Gian Carlo Delgado Ramos
La Jornada de Oriente
29 de junio de 2018.
Puebla, Puebla, México.
En México, por lo general el espacio urbano no se ha planeado y, cuando se hace, opera en el marco de intereses contradictorios y asimétricos. Buena parte de las ciudades son producto de ejercicios de gestión del espacio construido sobre la marcha, cortoplacistas, y no en pocas ocasiones desarticulados. La realidad del país se refleja pues en el avance de espacios construidos desiguales donde lo bueno de la ciudad, el denominado “derecho a la ciudad”, no es para todos o no lo es de la misma manera.
De cara a tal realidad, los compromisos del país en el marco del Acuerdo de París, la Nueva Agenda Urbana de HABITAT, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, habrían de empujar procesos de transformación y transición de lo urbano hacia escenarios sostenibles, de bajo carbono, resilientes y socialmente incluyentes. Sin duda se trata de propósitos, en principio, deseables. No obstante, y debido al carácter reflexivo de tales imaginarios, las acciones concretas que les dan cuerpo son diversas, no sólo en forma sino de fondo, ello además de que dependen de los intereses en juego y de las estructuras de poder imperantes. Dicho de otro modo, la problemática, por ejemplo, de la calidad del aire en las ciudades, puede ser atendida repensando la movilidad urbana y en sí los usos del suelo, o simplemente apostando por una renovación del parque vehicular y la introducción de unidades híbridas, eléctricas y a gas. Mientras la primera supone un cambio de paradigma en el propio planteamiento del espacio construido y su función en el mediano y largo plazo, la segunda apalanca el status quoal preservar el paradigma del automóvil privado y fomentar el crecimiento económico con medidas cuyo impacto positivo es, en el mejor de los casos, de corto plazo.
Para resolver la disyuntiva antes expuesta, es preciso ahondar tres aspectos de la dimensión política del espacio urbano (véase: Ugo Rosi y Alberto Vanolo. Geografías políticas urbanas, 2012):
- la política de la representación, es decir, las formas en las que se producen y circulan imágenes y discursos que soportan imaginarios “deseables” de lo urbano, contexto en el que aquellos imaginarios que habilitan la mayor acumulación de capital son los que más fuerza tienen en la esfera de lo “políticamente correcto”, propia de las elites urbanas;
- las políticas de gobierno o las modalidades en las que se gobiernan las ciudades en la era neoliberal, y
- los procesos políticos contestarios en los que se condensan toda una diversidad de resistencias sociales y propuestas que abogan por una ciudad justa e incluyente.
Las apuestas de transformación y transición de lo urbano hacia modalidades sostenibles y resilientes en México hasta ahora suelen centrarse en los dos primeros aspectos. De entrada, promoviendo la noción del desarrollismo económico como algo en sí mismo deseable y que puede ser fortalecido por un pujante sector inmobiliario especulador que produce, por un lado, espacios residenciales o de consumo exclusivos en zonas céntricas de la ciudad, y por el otro, módulos de vivienda en zonas de bajo valor del suelo como solución para atender la brecha de oferta de vivienda para la clase trabajadora cada vez más empobrecida. La conformación de verdaderas ciudades dormitorio, usualmente carentes de lo “mejor de la vida urbana”, son así presentadas como medidas para el “mejoramiento de asentamientos irregulares” en medio de una pobreza cada vez más profunda y generalizada. Como resultado, lo que se verifica es el apalancamiento de una construcción del espacio urbano desigual y poco eficiente, soportada en un proceso dual de gentrificación y segregación, de exclusividad y exclusión.
No obstante, lo dicho no es posible sin el apoyo o la inacción de la estructura del Estado (el aspecto 2) que promueve los imaginarios previamente descritos o que deja que operen libremente diversos actores e intereses, incluso contraviniendo regulaciones establecidas en materia de construcción, sostenibilidad o de patrimonio histórico-cultural. La realidad mexicana demuestra que en el grueso de los casos lo que opera no es una política pública sino una política de gobierno, de tipo vertical, que en el mejor de los casos adopta la moda de conceptos como “participación ciudadana”, “presupuestos participativos”, o “coproducción de conocimiento”, pero los reduce a la aplicación de encuestas, a la consulta o diálogo cerrado con (ciertos) expertos, o a procesos que simulan o dan un “lavado social” a medidas que responden a imaginarios políticamente correctos de representación de lo urbano.
Dado que el resultado de tal proceso suele ser la configuración profundamente desigual del espacio urbano, los procesos contestatarios emergen con mayor frecuencia (aspecto 3), producto de un empoderamiento social que busca develar las desigualdades imperantes y que pelea por el derecho a la ciudad en medio de toda una compleja realidad política y sociocultural. Los procesos contestatarios pueden derivar, aunque no siempre, en acciones que abonan a la reconfiguración de lo urbano desde su lógica misma, ello particularmente cuando la reacción es en contra de la especulación inmobiliaria que concentra riqueza en unas pocas manos al mismo tiempo que destruye la vida y las economías de barrio.
