Por Natalia Aruguete - Walter Isaía
Página 12
Argentina, 22 de marzo de 2010.
En su paso por Buenos Aires, invitado por el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE)**, el investigador mexicano dialogó con Página/12 sobre la necesidad de instalar una política de seguridad ecológica, que asegure a las poblaciones el acceso a los recursos naturales que necesita, en contraposición a la actual “geopolitización” de los recursos, tendiente a garantizar –por la vía del mercado o del Pentágono– que el mercado de Estados Unidos cuente con los recursos naturales que demanda su mercado. “Son los patrones de consumo de los países más desarrollados los que presionan para que haya una mayor explotación de yacimientos”, advierte Delgado.
El nuevo concepto implica asegurar a las poblaciones el acceso a los recursos naturales que necesitan, en contraposición con el modelo que privilegia garantizar los recursos naturales que demanda el mercado de los países desarrollados. Gian Carlo Delgado analiza aquí cómo funciona la actual “geopolitización” de esos recursos y sus efectos sobre países como la Argentina.
–¿A qué se refiere cuando habla de “seguridad ecológica”?
–Hay una tendencia a vincular la cuestión de la seguridad con el tema medioambiental. Esto nace en el aparato de seguridad de los Estados Unidos y luego pasa a nuestros países. Frente a este concepto, que ha tenido mucho éxito en el discurso del poder, aparece una contrapropuesta: debemos buscar la “seguridad ecológica”, que supone asegurar que la población tenga acceso a los recursos naturales que necesita, en contraposición al concepto de “seguridad ambiental”.
–¿Qué recursos considera usted que son estratégicos actualmente?
–Esa es una clasificación que hace el Pentágono refiriéndose, fundamentalmente, a minerales. Yo la generalicé porque se da muy bien con el resto de los recursos. En un primer plano se ubican los energéticos (petróleo y gas). En un segundo nivel, agua y minerales (los más escasos, que se usan en procesos productivos). Y en un tercer nivel, biodiversidad (banco de genes y fuente de códigos genéticos para el desarrollo de nuevas tecnologías).
–Por ejemplo, en Colombia se patentaron genes de biodiversidad.
–Se están haciendo patentamientos en toda América latina, no sólo de plantas sino de humanos. Por ejemplo, de aborígenes que tuvieron poca mezcla con otras razas y pueden conservar una variedad genética distinta. Eso se ha recolectado y, en algunos casos, patentado.
–¿En qué se diferencian los recursos estratégicos de los críticos?
–En que los recursos estratégicos son los que posibilitan los procesos productivos clave para garantizar cierta hegemonía a nivel nacional o mundial, mientras que los críticos son para uso militar, se usan para el desarrollo de la industria bélica. Son materiales muy específicos, por ejemplo los que se utilizan en la industria de la electrónica aplicada al campo militar. Estados Unidos tiene una dependencia importante respecto de esos materiales y las dos terceras partes de esa demanda salen de México y Canadá. La visión pública de la minería es clásica.
–¿A qué se refiere?
–Por un lado, se argumenta que las vetas no tienen tanto impacto ambiental. Por otro, la gente vincula los procesos de extracción minera sólo con el cobre en Chile y el oro o el carbón en Colombia. Pero no se trata sólo de eso, tenemos que visualizar con más firmeza minerales que, aunque en menores cantidades, son estratégicos en términos de hegemonía.
–¿Se refiere a los vinculados con tecnología militar o con la que se aplica a la informática?
–Exactamente. El berilio, por ejemplo, se aplica para las cabezas nucleares, sensores, computadoras, aviones, misiles o satélites. Es un compuesto muy particular y muy tóxico, hay que tener mucho cuidado en su uso. Las tierras raras, que son clave para la industria de la informática, se exportan también. El grueso de las tierras raras lo tiene China (un 80 por ciento), el resto lo tiene Estados Unidos y hay en menores cantidades en otros lugares. Por eso es que hay que prestar atención a otros minerales que no llaman la atención por su cantidad pero tienen un rol estratégico. Un caso muy importante en América latina es el que se refiere al litio.
