado: una carretera que pretende cruzar por los manglares de Tabasco en México; las vías que dividirían en fracciones una de las Reservas más importantes del CBM, la Biosfera Maya (tramos de Tikal-Calakmul, El Naranjo y El Ceibo, en Guatemala); el canal seco de Nicaragua que atravesaría las reservas de la zona de Monkey Point y Bluefields; los embalses proyectados literalmente a lo largo y ancho de Mesoamérica que inundarían zonas megadiversas; por mencionar sólo unos ejemplos.
Dado que el PPP no es un convenio o tratado de libre comercio (como sí lo es el TLCAN y la pretendida ALCA), sino más bien un plan de desarrollo; la necesidad de privatizar y dejar que operen las “bondades” del “libre mercado”, resulta ser uno de los argumentos centrales. En tal sentido, los procesos de privatización e inversión extranjera directa de tipo “neoliberal” no se han hecho esperar. La función del ALCA entonces será que, una vez consolidado el proceso de compra-venta de AL, ése sea protegido operativa y “legalmente” (en Sudamérica mediante el Plan Colombia, el Plan Andino Amazónico y similares, o bien a través de mecanismos para devastar las economías de esos países, como el caso de Argentina que permitan instalar regimenes o políticas pro-EUA). De ahí que Florencio Salazar (ex-director del PPP, ya que ahora el Plan está a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México) señalara en marzo de 2002 que:
…al menos 4 mil 17 millones serán destinados a financiar el PPP…el 85% de estos fondos será destinado a infraestructura vial…(unos 3 mil 420 millones)…México pretende construir, en el periodo 2002-2006, 5 mil 500 kilómetros de carreteras en los estados sureños, los cuales se integrarán con Centroamérica por medio del PPP. El área de interconexión energética recibirá el 11% del presupuesto…lo que representa 445 millones de dólares, mientras que en campos como el desarrollo sustentable y el turismo tendrán partidas menores...De los cuatro mil 17 millones de dólares…mil 512 serán aportados por México y el resto procederá de financiación de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.


En la compra-venta de la región del PPP están, por mencionar sólo algunos actores empresariales: la CMN mexicana Pulsar (agroindustria/biotecnología); la Internacional Paper Co. y Boise Cascade (ambas de EUA – papeleras y afines); Tribasa e ICA (México - constructoras); Cemex (México - cementera); Vitro (México-Vidrio); Imbursa (México - grupo financiero propiedad de Carso); Texas Connection (EUA); International Shipholding (EUA – transporte marítimo); Monsanto y Down Chemical (EUA – químicos, agroquímicos, semillas, fármacos, etc.); Enron Springs, Monsanto Wells y Bechtel Co. (todas de EUA – agua, entre otros negocios); Ondeo y Vivendi (Francia – agua, entre otros negocios); Exxon-Mobil, Texaco y Pennzoil (EUA – petroleras y afines); Shell (Holanda – petrolera y afines); Hutchinson Holdings (EUA – transporte marino), Delasa (EUA – operadora de puertos marítimos); Endesa (electricidad - España); Harken Energy; Applied Energy Services; Duke Energy y Harza (todas estadounidense del negocio de la energía); etcétera.
No es casual que el grueso de las CMN involucradas sean originarias de EUA y tampoco que varias correspondan al sector energético. La implementación del PPP se sostiene en los proyectos de dicho sector. Por un lado, para “mover” al PPP (para el funcionamiento de la maquila, para transportar las mercancías y la fuerza de trabajo, etcétera). Por otro lado y de frente a los crecientes consumos energéticos de EUA, desde el PPP, el Plan Colombia, el Plan Andino Amazónico y otros instrumentos imperiales de poder, Latinoamérica se perfila, al mismo tiempo, como una reserva importante de energía “disponible” para ese país del Norte.



