12.4.12

De Fukushima a México y la apuesta por la nucleo-electricidad en el país


Gian Carlo Delgado Ramos
La Jornada de Oriente
Puebla, México.
12 de Abril de 2012.
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Las reales dimensiones del accidente de Fukushima se desconocen aún y el manejo público de la información es bien restringido. Se cometieron muchos errores humanos, tanto de TEPCO y sus trabajadores, hasta de parte de oficiales de la Agencia de Salvaguardia Nuclear e Industrial y de la Comisión de Seguridad Nuclear. Se suma el hecho de que mucha de la información necesaria para la toma de decisiones no estaba en su momento disponible –parte de ella lo sigue estando– o fue filtrada o manipulada por parte de oficiales japoneses o por la propia empresa TEPCO. Como lo expresó Tetsuro Fukuyama, asesor del primer ministro de Japón: “…las líneas normales de autoridad completamente se colapsaron”. El informe realizado por la Rebuild Japan Initiative Foundation, sintetiza lo ocurrido del siguiente modo: “…en Fukushima Daiichi, los problemas no eran [esencialmente con las modalidades y vacíos] de la ley o los manuales, sino más bien con los seres humanos que formularon los riesgos “anticipados”, mismos que cayeron en el entramado de deseos corporativos y políticos, pero que no representaron los riesgos reales que la planta nuclear enfrentó”.
Hoy se sabe que hubo emisiones no despreciables de vapor radioactivo y que grandes cantidades de agua utilizada para controlar la temperatura de los reactores llegó al Pacífico. En julio de 2011 llegaba a la prensa japonesa y del mundo la noticia de que más de 500 cabezas de reses potencialmente contaminadas de radiación habían llegado al mercado de ese país, seguido de otros alimentos, incluyendo las algas marinas y el arroz. Llama la atención que al poco tiempo se tomara la decisión de desplazar los niveles máximos permitidos de contaminación, por ejemplo en lo que respecta a la presencia de cesio en el arroz al pasar esa de 100 Bq/kg a 500 Bq/kg.
El accidente claramente está aún sin resolverse y enfrenta retos cotidianamente, desde fugas pequeñas de agua radioactiva (marzo de 2012), hasta dificultades para mantener los niveles de agua requeridos para mantener el combustible estable (abril de 2012).
La “limpieza” y “descontaminación” de la zona de la planta y alrededores se estima durará cuatro décadas puesto que se tendrán que construir cubiertas a los edificios de los reactores 1, 3 y 4, además de que será necesario remover el combustible usado de las albercas de almacenamiento de la unidad 4; limpiar el lugar de basura irradiada; procesar y disponer la basura radioactiva de algún modo; contener el agua contaminada; entre otras acciones.
Las verdaderas consecuencias socio–ambientales siguen siendo en buena medida desconocidas (al menos públicamente), pero no por ello son inexistentes. Lo ejemplifica claramente la nueva estimación dada a conocer por científicos del Meteorological Research Institute de Japón, quienes consideran que la cantidad de cesio liberado es más del doble de lo que se pensaba previamente. La cifra se coloca en los 40 mil billones de Bq de cesio radioactivo, sólo emitido por el reactor No.1. Se cree que 30 por ciento se dispersó en tierra y 70 por ciento se vertió al mar.
Tal liberación de material radioactivo supone un potencial riesgo –de uno u otro grado– a la salud del ser humano y de otras formas de vida. En un estudio publicado este año en el International Journal of Health Services, Mangano y Sherman demuestran cómo la correlación entre un aumento en las muertes y el antecedente de un accidente nuclear se repite de manera llamativa. Al igual que en 1986, de cara al accidente de Chernobyl, el aumento de muertes en EUA –muertes en exceso o más allá de las esperadas– durante las primeras 14–25 semanas posteriores a Fukushima, fue del orden de 14 mil individuos (incluyendo 822 infantes), esto es un aumento del orden del 4.46 por ciento. En el momento del accidente de Chernobyl ese mismo dato, para EUA, se estima en 6 por ciento. Es por ello que se puede inferir que la radiación liberada por accidentes nucleares sí contribuye como factor de afectación a la salud.
Pese a todo, el accidente en Fukushima no ha desincentivado la apuesta nuclear mexicana. La Estrategia Nacional de Energía 2012–2026 retoma el asunto considerando que se trata de una energía barata, que no contamina y que es segura. La propuesta consiste en un escenario para el 2026 en el que se considera la construcción de 7–8 nucleares de modo que la energía nuclear alcance una participación en la generación bruta de energía eléctrica de 18.1 por ciento; esto es poco más que todas las energías renovables en su conjunto. Otro escenario propuesto es lo que se denomina híbrido entre lo nuclear y la eólica. En tal caso, la apuesta es por dos centrales nucleares nuevas (o en su defecto dos unidades adicionales en Laguna Verde) y 209 parques eólicos para sumar una capacidad de 20 mil 900 Mw.
Las estimaciones económicas, asumiendo costos elevados para las energías alternativas y ningún sobrecosto, ni subsidios para la nuclear, evidencian la preferencia gubernamental: un escenario de sólo energía eólica costaría, sostiene el documento en cuestión, 4 mil 117 millones de dólares anuales; uno de sólo nuclear 2 mil 922 millones de dólares anuales y uno nuclear–eólica 3 mil 803 millones de dólares anuales.
Los proponentes del gobierno mexicano, antes de abogar por más energía nuclear, deberían cuando menos presentar primero cuentas claras y verificables sobre el cospo total de construcción (que se retrasó por años), mantenimiento y operación de Laguna Verde, los subsidios que ha recibido, la cantidad de energía neta que ha producido y la basura que ha generado, los costos de su disposición final y en general, los costos que se calculan para su eventual desmantelamiento. De este modo se podría corroborar para el caso mexicano si la energía nuclear en la práctica es tan barata como suponen sus proponentes de cara a cientos de estudios sobre muchos casos concretos que precisan lo contrario. Tal entrega de cuentas debería ser además pre–requisito para cualquier eventual apertura de nuevas líneas de financiamiento al sector.
La responsabilidad de la clase política no es menor. Lo que está en juego, en el mejor de los casos, es que las generaciones futuras se hagan cargo de la gestión de cada vez más basura radioactiva, al tiempo que vivirán, como hoy día ya lo hacemos, en un planeta con creciente contaminación radioactiva, puesto que los accidentes de diverso grado siguen acumulándose en la lista de desatinos de una industria que más allá de ser barata y segura, se sustenta en un poderoso entramado de relaciones de poder.

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