Por todo lo antes dicho, puede sostenerse entonces que la tendencia de una mayor urbanización del país (que se verificaría en una población 90% urbana a mediados de siglo) reclama mejorar la planeación y gestión del espacio construido a múltiples escalas espaciales y temporales con el fin de efectivamente transitar hacia la sustentabilidad y resiliencia urbana, contexto en el que el horizonte temporal para encontrar soluciones se estrecha día con día. La disyuntiva está, sin embargo, en quedar atrapados en relaciones de producción funcionales a la acumulación de capital, con menos contaminación y más inclusión, pero inmersos en la lógica mercantil y la especulación que en el fondo no contribuyen a la sustentabilidad global de largo plazo al mismo tiempo que preservan las desigualdades sociales o, por lo contrario, impulsar procesos más profundos de transformación de las propias relaciones sociales de producción mediante espacios clave para la construcción de otras formas de producción y reproducción de la vida, en donde el derecho a la ciudad es uno de entre otros aspectos cruciales, esto es, donde la ciudad se produce socialmente, para y por la gente con la finalidad de abrir cause, a decir de Amartya Sen, al florecimiento de las capacidades humanas.
Tal vez el primer y gran reto está en el replanteamiento de la función o lógica de los usos del suelo, tornando así necesaria la planificación del uso del suelo desde una visión integral y participativa que permita introducir de manera robusta a múltiples escalas espaciales y temporales, criterios de sostenibilidad, resiliencia e inclusión social. Por supuesto, ello de la mano del genuino cumplimiento de reglamentos para el desarrollo y reconstrucción de infraestructura y edificaciones acordes a tal planificación que, además, habrá de ser socioculturalmente diversa.
El proceso comprende mecanismos para el desmantelamiento progresivo de cierta “infraestructura gris” para ceder terreno a “infraestructura verde y azul” (parques, paredes y techos verdes, etcétera), así como a un espacio urbano bioclimáticamente diseñado y cada vez más eficiente. Esto último supone la transición progresiva hacia energías renovables y consumos moderados, pero también incluyentes, de energía y otros recursos como agua, materiales (incluyendo su reciclaje), y desde luego suelo. Esto supone entonces el decremento de los patrones de consumo más altos y el aumento de aquellos que no alcanzan a cubrir las necesidades que posibilitan el mencionado florecimiento de las capacidades humanas.
Considerando que el tipo y la extensión de infraestructura para la movilidad de hecho construye y define buena parte de la lógica y dinámica de lo urbano, la transición hacia una planeación con visión de largo plazo que integre la movilidad y el uso del suelo será central para contener la expansión descontrolada de la mancha urbana, así como para hacer posible y efectiva la transición hacia modalidades de movilidad bajas en carbono, eficientes, incluyentes y asequibles. La cultura en el diseño y planificación, pero, sobre todo, la estructura presupuestaria debe pues responder a tal transición en la que la movilidad no-motorizada y el transporte público de calidad, toman una clara prioridad sobre el transporte motorizado privado que es despilfarrador de energía, materiales y suelo. Ello impacta en la necesidad de un espacio público mejor diseñado y planificado de tal suerte que sea más seguro y fomente la inclusión social, pero también el aprovechamiento de diversos co-beneficios en materia de salud y calidad de vida urbana.
Cabe precisarse que específicamente para México, y en sí para el denominado Sur Global, la cuestión de la informalidad es sin duda un reto de primer orden que es necesario atender si es que se apuesta por una genuina transición hacia la sostenibilidad y la resiliencia urbana incluyente y con equidad. No se trata de una cuestión que pasa meramente por el control de la mancha urbana y la definición de los tipos de uso de suelo de cara a la exposición de riesgos, sino de un asunto que, particularmente en países como México, obliga a repensar las finalidades del desarrollo mismo y la propia función de lo urbano. En otras palabras, como aquel que pone en cuestión la propia función de lo urbano, de tal suerte que se habilite y priorice el florecimiento humano por encima de cualquier noción clásica de desarrollismo económico, desde luego sin que esta afirmación implique que la dimensión económica deje de ser central en tanto que es clave para el avance de capacidades materiales para la buena vida colectiva. Tal producción de espacio construido obliga además a reconocer la diversidad socio-cultural presente y las competencias y estructuras sociopolíticas de tal suerte que se habiliten caminos robustos para la transición urbana vía la participación y el empoderamiento de diversos actores, la colaboración y más aún la coproducción horizontal de conocimiento para el diagnóstico, diseño y toma de medidas y acciones, así como para el seguimiento o monitoreo de avances o retrocesos.
El reto de país es mayor. Las oportunidades para reafirmar la tendencia actual o avanzar hacia otros imaginarios de lo urbano están abiertas; las expectativas de la sociedad en los próximos gobiernos locales electos, pero también las de los intereses y estructuras de poder, están ya sobre la mesa; mientras que los procesos contestatarios se hacen cada vez más presentes, explorando prácticas y procesos, que progresivamente habiliten la transformación del espacio construido socioecológicamente deseable.
