Alejandro Rebossio | 16 de julio de 2013
EL PAIS
El buen uso de los
recursos naturales de América Latina está siendo un asunto de discusión por
todo el continente. En mayo
pasado fue debatido en una reunión específica de la Unión de Naciones
Suramericanas (UNASUR), ese espacio de integración política que nuclea a
gobiernos de izquierda y derecha, de Mercosur y de la Alianza del Pacífico.
También fue objeto de atención en uno de los últimos números de la revista Nueva
Sociedad, la publicación latinoamericana de la Fundación Friedrich Ebert,
que responde a la socialdemocracia alemana. Veamos aquí algunos de
los comentarios que se vertieron en diversos artículos de esa edición.
Maristella
Svampa, profesora de la Universidad de La Plata (Argentina), se refiere a un
asunto que en este blog ya hemos comentado: el Consenso de las Materias Primas,
una nueva política económica que sucede al neoliberal Consenso de Washington y
que es aplicado, según sus críticos, por gobiernos de izquierda y de derecha.
Se basa en la explotación intensiva de las riquezas naturales, aprovechando su
demanda asiática y sus altos precios, sin poner atención en el desarrollo de
otros sectores económicos ni en el impacto medioambiental que esta actividad
implica. “El Consenso
de los Commodities (materias primas) subraya el ingreso de América
Latina en un nuevo orden económico y político-ideológico, sostenido por el boom
de los precios internacionales de las materias primas y los bienes de
consumo demandados cada vez más por los países centrales y las potencias
emergentes. Este orden va consolidando un estilo de desarrollo
neoextractivista que genera ventajas competitivas, visibles en el crecimiento
económico, al tiempo que produce nuevas asimetrías y conflictos sociales,
económicos, ambientales y político-culturales. Tal conflictividad marca la
apertura de un nuevo ciclo de luchas, centrado en la defensa del territorio y
del ambiente, así como en la discusión sobre los modelos de desarrollo y las
fronteras mismas de la democracia”, advierte Svampa. De estas nuevas luchas
populares en el país de esta investigadora daba cuenta hace pocas
semanas un artículo de la Agencia de Noticias Pelota de Trapo (pincha este
enlace para leerlo).
Gian Carlo Delgado Ramos, del Centro de
Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), observa un “auge de las
actividades extractivas a escala mundial, vinculadas a la crisis económica (el
oro es el refugio del inversor) y a la especulación en el mercado de la tierra
y las materias primas”. Delgado considera que “la apropiación de tierras, que
se disparó particularmente en lo que va de este siglo, puede observarse como
mecanismo de despojo de paquetes de activos naturales en todo el mundo,
con excepción de la Antártida”, pero advierte de que este fenómeno enfrenta
resistencia social. En un seminario del Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), Delgado relevó los
conflictos por la oposición de movimientos sociales al extractivismo en
Latinoamérica en 2012 y detectó 34 casos vinculados a la explotación petrolera,
85 por la
minería, 47 por el uso del agua, 16 por recursos forestales y
biodiversidad, 27 casos por
expansión de la agroindustria y 32 por
residuos tóxicos u otros. “El Estado, en sus múltiples niveles,
representa cada vez más los intereses de sus socios empresariales, empujando a
favor de esos intereses un amplio entramado legal ad hoc que se
superpone al denominado Estado de derecho. Al mismo tiempo, y de cara a la
profundización del despojo y a los usos y abusos de la naturaleza, el Estado se
arma para el control interno promoviendo, justificando o avalando la
criminalización de la protesta, al tiempo que presume que los actores sociales
en legítima defensa de su territorio y de los bienes comunes que este contiene
son, en el mejor de los casos, irracionales, opositores al progreso y al
desarrollo”, señala el economista de la UNAM.
En la misma edición de Nueva
Sociedad, el periodista uruguayo Víctor
Bacchetta señala que la extracción de petróleo y gas no convencional
“presenta
serios riesgos ambientales, pero detrás de las nuevas tecnologías
que la hacen posible hay poderosos intereses económicos y políticos y en América
Latina es presentado como una nueva fuente de prosperidad”. La
antropóloga social Juliana
Ströbele-Gregor, de la Universidad
Libre de Berlín, se refiere a los yacimientos
de litio de Bolivia, que “están entre los más grandes del mundo, lo
que alienta expectativas de que el proyecto desarrollado” por el Gobierno de
Evo Morales “permita al país salir de la pobreza y la dependencia”. Sin
embargo, la experta advierte de “potenciales escenarios de conflicto que están
asociados con la explotación e industrialización del litio en el salar de
Uyuni, y analiza el marco legislativo y los riesgos ambientales que afectarían
a la población rural y el turismo”. La economista Agostina
Costantino, becaria del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología de México, evalúa si “Argentina y
Brasil, ambos países beneficiados por la ‘lotería de los recursos’ en esta
etapa de elevados precios internacionales de las materias primas, aprovecharon
esta bonanza para llevar a cabo un cambio estructural que les permitiera dejar
de depender de esos productos, cuyos precios se caracterizan por una alta volatilidad”,
y concluye que
no puede afirmar que tal reforma “se haya dado en alguno de los dos países”.