En México, los intentos por privatizar el sector energético son muy antiguos. La privatización de modo totalmente abierto no se ha hecho, sin embargo, la privatización de facto de los sectores más rentables de la petroquímica, así como de la electricidad y el gas comenzó desde la presidencia de Carlos Salinas DeGortari (1988-1994). El hilo conductor de ese proceso se basa en la antítesis de lo que Saxe-Fernández denomina el “complejo petroeléctrico” y que alude a la consolidación del sector energético para que sea más rentable, abarcando desde el petróleo crudo, la petroquímica, el gas y la electricidad. Mientras en el Norte las CMN petroleras se consolidan de ese modo, Petróleos Mexicanos es desarticulado y puesto en venta bajo concesiones, hasta ahora de algunas de las divisiones más rentables del mercado petroquímico secundario (y que incluye partes del primario gracias a la re-clasificación del mismo durante la presidencia de Salinas), así como mediante importantes concesiones en el sector eléctrico y gasero. Tal privatización de facto a la par de los ductos que se planean construir a lo largo y ancho de Mesoamérica como parte del PPP llaman la atención, sobre todo si se considera que, por un lado, el Plan Colombia incluye explícitamente medidas en pro de los intereses petroleros de EUA. Asimismo, anótese que los planes de conexión eléctrica y gasera de México y EUA son un hecho, mientras que la “idea” de un oleoducto de México hacia EUA ha sido considerada a lo largo de varias presidencias de EUA; algo que, tan sólo desde la perspectiva de seguridad nacional de México debería ser inconcebible, ya que seguramente sería EUA quien en territorio mexicano nos haría el “favor” de “cuidar” tal recurso e infraestructura estratégica. Así, desde la perspectiva meramente energética, el PPP y el Plan Colombia se acoplan perfectamente y de manera continua en el espacio, no se diga en otros aspectos -incluyendo el saqueo de recursos bióticos, tanto de Mesoamérica como de Colombia. Los beneficiarios de tal maniobra sin duda alguna es EUA y su elite empresarial, aunque no resulta despreciable el negocio que pueden hacer otros “socios” de segundo nivel, siempre y cuando no atenten contra los intereses de EUA (momento en que perderían esa posición de “alianza”).
Las ramificaciones político-sociales y militares del PPP, como puede deducirse, son de orden mayor. La región de cerca de 2 millones de hectáreas y 74 millones de habitantes, se caracteriza por ser extremadamente rica en recursos naturales (representa cerca del 11% de la biodiversidad mundial –un 7% corresponde sólo a Centroamérica-, además de las amplias reservas de biodiversidad y de agua y de yacimientos de minerales –como el uranio-, de petróleo y gas, etcétera).
Al mismo tiempo, dado el saqueo histórico de la región –y que se pretende potenciar con el PPP-, el 60% de la población está considerada como pobre (vive con 1 dólar o menos por día), el 40% trabaja en la agricultura (considérese que será desplazada por la agroindustria y con ello se perderá lo poco que queda de soberanía alimentaría), y el 18% es indígena. Esa diversidad cultural de comunidades indígenas y campesinas milenarias que conforma las tierras mesoamericanas, pretende ser “modernizada” para que sea más rentable a la acumulación de capital. Ese proceso se fundamenta en una reorganización territorial de la región a partir de la expropiación de sus tierras para emplazar en ellas parte de la infraestructura del PPP. Una vez “liberada” esa fuerza de trabajo sería entonces parcialmente “rearticulada” a los corredores de maquila, en actividades de carga y descarga de mercancías, o en otras actividades “informales” como lo son la prostitución. Eso es lo que el principal impulsor del PPP, el presidente Fox, concibe como “una nueva unión beneficiosa entre Norteamérica y el sur del continente”.


La versión “verde” del PPP: el Corredor Biológico Mesoamericano (CBM)

conferencia “Estudios de Caso: Convención Mundial sobre Biodiversidad”, Maurice Strong; presentaron el conocido convenio entre el Instituto de Biodiversidad de Costa Rica (InBio) y la CMN farmacéutica Merck (EUA), en el que a cambio de dos millones de dólares y equipo para analizar la biodiversidad, la CMN tuvo acceso a la biodiversidad de Costa Rica por un periodo de 3 años y con derecho a renovación. Tal concepción del “uso sustentable” de la biodiversidad claramente muestra que se trata de promover actividades de biopiratería con beneficiarios claramente definidos, entre los cuales no están ni los ecosistemas de los países del Sur, ni su gente.
