Gian Carlo Delgado Ramos
La Jornada de Oriente
4 de Marzo de 2015.
Puebla, Puebla. México.
Zacualpan, municipio de Cómala, es un territorio
estratégico pues el manantial ahí localizado abastece alrededor de 4/5 partes
del agua que demanda la ciudad de Colima (con 105 localidades) y Villa de
Álvarez (con 57 localidades). Del manantial, a 27.5 km de esta zona urbanizada,
se captan por medio del Acueducto Zacualpan unos mil litros por segundo.
Según las autoridades comunales de Zacualpan, los
detalles sobre el acuerdo de usufructo del agua a favor de la Comisión
Intermunicipal de agua potable y alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez
(CIAPACOV) se desconocen, tanto el plazo como los volúmenes, todo al tiempo que
se asegura que no reciben compensación alguna. En cambio, la comunidad genera
ingresos propios por tener dentro de su propiedad un ojo de agua al cual le dan
uso recreativo (el denominado Parque Ecoturístico de Zacualpan), precisamente
punto de conflicto entre las autoridades actualmente en funciones, electas el
30 de noviembre de 2014 por Asamblea y reconocidas por diversas autoridades del
Estado de Colima, y las autoridades depuestas, entre otras razones –se asegura-
por el uso indebido de los ingresos
generados durante su mandato y su resistencia a permitir el usufructo de dicho
bien común a beneficio de la comunidad (un pequeño grupo controla desde hace
meses el camino al manantial contradiciendo la orden ejecutoria del Tribunal
Unitario Agrario de Distrito 38 y que
entregó la administración del parque a la actual presidencia de bienes
comunales); ello además de que en su momento tales autoridades depuestas
permitieron actividades de exploración minera.
Zacualpan cuenta con yacimientos de oro-plata y cobre,
así lo reconoce el “Panorama Minero del Estado de Colima” para el caso del lote
Heliotropo de unas 100 hectáreas (concesión número 201872) y donde el Servicio
Geológico Mexicano ha estimado concentraciones de 1 a 2 gramos de oro por
tonelada de tierra y entre 0.5% y 12% de cobre, es decir, concentraciones
económicamente explotables.
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Año
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Superficie
(ha)
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Concesiones
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2002
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38,277
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113
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2003
|
42,533
|
119
|
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2004
|
40,301
|
117
|
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2005
|
38,688
|
121
|
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2006
|
47,708
|
120
|
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2007
|
49,502
|
145
|
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2008
|
85,369
|
158
|
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2009
|
128,261
|
202
|
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2010
|
148,317
|
238
|
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2011
|
185,958
|
265
|
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2012
|
197,803
|
284
|
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2013
|
204,128
|
296
|
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2014
|
204,210
|
297
|
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Con base en Sistema de Administración
Minera
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Cabe precisar que a nivel estatal, al cierre del 2014, el
grueso de concesiones mineras otorgadas ya cubrían el 37.5% del territorio, el
grueso centradas en hierro, el principal producto metálico de Colima con casi 3
millones de toneladas extraídas en 2012 (además de diversos materiales
no-metálicos, sobre todo de construcción). Pese a ello, recientemente ya se
identifican concesiones con interés en la explotación de oro, plata y
manganeso, al tiempo que se habla del potencial para la extracción de titanio presente
en las arenas negras de las playas del Estado (se trata de un material
estratégico para ciertas industrias de alta tecnología).
Los principales intereses económicos del hierro son
Ternium y ArcelorMittal Steel, a los que se suman en los últimos años otros
capitales de EUA (Cotton & Western Mining, Jaguar Mining, Tara Minerals),
China (Gan Bo Investment y Tianjin Binhai Harbor Port Int Trade) y Reino Unido
(London Mining). En el caso del oro, está la canadiense Macmillan Gold Corp y
otros capitales aparentemente locales como Gabfer, S.A. de C.V. quien supuestamente
detenta la concesión del mencionado lote, Heliotropo, ubicado al suroeste del
manantial de Zacualpan. Su promotor, el empresario Rigorberto Verduzco
Rodríguez, ha detallado a los medios que el beneficio o procesamiento se haría
en otro lugar y que ahí sólo se extraería la roca mineralizada por la cual
pagaría 4 dólares la tonelada, un monto que en 50% se destinaría al municipio
de Comala, a visitas médicas y en el establecimiento y dotación de una
farmacia.
