La Jornada de Oriente
10 de septiembre de 2026.
10 de septiembre de 2026.
A partir de 1992, en la cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro se profundizó la regulación internacional de protección al ambiente lo cual culminó, en 2022, en el reconocimiento universal del derecho humano a un medio ambiente sano, suscrito por la mayoría de los países del mundo. Dicho reconocimiento, si bien se expresa en las constituciones de los países, no se corresponde con las leyes generales y su reglamentación. Este es el caso de México, que en 1999 reformó la Constitución en este sentido, pero sin ajustar sus leyes, como la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), expedida en 1988.
La LGEEPA regula, entre otras cuestiones, el ordenamiento ecológico del territorio, aspecto central para reglamentar los procesos de transformación de la naturaleza y por tanto del acceso, gestión y uso de los bienes comunes, los cuales son sustento de la vida humana y no humana. Por la complejidad y amplitud de las cuestiones ambientales, debe articularse con otras leyes que regulan, por ejemplo, la vida silvestre, el agua, los residuos, las actividades extractivas, y la acción climática. Además, la coordinación entre distintos sectores y entre diversos niveles de gobierno –del nacional al local–, es un reto para México, pero también para muchos otros países que enfrentan problemas de gestión, además de lidiar con presupuestos ajustados y capacidades institucionales limitadas.