Para coordinar este interés por la biodiversidad y su supuesta “conservación” –que desde luego en ningún momento ha implicado el ya urgente cambio de patrón energético-, el BM impulsó la firma de la Convención de Diversidad Biológica (CDB), al tiempo que colocaba al Global Environmental Facility (Gef) como “el” organismo gestor de “fondos” para la “conservación” de los Estados Nacionales, así como “canalizador” (junto con la Internacional Finance Corporation del BM) de aquellos provenientes de la iniciativa privada; ambas fuentes de recursos en su mayoría provenientes de los países del Norte.
Desde entonces y de manera similar a los “programas neoliberales” del BM-FMI para “inducir” la privatización de los activos estratégicos en el Sur, el caso de los activos naturales (recursos naturales) ha propiciado una serie de operaciones “conservacionistas” del BID, BM-Gef, y también de la ONU -desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)-, al punto de penetrar el espacio de toma de decisiones, incidiendo sobre la correlación de fuerzas dentro y fuera de los países del Sur. Tal “penetración”, en México y AL, se materializa gracias al crónico endeudamiento externo; a los fuertes préstamos, y por medio del manipuleo de las legislaciones nacionales –a partir de la CDB- referentes a los recursos naturales y a través de proyectos “verdes” funcionales a la apropiación de recursos bióticos e hídricos que benefician a las CMN de EUA, Europa y Japón involucradas en el negocio del agua y las bio-tecnologías.
Tales proyectos verdes tienen su fundamento en el Corredor Biológico Mesoamericano (CBM), que aunque se basa en el antiguo Proyecto Paseo Pantera, formalmente se remonta a 1996, pero se da a conocer como proyecto del BM en el 2000. Territorialmente cubre los estados mexicanos de Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas; y todos los países centroamericanos. Para finales del 2000 y principios del 2001 se extendió a los estados mexicanos de Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Veracruz, a partir de dos proyectos secundarios al CBM: el Coinbio y 3 Ecoregiones. A la vez, ha sido complementado, con su perfil marino: el Corredor Coralino Mesoamericano (Mesoamerican Barrier Reef System) y el Proarcas/Costas.
Se trata de una región de enorme impacto geoeconómico y geopolítico, que como lo suscribe el Proyecto Paseo Pantera, “….los fondos para asegurar su conservación deben provenir, mayormente del Gef.” Así, asegurando la participación del BM, suscribe el documento del CBM de ese mismo organismo, “…el GEF acordó hacerse cargo de 66.99 mdd de los 90.05 mdd que comprendía el presupuesto inicial.” Para el 2001, un documento del BM-BID referente a la “perspectiva del financiamiento internacional” en el CBM puntualizaba que,
...los montos de las inversiones financiadas por ambas instituciones que están directamente relacionadas, ascienden a 888 millones de dólares y las indirectamente asociadas a 4,541 millones, es decir 5,429 millones en total.
Por lo anterior, es ingenuo asumir que este tipo de programas se restringe explícitamente a conservar el medio ambiente. Más allá de un análisis de su potencial efectivo para la conservación, lo que es cierto es que el eje articulador e impulsor de éstos, es el interés y necesidad de los capitales biotecnológicos de la inmensa diversidad biológica y cultural de la región. En efecto, el informe del CBM señala, al igual que el resto de los documentos de los proyectos de conservación del BM et al, que entre las actividades de “uso sustentable de la biodiversidad” están:
... la investigación sobre plantas medicinales y demás biodiversidad con potencial comercial, especificando actividades de clasificación y definición de especies, inventarios, descripción de componentes de substancias activas, establecimiento de métodos para su extracción, procesamiento, certificación y acceso al mercado; entre otras. Todas incorporadas a un Sistema de Información Geográfica que integra lo ecológico, biológico y socio-económico de la región mesoamericana.
El CBM es de fondo una operación de escenarios de apropiación del espacio y de ahí de la privatización de la naturaleza, tanto de parte del BM et al, como de las CMN y sus ONG -Conservation Internacional, WWF, etc. Es un proyecto que parte de una justificación banal ya que argumenta que se trata de un escenario “ganador -ganador” (win-win) que,
...hermana la conservación con el desarrollo, es decir, la conservación es vista como uno de los instrumentos más importantes para lograr el desarrollo socioeconómico de Mesoamérica.