–En el norte argentino, dos empresas, Orocobre y Toyota Tsusho, anunciaron que desarrollarán un proyecto para extraer litio. Lo presentan como un proyecto con mucha inversión y beneficioso para la población.
–Así se presentan todos los proyectos mineros. Lo que sucede es que ahora cada vez dependemos más del litio por todos los aparatos electrónicos que utilizan baterías. Bolivia tiene la reserva de litio más grande del planeta. Evo Morales dijo que el Estado se asociará con otras empresas o creará la propia para extraer litio. Aunque eso no nos dice nada sobre si una empresa estatal garantizará hacia dónde van las ganancias. Además, serían ganancias muy pequeñas porque no van a procesar el litio, es decir, no harán las baterías, que es donde está la gran ganancia. Lo mismo sucede en México, donde el año pasado se descubrió un yacimiento de litio similar al de Bolivia. En la minería, los modos de extracción son mucho más agresivos.
–¿Agresivos en qué sentido?
–Por un lado, la tecnología es más agresiva con el medio ambiente y afecta a las poblaciones aledañas. Las “demandas del mercado” –así se lo presenta– hacen que se extraiga mucha más cantidad de minerales. En realidad son los patrones de consumo de los países más desarrollados los que presionan para que haya una mayor explotación de yacimientos. Además, las multinacionales mineras empiezan a explotar yacimientos de baja ley, es decir, de baja concentración de minerales y buscan la mayor rentabilidad posible. Este esquema, de modo menos agresivo, se vio en la época colonial, en muchos países de América latina.
–¿Cuáles son las características más visibles de ese esquema?
–Por ejemplo, no consultar a las poblaciones locales. Cuando llegan los proyectos mineros a los lugares, despojan la tierra, engañan a los comuneros y negocian cifras de compensación a 30 o 50 años, que terminan siendo montos ridículos, por prácticamente destruirles la tierra. Son montos absurdos los que pagan. El despojo tiene dos formas: como se hacía en la colonia, sin ningún permiso o, como se hace ahora, mediante un proceso de negociación ficticia. Se vende como un proyecto de desarrollo que creará empleo y derrame económico, cuando, en los hechos, no crean derrame económico y generan muy pocos empleos. Cuando la gente ve que les destruyeron la tierra y se ven despojados y reacciona, se empieza a generar una serie de mecanismos legales, de desprestigio social y de criminalización de los movimientos antimineros, por parte de la empresa y de otros actores involucrados en el negocio que implica la minería.
–¿Cuánto puestos de trabajo se calcula que crean estos proyectos?
–En los pueblos de América latina donde llegan estas mineras, la cantidad de empleados no pasa las tres o cuatro decenas. Luego vienen trabajadores de otras regiones del país o son técnicos formados. La versión de las empresas es que son lugares aislados donde hay gente campesina, humilde, con poca formación técnica y que no puede manejar maquinaria que nunca ha visto en su vida. Y esa gente queda totalmente afuera de esta idea de desarrollo.
–¿Cómo se dan los mecanismos de criminalización de estos movimientos?
–En el caso de Barrick Gold o New Gold, capitales canadienses que operan en México y en otros países, se ven los mismos fenómenos de criminalización. En la Redlar (Red Latinoamericana contra represas) se ven casos como el de Blackfire, una minera canadiense que opera en Chiapas, México, involucrada en el asesinato del principal líder del movimiento opositor a la mina, Mariano Abarca Roblero. Recientemente asesinaron a otro líder de un movimiento antiminero y a su esposa, vinculados con la mina de oro Marlin, en Guatemala. En general, las mineras tratan de empantanar las quejas de la población mediante procesos legales. Y una de las debilidades de los movimientos sociales es que usualmente no tienen asesoría legal.
–Además de las empresas, ¿qué actores intervienen para la realización de estos proyectos?
