Gian Carlo Delgado-Ramos y Silvina Romano.
Revista Espacio Crítico No. 13
Colombia, julio - diciembre de 2010. pp. 28 - 45
ISSN: 1794-8193
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1. Introducción
Al dar cuenta de los mecanismos de acumulación de capital, en particular de aquellos relacionados a la exportación de capital por parte de los países ricos o centrales y, en contra parte, de la transferencia de excedentes por parte de los países pobres o periféricos hacia los primeros (Marini, 1973), colocamos la cuestión económica-política como eje clave en la definición de la política interna y externa de Estados Unidos (EU), de ahí que consideremos que ésa sea la que modela, en buena medida, el rol y naturaleza de la proyección militar. Ello no quiere decir que lo económico-político controle todo. Los grupos de poder toman cuerpo en un conjunto de intereses diversos, incluyendo desde luego, el militar. Sin embargo, consideramos que el diseño de injerencia, presión o de estímulo a la desestabilización-estabilización de regiones estratégicas para EU, está escencialmente vinculado a lo económico pues no se interviene por razones discursivas de promoción de la paz y la democracia, ni tampoco se hace sin conocer claramente los intereses económico-político-estratégicos en juego. Por el contrario, lo primero que se hace, es identificarlos, para definir luego, en su caso, el uso y la modalidad de una estrategia diplo-militar. Punto en el que se gestan las contradicciones internas entre los múltiples grupos de poder, tanto en EU como en los países “anfitriones”. Lo antes indicado, explica por qué se observa históricamente una continuidad del proyecto de expansión territorial y aseguramiento de la hegemonia de EU tanto en administraciones republicanas como en demócratas en tanto que hay un consenso de intereses generales y una conflictividad potencial pero administrable entorno a los beneficiarios concretos.
Desde esta perspectiva, se analiza el rol de América Latina (AL) como espacio territorial estratégico para EU, no como traspatio, sino como reserva estratégica de recursos (Delgado, 2003, 2006 y 2010; Saxe-Fernández, 2009); como espacio receptor de inversiones que además premiten externalizar costos socioambientales; así como región exportadora de excedentes, sea por la vía del retorno de ganancias resultantes de la inversión extranjera directa (IED), el pago de regalías por el uso de derechos de patentes o el pago de intereses por concepto de empréstitos. Tal esquema expoliador y subordinante, sólo posible con el aval de los grupos de poder local en todo el periodo de existencia de los Estados latinoamericanos “independientes”, desgarra de modo creciente el tejido social. La aguda polarización de la riqueza, el despojo, privatización, desnacionalización y erosión de los bienes de la nación (incluyendo los propios bienes comunes que sostienen la vida misma, dígase la tierra o el agua de buena calidad), y en general la tendencia creciente de condenar a una gran parte de la población a la miseria o la muerte, genera todo un abanico de reacciones sociopolíticas que figuran como potenciales amenazas al fluido curso de “los negocios” de EU y sus socios locales que se benefician y procuran mantener su statu quo hipotecando el futuro de las naciones latinoamericanas.
Por lo anterior, se identifica una permanente criminalización de la pobreza y de represión de la protesta por la vía de asociar los movimientos sociales con figuras que “requieren” la intervención de la fuerza del Estado, situación que habilita la eventual injerencia de EU bajo el argumento de asegurar sus inversiones y otros intereses, como los de sus socios “menores”. Nos referimos al uso de figuras como el comunismo (en su momento), el terrorismo o la narco-insurgencia, que precisan de la acción del Estado. Así, mientras el Estado nación latinoamericano promueve políticas que favorecen principalmente los intereses de actores externos y sus socios locales, hoy por hoy mediante la promoción de políticas neoliberales y de acuerdos de libre comercio (el aparente “achicamiento” del Estado), al mismo tiempo se hace necesaria la actuación de la fuerza del Estado para generar un orden ante la agresión que tales políticas implican para con los pueblos (Saxe-Fernández, 1999). La variable del “orden interno”, ante el despojo y saqueo, es pues permanentemente necesaria y así se puede identificar en el discurso-acción actual de EU –tal como también lo fue durante la guerra fría.
Es en este contexto, que se observa e interpreta la modalidad actual de interferencia (Wood, 1985) de EU en AL, tanto en lo económico-político, como en lo relativo a la seguridad. Se analizan el Plan Colombia (PC) y la Iniciativa Mérida (IM) como casos paradigmáticos, pero no aislados, de la estrategia de política exterior de EU, que a los fines de garantizar su “seguridad nacional”, léase sus intereses socio-económicos y geopolíticos, promueve mecanismos ad hoc de “orden interno” en la región. De subrayarse es el papel del PC como plataforma para construir una base de influencia para el Cono Sur, y en México, por medio de la Alianza para la Seguridad de América del Norte (ASPAN) y la IM, como base de incidencia en América Central y el Caribe.
Lo arriba señalado, nos lleva a reflexionar sobre las implicaciones del retorno al discurso de la seguridad y estabilidad internas y la identificación del enemigo en el “terrorismo”, el crimen organizado y la “narco-insurgencia”, en tanto que “invita” a las Fuerzas Armadas (FFAA) locales, en alianza a EU, a que se ocupen de asuntos de “orden interno”, facilitando la militarización y paramilitarización, abriendo la puerta al negocio de las armas y de la privatización de la guerra, así como de las ya conocidas prácticas de terrorismo de Estado.
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