Esta retórica se ha popularizado, sobre todo entre los nuevos “partners para la conservación”, al grado que se considera, orwellianamente que,
...el mejor modelo para valorar y proteger la biodiversidad es mediante la bioprospección, o sea, la exploración de la biodiversidad para encontrar recursos comercialmente valiosos para la genética y la bioquímica.
De este modo, se nos notifica, que la conservación desde la “bioprospección” ejecutada por actores del Norte en el Sur, podría llevarnos al desarrollo. Discurso contrastante con la realidad de la subordinación tecnológica del Sur con el Norte; condición que el BM está asegurando, al desmantelar la capacidad endógena de investigación y desarrollo, por medio de sus programas de “modernización educativa” en el Sur. Brecha que deja el gran negocio de la “bioprospección” en manos de CMN del Norte.
Para funcionar ecológicamente, el CBM supone una conexión geográfica que permite la libre movilidad de las especies, lo que de entrada es rigurosamente imposible debido a la infraestructura que ya fragmenta ese espacio geográfico (carreteras transítsmica y secundarias, ferrocarriles, o el Canal de Panamá, etc.) Diseñados desde Washington, el CBM y el PPP, son ambiciosos proyectos geoestratégicos y empresariales que están lejos de buscar el “desarrollo sustentable” mediante supuestas metas “conservacionistas”. Su implementación estaría fundada en una transformación normativa –Constitución, Leyes, etc.-, requiriendo de la intensa ingerencia desde las instituciones involucradas en su promoción, sobre el proceso de toma de decisiones a nivel local, nacional y regional. Para poner en marcha “adecuadamente” el CBM, suscribe Boza,
...deben promoverse...la aprobación de una nueva legislación ambiental, tanto a nivel de leyes nacionales como de convenciones internacionales...[y]...la capacitación a los funcionarios públicos y jueces...[al mismo tiempo que]...se recomienda ...contratar estudiantes de derecho que puedan desempeñar labores de cabildeo en los Congresos de los países de la Región”
Por lo tanto, si se considera que el CBM opera en el mismo espacio territorial que el PPP, es claro que el primero se perfila como la versión verde del segundo, cuya finalidad, muy alejada de la conservación del medio ambiente, es la del saqueo acordado e incluso parcialmente financiado y llevado a cabo por los country managers mesoamericanos. Eso explica la incompatibilidad intrínseca entre dos proyectos operados por organismos íntimamente vinculados como el BM-BID. Mientras que el PPP promueve la construcción de una maraña de infraestructuras que cruzaría por áreas protegidas y asentamientos de comunidades indígenas y campesinas de la región, el texto base ambiental de ese mismo Plan puntualiza que,
...el PPP funciona como el concepto rector del conjunto de políticas, líneas de acción y proyectos...como marco envolvente que se sustenta por la visión de iniciativas como el CBM.
Una contradicción que se repite, al igual que otras, en los proyectos del BM, y que ha llevado a señalar, como lo hacen Petras y Veltmeyer al discutir en torno a “la política de privatización como licencia para la explotación sin límites”, que:
…Constituye una obscenidad hablar de desarrollo sostenible cuando el Estado imperial, el Banco Mundial y los inversionistas globalistas promueven la privatización y el pillaje. Nunca ha estado la privatización acompañada por la conservación. Al contrario, siempre se la ha asociado con un desenfrenado expolio, el agotamiento de los recursos y el desamparo de pueblos y países.
Considerando lo anterior, se puede decir que el BM et al, mediante proyectos tipo CBM, está dando los primeros pasos para la construcción de un sistema de biopiratería continental subordinado a los intereses empresariales de EUA y sus aliados europeos. Bajo el impulso de esas fuerzas, la siguiente zona a integrar sería el epicentro biológico terrestre del planeta: el Corredor de América del Sur, que comprende la zona Amazónica. Si se medita que, “…resulta imposible concebir la expansión y la profunda implicación de bancos y empresas multinacionales sin la previa actuación política, militar y económica del Estado-nación”, es de consideración mayor el hecho de que EUA, gracias a sus country managers en AL, sea el único país que, para su ventaja de frente a la competencia inter-capitalista, cuenta con una vasta proyección de fuerza militar sobre áreas ecológicas relevantes como las del sur-sureste de México, Centroamérica y la Amazonía Colombiana y Peruana, resultado de un largo proceso de dominación militar de la región y que sin duda se viene profundizando radicalmente y en particular en la región Amazónica Brasileña.