Luisa Paré,
profesora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM,
habla de una “megaminería tóxica” y estudia el derecho de los pueblos a ser
consultados antes de que comiencen estas explotaciones en su territorio.
“Formalmente, los mecanismos de consulta se encuentran en una situación mucho
más avanzada en los Estados andinos que tienen gobiernos progresistas (Bolivia,
Ecuador) que en países de regímenes neoliberales como México o Chile”, observa
Paré. No obstante, “se ha visto que, aun en estos países con gobiernos
progresistas, los marcos normativos no siempre son respetados”, según Paré, que
considera que las “contradicciones de estos gobiernos son inherentes a las
exigencias de la opción por el extractivismo desarrollista que les ha permitido
superar parcialmente el neoliberalismo, buscar otras formas de integración
regional, impulsar su economía y reducir la pobreza”. A partir de esta experiencia,
recomienda para México “un cambio estructural del rumbo económico que ha tomado
el país, rumbo que facilita el saqueo de los recursos estratégicos, un proceso
de despojo y desterritorialización de los pueblos, la pérdida de
identidad y la destrucción de las capacidades productivas de regiones que deben
reorientarse a la recuperación de la autosuficiencia y la soberanía
alimentaria”. Paré añade que “esto implica revertir el modelo extractivista
presente principalmente en el campo de la minería, la generación eléctrica
(represas hidroeléctricas y energía eólica) y la privatización de los
hidrocarburos”. Un ejemplo de
los conflictos mineros en la región es el que llevó a un tribunal chileno a
ratificar este lunes que la canadiense Barrick debe reparar los daños
medioambientales causados en la mina Pascua Lama, que se encuentra en los
Andes, parte en Argentina, como requisito previo a la reanudación del proyecto.
El economista
argentino Nicolás Gadano, del Centro de Implementación de Políticas Públicas
para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), escribe que “así como en
las primeras décadas del siglo xx Argentina e YPF pudieron ser una referencia
(regional) para otros países que buscaban desarrollar sus empresas estatales de
energía, en la
actualidad ese lugar estaría siendo ocupado por Brasil y Petrobras, en un
modelo mixto en el que la empresa estatal convive con empresas privadas, todas
controladas por un regulador independiente (la Agencia Nacional del Petróleo)”.
Añade que “los países que, como Argentina y Bolivia, avanzaron aún más en el
proceso de apertura y privatización (en los 90), parecen estar regresando a un esquema
mixto, recuperando el control de la empresa estatal pero procurando mantener
una fuerte presencia privada”, al tiempo que “habrá que ver lo que sucede en
países como México y Venezuela, los mayores productores/exportadores históricos
de la región, que han preservado el rol de las grandes estatales, Pemex y
PDVSA”. En concreto, “en el caso mexicano, el más extremo en términos de
monopolio estatal, la declinación productiva y la creciente inseguridad de las
instalaciones parecen inclinar la balanza a favor de una reforma, que, de
llevarse a cabo, podría tener a Brasil como un espejo donde mirarse”, según
Gadano.
Precisamente, el
profesor Giorgio
Romano Schutte, del posgrado de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad
Federal de ABC, del estado brasileño de São Paulo,
se pregunta si en diez años de gobierno el Partido de los Trabajadores (PT)
“consiguió implementar un nuevo paradigma de desarrollo que supere la lógica
del Consenso de Washington”, señala “algunos elementos del ‘nuevo
desarrollismo’ y pone el foco en los gigantescos reservorios de petróleo en
aguas profundas descubiertos en Brasil en 2007”. Destaca que el aporte de estas
riquezas “para el desarrollo brasileño se vehiculiza a través de tres
políticas: los ingresos directos para el Estado mediante regalías y venta del
petróleo obtenido por los contratos de distribución; la política de contenido
local que pretende transformar la demanda de productos y servicios a lo largo
del proceso de explotación, desarrollo y obtención del petróleo y el gas en una
producción realizada en gran medida en territorio nacional, generando empleo,
ingresos e impuestos en Brasil; y la política de obligatoriedad de invertir un
porcentual del ingreso bruto de los grandes campos de petróleo y gas en
investigación y desarrollo en el país”.
