12.10.07

ENGAÑOS CONTABLES DE LOS MONOPOLIOS DE LA ENERGÍA


Delgado, Gian Carlo y Saxe-Fernández, John.
DELOS - Revista de debate sobre
Desarrollo Local Sostenible.

Vol. 1. No. 0 (octubre de 2007).
EumedNet. Universidad de Málaga, España.
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Preámbulo

Aunque desde finales del siglo diecinueve hasta la Segunda Guerra Mundial se consolidó la posición de los combustibles fósiles –carbón, petróleo, gas- como fuentes preponderantes para el abastecimiento energético y de transporte requerido por la vigorosa industrialización observada durante esas décadas, sin duda el advenimiento simultáneo del motor de combustión interna –a base de gasolina- (MCI) jugó un papel central en el posicionamiento del petróleo –y sus derivados- como una materia prima vital, tanto para el transporte de pasajeros y carga como para la generación de energía.

A lo largo de este período, las empresas sobre todo de Estados Unidos (EUA) y Europa involucradas en el negocio del carbón, gas y petróleo, éstas dos últimas en todas sus etapas, desde la exploración y extracción del crudo o gas natural hasta sus encadenamientos petroquímicos, de generación eléctrica y automovilísticos, lideraron lo que a todas luces se fue perfilando como una compleja gama de poderosos intereses socio-económicos y políticos. Consignados como los intereses del “complejo petrolero-automotriz” (CPA) o de la economía de los hidrocarburos y poco después también de la nucleoelectricidad, éstos fueron impactando la economía y la sociedad como un todo. Se incorpora y estimula desde entonces, y de manera pronunciada desde la “Guerra Fría”, un expansivo desarrollo urbano-suburbano que consecuentemente promueve la “asfaltización” masiva, todo al mismo tiempo que, en el ámbito militar, se revolucionan las operaciones en el campo de batalla terrestre, marítimo y aéreo.

Bajo la siglas CPA nos referimos a las fuerzas socio-económicas, tecnológicas y político-estratégicas que nutren y se nutren del hecho de que los combustibles fósiles sean la fuente dominante de energía a nivel mundial, contribuyendo en 1999, con cerca del 80 por ciento (91,000TWh) del total del suministro de energía primaria y el 64 por ciento (9,400 TWh) de la generación de electricidad.

En pocas naciones fue tan amplio y profundo el poder aglutinado alrededor del CPA como en EUA dadas las dimensiones de su economía (un PNB que en 2007 llega a los 14 billones de dólares) pero también de su espacio geográfico continental y su demografía. Ello se reflejó en un proceso paulatino en el que la CPA fue colocándose y compartiendo el poder de toma de decisiones sobre la política doméstica e internacional que ya tenían los grandes monopolios y oligopolios ferrocarrileros, del acero, entre otros.

Los cabildos del CPA –como el American Petroleum Institute, (API), y las “Asociaciones” que articulan ante el Congreso de EUA los intereses y planteamientos de la industria automotriz, de la construcción naval, la aeronáutica, de la nucleoelectricidad, del carbón, etc, proliferaron al tiempo que su poder e influencia se ampliaba. Como lo sintetiza R. Engler en torno al petróleo, siempre ha existido un poderoso cabildeo petrolero (oil lobby). Funciona desde los inicios de la moderna industria petrolera…Desde entonces los intereses petroleros se dieron cuenta de que nunca deberían abandonar la vigilancia de las antesalas legislativas si querían mantener sus defensas contra los impuestos y contra una responsabilidad públicamente definida.

Es un cabildo que integra y en circunstancias específicas coordina un vasto núcleo de organismos como la Asociación de Gasolina Natural de Norteamérica; la Asociación Independiente de Refinadores, la Asociación Nacional del Carbón, la Asociación Nacional de Manufactureros, la Asociación Nacional de Vendedores de Petróleo, etc.

A lo largo de la primera mitad del siglo XX su poder e influencia es atestiguado por el arribo de presidentes, senadores, diputados, jueces, secretarios de estado o altos administradores civiles y militares de la vasta burocracia que, en un grado u otro, impulsaban y/o se identificaban con los intereses de la industria vinculada a la quema de combustibles fósiles y al MCI. Su expresión de mayor calado se identifica en una amplia gama de concesiones y preferencias de todo tipo a favor del CPA, desde finales del siglo XIX hasta nuestros días.