PPP, militarización “sustentable” local y proyección militar de EUA

Frente a los límites temporales que viene imponiendo EUA para la conformación del PPP y la acelerada conformación vía el fast track del ALCA, la oligarquía mesoamericana ha optado por abandonar la poca “paciencia” que había mantenido ante las “molestas” comunidades indígenas y campesinas que se oponen, entre otras cuestiones, al saqueo y desnacionalización de los recursos naturales y su conocimiento. La opción se centra en el recrudecimiento de la postura militar de carácter contrainsurgente y paramilitar por parte de los Gobiernos mesoamericanos, en coordinación con los aparatos de seguridad de EUA y su brazo -desde la CIA- “diplomático/civil”: la Usaid. Es un escenario justificado en repentinos y supuestos aumentos de las actividades delictivas en las zonas megadiversas, especialmente del narcotráfico; en y desde la retórica facilona del “desarrollo sustentable” que se presta como comodín en los discursos del poder para maquillar cualquier acción de las elites y que en este caso, “obliga” la actuación de las fuerzas militares para garantizar la “conservación” de las mismas.
La guerra de baja intensidad encubierta, pero crecientemente de acción descubierta por parte de militares y paramilitares, pretende “extinguir” el accionar autogestivo de las comunidades que dan aire a la asfixie social y que animan los movimientos sociales en todos los rincones de Mesoamérica, Latinoamérica y el mundo. Al mismo tiempo, también busca abrir las puertas –cumpliendo con el periodo “acordado” con el Norte-, para ejecutar libremente los diversos programas de saqueo/apropiación, privatización/desnacionalización y explotación de los activos estratégicos, tanto materiales como naturales y humanos, que componen la rica diversidad del complejo espacio geográfico mesoamericano.
Consiste en reprimir, de entrada, los movimientos indígenas y campesinos que se “disgustan” con los programas del PPP. Pero de igual manera, ese mismo aparato represor está crecientemente siendo utilizado para sofocar los movimientos sociales urbanos que, con el PPP, se intensificarían dramáticamente a causa de la industrialización maquiladora de la región, resultando en una profundización de la explotación laboral, precarios salarios, aumento de la prostitución y narcotráfico, etcétera.
Las perspectivas de la militarización de territorios a saquear pretenden “la recuperación de territorio nacional en diversas zonas boscosas”, algo que anunció el actual representante del Consejo de Seguridad, Adolfo Aguilar Zinser, al puntualizar que en nueve regiones del país hay “verdaderas actividades de terrorismo ambiental”. En breve, anunció que el Estado desplegaría en ellas ‘toda su fuerza a escala militar’ pues se trata de ‘una operación de guerra’. El aviso expreso por Ignacio Campillo, titular de la Procuraduría Federal para la Protección del Medio Ambiente (Profepa) del 24 de diciembre de 2001, es ejemplificador:
…Pronto el ejército entrará a las Áreas Naturales Protegidas de alta ingobernabilidad para eliminar al crimen organizado que ahí se refugia y poner orden a estas zonas de amplia riqueza natural, permaneciendo en ellas a fin de evitar que sea retomadas y con ello garantizar la seguridad a la iniciativa privada que desea invertir. Montes Azules, Chimalapas y el Vizcaíno han sido elegidas como las regiones de mayor prioridad para reinstaurar en ellas el orden y el estado de derecho.
Lo anterior no es un escenario nuevo para la región sureste del país, pero sí lo es el grado de intensidad y apertura con el que se está ejecutando la militarización y saqueo. Los intentos de apropiarse la zona de los Chimalapas son ya muy viejos, pasando de disputas por el tipo de propiedad de la tierra y sus delimitaciones –comunal/ejidal y federal-; por la necesidad de desalojar la zona dados los supuestos impactos ecológicos que generan las comunidades locales, quienes, según las instancias gubernamentales son responsables de la propagación de incendios (algo que se ha demostrado, como en el caso de Montes Azules, ha sido fabricado por actores que se verían beneficiados con el desalojo de esas regiones); hasta la pugna por la urgente necesidad de constituir la Reserva de la Biosfera de los Chimalapas y que fuertemente vienen impulsando la Semarnat y WWF.