–En México, los actores involucrados son el gobierno federal, al que se pide el permiso de exploración, la empresa y algún ingeniero o geólogo local. Una vez que se confirma que hay mineral se pide al gobierno federal un permiso para la explotación, muchas veces se compra un permiso existente porque se trata de viejas zonas de minería. Uno de los problemas más importantes en los proyectos mineros es el del agua; normalmente, están en zonas con poca disponibilidad de agua, que luego desechan totalmente contaminada. Muchos de los permisos tienen que bajar desde la escala federal, pasan por los estados y llegan hasta el municipio, que sería la zona local donde opera el gobierno directamente. En todas estas escalas se van tejiendo escalones de corrupción. Cuando se llega a la escala local, se suele “comprar” al gobierno directamente. En el caso de Cerro San Pedro, en México, el secretario de Gobierno era, además, funcionario de la mina. Este tipo de vinculaciones son importantes para poder hacer operativo el proyecto. En otros casos más complejos, cuando hay una población más grande, se hacen alianzas con algunas personas para que sirvan como choferes del material que se saca. Con este tipo de alianzas, si bien se da con una porción de la población, se logra legitimidad.
–¿Por qué dice que no generan derrame económico?
–Porque los impuestos que se les debe cobrar a las empresas generalmente no se pagan, por varias razones. Durante la década del noventa, casi al mismo tiempo en todos los países de América latina se formularon leyes de minería, según las cuales el capital internacional que realiza inversión extranjera directa (IED) puede operar en esos países más fácilmente. Se les da tratamiento de capital nacional, certeza jurídica, la garantía de sacar las ganancias y todo lo que implica la política neoliberal en términos de inversión extranjera directa.
–¿Cómo hacen las empresas para evitar el pago de los impuestos?
–Hay dos mecanismos. Uno es la salida del capital y el envío a la empresa matriz sin ningún cargo. El otro es declarando gastos para liberar impuestos. Barrick Gold, en el 2003, obtuvo 2035 millones de dólares y, después de toda la ingeniería contable, pagó de impuestos cinco millones de dólares. En 2002, la misma empresa logró declarar más gastos de lo que tenía que pagar de impuestos y el Estado canadiense tuvo que regresarle 16 millones de dólares.
–¿Hay algún caso emblemático de proyecto minero que se pueda mencionar en América latina?
–Es que gran parte de los proyectos de la nueva gran minería, la de tajo a cielo abierto, empieza apenas a aparecer. Menos del 5 o 6 por ciento de los proyectos están operativos, es decir que están sacando el mineral, el resto está en la instancia de estudios de factibilidad. Hay casos importantes, pero no son las principales minas a nivel internacional porque todavía no logran consolidar el proyecto de extracción. Pero en México, una mina de Gammon Gold opera en 12 mil hectáreas de Ocampo. Y junto con otra mina contigua genera el 25 por ciento del oro de todo el país. La propia Gammon Gold, en el mismo municipio de Ocampo, extrae el 14 por ciento de la plata. Por primera vez el año pasado, México tuvo más producción de oro que de plata, en cuanto a su posición mundial. El caso de Esquel, en Argentina, es otro muy significativo. El capital canadiense se está especializando mucho en oro y plata.
–¿Qué particularidades tiene la geopolitización de los recursos, que se dio en EE.UU. a partir de los años ’90?
–En el marco de la vinculación del medio ambiente con la seguridad, la geopolitización proviene del aparato del Estado norteamericano, particularmente del área de seguridad. En la década del ’90, por primera vez en el Plan estratégico de Estados Unidos aparece la necesidad de vincular la cuestión de seguridad con los recursos naturales. Ellos argumentan: “Nosotros tenemos que garantizar que Estados Unidos tenga los recursos que necesita”. Eso implica saber dónde están los recursos fuera de ese país. La geopolitización significa asegurar los recursos por la vía del mercado o del Pentágono. Por ejemplo, en Irak entran con mecanismos militares y diplomático-militares y así generan un mejor escenario para que después sí pueda entrar la Inversión Extranjera Directa (IED). Lo que se ve en Irak se replica con otros procesos extractivos de América latina.
–¿Cómo se vuelca la estrategia geopolítica de Estados Unidos en el Amazonas y el Acuífero Guaraní?