Según informó el delegado estatal de la Secretaría de
Economía el pasado 2 de Marzo, la concesión que aparentemente detenta la
empresa, y cuya composición de capital se asegura se desconoce pues aún no está
registrada ante esa Secretaría, no ha sido aprobada debido a una serie de
irregularidades. La concesión en cuestión fue originalmente otorgada en 1995 al
ahora difunto Adolfo Pineda Martínez y todos los movimientos de la misma se
hicieron directamente en la Ciudad de México, no en la delegación local. Según
el expediente 624/2014 del 18 de Julio de 2014, se presentó formalmente el
contrato de asociación para la exploración y explotación entre el “heredero” (Justino
Pineda Larios), que abogó por una sucesión testamentaria, y la interesada empresa Gabfer. Considerando
diversas cuestiones administrativas, tales como la falta de un contrato que
indique el periodo de exploración / explotación y las contraprestaciones
convenidas con los comuneros, la Secretaría de Economía afirma haber negado el
permiso de explotación. No obstante la concesión se mantiene vigente. Pese a
este panorama, afirman los comuneros y autoridades de Zacualpan, ya hubo
extracción de material en más de una treintena de camiones de volteo. Todo ello
ha llevado a la demanda social, no sólo de Zacualpan como territorio libre de
minería, sino a la cancelación definitiva de dicha concesión minera. El
gobierno en turno, ha capitalizado la situación, sosteniendo que no habrá
minería en Zacualpan mientras estén en el cargo. Las elecciones son en Junio de
2015.
El conflicto de Zacualpan, en efecto, se ha profundizado
por la presencia de la policía municipal y estatal que es acusada de favorecer
al grupo que ha tomado el camino al manantial. Según un documento entregado el
16 de Enero de 2015 al delegado estatal de la Secretaría de Gobernación por
parte del presidente de bienes comunales actualmente en funciones, se pide la
intervención de tal Secretaría, “…ante el abuso excesivo y arbitrario de la
autoridad estatal que permite, protege, solapa y promueve actos delictivos
cometidos en perjuicio del bien común de esta comunidad indígena que representamos,
mediante la cuales se quebranta la ley con el único fin de que personas que son
afines a la explotación de una mina dentro de los recursos naturales de esta
comunidad, permitan ello”.
Ante tal situación, cada vez más compleja y en la que el
Estado, en los hechos, no resuelve pero sí favorece la erosión del tejido
social, la Misión Internacional y Nacional de Observación sobre el caso
Zacualpan, integrada por organizaciones diversas de derechos humanos,
académicos y cineastas tanto de EUA, Canadá y México (por ejemplo el Fund for
Global Human Rights, Mining Watch Canada, Environmental Defender Law Center,
Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero, Red Mexicana de
Afectados por la Minería, entre otros), se autoconvocó para atender el problema
mediante una visita presencial con la cual se buscaría dialogar con los
actores, incluyendo los de gobierno, para así plantear un diagnóstico y
recomendaciones.
Si bien ha logrado el diálogo con actores de gobierno, no
ha podido visitar a la comunidad debido a la toma de la ruta hacia Zacualpan
por parte del mencionado grupo, presuntamente ligado al presidente de bienes
comunales depuesto, Carlos Guzmán Teodoro. El desenlace el día 3 de Marzo fue
el intento por parte del gobierno del Estado de finalmente hacer valer “el
Estado de derecho”, no antes, sino justo durante la visita de la Misión y ante
medios televisivos que fueron convocados por el propio gobierno, al plantear el
desalojo mediante el uso de la fuerza pero con el aval de dicha Misión que ante
todo le preocupan los derechos humanos y aboga por resoluciones pacíficas y
políticamente negociadas. Por ello la Misión decidió retirarse y no prestarse a
tal situación, ciertamente funcional a un posible desenlace violento e
indeseable. Los policías fueron posteriormente retirados sin intervención
policiaca alguna.
El caso Zacualpan no puede exponerse en su cabalidad en
pocas palabras. Lo que es cierto es que en el fondo parecen estar fuertes
intereses privados, no sólo empresariales, que procuran condiciones favorables
para hacerse del usufructo de los recursos naturales de dicho territorio, algo
que sin duda pasa por el desgaste y fractura de la comunidad y que rápidamente
permite calificar el asunto como un “conflicto interno”. “Validado” el conflicto,
el uso de la fuerza es visto en algún momento como algo justificable. Con ello, la restructuración de
la gestión concreta del territorio se establece, incluso en medio de una
situación de violencia o falta de “gobernanza”.
La disputa por el usufructo del agua y los minerales, una
vez más pretende atropellar los derechos humanos, la autodeterminación de los
pueblos y la autogestión de los territorios en el país. El Estado, en sus tres
órdenes de gobierno, está lejos de no tener responsabilidad, por el contrario
ha jugado un rol clave, sea por acción u omisión.