Montes Azules, otra joya de la corona y de central importancia, llama la atención. Nuevamente están involucradas ONG ambientalistas que, como se ha demostrado, operan desde el Norte y en respuesta a los intereses empresariales que las financian. Si bien esta vez, WWF no encabeza la lista, si lo hacen CI y National Geographics que están involucradas en la “solicitud” de desalojo de la Reserva, al tiempo que la primera lleva operaciones de saqueo de la biodiversidad y su conocimiento en esa zona. En dicho sentido, Bellinghausen escribe que,
…nunca habían sido tan evidentes como ahora el interés y las acciones del gobierno estadounidense, grandes empresas…y algunos organismos mundiales (que van de la ONU a Conservation Internacional y pasan por todos los niveles del gobierno federal) en la selva Lacandona y en Montes Azules. Proyectos ambientalistas, de bioprospección, ecoturismo y control natal (eventualmente, esterilización de mujeres indígenas) van como punta de lanza de un proyecto estratégico militar de largo alcance. Según autoridades mexicanas, un asunto de ‘seguridad internacional’, un problema grave de ‘ingobernabilidad’, una ‘operación de guerra’.
Considerando lo anterior y en el mismo contexto, el 20 de septiembre de 2002, en el marco del Segundo Encuentro Nacional de Legisladores Locales en Materia Ambiental celebrado en la ciudad de Colima, el Dr. Francisco Székely, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Semarnat, hizo torpes puntualizaciones referentes a “la crisis ecológica del agua, especialmente en el norte del país” y a “la gran riqueza hídrica del sur”, un espacio que “se recuperará de los criminales ambientales”; “sugiriendo”, a modo de elefante en una vidriería, que ahora “habría que trasladar las maquilas del norte al sureste, donde si está ese recurso”, claro está, le faltó completar, como parte del PPP. Vaya lógica de la política ambiental del gobierno foxista!
Así pues, dicho proceso de intensificación del uso de la fuerza para reprimir los movimientos sociales en momentos en que “urge” consolidar el PPP y el ALCA, debe ser visto por aquellos que aún no lo asumen así, como la otra fase del CBM, el PPP y el ALCA, forzosamente necesaria para explotar a fondo a Latinoamérica, sus recursos y su gente, históricamente saqueada desde la Colonia. El apoyo monetario, logístico e incluso de personal de EUA, para que los country managers mesoamericanos incrementen la militarización de la región responde a la fobia que le tiene el capitalismo a la colectividad; justo la esencia de la interacción de las comunidades indígenas y campesinas (el grueso de la población mesoamericana), así como la de muchos movimientos sociales. La colectividad implica la cancelación de la propiedad privada y la explotación de la mayoría por unos cuantos, por lo que pone en peligro la propia existencia del sistema capitalista y por lo tanto, en este caso, la del PPP. Más aún, las contradicciones internas del sistema resultan una debilidad de orden mayor ante la colectividad, ya que en esta última los intereses se sintetizan en cada uno de los sujetos sociales, algo que sin duda alguna implica, no sólo legitimidad, sino solidez en el actuar social-colectivo hasta las últimas consecuencias. De ahí que el derecho de las diversas culturas –incluyendo, desde luego las indígenas de Mesoamérica y el mundo- para vivir como tales, esté fuera de toda duda.
Por lo anterior se puede deducir que el trasfondo del asunto es por demás evidente: no entorpecer el avance del PPP con derechos colectivos de las ya “incómodas” comunidades indígenas que contradicen y se contraponen al saqueo privado de las riquezas de Mesoamérica –y en particular estadounidense-. De ahí, que a fines del 2001, apresuradamente se haya aprobado en México, una ley de los no-derechos indígenas. Sin embargo, a pesar de ésta y gracias a la creciente lucha de dichas “incomodas” comunidades indígenas/campesinas (así vistas desde las cúpulas de poder), el camino no está tan alfombrado como quisieran los saqueadores. Los múltiples proyectos del PPP solo van a operar donde las comunidades no se organicen y luchen; claro está, como parte de la pelea de la sociedad en general, a la que se comienzan a unir, aquellos grupos capitalistas de pequeño y mediano rango que se ven amenazados por aquellos capitales extranjeros que desplazándolos, ejecutarían el PPP.