–A fines de la década del ’90 y principios del 2000 comenzaron a salir proyectos de conservación para la Triple Frontera, financiados por el Banco Mundial y las Naciones Unidas. La idea al principio era saber cuánta agua había allí, era una de las cuestiones que querían aclarar, respecto de los datos que tenían en los años ’70. Esto coincidió con un momento en que se estaba hablando del agua como recurso estratégico, una coyuntura en la que quedaba muy claro que Estados Unidos tiene una preocupación tremenda por el acceso a fuentes de agua. En el fondo, lo que está en juego es cómo se asegura el agua para que se exporte de otras maneras.
–¿Como cuáles?
–De la zona argentino-brasileña productora de soja y otros cultivos, no sólo se exporta granos sino también agua. Es muy importante asegurar que las grandes empresas agroindustriales de esas zonas tengan agua, porque esos granos van a beneficiar a los países compradores. Otra cuestión tiene que ver con el negocio del agua embotellada. Ya no se trata sólo de transferir el agua para la industria, sino que hay empresas que están embotellando agua para su exportación. Estos intereses empresariales son los que se geopolitizan. En la Triple Frontera hubo amenazas verbales de securitizarla. Hay presencia militar, más o menos reconocida por Estados Unidos. Se quiere implementar operaciones de avanzada, que son pequeños grupos de alta movilidad.
–¿Cómo contribuye la crisis de gobernabilidad hídrica a que se dé esta situación?
–Es interesante analizar cómo el Ejército cambia su visión: en Argentina el Ejército sacó el Proyecto 2025. Así como los recursos hídricos o la zona del Acuífero Guaraní en su conjunto son importantes para Norteamérica, que busca asegurar un beneficio para sus empresas y el crecimiento del mercado estadounidense, el gobierno de Argentina securitiza sus recursos. En el Plan 2025 se cambia la hipótesis de guerra, que ahora es la defensa de los recursos. Ese documento supone reorganizar la estructura del Ejército hacia adentro y cambiar escenarios de defensa.
–¿Cuál sería el enemigo, según el Plan 2025?
–El enemigo es todo aquel que quiera hacerse del recurso, todas las zonas fronterizas. Quisiera remarcar que, en el fondo de la geopolitización, lo que se busca es asegurar que estos recursos lleguen a los destinos por vía del mercado. Así se liberan de la imagen del imperialismo, aunque sigue siendo lo mismo porque en el momento en que este flujo se pare entra el Pentágono.
–¿Los Estados y empresas europeas tienen el mismo pensamiento?
–No les he seguido la pista. Valdría la pena saber sobre el Banco Europeo de Inversiones (BEI), que tiene capital para hacer IED en proyectos productivos, pero no rinde cuentas a nadie, no tiene un sistema transparente de informar en qué invierte y cómo opera. Pero en el caso de la minería, el capital europeo no es muy fuerte.
–¿A qué se refiere cuando habla de que hay “políticas democidas” en relación con la seguridad alimentaria?
–Ese concepto lo planteé en el marco de la política de promoción de los agrocombustibles. Nosotros, los mexicanos, perdimos la capacidad de autosuficiencia, ahora importamos poco más del 40 por ciento de los alimentos, incluyendo los granos básicos, maíz y frijol. El abandono del apoyo al campo en acuerdo con la propuesta del Banco Mundial llevó a que se desplomara la participación económica del campo mexicano y desaparezca el mediano y pequeño campesino. Al mismo tiempo, hay mucho apoyo a proyectos agroindustriales de producción de maíz para la generación de etanol. La política democida tiene dos vertientes. Por un lado, la política neoliberal está desmontando la soberanía alimentaria y hace competir los alimentos con la generación de energía. Por otro lado, el Estado abandona la responsabilidad social en términos de gasto en educación, salud y los servicios que requiere la población.
*Gian Carlo Delgado Ramos. Economista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con estudios de maestría y doctorado en “Ciencias Ambientales” por parte de la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Investigador de tiempo completo del programa “El Mundo en el Siglo XXI” del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Integrante del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. Es también profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
Autor de más de un centenar de artículos publicados en revistas profesionales y de divulgación. Autor o coautor de numerosos capítulos en libros compilados y de 12 libros. El más reciente: “Sin Energía. Retos y resistencias al cambio de paradigma energético” (Plaza y Valdés. México, 2009).
Ir a nota
