13.12.10

COP 16, “éxito” sin compromisos y metas fijas


Gian Carlo Delgado Ramos (*)
La Jornada de Oriente
Puebla, México. 12 de diciembre de 2010.
Ir a Nota

Las negociaciones del clima culminaron con felicitaciones por el progreso logrado aunque de fondo no se avanzó en compromisos y acciones que comprometan a las partes a disminuir efectivamente sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), que reconozcan la responsabilidad diferenciada e histórica de los países industrializados, y por tanto que busque la justicia climática, y que estimulen esquemas de emisiones netas evitadas como lo propuso Ecuador. Menos se puede hablar siquiera de un planteamiento sobre la deuda ecológica que tiene el mundo industrializado con el periférico ni del reconocimiento de los “derechos de la madre Tierra”, como lo aboga Bolivia.

La cumbre fue una costosa reunión no sólo económica, sino ecológicamente, que comenzó con señalamientos de que fracasaría y que en el mejor de los casos consolidaría algunos aspectos relacionados a mecanismos de mercado (la formalización de facto del Acuerdo de Copenhagen). Durante su desarrollo se apuntó a Durban (COP 17) como el momento de concretar un compromiso real, mientras que Cancún quedaría como plataforma para ello. Al mismo tiempo se radicalizaron las posturas orillando la discusión ya no al tamaño de los compromisos, sino a la existencia misma de un segundo periodo de Kyoto (2013–2017). Japón sería uno de los impulsores. Así se fabricó un falso “éxito” de la cumbre, pues se evitó el rompimiento de Kyoto al tiempo que se alcanzaron acuerdos mínimos, posponiendo los más importantes. Todo compromiso vinculante fue echado por la borda asumiendo en cambio un esquema voluntario. Se acordó mantener la meta de 2º centígrados como incremento máximo y se pactaron los objetivos climáticos, por ejemplo de EU, pero ambas cuestiones se tornan mero discurso en ausencia de compromisos jurídicos. Aun más, se aceptó que EU definiera el año de referencia de sus metas (de tal suerte que no fuese 1990 como lo precisa Kyoto y en cambio pueda ser 2005 como lo expuso EU en la COP 15).

Sí logró afianzar la creación de un Fondo Verde administrado por el Banco Mundial, mismo que alcanzaría los 30 mil millones de dólares (mmdd) anuales para 2012 y unos 100 mmdd anuales en 2020; es decir, poco más de la mitad de los fondos que hoy se estiman necesarios para los países pobres (no Anexo I) y que se ubican en unos 195 mmdd anuales. Instrumentos como el mercado de bonos de carbono, los MDL (mecanismos de desarrollo limpio) o los REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación) se mantienen como esquemas posibles de acción para anotar a favor de quienes los financien una reducción de emisiones, dejando de lado todo llamamiento a que en el mejor de los casos, tales mecanismos, deberían ser considerados como eventuales opciones sólo si se cumplen las metas señaladas de reducción netas de emisiones. Para el caso de los REDD se aseguró que la discusión sobre un tope, pero también de reglas y lineamientos precisos, sea trasladada a la COP 17.

El acuerdo no fue general. Bolivia, Cuba, Venezuela y Ecuador lo criticaron, rechazaron, e incluso el último evalúa impugnar el proceso mismo, pues se aprobó el documento final asumiendo que “la regla de consenso no significa unanimidad”. Y es que ante la desaprobación de Ecuador, la canciller mexicana Patricia Espinoza pronunció: “tomo nota de su posición... quedará reflejada en actas de conferencias, y si no hay otra opinión, el acuerdo queda aprobado”.

Así, por iniciativa propia o inducidos, otros países se resignaron a consentir un mal acuerdo creyéndolo mejor que finalizar sin ninguno, lo que evidenciaría no sólo un gran fracaso, sino la propia viabilidad de la ONU y la necesidad de su replanteamiento. Pese a todo se impuso el interés de los principales emisores de GEI, pues el acuerdo de acción cooperativa de largo plazo logrado abre advirtiendo que “nada en esta decisión debe prejuzgar prospectos para, o contenidos de, un resultado legalmente vinculante en el futuro”.

El “éxito” de la cumbre se sostiene, pues en que se consintieron o impusieron esquemas de negociación inaceptables, evitando todo compromiso vinculante y trasladando al mercado el grueso de medidas, puesto que ello permite evitar la reducción real de emisiones en casa. Esto es que se normaliza el pago por un derecho a contaminar gracias a que otros se limitan o dejan de hacerlo, esquema que beneficia principalmente a los países más contaminantes (quienes tienen además mejores condiciones para enfrentar los impactos del cambio climático).

Una vez más fueron los países progresistas de América Latina los que representaron mejor las exigencias de los pueblos de la región y del mundo, pues mantuvieron una postura crítica que genuinamente busca un cambio de paradigma.

Se denunciaron posturas que insistieron en manejar de entrada los 2º centígrados como piso de las negociaciones y no 1.5º grados (al final se mantuvo la posibilidad de eventualmente considerar este segundo escenario); en resistir la obligación de preservar, respetar y garantizar los derechos humanos y de los pueblos indígenas en toda acción de adaptación y mitigación (al final se precisó que las partes “deberían” respetar los derechos humanos y “tomar nota” de los derechos de los pueblos indígenas); en la omisión total de considerar los impactos de la guerra y de la industria de la guerra sobre el clima; en mantener totalmente fuera el tema de la propiedad intelectual en los acuerdos de transferencia tecnológica; en insistir colocar a organismos internacionales y al sector empresarial como principales socios en la realización de medidas (las principales de mercado).

No es casual que en el Fondo Verde –donde se concentrarán el grueso de fondos nuevos para adaptación– se propusiera al Banco Mundial como administrador, un ente bien conocido por responder desde sus orígenes a los intereses de sus acreedores, así como por su falta de transparencia.

El beneplácito del empresariado (y especuladores) por impulsar el denominado “capitalismo verde” radica en aprovechar la oportunidad de captar los recursos destinados a acciones de adaptación y mitigación y, desde ahí, consolidar la promoción de sus propios intereses y negocios; de ahí el vínculo y apoyo de los gobiernos industrializados a sus empresas “verdes”, dígase desde la COP, para que sean ésas las principales beneficiadas y, un asunto vital, por tanto es garantizar la validez de la propiedad intelectual pero también de quién controla los fondos.

Se puede señalar por tanto que los actores que promueven el capitalismo verde no buscan un cambio real de paradigma, dígase el de asegurar la vida tal y como la conocemos, sino en primer lugar mantener el sistema de producción, circulación y consumo imperante con todas sus relaciones asimétricas de poder, al tiempo que se apuntala como mecanismo anticrisis, es decir, como un nicho más de acumulación de capital. En dicho entendido el documento de acción cooperativa de largo plazo promulga que la sociedad de bajo carbono “ofrece oportunidades sustanciales y asegura un alto crecimiento continuo y un desarrollo sustentable”. Olvida por supuesto el hecho de que el crecimiento económico inevitablemente transforma la naturaleza, generando con ello impactos negativos. Por eso el crecimiento económico sostenido no puede mantenerse al infinito en un planeta finito. Desarrollo sustentable no significa cero impacto ambiental, sino un impacto lo menos dañino posible en el corto, mediano y largo plazo.

Por lo dicho, la COP 16 ha sido todo un fracaso, dijera el presidente Evo Morales, para la vida, para el planeta, para la humanidad.

Ir a Nota

ARCHIVO HISTÓRICO