Entre las más conspicuas medidas, inductoras de enormes ventajas y escándalos de corrupción, está la “depletion allowance” lograda durante los últimos meses de la Primera Guerra Mundial. Fue planteada inicialmente como una ayuda fiscal para “proteger” las inciertas inversiones de pequeñas firmas dedicadas a la exploración y perforación petrolera y consecuentemente para impulsar el suministro de un bien con una creciente demanda en el sector civil y militar. La ventaja fiscal fue pronto cooptada por los grandes petroleros y sus socios políticos, como Andrew Mellon de Gulf Oil, quien asumiera la Secretaría del Tesoro con el presidente Warren G. Harding (1921-1923) y lograra formalizar que también se eximiera del pago de impuestos a las grandes petroleras. Así, durante toda una generación Mellon y Rockefeller, y cientos de super-ricos productores de crudo texanos dejaron de pagar impuestos. En 1950 durante el gobierno del demócrata Harry Truman (1945-1953) se puso fin al privilegio, pero se diseñaron otros mecanismos bajo los argumentos de la “seguridad nacional” a fin de mantener grandes privilegios fiscales y de otro tipo, como por ejemplo los respaldos federales a préstamos comerciales a favor de la expansión de la planta nucleoeléctrica del CPA, que se re-plantea desde 2005, enviando al baúl de los olvidos graves problemas no resueltos como el almacenamiento de los desechos radiactivos que es necesario asegurar por cientos o miles de años, entre otras “externalidades” como los crónicos accidentes que se han registrado (dígase los más renombrados de Three Mile Island en EUA y Chernobyl en la exURSS). De nueva cuenta los cabildos lanzan la imagen de la nucleoelectricidad como una opción “limpia” y auspician una considerable expansión del sector en EUA por medio de un programa para construir 28 reactores nuevos con un costo de entre 4 y 5 mil millones de dólares por unidad. La propuesta va más allá ya que incluye otorgar al Departamento de Energía el poder para aprobar garantías de crédito por cantidades ilimitadas cuando se trata de “sistemas de generación limpios”. Según la legislación vigente desde 2005 la nucleoelectricidad esta catalogada como “tecnología limpia” “porque no emite gases de carbón que contribuyen al calentamiento global”.

Se suma la compleja arquitectura financiera internacional, ciertamente avalada por los gobiernos metropolitanos, que permite a las empresas del CPA, entre otras, mover grandes sumas de dinero sin pago alguno de impuestos por la vía de los paraísos fiscales. Por ejemplo, el grueso del dinero para proyectos de infraestructura, e.g. perforación, oleoductos, gasoductos, etc., proviene de paraísos fiscales como las Islas Caimán dado que se aplica el principio de la reinversión de parte de las ganancias hacia adentro de la multinacional como herramienta evasora de impuestos. A decir de Brittain-Catlin, se trata de una estrategia aplicada por multinacionales como Halliburton, Exxon Mobil, Chevron, Texaco, British Petroleum, entre muchas otras, que, “...si se juega bien, el pago de impuestos puede ser evadido prácticamente de modo indefinido.” Una investigación de la ISR (EUA) apuntaba en la década de 1990 que las gigantes petroleras debían al gobierno de ese país unos 6,500 mdd en impuestos, no obstante el pago había sido evadido por la vía de su transferencia hacia adentro de las multinacionales o lo que se conoce como “transfer pricing”. Mientras Chevron y Mobil llegaban a acuerdos fuera de la Corte estadounidense, Exxon y Texaco sostuvieron el litigio y lo ganaron en 1997. De paso cabe mencionar que el Departamento de Energía ha sido transformado en un “cascarón” donde se realizan trámites a favor de las grandes empresas del ramo, lo que la coloca lejos de ser una agencia federal que impulsa el interés público. Ahí se realiza´un “outsourcing” abrumador de sus funciones públicas: “…el 94% de su presupuesto se utiliza para pagar a contratistas”.


Léase texto completo, incluyendo una discusión sobre el paradigma de la contabilidad energética en: BAJAR EN PDF

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